Afirma que el internamiento se basa en un comunicado «que jamás existió»
Las penas han sido acogidas con «suma preocupación» por los menores
Rezola expresó ayer su discrepancia respecto a los términos del fallo judicial y comentó que están «sopesando» las posibilidades que brindaría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si impugnan el fallo, lo harán en septiembre. «No estamos de acuerdo con que se haya penado ese delito de lesiones psíquicas y tampoco con la pena que se ha impuesto, al margen de que se considerara la existencia de ese otro delito».
La sentencia de la Audiencia elevó las condenas al agregar al delito contra la integridad moral un segundo delito por lesiones psíquicas. El abogado de los condenados sostiene que «ese delito no se puede penar por separado del de integridad moral: la acusación decía que había precedentes, pero jamás se citó una sola sentencia».
Comunicado inexistente
Preguntado por el severo correctivo que la Audiencia propina a los padres de los menores y que justifica su internamiento en un centro, Rezola hizo ayer varias precisiones. En primer lugar que la sentencia es «muy dura» con los progenitores y «parece un castigo a los padres».
Además, asevera que el juicio a los padres se formula sobre una base errónea. «La sentencia alude a la existencia de un comunicado de los padres en el que se minimizaría lo sucedido, pero eso no es así. Ese comunicado nunca existió». Lo que ocurrió en realidad, según el abogado, fue que cuando la Ertzaintza intervino los ordenadores que había en los hogares de los procesados, en uno de ellos había un texto titulado como comunicado de los padres.
«Era un texto -afirmó Rezola- que había escrito uno de los padres pero que nunca se difundió y, por tanto, no existió como tal comunicado. Es por tanto el escrito de un padre y que, sin embargo, se atribuye a los padres de los ocho escolares».
Ejecución de condena
La no idoneidad de las familias, que habrían minusvalorado lo que ocurrió con Jokin, según la sentencia, justifica el que la libertad vigilada a la que fueron condenados por la juez de Menores, haya sido ahora sustituida por el régimen de internamiento en un centro educativo.
Rezola agregó, además, que esta decisión «va en contra de la opinión del equipo psicotécnico que examinó a los menores y que recomendó que estuvieran en libertad vigilada».
Respecto a cuándo se ejecutará la sentencia, Rezola aseguró ignorar cuando se llevará a cabo «porque hay que hacer un plan de ejecución y lleva su tiempo».
El único centro de internamiento de menores existente en Gipuzkoa es el de Zumarraga, por lo que podría ser allí donde los siete jóvenes cumplieran la condena.
El tribunal establece que los menores cumplan la pena «en régimen abierto», lo que significa que el primer año residirán en el centro de internamiento como domicilio habitual -lo que no será obstáculo para que puedan acudir a clase- y durante el segundo disfrutarán de una situación de libertad vigilada.
Instituto de Hondarribia donde estudiaba Jokin.
Las penas han sido acogidas con «suma preocupación» por los menores
SAN SEBASTIÁN. DV y eCD (R. ibr58)
La defensa letrada de los ocho estudiantes condenados por acosar a Jokin C. manifestó ayer la «sorpresa» que le ha producido tanto el incremento de las condenas como el que éstas se vayan a plasmar en en el internamiento en un centro para menores. El abogado Patxi Rezola señaló, además, que el fundamento en el que se basa para establecer la pena de dos años de internamiento «no es válido», dado que censura la actitud de los progenitores -«parece un castigo»-en base a un comunicado escrito por uno de ellos y que «no se difundió jamás». La sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa que endurece las penas contra siete de los ocho escolares ha sido acogida con «suma preocupación» por los menores y sus progenitores.
Rezola expresó ayer su discrepancia respecto a los términos del fallo judicial y comentó que están «sopesando» las posibilidades que brindaría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si impugnan el fallo, lo harán en septiembre. «No estamos de acuerdo con que se haya penado ese delito de lesiones psíquicas y tampoco con la pena que se ha impuesto, al margen de que se considerara la existencia de ese otro delito».
La sentencia de la Audiencia elevó las condenas al agregar al delito contra la integridad moral un segundo delito por lesiones psíquicas. El abogado de los condenados sostiene que «ese delito no se puede penar por separado del de integridad moral: la acusación decía que había precedentes, pero jamás se citó una sola sentencia».
Comunicado inexistente
Preguntado por el severo correctivo que la Audiencia propina a los padres de los menores y que justifica su internamiento en un centro, Rezola hizo ayer varias precisiones. En primer lugar que la sentencia es «muy dura» con los progenitores y «parece un castigo a los padres».
Además, asevera que el juicio a los padres se formula sobre una base errónea. «La sentencia alude a la existencia de un comunicado de los padres en el que se minimizaría lo sucedido, pero eso no es así. Ese comunicado nunca existió». Lo que ocurrió en realidad, según el abogado, fue que cuando la Ertzaintza intervino los ordenadores que había en los hogares de los procesados, en uno de ellos había un texto titulado como comunicado de los padres.
«Era un texto -afirmó Rezola- que había escrito uno de los padres pero que nunca se difundió y, por tanto, no existió como tal comunicado. Es por tanto el escrito de un padre y que, sin embargo, se atribuye a los padres de los ocho escolares».
Ejecución de condena
La no idoneidad de las familias, que habrían minusvalorado lo que ocurrió con Jokin, según la sentencia, justifica el que la libertad vigilada a la que fueron condenados por la juez de Menores, haya sido ahora sustituida por el régimen de internamiento en un centro educativo.
Rezola agregó, además, que esta decisión «va en contra de la opinión del equipo psicotécnico que examinó a los menores y que recomendó que estuvieran en libertad vigilada».
Respecto a cuándo se ejecutará la sentencia, Rezola aseguró ignorar cuando se llevará a cabo «porque hay que hacer un plan de ejecución y lleva su tiempo».
El único centro de internamiento de menores existente en Gipuzkoa es el de Zumarraga, por lo que podría ser allí donde los siete jóvenes cumplieran la condena.
El tribunal establece que los menores cumplan la pena «en régimen abierto», lo que significa que el primer año residirán en el centro de internamiento como domicilio habitual -lo que no será obstáculo para que puedan acudir a clase- y durante el segundo disfrutarán de una situación de libertad vigilada.
Instituto de Hondarribia donde estudiaba Jokin.
