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miércoles, 14 de diciembre de 2005
El auto hecho público en la jornada de ayer desestima el recurso de la familia y, por lo tanto, confirma el archivo de las diligencias, al entender que no concurren en el caso los requisitos del tipo penal «ni ningún otro del que quepa deducir responsabilidad penal para los imputados».

El Juzgado de Irún que instruía la denuncia interpuesta por la familia de Jokin confirmó ayer el archivo las diligencias abiertas contra el director del Instituto Talaia de Hondarribia y tres profesores del mismo centro, donde el menor estudiaba, al reiterar que no existen pruebas que demuestren que los docentes tuvieran conocimiento del trato vejatorio del que fue objeto. Así lo confirmó Miguel Angel Ceberio, tío de Jokin, que anunció la interposición de un recurso ante la Audiencia. diariovasco.com
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Archivadas las diligencias contra los profesores de Jokin
LA VANGUARDIA - 14/12/2005El juzgado de instrucción número 4 de Irun confirmó ayer el archivo de las diligencias que seguía contra cuatro profesores de Jokin C. L., el escolar que se suicidó en Hondarribia en el 2004 por el acoso al que le sometían varios compañeros de instituto. La familia del adolescente había recurrido el archivo de las actuaciones contra estos docentes, después de que el juzgado considerara que no existían pruebas que acreditaran que los profesores conocieran que el adolescente era víctima de malos tratos y vejaciones por parte de algunos compañeros. Por este caso ya fueron condenados ocho alumnos del instituto. Efe El Juzgado de Irun confirma el archivo de la denuncia contra los profesores de Jokin
eitb24.com En la resolución notificada hoy, el juez señala que la imputación de ese delito sólo es posible cuando, "con conocimiento" de una "situación de peligro", se omita "voluntariamente una serie de actos que pudieran haber evitado el resultado lesivo".
El Juzgado de Instrucción 4 de Irun ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el director del Instituto Talaia de Irún y otros tres profesores del centro en el que estudiaba Jokin C.L., el joven que se suicidó el año pasado en Hondarribia tras ser acosado por compañeros de clase.

Ahora será la Audiencia Provincial de Gipuzkoa la que deberá resolver el recurso que interpuso la familia del joven contra el cierre del caso.

Este procedimiento es fruto de la denuncia que los padres del menor interpusieron contra los cuatro docentes al entender que cometieron un delito de "omisión de deber de impedir delitos". El juez abrió diligencias y las archivó el pasado mes de noviembre. Los familiares recurrieron el sobreseimiento ante este juzgado y, en caso de que fuera desestimado, ante la Audiencia Provincial.

En la resolución notificada hoy, el juez señala que la imputación de ese delito sólo es posible cuando, "con conocimiento" de una "situación de peligro", se omita "voluntariamente una serie de actos que pudieran haber evitado el
resultado lesivo".

Sin embargo, constata que eso no sucedió en el caso de los cuatro docentes y señala que las declaraciones de "todas y cada una de las personas" que han comparecido en el juzgado, "no sólo los imputados, sin también testigos y perjudicados, así lo avalan".

En este sentido, destaca el testimonio del inspector de Educación que participó en la investigación interna y las de diversos profesores, en las que, según dice, se evidencia que los acusados "no sólo no vieron, sino que desconocían las agresiones y acoso que sufrió el menor".

El juez dice que la investigación demuestra que "cuando el profesorado tiene conocimiento de lo que estaba ocurriendo, adoptó todos los medios a su alcance para solucionar el problema".

El auto hecho público hoy desestima este recurso y, por lo tanto, confirma el archivo de las diligencias, al entender que no concurren en el caso los requisitos del tipo penal 'ni ningún otro del que quepa deducir responsabilidad penal para los imputados'.

El escrito reconoce que 'los profesores tienen una posición de garantes respecto a los alumnos que les obliga a actuar cuando hay una situación de peligro para la vida o la integridad' de los escolares, aunque advierte de que sólo pueden ser imputados si, conociendo ese riesgo, no tratan de impedirlo, requisito que 'falta en el presente caso', ya que 'no sólo no vieron, sino que desconocían las agresiones y acoso que sufría el menor'.

El texto argumenta que en ninguna de las declaraciones que ha tomado en la fase de instrucción 'queda constancia de que el profesorado supiera' que Jokin era objeto de malos tratos.

El auto destaca además que, cuando su jefa de Estudios y el director del centro supieron que Jokin había sido víctima de una burla, tras sufrir un episodio de gastroenteritis en clase, hablaron con las madres de los alumnos 'para cortarlo'.

El documento alude también a un incidente que se produjo en un aula cuando varios alumnos lanzaron rollos de papel higiénico hacia Jokin y una profesora ordenó que, entre otros alumnos, los recogiera el propio afectado.

El escrito exculpa a esta docente porque al haberse reincorporado recientemente al instituto no conocía a Jokin ni el incidente de la gastroenteritis que se había producido con antelación.

El texto insiste en que 'de la instrucción practicada se infiere que cuando el profesorado tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo con Jokin, adoptó todos los medios a su alcance para solucionar el problema'.

El portavoz de la familia de Jokin, Miguel Angel Ceberio, explicó a Efe que ahora será la Audiencia de Guipúzcoa la que deba pronunciarse sobre el caso, ya que los allegados del fallecido tienen pendiente un recurso de reforma ante esta instancia.

Ceberio, quien no quiso pronunciarse sobre la decisión del juzgado de Irún de archivar las diligencias, aclaró que si en esta oportunidad la Audiencia 'determina también que no ha habido responsabilidad penal por parte del centro escolar de Jokin se abrirá un plazo de un año para formular la reclamación en la vía civil'. Terra Actualidad - EFE






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