SENSACIÓN DE IMPUNIDAD El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, cuestionó hoy la decisión de suspender la condena de internamiento para los siete jóvenes que acosaron a Jokin C.L., al considerar que causa alarma social y aumenta la sensación de impunidad que tiene la sociedad ante la ley del menor.
Para Núñez Morgades, no es comprensible la decisión de la jueza de menores de San Sebastián, que ha concluido que la rehabilitación social de los menores que acosaron a Jokin, joven que se suicidó el año pasado arrojándose desde la muralla de Fuenterrabía, debe realizarse en su entorno familiar.
El Defensor del Menor reconoce que la ley del menor permite suspender las condenas de dos años o menos de internamiento, como ocurre en este caso, pero recordó que el menor, 'además de ser recuperado para la sociedad, debe cumplir una medida proporcionada por los hechos por los que se le juzga'
'Las familias de los agresores, lejos de aceptar la gravedad de los hechos y la crueldad de los comportamientos de sus hijos -tal como reconoce la Audiencia-, quisieron desde el principio quitarle hierro al asunto y, según parece, ni siquiera se han puesto en contacto con la familia de Jokin', denuncia.
No se sabe qué ha cambiado 'para que ahora sean esas familias, precisamente, el espacio adecuado en el que los menores puedan rehabilitarse', alerta.
Para Núñez Morgades, decisiones como ésta contribuyen a que los ciudadanos pierdan la fe en las instituciones, por lo que pide al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que aclare la resolución.
La Audiencia, recuerda, que las agresiones que Jokin sufría le provocaron una reacción depresiva aguda que terminó abocándole al suicidio, defendió el internamiento como medida imprescindible para que los menores aprendiesen lo lesivo de su conducta, y reprochó a las familias su actitud.
A su juicio, la sociedad no va a entender que ahora esos menores queden sólo con un castigo de libertad vigilada 'y con unas familias que ni siquiera les han reprochado sus comportamientos'.
'No es de extrañar que la ley del menor tenga cada vez más descrédito entre los ciudadanos', reitera el Defensor, tras subrayar que no apoya el endurecimiento de las penas, pero sí 'que las sentencias tengan un efecto reparador y disuasorio y sirvan para que se cumplan medidas correctoras proporcionadas'.
Para Núñez Morgades, no es comprensible la decisión de la jueza de menores de San Sebastián, que ha concluido que la rehabilitación social de los menores que acosaron a Jokin, joven que se suicidó el año pasado arrojándose desde la muralla de Fuenterrabía, debe realizarse en su entorno familiar.
El Defensor del Menor reconoce que la ley del menor permite suspender las condenas de dos años o menos de internamiento, como ocurre en este caso, pero recordó que el menor, 'además de ser recuperado para la sociedad, debe cumplir una medida proporcionada por los hechos por los que se le juzga'
'Las familias de los agresores, lejos de aceptar la gravedad de los hechos y la crueldad de los comportamientos de sus hijos -tal como reconoce la Audiencia-, quisieron desde el principio quitarle hierro al asunto y, según parece, ni siquiera se han puesto en contacto con la familia de Jokin', denuncia.
No se sabe qué ha cambiado 'para que ahora sean esas familias, precisamente, el espacio adecuado en el que los menores puedan rehabilitarse', alerta.
Para Núñez Morgades, decisiones como ésta contribuyen a que los ciudadanos pierdan la fe en las instituciones, por lo que pide al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que aclare la resolución.
La Audiencia, recuerda, que las agresiones que Jokin sufría le provocaron una reacción depresiva aguda que terminó abocándole al suicidio, defendió el internamiento como medida imprescindible para que los menores aprendiesen lo lesivo de su conducta, y reprochó a las familias su actitud.
A su juicio, la sociedad no va a entender que ahora esos menores queden sólo con un castigo de libertad vigilada 'y con unas familias que ni siquiera les han reprochado sus comportamientos'.
'No es de extrañar que la ley del menor tenga cada vez más descrédito entre los ciudadanos', reitera el Defensor, tras subrayar que no apoya el endurecimiento de las penas, pero sí 'que las sentencias tengan un efecto reparador y disuasorio y sirvan para que se cumplan medidas correctoras proporcionadas'.
