Hay días en que la administración de la justicia cumple con su cometido y ese nimio detalle, que algo funcione como debe, hace de este mundo un lugar algo menos inhóspito, más habitable que la víspera. Los periódicos daban cuenta ayer de la sentencia que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa dictó el martes sobre el caso de acoso escolar en Hondarribia que costó la vida al adolescente Jokin Ceberio. El fallo revocó rotundamente el auto con el que la juez de Menores había suspendido la pena de internamiento para los adolescentes hallados responsables de causar un daño síquico y moral que acabó con el suicidio de Jokin por su acoso reiterado.
La juez, que ayer mismo insistía en lo correcto de su proceder, cometió varios y graves errores, que la Audiencia repasa minuciosamente: rechaza que la juez haya convertido la fase de ejecución de la sentencia en una instancia revisora de la misma, que haya atribuido al equipo psicosocial competencia decisoria: «peritar no es negociar», aclara y estima que el auto de la juez está escrito desde una atalaya «huera de cimiento normativo». Establece también que sus hogares no son lugares idóneos para corregir a los adolescentes, y repasa un escrito de los padres que es un monumento a la impiedad: minimizan la gravedad de la conducta de sus hijos («nuestros hijos tuvieron con Jokin sus más y sus menos, como todas las cuadrillas»), invierten la carga de la prueba contra la víctima y contra su familia, poniendo en tela de juicio la racionalidad de Jokin y haciendo afirmaciones sarcásticas sobre la protección que le daba su familia.
El caso empezó, al parecer, cuando Jokin fue el único de sus amigos que no interceptó una carta dirigida a sus padres en la que se daba cuenta de un comportamiento inadecuado de los chicos, haber fumado un porro, y sus padres lo pusieron en conocimiento de los otros. «Es que vosotros rompisteis la ley de la cuadrilla al hacerlo público», se quejó una de las madres, sabedora, sin duda, de que la ley de la cuadrilla es la base de la 'omertá' cuando el grupo se hace adulto y se pasa de los juegos al negocio.
El mal existe; «no es el infierno, es la calle», escribió Lorca. Hoy reside en esta banal y cotidiana falta de empatía.
SANTIAGO GONZÁLEZ eCD
Los fiscales intervendrán en los casos de acoso escolar cuando sean «extraordinariamente graves» o el colegio no pueda frenar la situación
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La juez, que ayer mismo insistía en lo correcto de su proceder, cometió varios y graves errores, que la Audiencia repasa minuciosamente: rechaza que la juez haya convertido la fase de ejecución de la sentencia en una instancia revisora de la misma, que haya atribuido al equipo psicosocial competencia decisoria: «peritar no es negociar», aclara y estima que el auto de la juez está escrito desde una atalaya «huera de cimiento normativo». Establece también que sus hogares no son lugares idóneos para corregir a los adolescentes, y repasa un escrito de los padres que es un monumento a la impiedad: minimizan la gravedad de la conducta de sus hijos («nuestros hijos tuvieron con Jokin sus más y sus menos, como todas las cuadrillas»), invierten la carga de la prueba contra la víctima y contra su familia, poniendo en tela de juicio la racionalidad de Jokin y haciendo afirmaciones sarcásticas sobre la protección que le daba su familia.
El caso empezó, al parecer, cuando Jokin fue el único de sus amigos que no interceptó una carta dirigida a sus padres en la que se daba cuenta de un comportamiento inadecuado de los chicos, haber fumado un porro, y sus padres lo pusieron en conocimiento de los otros. «Es que vosotros rompisteis la ley de la cuadrilla al hacerlo público», se quejó una de las madres, sabedora, sin duda, de que la ley de la cuadrilla es la base de la 'omertá' cuando el grupo se hace adulto y se pasa de los juegos al negocio.
El mal existe; «no es el infierno, es la calle», escribió Lorca. Hoy reside en esta banal y cotidiana falta de empatía.
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