EL fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha remitido una instrucción a todos los fiscales bajo su jurisdicción con directrices muy precisas para el tratamiento de los casos de acoso escolar que se produzcan en sus ámbitos de actuación. Frente a la resignación o la pasividad que con frecuencia se produce ante el matonismo en las aulas, que tanto sufrimiento produce a los menores que son víctimas de estas prácticas, el Ministerio Fiscal ordena que ningún acto vejatorio en el sector educativo sea tolerado, sino que, por el contrario, reciba una respuesta adecuada por la jurisdicción de menores, tanto si es de gravedad considerable como si, siendo leve, no tiene en la propia comunidad educativa la sanción administrativa pertinente. Se trata de que la Fiscalía esté encima de los casos de acoso que se generen a fin de atajarlos y, mediante el ejemplo, disuadir su reiteración. En la vida pública española se ha acuñado ya una expresión explicativa de este espíritu: tolerancia cero; es decir, intransigencia total con los ataques y castigo a los agresores, siempre dentro de la más estricta legalidad y teniendo en cuenta las circunstancias de minoría de edad de los violentos y sus víctimas. La instrucción de Conde-Pumpido ha coincidido en el tiempo con la sentencia dictada por la Audiencia de Guipúzcoa ordenando el internamiento durante un año en un centro educativo de los siete menores condenados por acosar a su compañero Jokin, de catorce años, que acabó suicidándose en septiembre de 2004. Los adolescentes vieron suspendidas la ejecución de la pena por la jueza de menores de San Sebastián, quien precisamente les había eximido en primera instancia de su internamiento, sentencia que fue revocada por la Audiencia en su día.

Los magistrados de la Audiencia, en este caso, también han sido sensibles a la gravedad del delito cometido por los menores y propicios a la tolerancia cero predicada por el fiscal general del Estado. Así debe ser en adelante en todos los episodios de este tenor que se produzcan, con los que se ha sido en demasiadas ocasiones pasivos o renuentes a intervenir, tanto por los docentes como por las familias de los agresores, cuando no por una autoridad educativa que no debe quitar importancia a tan dañinos sucesos. Europasur.com 18/10/05

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