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viernes, 09 de diciembre de 2005
EDITORIAL LA VERDAD 8 Dic Agresión escolar
Cuatro adolescentes de entre 14 a 16 años fueron detenidos hace unos días en Valencia por agredir a un compañero en el instituto Juan de Garay en Valencia, aunque está acreditado que en torno a una decena de escolares algunos menores de catorce años participaron en los reiterados ataques. Debido a los golpes, el menor agredido tuvo que ser atendido en el Servicio de Urgencias de un centro sanitario y dejar de acudir al centro educativo. Este caso de matonismo escolar que se suma a los denunciados en los últimos meses, registra además el agravante y ensañamiento de la grabación de imágenes de las palizas en un teléfono móvil para su posterior contemplación y exhibición. El suceso, inscrito en la alarmante escalada de casos de bullying, ofrece ese indeseable grado de ensañamiento en la conducta delictiva. Y, sobre todo, confirma la gravedad y la extensión de prácticas violentas en el medio escolar ante la vacilante actitud de autoridades, padres y responsables docentes.

A semejanza de lo que hace una década ocurrió con la violencia de género, a partir del trágico caso Jokin se ha destapado una realidad oculta de malos tratos en los colegios que se realimenta del propio fracaso en la función educativa de unos adultos que permiten la banalización de la violencia y de la insuficiente respuesta legal ante hechos delictivos cometidos por menores de edad. En Valencia han sido diez los implicados en las palizas a un alumno del citado instituto, pero sólo cuatro de ellos, de edades comprendidas entre 14 y 16 años, han pasado por la Fiscalía pues a los otros seis la ley no les reconoce responsabilidad penal al no haber cumplido 14 años.

La violencia en la escuela, ya sea mediante la intimidación física o psicológica, la burla o la agresión, no ha surgido espontáneamente ni su proliferación debe achacarse a las leyes. Es consecuencia, en primer término, de la irresponsabilidad, la ignorancia, o ambas cosas a la vez, de unos padres que por desidia o incapacidad hacen dejación de sus funciones en un sistema escolar donde se han desdibujado los principios de autoridad y disciplina. Bien lo saben muchos profesores que han visto cómo el reforzamiento de los derechos del alumnado y ciertas fórmulas de cogestión en la comunidad escolar han servido para impedir la labor correctora de actitudes y conductas que era propia de los docentes. El rechazo, a veces enérgico, de los menores y sus padres ante medidas disciplinarias, además de empobrecer la labor pedagógica, deja desprotegidos a la gran mayoría de los escolares que pueden ser víctimas de un bullying que los profesores no pueden cortar en sus primeros síntomas. www.laverdad.es


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