Aguirre devuelve la autoridad al profesor · La Consejería de Educación madrileña planea otorgar libertad a sus maestros para castigar a los alumnos que cometan faltas graves. Dará más autonomía al director del colegio y mandará a los mejores docentes a las aulas más conflictivas
El aumento de los corportamientos violentos en las aulas madrileñas ha llevado a la Comunidad a preparar este decreto
Madrid 28 Mayo- Se avecina una revolución educativa. Entre otras cosas, porque Madrid quiere desmarcarse de un sistema que, según palabras de su consejero, Luis Peral, «pretende igualar a todos los alumnos, pero por debajo de la media». No premia a los mejores, ni a los más preparados, ni a los más disciplinados, dice Peral. «Huye de la evaluación y libera a los niños de toda responsabilidad; tanto, que en muchos casos nacen, por la falta de control, comportamientos arbitrarios o incluso violentos».
Así, al consejero le alarma, aunque no le sorprende demasiado, que 11.000 de los 70.000 maestros que enseñan en los 1.200 colegios de la región hayan sufrido, de forma directa e indirecta, algún tipo de violencia en los últimos años, tal y como denunció hace unas semanas el sindicato de profesores Anpe. Y por eso quiere cambiar las cosas; desea hacer fuerte al educador, devolverle la autoridad, tomar medidas para que no los arrolle el pequeño dictador que puede ser un adolescente.
En muchas cosas, la Comunidad tiene las manos atadas, porque no son las autonomías, sino el Gobierno, el que redacta la Ley -por cierto, que la recién aprobada LOE «no mejora», según el consejero, lo que había con la Logse, también socialista-. Pero el equipo de Esperanza Aguirre tiene ases en la manga. Como el que quiere usar cuanto antes: la reforma del decreto de derechos y obligaciones de profesores y alumnos, que reúne todas las normas de convivencia. En ese decreto caben muchas fórmulas para conseguir lo que obsesiona a Aguirre: que el profesor recupere la autoridad.
«El cachete ya está superado». Y piensan en la Consejería que una de las claves es devolver al maestro la potestad para castigar. No se trataría, dicen, de algo físico -«el cachete está superado», según Peral-, pero sí de cosas tan sencillas «y a la vez efectivas» como poder echar de clase a un niño de comportamiento rebelde, algo que, hoy en día, está casi perseguido por la ley. O poder incluso expulsarlo del colegio, o mandarle a otro, cuando pegue, veje o maltrate a algún compañero o maestro. Hoy, todo esto es imposible. «El niño indisciplinado vive en una situación de inmunidad permanente», explica José Luis Carbonell, el presidente del Consejo Escolar de Madrid.
A su juicio, además de devolver la autoridad al profesor, hay que tomar medidas para que pueda ejercerla de inmediato. «Imagine un niño que le da una paliza a otro. Hoy en día, el maestro tiene que hacer un informe, presentarlo al director, debatirlo luego todos en el consejo escolar... Al fin, cuando llega el castigo al agresor, si es un mal muchacho ni se acuerda de qué había hecho; y si es sensible y se ha arrepentido, vive dos semanas de angustia», explica.
La consejería quiere cambiar todo eso y piensa que el primer paso es reeducar a los padres. «Muchos niños ven que la primera falta de respeto al maestro empieza en sus progenitores, que le insultan y le maltratan», dice Peral. Habrá también un cuerpo jurídico específico para defender a estos funcionarios.
La Comunidad piensa en establecer otras mejoras en la forma de organizar los colegios. La viceconsejera de Educación, Carmen González, explica que sería muy bueno «otorgar mucha más capacidad de maniobra a los directores, entre otras cosas para que puedan elegir, de entre todo su claustro de maestros, a los mejores para las clases más conflictivas». Hoy en día, es el profesor el que elige, en función de su antigüedad. «A los más comprometidos, además, se l0s debería incentivar económicamente», concluye. Sin embargo, puede que estos cambios sean difíciles de ejecutar, porque la ley estatal lo prohíba. En ese sentido, Luis Peral explica que uno de los mayores desmanes de la LOE es que ha cambiado la forma de elegir al director, ya que serán los propios compañeros y los padres de alumnos los que le nombrarán «Y claro, quizá ese director no sea libre para actuar, porque tenga que cuidar a su electorado», sentencia el consejero. Hay algunos sectores de la comunidad educativa que piensan que, al margen de que el profesor tenga más o menos libertad, lo importante es que cuente con el apoyo de otros profesionales, como psicólogos, educadores sociales, etcétera. Ante esto, Peral reprocha: «Cuantas más figuras intermedias creemos, más vulnerable será el maestro. Hacen falta complementos en la educación, y los estamos poniendo, pero ése no es el problema».
Las propuestas de Anpe. Tampoco cree Peral que la clave sea bajar el número de alumnos por clase. «Según el informe mundial de educación Pisa, Finlandia es uno de los países con menos violencia en las aulas, y su ratio de alumnos por clase es mucho peor que la española. Los que somos más mayores nos educamos en clases de 40 niños, y no vimos lo que se ve ahora».
Por su parte, el sindicato Anpe, el más beligerante en la defensa de los derechos del maestro, ha lanzado una batería de propuestas para mejorar la situación, tales como la modificación de la Ley del Menor, que considere delito el acoso escolar y arbitre el alejamiento del acosador del entorno del centro. Peral promete estudiar todas las propuestas y proponer las reformas antes de 2007. larazon.es
El aumento de los corportamientos violentos en las aulas madrileñas ha llevado a la Comunidad a preparar este decreto
Madrid 28 Mayo- Se avecina una revolución educativa. Entre otras cosas, porque Madrid quiere desmarcarse de un sistema que, según palabras de su consejero, Luis Peral, «pretende igualar a todos los alumnos, pero por debajo de la media». No premia a los mejores, ni a los más preparados, ni a los más disciplinados, dice Peral. «Huye de la evaluación y libera a los niños de toda responsabilidad; tanto, que en muchos casos nacen, por la falta de control, comportamientos arbitrarios o incluso violentos».
Así, al consejero le alarma, aunque no le sorprende demasiado, que 11.000 de los 70.000 maestros que enseñan en los 1.200 colegios de la región hayan sufrido, de forma directa e indirecta, algún tipo de violencia en los últimos años, tal y como denunció hace unas semanas el sindicato de profesores Anpe. Y por eso quiere cambiar las cosas; desea hacer fuerte al educador, devolverle la autoridad, tomar medidas para que no los arrolle el pequeño dictador que puede ser un adolescente.
En muchas cosas, la Comunidad tiene las manos atadas, porque no son las autonomías, sino el Gobierno, el que redacta la Ley -por cierto, que la recién aprobada LOE «no mejora», según el consejero, lo que había con la Logse, también socialista-. Pero el equipo de Esperanza Aguirre tiene ases en la manga. Como el que quiere usar cuanto antes: la reforma del decreto de derechos y obligaciones de profesores y alumnos, que reúne todas las normas de convivencia. En ese decreto caben muchas fórmulas para conseguir lo que obsesiona a Aguirre: que el profesor recupere la autoridad.
«El cachete ya está superado». Y piensan en la Consejería que una de las claves es devolver al maestro la potestad para castigar. No se trataría, dicen, de algo físico -«el cachete está superado», según Peral-, pero sí de cosas tan sencillas «y a la vez efectivas» como poder echar de clase a un niño de comportamiento rebelde, algo que, hoy en día, está casi perseguido por la ley. O poder incluso expulsarlo del colegio, o mandarle a otro, cuando pegue, veje o maltrate a algún compañero o maestro. Hoy, todo esto es imposible. «El niño indisciplinado vive en una situación de inmunidad permanente», explica José Luis Carbonell, el presidente del Consejo Escolar de Madrid.
A su juicio, además de devolver la autoridad al profesor, hay que tomar medidas para que pueda ejercerla de inmediato. «Imagine un niño que le da una paliza a otro. Hoy en día, el maestro tiene que hacer un informe, presentarlo al director, debatirlo luego todos en el consejo escolar... Al fin, cuando llega el castigo al agresor, si es un mal muchacho ni se acuerda de qué había hecho; y si es sensible y se ha arrepentido, vive dos semanas de angustia», explica.
La consejería quiere cambiar todo eso y piensa que el primer paso es reeducar a los padres. «Muchos niños ven que la primera falta de respeto al maestro empieza en sus progenitores, que le insultan y le maltratan», dice Peral. Habrá también un cuerpo jurídico específico para defender a estos funcionarios.
La Comunidad piensa en establecer otras mejoras en la forma de organizar los colegios. La viceconsejera de Educación, Carmen González, explica que sería muy bueno «otorgar mucha más capacidad de maniobra a los directores, entre otras cosas para que puedan elegir, de entre todo su claustro de maestros, a los mejores para las clases más conflictivas». Hoy en día, es el profesor el que elige, en función de su antigüedad. «A los más comprometidos, además, se l0s debería incentivar económicamente», concluye. Sin embargo, puede que estos cambios sean difíciles de ejecutar, porque la ley estatal lo prohíba. En ese sentido, Luis Peral explica que uno de los mayores desmanes de la LOE es que ha cambiado la forma de elegir al director, ya que serán los propios compañeros y los padres de alumnos los que le nombrarán «Y claro, quizá ese director no sea libre para actuar, porque tenga que cuidar a su electorado», sentencia el consejero. Hay algunos sectores de la comunidad educativa que piensan que, al margen de que el profesor tenga más o menos libertad, lo importante es que cuente con el apoyo de otros profesionales, como psicólogos, educadores sociales, etcétera. Ante esto, Peral reprocha: «Cuantas más figuras intermedias creemos, más vulnerable será el maestro. Hacen falta complementos en la educación, y los estamos poniendo, pero ése no es el problema».
Las propuestas de Anpe. Tampoco cree Peral que la clave sea bajar el número de alumnos por clase. «Según el informe mundial de educación Pisa, Finlandia es uno de los países con menos violencia en las aulas, y su ratio de alumnos por clase es mucho peor que la española. Los que somos más mayores nos educamos en clases de 40 niños, y no vimos lo que se ve ahora».
Por su parte, el sindicato Anpe, el más beligerante en la defensa de los derechos del maestro, ha lanzado una batería de propuestas para mejorar la situación, tales como la modificación de la Ley del Menor, que considere delito el acoso escolar y arbitre el alejamiento del acosador del entorno del centro. Peral promete estudiar todas las propuestas y proponer las reformas antes de 2007. larazon.es
