Los denunciados están en libertad y no se ha adoptado medida alguna con ellos Los adolescentes todavía no han sido imputados de manera formal
SAN SEBASTIÁN. DV. Los cuatro menores acusados de rociar con gasolina a un deficiente psíquico y amenazar con quemarle vivo en Irún serán citados a declarar próximamente ante la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa. De momento, los cuatro permanecen en libertad y aún no se ha adoptado ninguna medida sobre ellos.
La Fiscalía de la Audiencia guipuzcoana recibió el miércoles el atestado que ha sido elaborado por la Policía Local de Irún. Los agentes identificaron días atrás, después de varias semanas de investigación, a los presuntos autores cuyas edades oscilan entre los 14 y los 16 años. Según consta en la denuncia, los cuatro abordaron en la calle Santa Elena, próxima a la plaza de Urdanibia, a un menor de 16 años que, según informó la Guardia Local, padece deficiencias psíquicas. Los autores condujeron a su víctima hasta las proximidades de la ermita que da nombre a la calle, donde, en circunstancias que no han trascendido, rociaron al chico con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego con un mechero. Al cabo de unos minutos, los agresores dejaron marchar a la víctima, que relató lo ocurrido a sus padres.
Fuentes de la Fiscalía de Gipuzkoa señalaron que los presuntos autores todavía no han sido imputados de manera formal. Pese a que ya prestaron declaración en las dependencias de la Policía Local irunesa en calidad de presuntos autores de un delito contra la integridad física y moral, la acusación no se formulará hasta el momento en que declaren ante la fiscal asignada al caso. Cabe recordar que la Ley del Menor, que entró en vigor en enero de 2001, adjudica a la Fiscalía la instrucción de las causas penales con menores implicados. En consecuencia, es el ministerio público el que dirige la investigación y ordena las actuaciones que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos.
Fuentes cercanas al caso no descartan que, como diligencia previa a la declaración de los denunciados, la Fiscalía escuche el testimonio de la víctima. Asimismo, podría solicitar que el menor fuese examinado por especialistas de la propia administración de justicia, ya sean médicos forenses o miembros del equipo psicosocial, al objeto de conocer detalles relacionados con lo ocurrido así como las posibles secuelas que el hecho ha podido ocasionarle.
Al igual que sucedió con el caso de Jokin Ceberio, en Hondarribia, la práctica de estas diligencias podría prolongarse varias semanas e incluso meses. Una vez finalizada la instrucción, el ministerio público o bien formalizará las acusaciones o archivará el caso, siempre que concluya que no se ha cometido infracción penal alguna. En el caso de que el proceso contra los menores continúe, las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Menores, donde los adolescentes serán juzgados.
Personación
Hasta el momento, la familia de la víctima no se ha personado como acusación particular, aunque no se descarta que lo haga en los próximos días.
Por otro lado, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Irún, Juana de Bengoetxea, señaló que la Policía Local irunesa ha ofrecido a la familia de la víctima la posibilidad de que el Ayuntamiento le preste la ayuda que considere necesaria. «Yo todavía no he obtenido respuesta. Estamos a la espera de que les parezca oportuno que nos pongamos en contacto y empecemos a trabajar. Adoptamos esta fórmula precisamente para preservar la privacidad de la familia. Entendemos que hasta el momento, ellos han depositado todos los datos en la Policía Local y si desea que trascienda más allá de ese ámbito tendrá que decírnoslo. Desde el Ayuntamiento estamos deseando ayudarles y atenderles en todo lo que podamos. Pero, reitero, es ella quien nos tiene que dar la autorización», indicó la edil del PP.
La calle Santa Elena de Irún, donde la víctima fue abordada por los presuntos agresores
SAN SEBASTIÁN. DV. Los cuatro menores acusados de rociar con gasolina a un deficiente psíquico y amenazar con quemarle vivo en Irún serán citados a declarar próximamente ante la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa. De momento, los cuatro permanecen en libertad y aún no se ha adoptado ninguna medida sobre ellos.
La Fiscalía de la Audiencia guipuzcoana recibió el miércoles el atestado que ha sido elaborado por la Policía Local de Irún. Los agentes identificaron días atrás, después de varias semanas de investigación, a los presuntos autores cuyas edades oscilan entre los 14 y los 16 años. Según consta en la denuncia, los cuatro abordaron en la calle Santa Elena, próxima a la plaza de Urdanibia, a un menor de 16 años que, según informó la Guardia Local, padece deficiencias psíquicas. Los autores condujeron a su víctima hasta las proximidades de la ermita que da nombre a la calle, donde, en circunstancias que no han trascendido, rociaron al chico con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego con un mechero. Al cabo de unos minutos, los agresores dejaron marchar a la víctima, que relató lo ocurrido a sus padres.
Fuentes de la Fiscalía de Gipuzkoa señalaron que los presuntos autores todavía no han sido imputados de manera formal. Pese a que ya prestaron declaración en las dependencias de la Policía Local irunesa en calidad de presuntos autores de un delito contra la integridad física y moral, la acusación no se formulará hasta el momento en que declaren ante la fiscal asignada al caso. Cabe recordar que la Ley del Menor, que entró en vigor en enero de 2001, adjudica a la Fiscalía la instrucción de las causas penales con menores implicados. En consecuencia, es el ministerio público el que dirige la investigación y ordena las actuaciones que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos.
Fuentes cercanas al caso no descartan que, como diligencia previa a la declaración de los denunciados, la Fiscalía escuche el testimonio de la víctima. Asimismo, podría solicitar que el menor fuese examinado por especialistas de la propia administración de justicia, ya sean médicos forenses o miembros del equipo psicosocial, al objeto de conocer detalles relacionados con lo ocurrido así como las posibles secuelas que el hecho ha podido ocasionarle.
Al igual que sucedió con el caso de Jokin Ceberio, en Hondarribia, la práctica de estas diligencias podría prolongarse varias semanas e incluso meses. Una vez finalizada la instrucción, el ministerio público o bien formalizará las acusaciones o archivará el caso, siempre que concluya que no se ha cometido infracción penal alguna. En el caso de que el proceso contra los menores continúe, las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Menores, donde los adolescentes serán juzgados.
Personación
Hasta el momento, la familia de la víctima no se ha personado como acusación particular, aunque no se descarta que lo haga en los próximos días.
Por otro lado, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Irún, Juana de Bengoetxea, señaló que la Policía Local irunesa ha ofrecido a la familia de la víctima la posibilidad de que el Ayuntamiento le preste la ayuda que considere necesaria. «Yo todavía no he obtenido respuesta. Estamos a la espera de que les parezca oportuno que nos pongamos en contacto y empecemos a trabajar. Adoptamos esta fórmula precisamente para preservar la privacidad de la familia. Entendemos que hasta el momento, ellos han depositado todos los datos en la Policía Local y si desea que trascienda más allá de ese ámbito tendrá que decírnoslo. Desde el Ayuntamiento estamos deseando ayudarles y atenderles en todo lo que podamos. Pero, reitero, es ella quien nos tiene que dar la autorización», indicó la edil del PP.
La calle Santa Elena de Irún, donde la víctima fue abordada por los presuntos agresores
