MÉRIDA 19 Jun. · La Junta de Extremadura declaró el año pasado a 78 menores en situación de desamparo, el 30,41% por violencia doméstica o por haber sufrido maltratos físicos o emocionales, según los datos facilitados a Efe por la Dirección General del Infancia y Familia.
Asimismo, el año pasado se abrieron 763 expedientes de protección de menores, cuya situación de riesgo fue denunciada a través de distintas fuentes de notificación, como el Teléfono del Menor (900 500 331), los servicios sociales de base, los centros educativos y sanitarios, los cuerpos de seguridad o los propios ciudadanos.
Según ha explicado a la agencia Efe el director general de Infancia y Familia, Javier Alonso de la Torre, tras la notificación, se comprobó si existían verdaderamente indicios de riesgo para el menor y se inició el expediente y la investigación.
De la Torre ha destacado que de los 763 expedientes abiertos el año pasado, 78 acabaron con la declaración de desamparo del menor, mientras que en el resto de los casos se aconsejó la intervención de los servicios sociales o de los equipos municipales de atención a la familia para orientar al entorno familiar del menor y eliminar la situación de riesgo denunciada.
Entre las causas de declaración de desamparo, figuran el abuso sexual y la violencia explícita, que "son los casos más llamativos, pero los menos numerosos y prácticamente anecdóticos".
Los más frecuentes, aseguró Alonso de la Torre, se deben a una educación negligente por una inadecuada atención en materia de higiene o alimentación o por la falta de control del absentismo escolar por parte de la familia.
Así, de los casos de maltrato detectados el año pasado, el 38,40% estaban relacionados con una supervisión inadecuada, el 16,91% con maltratos físicos, el 7,62% con maltratos emocionales, el 5,88% con la violencia doméstica, el 4,41% con la mendicidad, el 2,94% con los abusos sociales, el 1,46% con la explotación laboral y otro 1,47% con el confinamiento o castigo extraño.
En todos estos casos, se aprobó la declaración de desamparo, que certifica que el menor está en una situación de riesgo lo suficientemente importante como para que la administración le aparte de su familia, le proteja y le traslade a un centro de acogida o un piso tutelado. Además, también puede ser trasladado a vivir con un familiar, para que pierda lo menos posible la relación con su entorno familiar, o con una familia ajena.
Más de 350 plazas.
En la actualidad, la Junta de Extremadura dispone de 354 plazas en los ocho centros de acogida de menores que gestiona en Badajoz, Olivenza, Mérida, Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia, Caminomorisco y Trujillo, en los que el año pasado fueron acogidos 273 niños.
También cuenta con 101 plazas en 16 pisos tutelados repartidos entre Badajoz, Montijo, Calamonte, Almendralejo, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia y Jaraíz de la Vera, que en 2005 albergaron a 98 menores.
Además, dispone de cuatro pisos semiautónomos, que acogieron a 19 jóvenes, 14 mayores de edad y cinco menores, y con un piso autónomo compartido por dos jóvenes.
Con respecto al acogimiento familiar, el pasado año se formalizaron 32 en familia extensa y 1 en familia ajena el año pasado, que se cerró con un total de 373 menores en acogimiento familiar.
El director general ha rechazado que cada vez sean más frecuentes los casos de maltrato infantil y se ha mostrado convencido de que lo que ocurre, al igual que en la violencia de género, es que se van mejorando los sistemas de detección y notificación.
Según sus palabras, estas situaciones de maltrato infantil, que a lo largo de la historia de la sociedad occidental se consideran propias de intimidad del hogar, han evolucionado hasta tal punto que "hoy la mayoría de la sociedad entiende que eso ya no pertenece al ámbito privado, sino que son conductas anómalas que deben ser denunciadas".
Este cambio de conceptos ha producido una mayor notificación de casos por los ciudadanos, a lo que se suma que la administración "se ha puesto las pilas y ha ido estableciendo sistemas más ágiles de notificación".
Cabe recordar que en Extremadura los menores están amparados por la Ley de Protección y Atención al Menor, aprobada por el Parlamento regional en noviembre de 1994, así como por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refrendada en el Congreso de los Diputados en enero de 1996.
Esta legislación establece perfectamente los mecanismos para proteger a los menores de estas situaciones de riesgo, según Alonso de la Torre, para quien la situación en Extremadura es muy semejante a la del resto de comunidades autónomas. RegiónDigital.com
Aspecto de un centro de menores de la región.
El 30% de los menores extremeños en desamparo sufre malos tratos
El año pasado, la Junta abrió 763 expedientes de protección de menores, cuya situación de riesgo
EFE/MÉRIDA 19 jun.
La Junta de Extremadura declaró el año pasado a 78 menores en situación de desamparo, el 30,41 por ciento por violencia doméstica o por haber sufrido maltratos físicos o emocionales, según datos facilitados por la Dirección General de la Infancia y Familia. El año pasado se abrieron 763 expedientes de protección de menores, cuya situación de riesgo fue denunciada a través de distintas fuentes de notificación, como el Teléfono del Menor (900 500 331), los servicios sociales de base, los centros educativos y sanitarios, los cuerpos de seguridad o los propios ciudadanos.Tras la notificación, se comprobó si existían verdaderamente indicios de riesgo para el menor y se inició el expediente y la investigación, según explicó el director general de la Infancia y Familia, Javier Alonso de la Torre, que destacó que de los 763 expedientes abiertos el año pasado, 78 acabaron con la declaración de desamparo del menor.
En el resto de los casos se aconsejó la intervención de los servicios sociales o de los equipos municipales de atención a la familia para orientar al entorno familiar del menor y eliminar la situación de riesgo denunciada. Entre las causas de declaración de desamparo, figuran el abuso sexual y la violencia explícita, que «son los casos más llamativos, pero los menos numerosos y prácticamente anecdóticos».
Los más frecuentes, aseguró Alonso de la Torre, se deben a una educación negligente por una inadecuada atención en materia de higiene o alimentación o por la falta de control del absentismo escolar por parte de la familia.
Así, de los casos de maltrato detectados el año pasado, el 38,40 por ciento estaban relacionados con una supervisión inadecuada, el 16,91 por ciento con maltratos físicos, el 7,62 con maltratos emocionales, el 5,88 con la violencia doméstica, el 4,41 con la mendicidad, el 2,94 con los abusos sociales, el 1,46 con la explotación laboral y otro 1,47 por ciento con el confinamiento o castigo extraño.
En todos estos casos, se aprobó la declaración de desamparo, que certifica que el menor está en una situación de riesgo lo suficientemente importante como para que la administración le aparte de su familia, le proteja y le traslade a un centro de acogida o un piso tutelado. También puede ser trasladado a vivir con un familiar, para que pierda lo menos posible la relación con su entorno familiar, o con una familia ajena.
Actualmente, la Junta dispone de 354 plazas en los ocho centros de acogida de menores que gestiona en Badajoz, Olivenza, Mérida, Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia, Caminomorisco y Trujillo, en los que el año pasado fueron acogidos 273 niños. También cuenta con 101 plazas en 16 pisos tutelados repartidos entre Badajoz, Montijo, Calamonte, Almendralejo, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia y Jaraíz de la Vera, que en 2005 albergaron a 98 menores. Además, dispone de cuatro pisos semiautónomos, que acogieron a 19 jóvenes, 14 mayores de edad y cinco menores, y con un piso autónomo compartido por dos jóvenes.
Respecto al acogimiento familiar, se formalizaron 32 en familia extensa y 1 en familia ajena el año pasado, que se cerró con un total de 373 menores en acogimiento familiar.
El director general rechazó que cada vez sean más frecuentes los casos de maltrato infantil y se mostró convencido de que lo que ocurre, al igual que en la violencia de género, es que se van mejorando los sistemas de detección y notificación. hoy.es
Asimismo, el año pasado se abrieron 763 expedientes de protección de menores, cuya situación de riesgo fue denunciada a través de distintas fuentes de notificación, como el Teléfono del Menor (900 500 331), los servicios sociales de base, los centros educativos y sanitarios, los cuerpos de seguridad o los propios ciudadanos.
Según ha explicado a la agencia Efe el director general de Infancia y Familia, Javier Alonso de la Torre, tras la notificación, se comprobó si existían verdaderamente indicios de riesgo para el menor y se inició el expediente y la investigación.
De la Torre ha destacado que de los 763 expedientes abiertos el año pasado, 78 acabaron con la declaración de desamparo del menor, mientras que en el resto de los casos se aconsejó la intervención de los servicios sociales o de los equipos municipales de atención a la familia para orientar al entorno familiar del menor y eliminar la situación de riesgo denunciada.
Entre las causas de declaración de desamparo, figuran el abuso sexual y la violencia explícita, que "son los casos más llamativos, pero los menos numerosos y prácticamente anecdóticos".
Los más frecuentes, aseguró Alonso de la Torre, se deben a una educación negligente por una inadecuada atención en materia de higiene o alimentación o por la falta de control del absentismo escolar por parte de la familia.
Así, de los casos de maltrato detectados el año pasado, el 38,40% estaban relacionados con una supervisión inadecuada, el 16,91% con maltratos físicos, el 7,62% con maltratos emocionales, el 5,88% con la violencia doméstica, el 4,41% con la mendicidad, el 2,94% con los abusos sociales, el 1,46% con la explotación laboral y otro 1,47% con el confinamiento o castigo extraño.
En todos estos casos, se aprobó la declaración de desamparo, que certifica que el menor está en una situación de riesgo lo suficientemente importante como para que la administración le aparte de su familia, le proteja y le traslade a un centro de acogida o un piso tutelado. Además, también puede ser trasladado a vivir con un familiar, para que pierda lo menos posible la relación con su entorno familiar, o con una familia ajena.
Más de 350 plazas.
En la actualidad, la Junta de Extremadura dispone de 354 plazas en los ocho centros de acogida de menores que gestiona en Badajoz, Olivenza, Mérida, Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia, Caminomorisco y Trujillo, en los que el año pasado fueron acogidos 273 niños.
También cuenta con 101 plazas en 16 pisos tutelados repartidos entre Badajoz, Montijo, Calamonte, Almendralejo, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia y Jaraíz de la Vera, que en 2005 albergaron a 98 menores.
Además, dispone de cuatro pisos semiautónomos, que acogieron a 19 jóvenes, 14 mayores de edad y cinco menores, y con un piso autónomo compartido por dos jóvenes.
Con respecto al acogimiento familiar, el pasado año se formalizaron 32 en familia extensa y 1 en familia ajena el año pasado, que se cerró con un total de 373 menores en acogimiento familiar.
El director general ha rechazado que cada vez sean más frecuentes los casos de maltrato infantil y se ha mostrado convencido de que lo que ocurre, al igual que en la violencia de género, es que se van mejorando los sistemas de detección y notificación.
Según sus palabras, estas situaciones de maltrato infantil, que a lo largo de la historia de la sociedad occidental se consideran propias de intimidad del hogar, han evolucionado hasta tal punto que "hoy la mayoría de la sociedad entiende que eso ya no pertenece al ámbito privado, sino que son conductas anómalas que deben ser denunciadas".
Este cambio de conceptos ha producido una mayor notificación de casos por los ciudadanos, a lo que se suma que la administración "se ha puesto las pilas y ha ido estableciendo sistemas más ágiles de notificación".
Cabe recordar que en Extremadura los menores están amparados por la Ley de Protección y Atención al Menor, aprobada por el Parlamento regional en noviembre de 1994, así como por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refrendada en el Congreso de los Diputados en enero de 1996.
Esta legislación establece perfectamente los mecanismos para proteger a los menores de estas situaciones de riesgo, según Alonso de la Torre, para quien la situación en Extremadura es muy semejante a la del resto de comunidades autónomas. RegiónDigital.com
Aspecto de un centro de menores de la región.
El 30% de los menores extremeños en desamparo sufre malos tratos
El año pasado, la Junta abrió 763 expedientes de protección de menores, cuya situación de riesgo
EFE/MÉRIDA 19 jun.
La Junta de Extremadura declaró el año pasado a 78 menores en situación de desamparo, el 30,41 por ciento por violencia doméstica o por haber sufrido maltratos físicos o emocionales, según datos facilitados por la Dirección General de la Infancia y Familia. El año pasado se abrieron 763 expedientes de protección de menores, cuya situación de riesgo fue denunciada a través de distintas fuentes de notificación, como el Teléfono del Menor (900 500 331), los servicios sociales de base, los centros educativos y sanitarios, los cuerpos de seguridad o los propios ciudadanos.Tras la notificación, se comprobó si existían verdaderamente indicios de riesgo para el menor y se inició el expediente y la investigación, según explicó el director general de la Infancia y Familia, Javier Alonso de la Torre, que destacó que de los 763 expedientes abiertos el año pasado, 78 acabaron con la declaración de desamparo del menor.
En el resto de los casos se aconsejó la intervención de los servicios sociales o de los equipos municipales de atención a la familia para orientar al entorno familiar del menor y eliminar la situación de riesgo denunciada. Entre las causas de declaración de desamparo, figuran el abuso sexual y la violencia explícita, que «son los casos más llamativos, pero los menos numerosos y prácticamente anecdóticos».
Los más frecuentes, aseguró Alonso de la Torre, se deben a una educación negligente por una inadecuada atención en materia de higiene o alimentación o por la falta de control del absentismo escolar por parte de la familia.
Así, de los casos de maltrato detectados el año pasado, el 38,40 por ciento estaban relacionados con una supervisión inadecuada, el 16,91 por ciento con maltratos físicos, el 7,62 con maltratos emocionales, el 5,88 con la violencia doméstica, el 4,41 con la mendicidad, el 2,94 con los abusos sociales, el 1,46 con la explotación laboral y otro 1,47 por ciento con el confinamiento o castigo extraño.
En todos estos casos, se aprobó la declaración de desamparo, que certifica que el menor está en una situación de riesgo lo suficientemente importante como para que la administración le aparte de su familia, le proteja y le traslade a un centro de acogida o un piso tutelado. También puede ser trasladado a vivir con un familiar, para que pierda lo menos posible la relación con su entorno familiar, o con una familia ajena.
Actualmente, la Junta dispone de 354 plazas en los ocho centros de acogida de menores que gestiona en Badajoz, Olivenza, Mérida, Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia, Caminomorisco y Trujillo, en los que el año pasado fueron acogidos 273 niños. También cuenta con 101 plazas en 16 pisos tutelados repartidos entre Badajoz, Montijo, Calamonte, Almendralejo, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia y Jaraíz de la Vera, que en 2005 albergaron a 98 menores. Además, dispone de cuatro pisos semiautónomos, que acogieron a 19 jóvenes, 14 mayores de edad y cinco menores, y con un piso autónomo compartido por dos jóvenes.
Respecto al acogimiento familiar, se formalizaron 32 en familia extensa y 1 en familia ajena el año pasado, que se cerró con un total de 373 menores en acogimiento familiar.
El director general rechazó que cada vez sean más frecuentes los casos de maltrato infantil y se mostró convencido de que lo que ocurre, al igual que en la violencia de género, es que se van mejorando los sistemas de detección y notificación. hoy.es
