EDITORIAL · larioja.com · 18 Jun. Estrategias para la infancia
Sobre el papel, poco se puede objetar a la intencionalidad del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia aprobado en el último Consejo de Ministros. Incluso en la formalidad parece impecable, a tenor de su gestación conjunta entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, comunidades autónomas y entidades privadas. Sólo cabe mantener una cautela, y no es menor, ante tan ambicioso proyecto: la relativa confianza de que se transforme en la práctica en medidas concretas, visibles, para la formación y el bienestar de los menores a quienes se dirige y sus familias.
A semejanza de los llamados planes transversales, a los que tan aficionados son los gobiernos, este plan estratégico carece de financiación propia y la única referencia a cifras económicas es para señalar que la Administración central ha incrementado en el 10% los presupuestos de políticas para la infancia en el presente año. Aquel vacío no es tal ya que lo ahora aprobado consiste, fundamentalmente, en un método para coordinar entre las comunidades autónomas, y con sus dotaciones presupuestarias, servicios públicos destinados a los menores que ahora están cubiertos de manera insuficiente.
Al tratarse, por tanto, de un plan de coordinación entre administraciones más que de acción directa, la propia definición del plan ministerial busca un equilibrio léxico entre la que denomina equidad interterritorial y el respeto a las singularidades, que raya en el eufemismo o en la contradicción. Se trata, en síntesis, de aunar las líneas estratégicas sobre infancia y adolescencia de las diferentes administraciones, lo que lleva a fijar 8 compromisos, 11 objetivos estratégicos, 144 medidas y 100 indicadores de referencia. De tan extensa enumeración, que abarca desde salud o becas a situaciones de dependencia pasando por acoso escolar o participación social, los objetivos más definidos son el que pretende que en el 2009 las escuelas infantiles públicas y concertadas cubran el 33% de la demanda, y la constitución de un Consejo Estatal de Políticas de Familias, sin fecha determinada.
Los resultados de este Plan Estratégico, aunque de vocación nacional, parece que habrán de exigirse a los gobiernos autonómicos que, a su vez, deberían aclarar si consideran que este gran proyecto cubre las lagunas tantas veces señaladas en materia de políticas dirigidas a la familia. www.larioja.com
Sobre el papel, poco se puede objetar a la intencionalidad del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia aprobado en el último Consejo de Ministros. Incluso en la formalidad parece impecable, a tenor de su gestación conjunta entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, comunidades autónomas y entidades privadas. Sólo cabe mantener una cautela, y no es menor, ante tan ambicioso proyecto: la relativa confianza de que se transforme en la práctica en medidas concretas, visibles, para la formación y el bienestar de los menores a quienes se dirige y sus familias.
A semejanza de los llamados planes transversales, a los que tan aficionados son los gobiernos, este plan estratégico carece de financiación propia y la única referencia a cifras económicas es para señalar que la Administración central ha incrementado en el 10% los presupuestos de políticas para la infancia en el presente año. Aquel vacío no es tal ya que lo ahora aprobado consiste, fundamentalmente, en un método para coordinar entre las comunidades autónomas, y con sus dotaciones presupuestarias, servicios públicos destinados a los menores que ahora están cubiertos de manera insuficiente.
Al tratarse, por tanto, de un plan de coordinación entre administraciones más que de acción directa, la propia definición del plan ministerial busca un equilibrio léxico entre la que denomina equidad interterritorial y el respeto a las singularidades, que raya en el eufemismo o en la contradicción. Se trata, en síntesis, de aunar las líneas estratégicas sobre infancia y adolescencia de las diferentes administraciones, lo que lleva a fijar 8 compromisos, 11 objetivos estratégicos, 144 medidas y 100 indicadores de referencia. De tan extensa enumeración, que abarca desde salud o becas a situaciones de dependencia pasando por acoso escolar o participación social, los objetivos más definidos son el que pretende que en el 2009 las escuelas infantiles públicas y concertadas cubran el 33% de la demanda, y la constitución de un Consejo Estatal de Políticas de Familias, sin fecha determinada.
Los resultados de este Plan Estratégico, aunque de vocación nacional, parece que habrán de exigirse a los gobiernos autonómicos que, a su vez, deberían aclarar si consideran que este gran proyecto cubre las lagunas tantas veces señaladas en materia de políticas dirigidas a la familia. www.larioja.com
