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jueves, 09 de noviembre de 2006
Unos 800 profesores, según la Guardia Urbana, y unos 1.000 según los organizadores · Los docentes reclaman apoyo "total e inmediato" de la Administración
La reciente agresión en un colegio de Barcelona aviva el debate en la comunidad escolar sobre el respeto a los docentes


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Toni Garriga una de las manifestantes lee un manifiesto con sus reclamaciones
Barcelona 08/11/2006 LVD| Unos 800 profesores, según la Guardia Urbana, y unos 1.000 según los organizadores, se han manifestado esta tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona para mostrar su rechazo al problema de la violencia en los centros escolares y pedir el apoyo "total e inmediato" de las administraciones.
La concentración ha sido convocada por el centro CEIP Eduard Marquina, situado en el distrito barcelonés de Sant Martí, donde hace unos días unos familiares de un alumno agredieron física y verbalmente
al equipo directivo del centro, el profesorado y el conserje, para exigir que su chico, que cursa educación infantil, entrase al centro una hora antes del horario fijado.
Los principales sindicatos del sector en Catalunya, USTEC, UGT, CCOO, UGT y CGT, así como Anpe, han respaldado la concentración, que han encabezado los profesores de este centro, bajo el lema "No más agresiones en los centros educativos, los docentes queremos respeto y reconocimiento".

Gloria Zaragoza, jefe de estudios de la escuela Eduard Marquina, que resultó agredida en el conflicto, ha explicado que la madre del niño les dijo "de forma muy agresiva" que quería que su hijo entrara una hora antes, y ha señalado que "hasta llegó a endosárnoslo por la fuerza".

Zaragoza ha pedido a la Generalitat, pero también "a la sociedad, a los ayuntamientos y a las asociaciones de padres" un debate acerca de lo que está pasando, que atribuye a "cambios de la sociedad, y a los mensajes que se están dando a los niños y a los jóvenes, al no negarles nada, y hacerles creer que todo son derechos y no hay deberes".

Por su parte, la portavoz del sindicato USTEC, Rosa Cañadell, ha insistido, también, en que "no se trata de un problema únicamente escolar, sino también social", donde las causas están en que "las familias no tienen suficiente tiempo para los niños" o en la "falta de autoridad de los padres", ha manifestado.

Cañadell ha pedido que los centros educativos que tengan un conflicto reciban el "apoyo inmediato" de los diferentes servicios del departamento de Educación, y que existan "protocolos de actuación coordinados", entre los mossos d'esquadra, los servicios sociales y las administraciones, cuando se producen agresiones.

Un representante del centro que ha organizado la manifestación ha leído un manifiesto, en el que se pedía "campañas de sensibilización dirigidas a las familias para recuperar su función educadora", así como que "se desarrolle, agilice y fortalezca la coordinación entre el departamento de Educación y los municipios para llevar a cabo acciones conjuntas".

A la concentración ha asistido el director del CEIP Jaume Salvatella de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Ángel Azpiroz, de 58 años, a quien el padre de un alumno le propinó un cabezazo que le provocó una conmoción, porque, según el padre, los profesores tenían siempre castigado al niño.

Azpiroz ha señalado que el tramo más conflictivo es el de los niños de 12 a 18 años, y ha abogado por que la administración muestre "sensibilidad" frente a este problema y convoque a todos los agentes implicados a discutir el problema.

Los manifestantes han gritado lemas a favor de "un mayor respecto para la profesión" y han reclamado con pancartas que no se produzcan más agresiones y un "mayor respecto y reconocimiento para los profesores". www.lavanguardia.es

Un millar de profesores se manifiestan en la plaza de Sant Jaume contra la violencia escolar
BARCELONA 9 NOV Un millar de profesores se han manifestado esta tarde en la plaza de Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat, para mostrar su rechazo al problema de la violencia en los centros escolares y pedir el apoyo "total e inmediato" de las administraciones.

La concentración fue convocada por el centro público de primaria CEIP Eduard Marquina, del distrito barcelonés de Sant Martí, donde hace unos días unos familiares agredieron física y verbalmente al equipo directivo del centro, el profesorado y el conserje, para exigir que su hijo, que cursa educación infantil, entrase al centro una hora antes del horario fijado.

Los principales sindicatos del sector en Cataluña, USTEC, UGT, CCOO, UGT y CGT, así como Anpe, han respaldado la concentración, que han encabezado los profesores de este centro, bajo el lema "o más agresiones en los centros educativos, los docentes queremos respeto y reconocimiento".

Derechos y deberes

Gloria Zaragoza, jefe de estudios de la escuela Eduard Marquina, ha pedido a la Generalitat, pero también "a la sociedad, a los ayuntamientos y a las asociaciones de padres" un debate acerca de lo que está pasando, que atribuye a "cambios de la sociedad, y a los mensajes que se están dando a los niños y a los jóvenes, al no negarles nada, y hacerles creer que todo son derechos y no hay deberes".

La portavoz del sindicato USTEC, Rosa Cañadell, ha insistido, también, en que "no se trata de un problema únicamente escolar, sino también social", donde las causas están en que "las familias no tienen suficiente tiempo para los niños" o en la "falta de autoridad de los padres".

Coordinación con los Mossos

Cañadell ha pedido que los centros educativos que tengan un conflicto reciban el "apoyo inmediato" de los diferentes servicios de la Conselleria d'Educació, y que existan "protocolos de actuación coordinados", entre los Mossos d'Esquadra, los servicios sociales y las administraciones, cuando se produzcan agresiones.

Un representante del colegio Eduardo Marquina ha leído un manifiesto, en el que ha pedido "campañas de sensibilización dirigidas a las familias para recuperar su función educadora", así como que "se desarrolle, agilice y fortalezca la coordinación entre el Departamento de Educación y los municipios para llevar a cabo acciones conjuntas". <www.elperiodico.com

La agresión a un docente en Barcelona, por la que se han manifestado allí esta tarde cerca de un millar de profesores, ha avivado el debate en la comunidad escolar acerca del respeto que requiere esta profesión y del respaldo que necesitan de las autoridades educativas pero, sobre todo, de las familias.
BARCELONA 8 NOV. Unos 800 profesores, según la Guardia Urbana, y unos 1.000 según los organizadores, acudieron a la manifestación convocada por el CEIP Eduard Marquina, donde hace unos días el padre de un alumno dio un cabezazo a un profesor e insultó al equipo directivo, al conserje y a los maestros cuando exigía que a su hijo, que cursa educación infantil, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.

Los sindicatos USTEC, UGT, CC.OO, UGT, CGT y ANPE, en Cataluña, han respaldado la concentración, que han encabezado los profesores de este centro, bajo el lema 'No más agresiones en los centros educativos, los docentes queremos respeto y reconocimiento'.

La jefa de estudios del centro pidió a la Generalitat, 'a la sociedad, a los ayuntamientos y a las asociaciones de padres' un debate acerca de lo que está pasando, que atribuyó a 'cambios de la sociedad, y a los mensajes que se están dando a los niños y a los jóvenes, al no negarles nada, y hacerles creer que todo son derechos y no hay deberes'.

La portavoz de USTEC, Rosa Cañadell, insistió en que 'no se trata de un problema únicamente escolar, sino también social', donde las causas están en que 'las familias no tienen suficiente tiempo para los niños' o en la 'falta de autoridad de los padres', ha manifestado.

Responsables estatales de CSI-CSIF, ANPE, CC.OO y UGT pidieron en declaraciones a Efe que las administraciones tomen medidas para garantizar la protección de los docentes en los colegios.

Por parte de CSI-CSIF, Eliseo Moreno señaló que hechos como el de Barcelona 'están dando la razón' a los sindicatos que 'al principio' fueron acusados de 'alarmistas' al denunciar la conflictividad en los colegios.

En nombre de FETE-UGT, Carlos López destacó que los profesores lanzan con una manifestación como la de hoy una 'llamada de atención' a las autoridades educativas, las familias y toda la sociedad y un mensaje para que corrijan la 'pérdida del respeto mutuo' que suponen las agresiones de alumnos a profesores.

Luis Castillejo, de la Federación de Enseñanza Pública de CC.OO, reivindicó 'el derecho de los profesores a trabajar sin que se vea amenazada su integridad física', y consideró que las agresiones están favorecidas por una excesiva 'protección del alumnado', resultado de la actual 'degradación social'.

Ferrán Barri, responsable del servicio contra el acoso y los conflictos escolares 'SOS Bullying' del sindicato ANPE, y además presidente de la organización en Cataluña, denunció el aumento de la conflictividad escolar en los últimos 'tres o cuatro años', debido en parte, dijo, a 'la excesiva permisividad' de las familias ante 'conductas descompensadas' de los alumnos.

Este sindicato puso en marcha el 30 de noviembre del año pasado el servicio 'El Defensor del Profesor', en el que han atendido 2.300 llamadas telefónicas de docentes que denunciaban acoso o agresiones por parte de los alumnos o de sus familias.

Según explicó a Efe la portavoz de ANPE, Carmen Guaitia, se trata de 'la única iniciativa de este tipo para el asesoramiento de profesores' y aseguró que las denuncias y peticiones de ayuda están aumentando.

Del total de llamadas, el 10 por ciento son para denunciar agresiones físicas, el 20 por ciento, verbales y el resto son quejas sobre 'la imposibilidad de impartir clase'.

El departamento de Educación catalán consideró en una nota que las agresiones contra profesionales de la educación son casos aislados y que no se pueden generalizar a todo el sistema educativo aunque reconoce que son 'un hecho muy grave' y comparten la preocupación de los centros.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reafirmó hoy su compromiso de calificar las agresiones a profesionales de la enseñanza como 'atentados' contra funcionarios, al afectar a personas que trabajan en centros de ámbito público y a la prestación de un servicio educativo.
Terra Actualidad - EFE

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