Estos días se ha celebrado el juicio sobre un caso de violencia escolar cuyo fatal desenlace marcó un antes y un después en lo que a la consideración del acoso se refiere. La muerte de Jokin supuso un cambio cualitativo importante y la certeza de que todos debemos implicarnos para luchar contra estas prácticas de las que, en alguna medida, somos corresponsables: los padres, los profesores, los propios alumnos, la sociedad en general. Muchos compañeros de Jokin han reconocido ante el juez haberle acosado, incluso agredido, de manera reiterada durante meses sin que nadie hiciera nada por evitarlo, tal como ocurre en otros muchos casos que no salen a la luz.
Esta es una circunstancia que debemos cambiar, y se necesita para ello la colaboración de todos: los profesores que tienen que actuar con el grupo en cuanto detecten cualquier situación de este tipo, los compañeros, que deben desterrar el miedo a ser considerados chivatos y colocarse del lado del débil, los poderes públicos que tendrán que proporcionar soluciones efectivas, los propios padres, que deberán observar cualquier signo en sus hijos que pueda delatarlo como víctima de acoso o como acosador.

Recientemente se dictó una sentencia en Vitoria en la que, por primera vez, se corresponsabiliza al centro escolar del acoso sufrido por una alumna. Ya no se trata sólo de culpar al menor agresor sino que las responsabilidades éticas y sociales que se atribuían hasta ahora a los adultos que componen el centro escolar por no haber detectado y frenado a tiempo esas conductas, pasan a ser también responsabilidades judiciales. Este reconocimiento es importante porque legitima la idea de no ampararnos más en la excusa de que "estas son cosas que han pasado siempre", y actuar para que dejen de ocurrir.

Las comunidades autónomas deben desarrollar programas específicos en los que se sienten las bases para terminar con los casos de bullying; en dichos programas se tendrá que impulsar la implicación de todo el profesorado así como la relación entre profesores y alumnos, potenciando específicamente la figura de los tutores; también habría que tender a centros escolares más pequeños, donde la convivencia sea más sencilla y a la implantación y potenciación de figuras como el mediador de conflictos y las comisiones de convivencia. Igualmente sería interesante, potenciando los recursos actuales, la incorporación a la escuela de otros perfiles profesionales, como educadores sociales que puedan intervenir ante determinadas situaciones.

Pero, en cualquier caso, lo fundamental es que se potencien de manera significativa las relaciones entre todos: profesores y alumnos, alumnos entre sí, padres y escuela. Porque sólo la implicación de todos y el compromiso común resultarán efectivos para erradicar estas condenables prácticas de nuestras escuelas.

Una vez más, la educación en valores resulta fundamental a la hora de transmitir a los menores la importancia del respeto al otro, de la amistad y el compromiso, la tolerancia y la defensa de los más débiles como bases del comportamiento social.

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* Defensor del Menor www.dmenor-mad.es