XAVIER PERICAY· 31 Dic Cataluña DAÑOS MENORES
SEGURO que todos ustedes se acuerdan del caso. El 21 de septiembre de 2004, Jokin C., un estudiante de 14 años del instituto Talaia de Fuenterrabía, se suicidó arrojándose por la muralla de esa localidad guipuzcoana. A los pocos días del suceso se supo que Jokin llevaba un año sometido a toda clase de burlas, humillaciones, vejaciones y agresiones físicas por parte de ocho compañeros de clase. Y también se supo que ello no había ocurrido a espaldas de los profesores y de los responsables del centro, sino con su consentimiento o, como dijo Javier Orrico en un artículo publicado poco después de la tragedia y recogido en «La enseñanza destruida» (Huerga & Fierro, 2005 *) -un libro imprescindible para conocer de cerca el estado de la educación en España-, con su «desistimiento», «ese veneno envilecedor por el que todo el mundo deja de cumplir con su deber». Lo que tal vez no recuerden ustedes, porque esta clase de noticias no suelen ocupar tanto espacio en los medios, es lo que vino después. Es decir, lo que hizo la justicia con los ocho menores acusados de haber acosado a Jokin.
A mediados del pasado mes de mayo, y a pesar de que la acusación particular había pedido para cada encausado una pena de cuatro años y seis meses de régimen cerrado y 20 horas de trabajo a favor de la comunidad, la juez de menores de San Sebastián resolvió condenar a los ocho adolescentes a 18 meses de libertad vigilada, y a cuatro de ellos a tres fines de semana de permanencia en un centro educativo. Y para que nadie tuviera dudas acerca de lo que significaba ese año y medio de libertad vigilada, indicó en la sentencia que durante este tiempo los ocho deberían participar en un «tratamiento psicológico», entrenarse en «técnicas de manejo de ansiedad y control de impulsos» y asistir a actividades organizadas «para adquirir habilidades de relación y pautas de actuación sin utilizar la agresividad». Luego, es verdad, la Audiencia de Guipúzcoa revocó la sentencia de la juez e impuso a siete de los ochos menores una pena de dos años de internamiento y, aunque la juez dejó en suspenso el internamiento y lo sustituyó por dos años de libertad vigilada, la Audiencia volvió a revocar en octubre el auto del juzgado de menores y dio por buena, con carácter irrevocable, su propia sentencia.
Hay que felicitarse, sin duda alguna, de que el sistema judicial conserve todavía este último peldaño. Si fuera como el educativo, en el que ya no existen peldaños y todo es una inmensa tabla rasa, ni siquiera cabría este recurso postrero y los familiares de Jokin deberían conformarse con ver a los culpables de la fechoría sometidos a tratamiento psicológico y forzados a entrenarse en el manejo de la ansiedad y el control de los impulsos para adquirir habilidades de relación y pautas de actuación sin recurrir a la agresividad. Igual, igual que si la consecuencia de sus actos hubiera sido la rotura de un jarrón o una falta de respeto a un compañero o a un profesor.
Hace tan sólo quince días, un juzgado de menores de Valencia hizo pública una sentencia relacionada con la agresión sufrida por tres alumnos del Instituto Juan de Garay, a los que cinco compañeros habían cosido en más de una ocasión a patadas y puñetazos mientras filmaban la escena con un teléfono móvil. A esos valientes, algunos de los cuales compartían clase con los damnificados, les han caído ahora seis meses de libertad vigilada, con las habituales terapias, entre las que destaca la redacción de una carta manuscrita dirigida a sus víctimas donde deben mostrar su arrepentimiento. Pero esos chavales seguirán en el centro. Eso sí, en otra clase, alejados de los compañeros a los que golpearon. Nada dice la sentencia sobre lo que puede ocurrir cuando unos y otros se crucen por los pasillos o en el patio. O a la entrada y a la salida del instituto.
Por desgracia, lo importante no es tratar de prevenir lo que puede ocurrir, sino salvaguardar esta falsa paz escolar. Como si los menores, por el mero hecho de serlo, no fueran sino capaces de un daño menor. Como el que infligieron a Jokin. www.abc.es
Xavier Pericay, periodista y filólogo, es profesor de la Universidad Ramón Llull en la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, Barcelona
* LA ENSEÑANZA DESTRUIDA
JAVIER de ORRICO
HUERGA Y FIERRO EDITORES, S.L.
Rustica 216 pgs
RESUMEN:
La presente obra se dirige a todos los ciudadanos seriamente preocupados por la situación de nuestro sistema educativo. Además del conflicto entre las concepciones paternalistas de la pedagogía moderna, frente a las sustentadas por la tradición humanista, aborda las políticas concretas que nos han conducido al presente desastre. La enseñanza destruida constituye un auténtico repaso a las cuestiones que han llevado, a juicio de su autor, a la ruina del sistema, sus causas y consecuencias.
SEGURO que todos ustedes se acuerdan del caso. El 21 de septiembre de 2004, Jokin C., un estudiante de 14 años del instituto Talaia de Fuenterrabía, se suicidó arrojándose por la muralla de esa localidad guipuzcoana. A los pocos días del suceso se supo que Jokin llevaba un año sometido a toda clase de burlas, humillaciones, vejaciones y agresiones físicas por parte de ocho compañeros de clase. Y también se supo que ello no había ocurrido a espaldas de los profesores y de los responsables del centro, sino con su consentimiento o, como dijo Javier Orrico en un artículo publicado poco después de la tragedia y recogido en «La enseñanza destruida» (Huerga & Fierro, 2005 *) -un libro imprescindible para conocer de cerca el estado de la educación en España-, con su «desistimiento», «ese veneno envilecedor por el que todo el mundo deja de cumplir con su deber». Lo que tal vez no recuerden ustedes, porque esta clase de noticias no suelen ocupar tanto espacio en los medios, es lo que vino después. Es decir, lo que hizo la justicia con los ocho menores acusados de haber acosado a Jokin.
A mediados del pasado mes de mayo, y a pesar de que la acusación particular había pedido para cada encausado una pena de cuatro años y seis meses de régimen cerrado y 20 horas de trabajo a favor de la comunidad, la juez de menores de San Sebastián resolvió condenar a los ocho adolescentes a 18 meses de libertad vigilada, y a cuatro de ellos a tres fines de semana de permanencia en un centro educativo. Y para que nadie tuviera dudas acerca de lo que significaba ese año y medio de libertad vigilada, indicó en la sentencia que durante este tiempo los ocho deberían participar en un «tratamiento psicológico», entrenarse en «técnicas de manejo de ansiedad y control de impulsos» y asistir a actividades organizadas «para adquirir habilidades de relación y pautas de actuación sin utilizar la agresividad». Luego, es verdad, la Audiencia de Guipúzcoa revocó la sentencia de la juez e impuso a siete de los ochos menores una pena de dos años de internamiento y, aunque la juez dejó en suspenso el internamiento y lo sustituyó por dos años de libertad vigilada, la Audiencia volvió a revocar en octubre el auto del juzgado de menores y dio por buena, con carácter irrevocable, su propia sentencia.
Hay que felicitarse, sin duda alguna, de que el sistema judicial conserve todavía este último peldaño. Si fuera como el educativo, en el que ya no existen peldaños y todo es una inmensa tabla rasa, ni siquiera cabría este recurso postrero y los familiares de Jokin deberían conformarse con ver a los culpables de la fechoría sometidos a tratamiento psicológico y forzados a entrenarse en el manejo de la ansiedad y el control de los impulsos para adquirir habilidades de relación y pautas de actuación sin recurrir a la agresividad. Igual, igual que si la consecuencia de sus actos hubiera sido la rotura de un jarrón o una falta de respeto a un compañero o a un profesor.
Hace tan sólo quince días, un juzgado de menores de Valencia hizo pública una sentencia relacionada con la agresión sufrida por tres alumnos del Instituto Juan de Garay, a los que cinco compañeros habían cosido en más de una ocasión a patadas y puñetazos mientras filmaban la escena con un teléfono móvil. A esos valientes, algunos de los cuales compartían clase con los damnificados, les han caído ahora seis meses de libertad vigilada, con las habituales terapias, entre las que destaca la redacción de una carta manuscrita dirigida a sus víctimas donde deben mostrar su arrepentimiento. Pero esos chavales seguirán en el centro. Eso sí, en otra clase, alejados de los compañeros a los que golpearon. Nada dice la sentencia sobre lo que puede ocurrir cuando unos y otros se crucen por los pasillos o en el patio. O a la entrada y a la salida del instituto.
Por desgracia, lo importante no es tratar de prevenir lo que puede ocurrir, sino salvaguardar esta falsa paz escolar. Como si los menores, por el mero hecho de serlo, no fueran sino capaces de un daño menor. Como el que infligieron a Jokin. www.abc.es
Xavier Pericay, periodista y filólogo, es profesor de la Universidad Ramón Llull en la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, Barcelona
* LA ENSEÑANZA DESTRUIDA
JAVIER de ORRICO
HUERGA Y FIERRO EDITORES, S.L.
Rustica 216 pgs
RESUMEN:
La presente obra se dirige a todos los ciudadanos seriamente preocupados por la situación de nuestro sistema educativo. Además del conflicto entre las concepciones paternalistas de la pedagogía moderna, frente a las sustentadas por la tradición humanista, aborda las políticas concretas que nos han conducido al presente desastre. La enseñanza destruida constituye un auténtico repaso a las cuestiones que han llevado, a juicio de su autor, a la ruina del sistema, sus causas y consecuencias.
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