En España, la Corte ordenó a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha pagar dos mil euros a una pequeña que sufrió "malos tratos".
En España, tres de cada 100 alumnos sufren debido al bullying o acoso escolar, lo que lo convierte en un problema emergente que tiene connotaciones con la violencia doméstica.
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Los fiscales deberán abrir expedientes por acoso escolar aun en casos en principio leves -amenazas, coacciones, vejaciones- si se producen de forma habitual. Y defenderán la demanda de responsabilidades civiles a los colegios ante los delitos y faltas que cometan sus alumnos cuando están bajo control y vigilancia de los profesores.
Estas son dos de las medidas con las que la Fiscalía General del Estado quiere castigar el abuso en los colegios para advertir a los presuntos acosadores de que sus acciones pueden dar lugar a responsabilidades penales y además animar a víctimas y familiares, profesores y centros educativos, a denunciar estas intimidaciones.
El fiscal de menores, Luis Navajas, anunció ayer la remisión a todas las fiscalías de España de una instrucción para unificar los criterios para combatir el bullying.
La respuesta judicial, advirtió Navajas, debe ser subsidiaria en favor del sistema educativo. Pero ello no obstará a que el fiscal potencie su comunicación con los centros escolares. De hecho, será su único recurso si el presunto acosador es menor de 14 años y, por tanto, no se le puede aplicar la ley del Menor.
Sobrepasada esa edad, los fiscales pueden aplicar a los actos de violencia escolar los tipos penales de delito contra la integridad moral o de inducción al suicidio. El fiscal, cuando tenga conocimiento de un presunto acoso -a través de la víctima, familia o entorno, de la policía o del centro educativo-, debe citar y oír al menor afectado para valorar la apertura del expediente. Si el asunto no reviste trascendencia puede desistir del procedimiento, aunque comunicándolo al colegio, siempre que no haya reiteración. Si el caso es grave, o el presunto acosador reincidente, debe romper la ley del silencio y reunir el mayor número de pruebas para que el juez pueda tomar medidas, que pueden ir desde el alejamiento o traslado de aula e incluso de centro del presunto acosador hasta su internamiento.
Hace unas semanas, el Centro Reina Sofía dio a conocer un estudio en el que reveló que tres de cada 100 alumnos entre 12 y 16 años sufren acoso escolar, lo que consideró como una forma extrema de violencia en el ámbito educativo. En este documento se reconoce que el 8% de los alumnos de secundaria acosa a sus compañeros de escuela (70% varones). Al margen del acoso, 15% de los alumnos de esa franja de edad padece algún tipo episódico de violencia.
El sondeo indica que la mayoría de las víctimas son chicas (el 60%) y se sienten hostigadas de modo persistente y sistemático por sus compañeros. El 50% cree que la han tomado con ellos y el 25% que los profesores "no hacen nada".
El 95% de las víctimas de acoso acusa daños psíquicos que se manifiestan en un abanico de sentimientos y conductas que oscilan entre el nerviosismo, la tristeza, la soledad y la venganza, y se traducen en un rendimiento escolar inferior al habitual.
Este matonismo, precisa el estudio, se desarrolla en espacios privados o poco visibles del entorno escolar, y en las propias aulas en ausencia del profesor, ya que los agresores se amparan en la clandestinidad para atacar. El 45% explica así el acoso: "la han tomado conmigo". El 90% de las víctimas, no obstante, no calla: se lo dice al profesor, a un amigo o a sus padres. Una de cada cuatro, asegura, sin embargo, que "los profesores no hacen nada".
El sondeo, realizado por Metra-seis y promovido por el Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia, con sede en Valencia, es el primero que se realiza en todo el territorio después del impulsado por el Defensor del Pueblo en 2000.
El sondeo se ha realizado sobre una muestra de 800 alumnos de edades comprendidas entre 12 y 16 años procedentes de todas las clases sociales (el porcentaje mayor, 58%, de clase media) y de un amplio espectro de centros. Sus resultados apuntan a que el bullying (acoso escolar) es un problema emergente en la sociedad española que tiene connotaciones con la violencia doméstica. Los agresores (ocho de cada 100 estudiantes reconocen que lo son) suelen ser chicos (siete de cada 10) y aseguran que las víctimas "les provocan".
En España, tres de cada 100 alumnos sufren debido al bullying o acoso escolar, lo que lo convierte en un problema emergente que tiene connotaciones con la violencia doméstica.
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Más expedientes por acoso escolar
Los fiscales deberán abrir expedientes por acoso escolar aun en casos en principio leves -amenazas, coacciones, vejaciones- si se producen de forma habitual. Y defenderán la demanda de responsabilidades civiles a los colegios ante los delitos y faltas que cometan sus alumnos cuando están bajo control y vigilancia de los profesores.
Estas son dos de las medidas con las que la Fiscalía General del Estado quiere castigar el abuso en los colegios para advertir a los presuntos acosadores de que sus acciones pueden dar lugar a responsabilidades penales y además animar a víctimas y familiares, profesores y centros educativos, a denunciar estas intimidaciones.
El fiscal de menores, Luis Navajas, anunció ayer la remisión a todas las fiscalías de España de una instrucción para unificar los criterios para combatir el bullying.
La respuesta judicial, advirtió Navajas, debe ser subsidiaria en favor del sistema educativo. Pero ello no obstará a que el fiscal potencie su comunicación con los centros escolares. De hecho, será su único recurso si el presunto acosador es menor de 14 años y, por tanto, no se le puede aplicar la ley del Menor.
Sobrepasada esa edad, los fiscales pueden aplicar a los actos de violencia escolar los tipos penales de delito contra la integridad moral o de inducción al suicidio. El fiscal, cuando tenga conocimiento de un presunto acoso -a través de la víctima, familia o entorno, de la policía o del centro educativo-, debe citar y oír al menor afectado para valorar la apertura del expediente. Si el asunto no reviste trascendencia puede desistir del procedimiento, aunque comunicándolo al colegio, siempre que no haya reiteración. Si el caso es grave, o el presunto acosador reincidente, debe romper la ley del silencio y reunir el mayor número de pruebas para que el juez pueda tomar medidas, que pueden ir desde el alejamiento o traslado de aula e incluso de centro del presunto acosador hasta su internamiento.
Aumenta la violencia en las secundarias
Hace unas semanas, el Centro Reina Sofía dio a conocer un estudio en el que reveló que tres de cada 100 alumnos entre 12 y 16 años sufren acoso escolar, lo que consideró como una forma extrema de violencia en el ámbito educativo. En este documento se reconoce que el 8% de los alumnos de secundaria acosa a sus compañeros de escuela (70% varones). Al margen del acoso, 15% de los alumnos de esa franja de edad padece algún tipo episódico de violencia.
El sondeo indica que la mayoría de las víctimas son chicas (el 60%) y se sienten hostigadas de modo persistente y sistemático por sus compañeros. El 50% cree que la han tomado con ellos y el 25% que los profesores "no hacen nada".
El 95% de las víctimas de acoso acusa daños psíquicos que se manifiestan en un abanico de sentimientos y conductas que oscilan entre el nerviosismo, la tristeza, la soledad y la venganza, y se traducen en un rendimiento escolar inferior al habitual.
Este matonismo, precisa el estudio, se desarrolla en espacios privados o poco visibles del entorno escolar, y en las propias aulas en ausencia del profesor, ya que los agresores se amparan en la clandestinidad para atacar. El 45% explica así el acoso: "la han tomado conmigo". El 90% de las víctimas, no obstante, no calla: se lo dice al profesor, a un amigo o a sus padres. Una de cada cuatro, asegura, sin embargo, que "los profesores no hacen nada".
El sondeo, realizado por Metra-seis y promovido por el Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia, con sede en Valencia, es el primero que se realiza en todo el territorio después del impulsado por el Defensor del Pueblo en 2000.
El sondeo se ha realizado sobre una muestra de 800 alumnos de edades comprendidas entre 12 y 16 años procedentes de todas las clases sociales (el porcentaje mayor, 58%, de clase media) y de un amplio espectro de centros. Sus resultados apuntan a que el bullying (acoso escolar) es un problema emergente en la sociedad española que tiene connotaciones con la violencia doméstica. Los agresores (ocho de cada 100 estudiantes reconocen que lo son) suelen ser chicos (siete de cada 10) y aseguran que las víctimas "les provocan".
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