EDITORIALcordoba.abc.es A eficacia de las penas no depende tanto de su gravedad sino de su infalibilidad, como señaló el penalista e ilustrado español del XVIII Manuel de Lardizábal, quien, probablemente, haría uso de su pensamiento para reprobar la decisión de la juez de Menores de San Sebastián, que ha decidido mandar a su casa a los jóvenes condenados por el acoso escolar y lesiones que empujaron a Jokin C. a quitarse la vida cuando sólo tenía 14 años. Este caso es paradigma de la confusión entre castigo y rehabilitación como fines de las condenas penales. Además, en concreto, es un empecinamiento de la juez, cuya primera sentencia de condena en este caso fue agravada luego por la Audiencia de Guipúzcoa, que aumentó las penas a los acusados para que asumieran la gravedad de su conducta y reprochó expresamente a las familias de éstos su actitud de no aceptar «la crueldad de su comportamiento». Ahora, la juez ha suspendido el ingreso de los jóvenes condenados en un centro de internamiento, en el que debían permanecer durante un año, considerando que es mejor para ellos estar con sus familias. También para Jokin lo sería.
El argumento es preocupante, y por dos razones. La primera, en relación directa con el caso, porque la alternativa al internamiento es devolver a los jóvenes al ambiente familiar, donde está demostrado que fracasó su formación en unos valores humanos básicos. La segunda, como motivo de preocupación general, es que con decisiones así, el sistema penal se suicida, al anularse a sí mismo toda capacidad retributiva y disuasoria y hacer imposible realmente la resocialización de unos jóvenes que no van a experimentar de forma aleccionadora ninguna consecuencia negativa por el comportamiento cruel e inhumano que tuvieron con Jokin. Pésimo mensaje para otros acosadores y sus víctimas, porque la pena que no se cumple es papel mojado. El problema es que la violencia en las aulas se está extendiendo y que no siempre las familias y los centros educativos hacen lo que deben para prevenirla. Es entonces cuando el Estado debe asumir el deber amparar a las víctimas, aplicar las leyes con rigor y hacer cumplir las penas. La alternativa de la juez de San Sebastián es una benevolencia injusta que sólo agrava una situación ya inquietante.
El argumento es preocupante, y por dos razones. La primera, en relación directa con el caso, porque la alternativa al internamiento es devolver a los jóvenes al ambiente familiar, donde está demostrado que fracasó su formación en unos valores humanos básicos. La segunda, como motivo de preocupación general, es que con decisiones así, el sistema penal se suicida, al anularse a sí mismo toda capacidad retributiva y disuasoria y hacer imposible realmente la resocialización de unos jóvenes que no van a experimentar de forma aleccionadora ninguna consecuencia negativa por el comportamiento cruel e inhumano que tuvieron con Jokin. Pésimo mensaje para otros acosadores y sus víctimas, porque la pena que no se cumple es papel mojado. El problema es que la violencia en las aulas se está extendiendo y que no siempre las familias y los centros educativos hacen lo que deben para prevenirla. Es entonces cuando el Estado debe asumir el deber amparar a las víctimas, aplicar las leyes con rigor y hacer cumplir las penas. La alternativa de la juez de San Sebastián es una benevolencia injusta que sólo agrava una situación ya inquietante.
