El tribunal culpa al Gobierno de Castilla-La Mancha por la «pasividad» de los responsables del colegio
Madrid- Durante todo un curso escolar, el de 2002-2003, la vida de una niña de sólo diez años de la localidad albaceteña de Hellín fue un auténtico calvario. Los malos tratos verbales y psicológicos de los que era víctima la pequeña por parte de muchos de sus compañeros de clase podrían haber desencadenado una tragedia similar a la de Jokin, el chico donostiarra que puso fin a su vida cuando la situación se le hizo insoportable. Afortunadamente, el caso de la niña de Albacete ha tenido un final distinto y ha sido la primera ocasión en que la Justicia condena a una administración pública, en este caso la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, por la actitud omisiva y permisiva de los responsables del centro escolar donde estudiaba la chica.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Albacete ha condenado a la Consejería de Educación manchega a indemnizar con una cantidad de 3.295 a la menor en concepto del daño moral sufrido por ésta y sus padres, así como los gastos del tratamiento psicológico que requería la situación que padecía la niña.
El tribunal considera probada la existencia de acoso escolar –ahora bautizado con el término anglosajón «bullying»– por parte «de diversos alumnos y alumnas y en especial de S., compañera de clase de M.» Según los padres de la víctima de los malos tratos, el origen de las vejaciones por parte de los otros niños del colegio comenzaron por la realización de una serie de pruebas psicológicas en clase, unos test que –según consta en la sentencia– fueron realizados «por una estudiante, en prácticas de Psicología, en concreto, una prima de la mencionada S. (...) sin consentimiento de los padres de M.»
Manuel, padre de M., aseguró a este periódico que «su hija nunca había tenido problema alguno de adaptación hasta estas pruebas psicológicas, que se realizaron en medio de la clase, ante el resto de los alumnos. Desde ese momento, la tiraban rotuladores, era rechazada y se fue quedando sin amigos. Pasaban los meses y nadie la hablaba, pesaban amenazas sobre quien se atrevía a hacerlo».
El perito psicológico que ha intervenido en este caso de acoso escolar asegura, tal y como refleja la sentencia, que «con las pruebas psicológicas se incrementó la situación de ansiedad y el trastorno adaptativo que sufría en el colegio y que, a pesar de comunicarse a la dirección del centro, no se adoptó ninguna medida».
Los padres de M. relatan que «conforme pasaban los meses, la niña estaba peor. Nos hemos quedado muchas noches junto a ella en el sofá hasta las cuatro de la mañana. No podía dormir, le daba miedo ir al colegio...» Denuncian que hasta en seis ocasiones comunicaron a los profesores y al jefe de estudios el infierno que atravesaba su hija por culpa de unos cuantos compañeros. Pero nadie hizo nada. Los escritos elevados hasta la Consejería de Educación dieron origen a una inspección «pero ni siquiera nos llamaron para declarar», explican. Además, aunque, por motivos obvios, los progenitores solicitaron un cambio de centro, «la Consejería sólo accedió cuando amenacé con acudir a los medios». A su corta edad –«en pleno proceso de formación emocional y de relación con sus semejantes», dice la sentencia– M. tuvo que empezar de cero en un nuevo colegio. Los problemas desaparecieron, pero sólo temporalmente, pues Hellín es una localidad pequeña y M. se ha topado en estos años con aquellos que le amargaban la existencia. Hoy, la pequeña sigue bajo tratamiento psicológico. larazon.es 10 Oct.-
Madrid- Durante todo un curso escolar, el de 2002-2003, la vida de una niña de sólo diez años de la localidad albaceteña de Hellín fue un auténtico calvario. Los malos tratos verbales y psicológicos de los que era víctima la pequeña por parte de muchos de sus compañeros de clase podrían haber desencadenado una tragedia similar a la de Jokin, el chico donostiarra que puso fin a su vida cuando la situación se le hizo insoportable. Afortunadamente, el caso de la niña de Albacete ha tenido un final distinto y ha sido la primera ocasión en que la Justicia condena a una administración pública, en este caso la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, por la actitud omisiva y permisiva de los responsables del centro escolar donde estudiaba la chica.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Albacete ha condenado a la Consejería de Educación manchega a indemnizar con una cantidad de 3.295 a la menor en concepto del daño moral sufrido por ésta y sus padres, así como los gastos del tratamiento psicológico que requería la situación que padecía la niña.
El tribunal considera probada la existencia de acoso escolar –ahora bautizado con el término anglosajón «bullying»– por parte «de diversos alumnos y alumnas y en especial de S., compañera de clase de M.» Según los padres de la víctima de los malos tratos, el origen de las vejaciones por parte de los otros niños del colegio comenzaron por la realización de una serie de pruebas psicológicas en clase, unos test que –según consta en la sentencia– fueron realizados «por una estudiante, en prácticas de Psicología, en concreto, una prima de la mencionada S. (...) sin consentimiento de los padres de M.»
Manuel, padre de M., aseguró a este periódico que «su hija nunca había tenido problema alguno de adaptación hasta estas pruebas psicológicas, que se realizaron en medio de la clase, ante el resto de los alumnos. Desde ese momento, la tiraban rotuladores, era rechazada y se fue quedando sin amigos. Pasaban los meses y nadie la hablaba, pesaban amenazas sobre quien se atrevía a hacerlo».
El perito psicológico que ha intervenido en este caso de acoso escolar asegura, tal y como refleja la sentencia, que «con las pruebas psicológicas se incrementó la situación de ansiedad y el trastorno adaptativo que sufría en el colegio y que, a pesar de comunicarse a la dirección del centro, no se adoptó ninguna medida».
Los padres de M. relatan que «conforme pasaban los meses, la niña estaba peor. Nos hemos quedado muchas noches junto a ella en el sofá hasta las cuatro de la mañana. No podía dormir, le daba miedo ir al colegio...» Denuncian que hasta en seis ocasiones comunicaron a los profesores y al jefe de estudios el infierno que atravesaba su hija por culpa de unos cuantos compañeros. Pero nadie hizo nada. Los escritos elevados hasta la Consejería de Educación dieron origen a una inspección «pero ni siquiera nos llamaron para declarar», explican. Además, aunque, por motivos obvios, los progenitores solicitaron un cambio de centro, «la Consejería sólo accedió cuando amenacé con acudir a los medios». A su corta edad –«en pleno proceso de formación emocional y de relación con sus semejantes», dice la sentencia– M. tuvo que empezar de cero en un nuevo colegio. Los problemas desaparecieron, pero sólo temporalmente, pues Hellín es una localidad pequeña y M. se ha topado en estos años con aquellos que le amargaban la existencia. Hoy, la pequeña sigue bajo tratamiento psicológico. larazon.es 10 Oct.-
