Contradice las afirmaciones de los sindicatos e insiste en que el profesorado del colegio público no respaldó a su hija El padre de la menor del Colegio Público Isabel La Católica de Hellín, a quien la Consejería de Educación tendrá que indemnizar por haber sido víctima de maltrato psíquico por parte de sus compañeros tras una reciente sentencia, ha querido contestar a los sindicatos Anpe y Comisiones Obreras.
HELLÍN 26 Oct El padre de la menor expresa en un comunicado remitido a este diario que estos sindicatos «nunca se han entrevistado con nosotros, sólo tienen un punto de vista, por lo que no pueden conocer los hechos en profundidad». Añade además que «en su día, algunas compañeras de colegio de nuestra hija nos confirmaron la situación que padecía a consecuencia del maltrato de otras compañeras -nuestra hija se pasó muchos recreos llorando-».
El padre asegura que denunció ante los responsables del colegio el «trato vejatorio» que vino sufriendo la menor, identificando a las niñas que realizaban tales actos, «pero estos -puntualiza- continuaron hasta que fue trasladada de centro escolar».
Asimismo, lamenta que los profesores le oyeran, pero no le escucharan cuando advertía de los problemas a los que se enfrentaba su hija. El padre de la menor insiste en que «no se actuó de forma seria y eficaz, incluso hoy se sigue negando cuando afirman que es un mero problema entre familias».
«En un intento de solucionar el problema, mi esposa se dirigió a la madre de la cabecilla del grupo, quien reaccionó de modo inadecuado, negando e insultando a nuestra hija. Estos hechos son una consecuencia más de la preexistencia de maltrato, corroborado por el Juzgado de Instrucción de Hellín y la Audiencia Provincial de Albacete, por lo que engañan cuando tratan de presentar el incidente como la única causa de los daños causados a nuestra hija», subraya el padre de la menor en el comunicado.
Además, el padre reitera que «a nuestra hija los daños se los causaron unas pocas compañeras del colegio, pero según los responsables del centro todo ocurría de puertas afuera. Esto no es cierto».
De la misma manera, insiste en que en el expediente administrativo de reclamación, anterior al juicio, «cuando propusimos a la Consejería que escuchara al psicólogo clínico que trató a nuestra hija, no lo admitieron (afortunadamente, sí lo admitieron el juzgado de Instrucción de Hellín y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, ambos concluyeron que había hostigamiento). Cuando propusimos a la Consejería que declararan los responsables del centro, eligieron hacer sus manifestaciones únicamente por escrito, en un informe, yugulando la posibilidad de preguntarles sobre el asunto».
El padre de la menor considera que la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo es el resultado de un juicio donde cada parte aportó las pruebas que libremente quiso. «El juez, entre otras pruebas, tuvo conocimiento pleno del informe elaborado por los responsables del colegio, quienes nunca pidieron declarar ante los abogados y ante el juez».
Cantidad simbólica
Por último, el padre de la menor niega que se trate de «tema puramente económico». Es más, considera que se trata de una afirmación «sencillamente ridícula». «En la demanda -concluye- reclamamos una cantidad simbólica, en concreto 1.295 euros en concepto de gastos de psicólogo y 2.000 por daños morales, lo cual fue concedido íntegramente por el juez».
«Hace menos de un mes -recuerda en el comunicado- que se divulgó por el Centro Reina Sofía el resultado de un sondeo para el Estudio de la Violencia que, entre otras conclusiones, especifica que un 14,8% de alumnos de centros público han sido víctimas de algún tipo de acoso, que la forma más frecuente es la psicológica, que la mayor parte del acoso tiene lugar en el centro y sólo un 10% en sus alrededores. No estamos ante una disputa familiar, estamos ante una verdad declarada en sentencia». laverdad.es
POLÉMICA. Imagen de la fachada del centro.
HELLÍN 26 Oct El padre de la menor expresa en un comunicado remitido a este diario que estos sindicatos «nunca se han entrevistado con nosotros, sólo tienen un punto de vista, por lo que no pueden conocer los hechos en profundidad». Añade además que «en su día, algunas compañeras de colegio de nuestra hija nos confirmaron la situación que padecía a consecuencia del maltrato de otras compañeras -nuestra hija se pasó muchos recreos llorando-».
El padre asegura que denunció ante los responsables del colegio el «trato vejatorio» que vino sufriendo la menor, identificando a las niñas que realizaban tales actos, «pero estos -puntualiza- continuaron hasta que fue trasladada de centro escolar».
Asimismo, lamenta que los profesores le oyeran, pero no le escucharan cuando advertía de los problemas a los que se enfrentaba su hija. El padre de la menor insiste en que «no se actuó de forma seria y eficaz, incluso hoy se sigue negando cuando afirman que es un mero problema entre familias».
«En un intento de solucionar el problema, mi esposa se dirigió a la madre de la cabecilla del grupo, quien reaccionó de modo inadecuado, negando e insultando a nuestra hija. Estos hechos son una consecuencia más de la preexistencia de maltrato, corroborado por el Juzgado de Instrucción de Hellín y la Audiencia Provincial de Albacete, por lo que engañan cuando tratan de presentar el incidente como la única causa de los daños causados a nuestra hija», subraya el padre de la menor en el comunicado.
Además, el padre reitera que «a nuestra hija los daños se los causaron unas pocas compañeras del colegio, pero según los responsables del centro todo ocurría de puertas afuera. Esto no es cierto».
De la misma manera, insiste en que en el expediente administrativo de reclamación, anterior al juicio, «cuando propusimos a la Consejería que escuchara al psicólogo clínico que trató a nuestra hija, no lo admitieron (afortunadamente, sí lo admitieron el juzgado de Instrucción de Hellín y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, ambos concluyeron que había hostigamiento). Cuando propusimos a la Consejería que declararan los responsables del centro, eligieron hacer sus manifestaciones únicamente por escrito, en un informe, yugulando la posibilidad de preguntarles sobre el asunto».
El padre de la menor considera que la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo es el resultado de un juicio donde cada parte aportó las pruebas que libremente quiso. «El juez, entre otras pruebas, tuvo conocimiento pleno del informe elaborado por los responsables del colegio, quienes nunca pidieron declarar ante los abogados y ante el juez».
Cantidad simbólica
Por último, el padre de la menor niega que se trate de «tema puramente económico». Es más, considera que se trata de una afirmación «sencillamente ridícula». «En la demanda -concluye- reclamamos una cantidad simbólica, en concreto 1.295 euros en concepto de gastos de psicólogo y 2.000 por daños morales, lo cual fue concedido íntegramente por el juez».
«Hace menos de un mes -recuerda en el comunicado- que se divulgó por el Centro Reina Sofía el resultado de un sondeo para el Estudio de la Violencia que, entre otras conclusiones, especifica que un 14,8% de alumnos de centros público han sido víctimas de algún tipo de acoso, que la forma más frecuente es la psicológica, que la mayor parte del acoso tiene lugar en el centro y sólo un 10% en sus alrededores. No estamos ante una disputa familiar, estamos ante una verdad declarada en sentencia». laverdad.es
POLÉMICA. Imagen de la fachada del centro.
