Juzgado de Menores 04-10-2005 La defensa de los ocho adolescentes condenados por acosar a Jokin C.L., el escolar que se suicidó el año pasado en Hondarribia (Guipúzcoa), ha impugnado el recurso interpuesto por la familia del fallecido contra la decisión del Juzgado de Menores de suspender la condena a siete de ellos.
El Juzgado de Menores suspendió a mediados del mes pasado la condena de dos años de internamiento que la Audiencia de Guipúzcoa había impuesto a estos siete chicos y sustituirla por diversas actividades de socialización y una medida de libertad vigilada durante dos años.
Rehabilitación en el entorno familiar
Los allegados del fallecido recurrieron inmediatamente la resolución del Juzgado de Menores, recurso que ahora ha sido impugnado por la defensa de los condenados, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Según estas fuentes, la impugnación rebate las principales acusaciones de la familia de Jokin, que defendía que en el mes y medio transcurrido desde la sentencia emitida por la Audiencia de Guipúzcoa la situación de los jóvenes y sus familias no se ha modificado.
Sin embargo, la defensa explica que la situación familiar sí ha variado en los ocho meses transcurridos desde que el equipo técnico del juzgado elaboró su primer informe psicosocial, hasta el que realizó recientemente y en el que el Juzgado de Menores se apoya para suspender la condena.
Este equipo se entrevistó con los condenados y sus padres y concluyó que la rehabilitación social de los chicos debía realizarse en su entorno familiar, ya que el régimen de internamiento podría resultar perjudicial para ellos.
No obstante, esta afirmación entra en colisión con la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa, que entendió que las familias de los acusados evidenciaron su "falta de idoneidad" para resocializar a estos chavales, algo que, a su entender, quedó demostrado cuando hicieron público un comunicado en el que minimizaron la importancia de la conducta de sus hijos.
En su impugnación, la defensa explica que no se trataba de un comunicado de los padres, sino que este documento se encontraba en el ordenador de uno de ellos que lo elaboró "motu proprio" y que no se llegó a publicar.
El escrito de la defensa considera además que no se puede vincular a todos los padres con ese comunicado cuya existencia "ni siquiera conocían".
Las fuentes citadas precisaron que las penas impuestas a estos menores deben computarse por separado, de forma que ninguna supera los dos años de internamiento y es posible aplicarles la suspensión de la condena.
La defensa señala además en su impugnación que aún no se ha abonado cantidad alguna en concepto de responsabilidad civil porque la condena no es firme y aclara que los allegados de los acosadores se acercaron en un principio a la familia de Jokin pero finalmente desistieron para evitar incidir en su dolor.
Tras la impugnación presentada por la defensa, la Fiscalía deberá decidir a su vez si impugna o no el recurso de la familia del fallecido y posteriormente el caso volverá a la Audiencia de Guipúzcoa, última instancia que decidirá sobre el asunto.
Terra Actualidad/ EFE
El Juzgado de Menores suspendió a mediados del mes pasado la condena de dos años de internamiento que la Audiencia de Guipúzcoa había impuesto a estos siete chicos y sustituirla por diversas actividades de socialización y una medida de libertad vigilada durante dos años.
Rehabilitación en el entorno familiar
Los allegados del fallecido recurrieron inmediatamente la resolución del Juzgado de Menores, recurso que ahora ha sido impugnado por la defensa de los condenados, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Según estas fuentes, la impugnación rebate las principales acusaciones de la familia de Jokin, que defendía que en el mes y medio transcurrido desde la sentencia emitida por la Audiencia de Guipúzcoa la situación de los jóvenes y sus familias no se ha modificado.
Sin embargo, la defensa explica que la situación familiar sí ha variado en los ocho meses transcurridos desde que el equipo técnico del juzgado elaboró su primer informe psicosocial, hasta el que realizó recientemente y en el que el Juzgado de Menores se apoya para suspender la condena.
Este equipo se entrevistó con los condenados y sus padres y concluyó que la rehabilitación social de los chicos debía realizarse en su entorno familiar, ya que el régimen de internamiento podría resultar perjudicial para ellos.
No obstante, esta afirmación entra en colisión con la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa, que entendió que las familias de los acusados evidenciaron su "falta de idoneidad" para resocializar a estos chavales, algo que, a su entender, quedó demostrado cuando hicieron público un comunicado en el que minimizaron la importancia de la conducta de sus hijos.
En su impugnación, la defensa explica que no se trataba de un comunicado de los padres, sino que este documento se encontraba en el ordenador de uno de ellos que lo elaboró "motu proprio" y que no se llegó a publicar.
El escrito de la defensa considera además que no se puede vincular a todos los padres con ese comunicado cuya existencia "ni siquiera conocían".
Las fuentes citadas precisaron que las penas impuestas a estos menores deben computarse por separado, de forma que ninguna supera los dos años de internamiento y es posible aplicarles la suspensión de la condena.
La defensa señala además en su impugnación que aún no se ha abonado cantidad alguna en concepto de responsabilidad civil porque la condena no es firme y aclara que los allegados de los acosadores se acercaron en un principio a la familia de Jokin pero finalmente desistieron para evitar incidir en su dolor.
Tras la impugnación presentada por la defensa, la Fiscalía deberá decidir a su vez si impugna o no el recurso de la familia del fallecido y posteriormente el caso volverá a la Audiencia de Guipúzcoa, última instancia que decidirá sobre el asunto.
Terra Actualidad/ EFE
