El juez y el fiscal de Menores de Zamora mantienen el criterio que se aplica desde hace años de imponer la medida denominada prestaciones en beneficio de la comunidad, siembre que se considere conveniente, en lugar de aplicar medidas de privación de libertad.
ZAMORA 7 MayoAsí lo refleja la estadística del pasado año, cuando se dictaron 36 medidas de este tipo que consisten en que los adolescentes y jóvenes realicen algún tipo de trabajo con el que además de pagar su culpa puedan tomar conciencia del alcance y la repercusión de sus actos. Para ello se mantienen convenios con instituciones y entidades -tales como ayuntamientos y oenegés- en las que los menores prestan algún tipo de servicio, siempre que es posible acorde con la infracción que cometió. En otros ocho casos se optó por la amonestación.

Con todo, de las sentencias condenatorias dictadas el año pasado, en 11 casos se impusieron medidas (el equivalente a penas cuando se trata de menores) de internamiento; en otros 10, la pena fue de permanencia de fin de semana y al mismo número se le impuso la de libertad vigilada. En dos casos se les privó de de permisos o licencias administrativas.

En la memoria anual de Fiscalía se recoge un criterio que se ha aplicado en años anteriores y que permite un ahorro de trámites y de presupuesto. Se trata de renunciar a la pieza de responsabilidad civil; es decir, al procedimiento para indemnizar a las víctimas o compensar los daños por infracciones. En la mayoría de los casos es debido a la falta de interés de los perjudicados que, o desisten de reclamar o no acuden a presentar facturas, a pesar de los requerimientos del juzgado. También se renuncia cuando la parte perjudicada no se persona en la causa, incluso cuando es una entidad pública con abogado. Y, desde luego, se prescinde del trámite cuando las cantidades son tan pequeñas que el gasto para cobrarlo sería muy superior. nortecastilla.es