La medida siembra el malestar entre profesores de la Vega Baja mientras en Alicante cuenta con el apoyo de toda la comunidad Las cámaras en los accesos y patios escolares tratan de evitar robos y destrozos de personas ajenas al centro
Torrevieja 16 Abril La vigilancia de los centros educativos para evitar en unos casos los robos y daños materiales cuando se cierra el centro por vacaciones como las de esta Semana Santa, y en otros para tratar de atajar actos violentos entre los propios estudiantes, ha desembocado este curso en la instalación de las primeras cámaras de videovigilancia en el interior de los institutos.

La medida empieza a resultar controvertida en algunas zonas, como determinados institutos de la Vega Baja, mientras en otras cuenta con el beneplácito de toda la comunidad educativa desde que comenzó el curso, como precisan en el instituto Figueras Pacheco de Alicante.

Ante las dudas que acarrean estas instalaciones en el interior de los centros porque puedan atentar al derecho al honor y a la intimidad, la Junta docente provincial que representa a todo el profesorado de Alicante ha acordado a instancias del STEPV, el sindicato mayoritario, reclamar a la Conselleria de Educación que redacte una normativa específica al respecto. «Hay que evitar la inseguridad jurídica que dicha instalación y su uso puedan ocasionar y por otra parte los centros deben disponer de instrucciones que les permita llevar a cabo las decisiones democráticas adoptadas en cada caso», según consta en la resolución entregada por la Junta sindical a la dirección territorial de Educación en Alicante.

Por otra parte el coste de estas instalaciones no procede de fondos de la Generalitat, sino que cada centro se las arregla para instalar las cámaras que considera necesarias y corre con los gastos. La Junta sindical concluye al respecto que en los casos en que sean necesarias cámaras para controlar los accesos «sea la Administración la que determine una partida presupuestaria concreta y no tenga que salir de los gastos corrientes de los centros».

Mientras en institutos de la Vega Baja con este tipo de cámaras interiores el dinero de la instalación procede de ahorros del centro, en el instituto Figueras Pacheco ha sido la Asociación de Padres la que se ha encargado de este gasto para instalar una docena de cámaras en accesos, patios y pasillos de la planta baja.

Mediación de conflictos

El centro de Alicante acordó poner las cámaras tanto por el consejo escolar como por el claustro docente: «Se decidió para la protección de los bienes y el control de posibles destrozos materiales en horario nocturno y vacaciones. Su finalidad es puramente disuasoria en este sentido, en ningún caso se trata de controlar a los propios alumnos porque en este instituto contamos con un programa específico de mediación de conflictos y un equipo de alumnos, profesores y padres dedicados a esta labor en concreto». Aseguran que todos los usuarios del Figueras Pacheco saben dónde enfoca cada cámara. «En este centro hay muchas puertas de emergencia dadas sus dimensiones, y no pueden cerrarse con llave así que en cuanto nos entregaron el edificio decidimos instalar un sistema completo de videovigilancia. Las pantallas las visionan los conserjes», indican.

En los institutos de Torrevieja sólo funcionan de momento las cámaras exteriores, como aseguran a este diario, pero alumnos y profesores contrarios a que se grabe en los pasillos por la falta de un acuerdo conjunto previo temen que a la vuelta de estas vacaciones se pongan en marcha las interiores. «La inspección educativa ha respaldado estas instalaciones a raíz de algunos casos de violencia escolar pero no creemos que sea la forma de atajar estos otros problemas», indicaron miembros de la Junta provincial contrarios a la videovigilancia interna en los centros.

El recuerdo de los que se oponen a estos sistema de grabación en el interior de los centros lo preside el reciente caso de Crevillent, donde una comisión mixta integrada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, el abogado del Estado y un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, además del secretario general de la Delegación del Consell negaron al Ayuntamiento la potestad de instalar cámaras de seguridad en las calles, reclamadas por los vecinos. «Deben reservarse para circunstancias excepcionales -indica la resolución de la comisión mixta- atendiendo a una prevención concreta del delito y respetando el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución frente a un exceso de celo en la seguridad». www.diarioinformacion.com