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lunes, 12 de junio de 2006
Cada vez son más los menores que pasan su tiempo libre entregados a una nefasta moda que ha llegado de la mano de las nuevas tecnologías: filmar todo tipo de agresiones y fechorías con los teléfonos móviles para, después, intercambiarlas como SMS con los amigos o colgarlas en Internet.

Fechorías. La policía detuvo en marzo en La Laguna a cuatro menores que filmaban una pelea con su móvil. Al revisar el aparato, descubrieron otras grabaciones. Éstas son algunas de esas imágenes.
Blanca Esther Oliver · Las Palmas de Gran Canaria |
11 Jun· Grabar no está prohibido, pero inducir una pelea para conseguir el vídeo, se maltrate a quien se maltrate, e incluso lucrarse con su distribución sí está penado.

Este divertimento cala cada vez más entre los menores de la Península y del extranjero, y Canarias no ha escapado a esta moda, aunque los casos detectados en las Islas son menos y de contenidos más suaves.

De acuerdo con los datos que manejan las dos fiscalías de Menores canarias, entre enero y mayo de este año se han registrado alrededor de 20 denuncias por agresiones de todo tipo grabadas con teléfonos móviles por jóvenes. Los dos responsables de dichos órganos, Demetrio Pintado por Las Palmas y Manuel Campos por Tenerife, aseguran que los casos se produjeron en su mayoría en el ámbito escolar y que son muy leves, incluso califican a algunos como «auténticas niñadas». Afirman además que parece que el fenómeno ha remitido, dado que todos los incidentes tuvieron lugar en marzo y abril, mientras que el mes pasado no se produjo ninguno.

Por provincias, el fiscal de Menores de Las Palmas detalla que este año se han presentado cinco denuncias, que llevaron ante el juez a entre cinco y ocho menores. De estos casos, dos llegaron al procedimiento penal y uno aún está pendiente de juicio. Demetrio Pintado resta relevancia a los hechos, dado que «en su mayoría no han ido más allá de la simple grabación fortuita de una pelea. Sólo en dos ocasiones se sospechó que el joven que filmaba estaba compinchado con el que provocó la agresión, por lo que se llegó a un procedimiento penal».

Por el contrario, en Tenerife, en marzo se produjo el arresto de cuatro menores por hechos de esta índole, pero ninguno de ellos pasó a disposición judicial. Manuel Campos indica que se trataba de «pillerías de chiquillos. Incluso uno de ellos manejaba fotocomposiciones hechas con ordenadores. Ninguno de los chicos tenía antecedentes y no se apreciaron situaciones de gravedad. Eran menores de entre 12 y 13 años, sin responsabilidad penal y sin ánimo de lucro. Ni siquiera se tomaron medidas cautelares.».

Y es que la mera grabación de actos violentos es una figura poco definida penalmente y no lleva una pena aparejada. Otra cosa es cuando se demuestra que quien filmó también indujo las agresiones o se encargó de distribuir las imágenes por la red. Esos casos sí están tipificados y tienen consecuencias penales que pueden llevar a un internamiento o a una libertad vigilada.


Cada Consejo Escolar decide cómo atajar el problema
Medidas. Muchos estudiantes de Secundaria de la capital grancanaria tienen que dejar los teléfonos móviles en su casa si quieren acudir a clase.

Las grabaciones de actos violentos con teléfonos móviles proliferan especialmente en el ámbito escolar. Para ponerles freno, la Consejería de Educación del Gobierno canario deja que sean los propios centros los que se ocupen de solventar cada caso a través del Consejo Escolar, del que forman parte los profesores, los padres y los representantes del propio alumnado. Fruto de ello, algunos institutos de las Islas han prohibido el acceso al centro con estos aparatos.

Con relación a esta problemática, Domingo Monzón, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Apas) Galdós, afirma que los casos que se conocen son muy aislados y el hecho de que cada centro sea el encargado de tomar las medidas preventivas «es una buena experiencia educativa. Magnificar el problema puede tener tanto consecuencias positivas como negativas».

La solución, a su juicio, pasa por prevenir estas situaciones desde la escuela y desde la familia, a la que también habría que formar. «Las nuevas tecnologías han generado una serie de problemas para los que no nos han preparado y es preciso que en el ámbito familiar y escolar se cree una complicidad con el joven para que éste sepa hacer un uso racional de esos avances tecnológicos».

Monzón aboga por «no demonizar a la juventud. No nos hacemos ningún favor cuando sólo se persigue que expulsen al infractor. Lo que hacemos es agrandar el problema. Generalmente, los menores que caen en estas prácticas arrastran muchos problemas sobre sus espaldas y si se les aplican medidas represoras, no les estamos permitiendo reconducir la situación. Las leyes se usan hoy más para castigarlos que para defenderlos. Se nos ha ido la mano».
El tortazo feliz

Los inventores de esta moda fueron jóvenes británicos que, hace dos años, empezaron a divertirse grabando e intercambiando escenas que veían de forma fortuita y que, después, provocaban ellos mismos para alimentar su morbo. Lo que empezó siendo un entretenimiento terminó con la paliza (grabada) y muerte de un hombre 37 años.

A ese juego le llamaron happy slapping, el tortazo feliz en español. Una moda que, pese a todo, se ha propagado por el resto de Europa.


Todos los derechos, ninguna obligación

Esta nueva forma de divertirse de algunos jóvenes trae de cabeza a familias y profesores, pero tiene una explicación para los profesionales de la sociología. José Antonio Younis, profesor de la ULPGC apela al actual modelo de socialización para explicar la conducta de unos menores que son conscientes de sus derechos, pero no de sus obligaciones para con los otros.

n Minoritario. José Antonio Younis afirma que este fenómeno no es mayoritario. «No es un extraño virus que afecta a los jóvenes. Hay un contexto que tiene mucho que ver con el dispositivo de consumo, que crea redes en las que ven cosas que imitan o inventan». Asegura que algunos jóvenes lo usan como recurso lúdico y que puede haber un ligero incremento en el número de casos, pero «no hay que dar una imagen animalística y distorsionada del comportamiento de la juventud, porque no sería real».

n Socialización. El sociólogo considera que hoy existe un modelo de socialización en el que los jóvenes son más conscientes de sus derechos, pero no tanto de sus obligaciones, lo que les lleva a vivir un individualismo exacerbado que está hiperdesarrollado en las sociedades modernas. «Sus obligaciones quedan diluidas. Son menos conscientes de que sus acciones tienen consecuencias morales porque, si no consideran a las otras personas, desconocen que sus acciones crean responsabilidades. Ni siquiera piensan en el daño que pueden estar haciendo a los demás».

n Familia. Otro factor que falla a la hora de atajar el problema es la falta de seguimiento y vigilancia que, por lo general, hace la familia de este tipo de fenómenos. «Hay una dejación porque los padres están desorientados. Muchos no saben dónde poner los límites. No es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo». Junto a esto aparece otro elemento que determina la conducta del joven: sus profesores, «que tampoco tienen la posibilidad de inculcarles responsabilidad ni formación en los valores».

n Evolución. Younis considera que la evolución que puede seguir este fenómeno es imprevisible. «La tendencia es a desarrollar otros mecanismos de socialización. Pero lo que realmente falta es la socialización política, porque nuestros gestores no son conscientes de que más allá de la democracia puede haber más política. Es preciso reactualizar la gestión pública para acabar con estos problemas». www.canarias7.es

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