Los últimos casos de violencia escolar, sobre todo los graves sucesos de La Línea y el de Benalmádena, han disparado la alarma. La Junta de Andalucía dice no manejar cifras del número de casos que se producen. La consejería de Educación argumenta que se trata de casos que sólo conoce el centro escolar y, por tanto, no existe contabilidad.
Sin embargo asegura que hay un foro para estudiarlo y que el Consejo Escolar elaborará en unas meses las conclusiones de lo que está ocurriendo. Incluso se está elaborando una encuesta sobre el tema. Después, probablemente a finales de año, se tomarán medidas especiales.
Sin embargo, pese a la ausencia de datos oficiales sobre bullying o acoso escolar, hay otras cifras que pueden dar una idea de la evolución de este fenómeno. Así, en los últimos once meses el servicio SOS Bullying del sindicato de profesores ANPE ha recibido 447 llamadas pidiendo ayuda por violencia escolar.
Este servicio, puesto en marcha para ofrecer apoyo tanto a víctimas como a padres o profesores en Barcelona, ha recibido, según ANPE, 6112 comunicaciones en casi once meses de toda España. De ellas un total de 447 procedían de localidades de Andalucía.
De estas llamadas denunciando acoso escolar procedentes de Andalucía, el 68 por ciento correspondían a padres de alumnos que consultaron en relación con un caso de acoso sufrido por sus hijos. Un 19 por ciento eran profesores que sufrían el acoso. un 12 por ciento en relación con casos que conocían que se daban en sus centros y un 11 alumnos que denunciaban la situación a la que eran sometidos por compañeros.
Otras cifras son las que maneja el PP, cuyo portavoz de Educación, Santiago Pérez, asegura que, en junio pasado, entre el 25 y el 30 por ciento de los centros escolares andaluces lo sufrieron y que el 81 por ciento de los alumnos de Secundaria han faltado al respeto al profesor. Pero, según el PP, los casos se han multiplicado por cinco desde 1998 ya que en ese curso hubo 139 casos de violencia escolar grave, mientras que el curso pasado, sólo hasta abril, fueron 513.
Además el PP, que ha preguntado en numerosas ocasiones por el tema en el Parlamento, afirma que al menos 60 centros andaluces han pedido cámaras de seguridad y que algunos colegios están recurriendo a la vigilancia privada mientras que de cada cuatro casos de indisciplina, sólo uno se lleva al Consejo Escolar.
El crecimiento de la violencia escolar preocupa al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que lleva tiempo advirtiendo de que se trata de una consecuencia directa de la violencia social y que ayer abogó por la creación de una policía especializada en violencia escolar. Según ha explicado Chamizo a Vocento, la idea sería destinar agentes de la policía local vestidos de paisano a los centros escolares. 'Se trataría de insistir más en la prevención', indica, descartando detectores de metales para evitar la entrada de armas blancas como se hace en Estados Unidos.
De cualquier manera, para el defensor es importante realizar labores de prevención sobre todo con los chicos y chicas y acabar con el 'secretismo' que existe. 'El agresor está consiguiendo que los niños no cuenten lo que les ocurre a sus padres', afirma Chamizo, que asegura que hay que desterrar el calificativo de 'chivato' y alentar a los niños para que digan lo que los ocurre. 'Si no hablan, no podemos hacer nada', recalca.
Igualmente el defensor insiste en dotar a los profesores de más medios ya que, a veces, también suele pasar desapercibido para los docentes la existencia de este fenómeno en su clase. Y a los padres Chamizo les recomienda que intensifiquen el diálogo con sus hijos mientras que a la Junta de Andalucía le pide que no siga con la política de la negación. 'Hay que aceptarlo porque son muchos casos', dice. Terra Actualidad - Vocento/VMT
Sin embargo asegura que hay un foro para estudiarlo y que el Consejo Escolar elaborará en unas meses las conclusiones de lo que está ocurriendo. Incluso se está elaborando una encuesta sobre el tema. Después, probablemente a finales de año, se tomarán medidas especiales.
Sin embargo, pese a la ausencia de datos oficiales sobre bullying o acoso escolar, hay otras cifras que pueden dar una idea de la evolución de este fenómeno. Así, en los últimos once meses el servicio SOS Bullying del sindicato de profesores ANPE ha recibido 447 llamadas pidiendo ayuda por violencia escolar.
Este servicio, puesto en marcha para ofrecer apoyo tanto a víctimas como a padres o profesores en Barcelona, ha recibido, según ANPE, 6112 comunicaciones en casi once meses de toda España. De ellas un total de 447 procedían de localidades de Andalucía.
De estas llamadas denunciando acoso escolar procedentes de Andalucía, el 68 por ciento correspondían a padres de alumnos que consultaron en relación con un caso de acoso sufrido por sus hijos. Un 19 por ciento eran profesores que sufrían el acoso. un 12 por ciento en relación con casos que conocían que se daban en sus centros y un 11 alumnos que denunciaban la situación a la que eran sometidos por compañeros.
Otras cifras son las que maneja el PP, cuyo portavoz de Educación, Santiago Pérez, asegura que, en junio pasado, entre el 25 y el 30 por ciento de los centros escolares andaluces lo sufrieron y que el 81 por ciento de los alumnos de Secundaria han faltado al respeto al profesor. Pero, según el PP, los casos se han multiplicado por cinco desde 1998 ya que en ese curso hubo 139 casos de violencia escolar grave, mientras que el curso pasado, sólo hasta abril, fueron 513.
Además el PP, que ha preguntado en numerosas ocasiones por el tema en el Parlamento, afirma que al menos 60 centros andaluces han pedido cámaras de seguridad y que algunos colegios están recurriendo a la vigilancia privada mientras que de cada cuatro casos de indisciplina, sólo uno se lleva al Consejo Escolar.
El crecimiento de la violencia escolar preocupa al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que lleva tiempo advirtiendo de que se trata de una consecuencia directa de la violencia social y que ayer abogó por la creación de una policía especializada en violencia escolar. Según ha explicado Chamizo a Vocento, la idea sería destinar agentes de la policía local vestidos de paisano a los centros escolares. 'Se trataría de insistir más en la prevención', indica, descartando detectores de metales para evitar la entrada de armas blancas como se hace en Estados Unidos.
De cualquier manera, para el defensor es importante realizar labores de prevención sobre todo con los chicos y chicas y acabar con el 'secretismo' que existe. 'El agresor está consiguiendo que los niños no cuenten lo que les ocurre a sus padres', afirma Chamizo, que asegura que hay que desterrar el calificativo de 'chivato' y alentar a los niños para que digan lo que los ocurre. 'Si no hablan, no podemos hacer nada', recalca.
Igualmente el defensor insiste en dotar a los profesores de más medios ya que, a veces, también suele pasar desapercibido para los docentes la existencia de este fenómeno en su clase. Y a los padres Chamizo les recomienda que intensifiquen el diálogo con sus hijos mientras que a la Junta de Andalucía le pide que no siga con la política de la negación. 'Hay que aceptarlo porque son muchos casos', dice. Terra Actualidad - Vocento/VMT
