EDITORIAL DIARIO MÁLAGA Mientras que en la capital malagueña representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento presentaban unas jornadas dirigidas a los profesionales que trabajan con víctimas de la violencia de género y ofrecían, al mismo tiempo, los últimos y escalofriantes datos sobre la incidencia de esta lacra social, desde Marbella, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni) denunciaba que dos menores -de 6 y 7 años- han tenido que abandonar sus respectivos colegios ante el presunto acoso al que les someten algunos de sus compañeros.
Uno de ellos, al parecer, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico; el otro, a la espera de ser trasladado de centro, ya que los responsables de la escuela en la que se encontraba -según la opinión de los padres del pequeño- no tiene disponibilidad para atajar tan rechazable situación.
Tales casos no vienen sino a demostrar que la sospecha se ha tornado en confirmación y que, como nos temíamos, la violencia, tanto física como verbal, se ha instalado definitivamente en la cotidiana convivencia, en la familiar, en la social, en la laboral... azotando, eso sí, los que hasta la fecha se concebían como los más plausibles valores del respeto y la atención a la dignidad de nuestros iguales. Quizá la fórmula mágica -si la hubiera- no debiera tener un nombre tan feo como Ley Integral contra la Violencia de Género, porque quizá la solución a esta problemática no pase exclusivamente por ofrecer una respuesta desde el punto de vista legislativo.
La formación, la concienciación y la educación en valores deben erigirse, en este contexto, en las armas fundamentales para prevenir -que no curar- este azote tan dañino, tarea harto difícil cuando en los entornos más propicios para acometer dichas labores psicopedagógicas (la escuela y el hogar, fundamentalmente) se suceden episodios de violencia y de maltrato como si tal cosa.
De momento, será la Justicia la encargada de dirimir este tipo de casos, dentro de los límites que el actual ordenamiento jurídico imponga a jueces, magistrados y fiscales, que, de momento, cuentan con dos nuevos expedientes sobre la mesa (los de los niños presuntamente víctimas de acoso escolar en Marbella y Estepona) y con más de dos mil nuevas denuncias, las presentadas en los nueve primeros meses del año por malagueñas que han sufrido en sus carnes, presuntamente, malos tratos.
Uno de ellos, al parecer, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico; el otro, a la espera de ser trasladado de centro, ya que los responsables de la escuela en la que se encontraba -según la opinión de los padres del pequeño- no tiene disponibilidad para atajar tan rechazable situación.
Tales casos no vienen sino a demostrar que la sospecha se ha tornado en confirmación y que, como nos temíamos, la violencia, tanto física como verbal, se ha instalado definitivamente en la cotidiana convivencia, en la familiar, en la social, en la laboral... azotando, eso sí, los que hasta la fecha se concebían como los más plausibles valores del respeto y la atención a la dignidad de nuestros iguales. Quizá la fórmula mágica -si la hubiera- no debiera tener un nombre tan feo como Ley Integral contra la Violencia de Género, porque quizá la solución a esta problemática no pase exclusivamente por ofrecer una respuesta desde el punto de vista legislativo.
La formación, la concienciación y la educación en valores deben erigirse, en este contexto, en las armas fundamentales para prevenir -que no curar- este azote tan dañino, tarea harto difícil cuando en los entornos más propicios para acometer dichas labores psicopedagógicas (la escuela y el hogar, fundamentalmente) se suceden episodios de violencia y de maltrato como si tal cosa.
De momento, será la Justicia la encargada de dirimir este tipo de casos, dentro de los límites que el actual ordenamiento jurídico imponga a jueces, magistrados y fiscales, que, de momento, cuentan con dos nuevos expedientes sobre la mesa (los de los niños presuntamente víctimas de acoso escolar en Marbella y Estepona) y con más de dos mil nuevas denuncias, las presentadas en los nueve primeros meses del año por malagueñas que han sufrido en sus carnes, presuntamente, malos tratos.
