La propuesta del Ministerio de Justicia de aumentar de endurecimiento de penas para los menores entre 14 y 18 años concita algunas discrepancias en grupos dedicados a la protección y reinserción de menores... Castigos más duros para los delitos más graves, mayor protección a las víctimas (se podrán dictar órdenes de alejamiento a los menores) y sanciones nuevas para combatir las bandas delictivas.
El texto que aprobó el viernes el Consejo de Ministros establece modificaciones a la ley aprobada en 2000 y que ha suscitado críticas por dos motivos: los castigos, demasiados suaves para los casos más graves según algunos sectores, y la falta de medios en los centros de internamiento donde debe recluirse a los jóvenes autores de los delitos más graves (la Fiscalía General del Estado ha denunciado que existen listas de espera para la entrada de menores en centros de internamiento). El Pais
LAS BANDAS. Algunas, originarias de Latinoamérica, están cobrando triste fama en España. Con la reforma, el juez podrá ordenar el internamiento en régimen cerrado de sus integrantes menores de edad que cometan delitos, "para sustraerles de la influencia de ese grupo". La novedad es que se introduce la posibilidad de que el juez ordene el internamiento no sólo de los que cometan delitos violentos, como hasta ahora, sino también graves. Es decir, no sólo por delitos de homicidio, asesinato, terrorismo o agresión sexual, sino también por tráfico de drogas o tenencia ilícita de armas.
GRAVES Y VIOLENTOS. En casos de delitos graves y violentos, con sanciones en régimen cerrado, el internamiento se incrementa en un año. Si concurren varios delitos de homicidio, asesinato, agresión sexual o violación, el límite máximo de internamiento también se eleva un año, para jóvenes de 14 a 16, y dos años para menores de 16 a 18.
ALEJAMIENTO VERSUS ´BULLYING´. Ante el acoso o la intimidación escolar, el bullying, la reforma facultará al juez para ordenar medidas de alejamiento o incomunicación del menor agresor respecto de la víctima o su entorno.
CÁRCEL CON 18 AÑOS. Otra de las medidas que pretenden adecuar la pena al delito es la posibilidad de que el juez adelante a los 18 años el ingreso en prisión del menor tras su paso por el centro de internamiento, lo que ahora sólo se puede producir a los 21 años. Será una medida excepcional y sólo para los casos más graves, que además facilitará que el resto de los menores internados no tengan que convivir con los de más difícil resocialización. Igualmente, el juez podrá determinar que, en caso de una progresión favorable, el ingreso en prisión a los 21 años se pueda efectuar en régimen abierto o semiabierto.
CONFRONTACIÓN VISUAL. La reforma también busca que no se repita la polémica que se produjo en mayo en la Audiencia de Barcelona, cuando un juez acordó que cuatro niñas declararan ante la persona que estaba siendo juzgada como su presunto agresor sexual. El magistrado consideró "absolutamente indispensable" la confrontación visual entre víctima y procesado dadas las características del caso. La reforma introduce una especial protección para los menores víctimas de delitos contra la libertad sexual. Así, cuando el menor deba declarar como testigo, "se evitará por cualquier medio disponible su confrontación visual con el agresor".
MÁS CAUTELAS. El anteproyecto de ley también trata de corregir algunos aspectos que obligan al juez de menores a dar carpetazo a los asuntos de forma prematura. Las medidas cautelares que se pueden adoptar en la investigación es de tres meses prorrogables por otros tres. La reforma lo considera un plazo insuficiente en ocasiones, y lo amplía a seis meses prorrogables a otros tres. Igualmente, el periodo de prescripción de las faltas es ahora de tres meses, lo que implica "la práctica impunidad en la persecución de estos hechos", por lo que establece un plazo de prescripción de seis meses. Instrumentos ambos, dijo López Aguilar, "para ser más garantistas, pero también más eficaces. LVD
El texto que aprobó el viernes el Consejo de Ministros establece modificaciones a la ley aprobada en 2000 y que ha suscitado críticas por dos motivos: los castigos, demasiados suaves para los casos más graves según algunos sectores, y la falta de medios en los centros de internamiento donde debe recluirse a los jóvenes autores de los delitos más graves (la Fiscalía General del Estado ha denunciado que existen listas de espera para la entrada de menores en centros de internamiento). El Pais
LAS BANDAS. Algunas, originarias de Latinoamérica, están cobrando triste fama en España. Con la reforma, el juez podrá ordenar el internamiento en régimen cerrado de sus integrantes menores de edad que cometan delitos, "para sustraerles de la influencia de ese grupo". La novedad es que se introduce la posibilidad de que el juez ordene el internamiento no sólo de los que cometan delitos violentos, como hasta ahora, sino también graves. Es decir, no sólo por delitos de homicidio, asesinato, terrorismo o agresión sexual, sino también por tráfico de drogas o tenencia ilícita de armas.
GRAVES Y VIOLENTOS. En casos de delitos graves y violentos, con sanciones en régimen cerrado, el internamiento se incrementa en un año. Si concurren varios delitos de homicidio, asesinato, agresión sexual o violación, el límite máximo de internamiento también se eleva un año, para jóvenes de 14 a 16, y dos años para menores de 16 a 18.
ALEJAMIENTO VERSUS ´BULLYING´. Ante el acoso o la intimidación escolar, el bullying, la reforma facultará al juez para ordenar medidas de alejamiento o incomunicación del menor agresor respecto de la víctima o su entorno.
CÁRCEL CON 18 AÑOS. Otra de las medidas que pretenden adecuar la pena al delito es la posibilidad de que el juez adelante a los 18 años el ingreso en prisión del menor tras su paso por el centro de internamiento, lo que ahora sólo se puede producir a los 21 años. Será una medida excepcional y sólo para los casos más graves, que además facilitará que el resto de los menores internados no tengan que convivir con los de más difícil resocialización. Igualmente, el juez podrá determinar que, en caso de una progresión favorable, el ingreso en prisión a los 21 años se pueda efectuar en régimen abierto o semiabierto.
CONFRONTACIÓN VISUAL. La reforma también busca que no se repita la polémica que se produjo en mayo en la Audiencia de Barcelona, cuando un juez acordó que cuatro niñas declararan ante la persona que estaba siendo juzgada como su presunto agresor sexual. El magistrado consideró "absolutamente indispensable" la confrontación visual entre víctima y procesado dadas las características del caso. La reforma introduce una especial protección para los menores víctimas de delitos contra la libertad sexual. Así, cuando el menor deba declarar como testigo, "se evitará por cualquier medio disponible su confrontación visual con el agresor".
MÁS CAUTELAS. El anteproyecto de ley también trata de corregir algunos aspectos que obligan al juez de menores a dar carpetazo a los asuntos de forma prematura. Las medidas cautelares que se pueden adoptar en la investigación es de tres meses prorrogables por otros tres. La reforma lo considera un plazo insuficiente en ocasiones, y lo amplía a seis meses prorrogables a otros tres. Igualmente, el periodo de prescripción de las faltas es ahora de tres meses, lo que implica "la práctica impunidad en la persecución de estos hechos", por lo que establece un plazo de prescripción de seis meses. Instrumentos ambos, dijo López Aguilar, "para ser más garantistas, pero también más eficaces. LVD
