Los casos de agresiones registrados en los centros de enseñanza canarios han motivado no sólo condena pública sino también la iniciativa de tomar cartas en el asunto y disponer de medidas específicas y efectivas para tratar de revertir la situación
SANTA CRUZ, Canarias 3 Feb La palabra inglesa bullying, usada para denominar el creciente fenómeno de la violencia en el ámbito escolar, parece haber sentado sus reales en Canarias, donde la preocupación por los casos de agresiones registrados en los centros de enseñanza ha motivado no sólo condena pública sino también la iniciativa de tomar cartas en el asunto y disponer de medidas específicas y efectivas para tratar de revertir la situación, antes de que se esté ante una espiral ascendente que exija medidas drásticas.

Así fue que el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó, en octubre pasado y por unanimidad, la instauración de un número de teléfono gratuito al que puedan recurrir las víctimas de acoso escolar, así como también sus familiares y amigos, para denunciar hechos que, según indica la experiencia, no siempre salen a la luz por la misma naturaleza del fenómeno. El alumno agredido rara vez se atreve a señalar a su agresor en el ámbito escolar y aun resulta difícil que lo cuente a sus padres.

Según dijo en su momento la diputada socialista Dolores Padrón, impulsora de la iniciativa, quince de cada cien alumnos sufren violencia dentro de los centros educacionales y el 65 por ciento de ellos son mujeres, por lo que la situación tiene cierto grado de componentes sexistas. Padrón ha dirigido también una pregunta al consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Godoy, sobre la seguridad en los centros de enseñanza canarios.

Hace dos semanas, ABC se hizo eco de la situación en un instituto de los barrios más conflictivos socialmente de Santa Cruz de Tenerife, cuyos profesores se encontraban muy preocupados por las condiciones de seguridad en que desarrollan su labor y que consideraban la posibilidad de ir a la huelga si no se oían sus reclamaciones.

El claustro llegó a pedir a la Consejería de Educación vigilancia permanente, por los frecuentes actos vandálicos y por la repetida imposibilidad de desalojar por la fuerza del centro a alumnos conflictivos. Los profesores entienden que no es esa una labor propia de quienes están a cargo de un curso, sino de otras personas. La medida de los problemas en ese centro la da la existencia de una treintena de alumnos susceptibles de que sean expedientados por motivos disciplinarios.

El caso Trapero

Esta semana se conoció el caso de un reconocido catedrático de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Maximiliano Trapero, que sufrió una brutal agresión en la que resultó lesionado en un ojo y por la que requirió de intervención quirúrgica inmediata. Sobre el hecho, sucedido el lunes en Santa Cruz de Tenerife, se tejieron ciertas especulaciones que, sin embargo, merecen desmentirse.

«La agresión no fue personalizada, también podría haberme sucedido a mí de haber estado con Trapero, y no tuvo nada que ver con circunstancias de la vida universitaria», aclara a ABC Humberto Hernández, decano de la Faculta de Periodismo de La Laguna.Gutiérrez desvincula del hecho a la comunidad de alumnos: «Si bien eran jóvenes los autores -que fueron detenidos poco después-, no eran de la universidad. Lo lamentable es que sucedan estas cosas y que haya tal inseguridad en las calles». BERNARDO SAGASTUME abc.es