ENTREVISTA· GERARDO LAGUNA, PILAR VICENTE Y JAVIER PANIAGUA ·COLEGIO DE EDUCADORES SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN
Pilar Vicente, Gerardo Laguna y Javier Paniagua son, respectivamente, presidenta, vicepresidente y secretario de la comisión gestora* del Colegio de Educadores Sociales de Castilla y León recientemente constituído. Hoy se presenta en sociedad.
FRANCA VELASCO 11/11/06 VALLADOLID -¿En qué consiste el trabajo de un educador social?
-Somos profesionales de la acción socioeducativa, que coordinamos e iniciamos procesos donde se trabaja con personas en torno a la educación, pero fuera de la escuela. Estamos en campamentos, aulas de la tercera edad, servicios de atención a toxicómanos, trabajo con discapacitados... En definitiva, educación no formal que abarca un amplísimo escenario. Formamos a la gente, dándole la posibilidad de que se desarrolle fuera del ámbito educativo oficial. Tradicionalmente hemos trabajado con la infancia, en centros de menores, en casas de acogida con mujeres maltratadas, en residencias de ancianos... pero la educación tiene cada vez más espacios de intervención.
-Por tanto, básicamente lo necesario es empatía e implicación con la persona...
-Efectivamente. El educador social debe de tener sobre todo muchas ganas de trabajar, porque se enfrenta a un ámbito que las exige. Es una persona inquieta, a la que no le gusta lo que tiene a su alrededor y lo quiere cambiar. Se trata de una profesión dura y poco agradecida. Nuestro trabajo está en la calle, con asociaciones de vecinos, chavales adolescentes, drogodependientes, en ONGs, centros privados y concertados, y también en la administración pública.
-¿Cómo afronta la administración todos estos problemas?
-Creemos que de forma equivocada. Reclamamos un giro en las políticas sociales, porque en este momento, la tendencia es asistencialista. Se necesitan proyectos educativos, preventivos, donde tengamos cabida. Por ejemplo, en Andalucía acaba de publicarse una bolsa de empleo para trabajadores sociales en centros de Secundaria para afrontar problemas como el 'bullying', el absentismo escolar, o la integración de los alumnos inmigrantes.
-¿Qué soluciones creen que pueden darse a estos conflictos?
-El acoso escolar solo puede atajarse desde la educación y la prevención. La Consejería de Educación debería mirar el modelo de otras comunidades autónomas como Andalucía, o Extremadura y Castilla-La Mancha, donde la figura del educador social ya está implantada en los institutos. Debe crearse un cuerpo de educadores sociales para prevenir estas situaciones. No somos apagafuegos. La agresividad escolar no es algo que los profesores puedan controlar, porque no es de su competencia, se les va de las manos. En este problema deben implicarse instituciones y familias.
-¿Qué papel tienen las familias?
-Los niveles de permisividad y tolerancia de los padres son excesivos, no se pone límites a los niños, y en ello influye mucho el cambio de las estructuras familiares, la incorporación de la mujer al trabajo, las familias monoparentales. Se delega totalmente en el colegio la educación de los hijos. Solo se recurre a nosotros cuando salta una noticia de acoso como el de la niña de León, y lo que la sociedad necesita es que seamos una figura estable.
-¿Y su actividad a nivel privado?
-Los que trabajamos en el sector privado lo hacemos a golpe de subvención. Ponemos en marcha un programa que tiene fecha de caducidad, y cuando se acaba el dinero, se acaba el programa, de modo que no podemos ver los resultados en un año. Esta inestabilidad convierte las medidas en ineficaces. Por ejemplo, se empieza a trabajar con un grupo de chavales que proviene del fracaso escolar, que han sido expulsados del sistema educativo y son 'carne de cañón'. El objetivo es reintegrarlos, enseñarles determinadas profesiones, ayudarles a reconocer el problema que tienen, facilitarles prácticas en empresas e incluso, posteriormente contratos de trabajo, pero si la dotación económica del programa termina, la labor se queda a medio realizar y no se consiguen los objetivos. nortecastilla.es
De izquierda a derecha, Gerardo Laguna, Pilar Vicente y Javier Paniagua.
* Han tardado cinco años en constituir el Colegio de Educadores Sociales de Castilla y León -«El proceso más largo en la historia de los Colegios Profesionales», lamentan con irónica sonrisa- a causa de muchos silencios administrativos, pero finalmente, hoy se presenta en sociedad. En Castilla y León hay 2.000 diplomados en Educación Social, -una titulación que comenzó a impartirse en 1993-, pero muchos otros miles que han ejercido la profesión desde hace más de veinte años, denominándose de otras formas. Monitores socioculturales, técnicos de menores o educadores de adultos, son sólo algunos de los profesionales que podrán incorporarse como colegiados. Ya hay 335 solicitudes.
Pilar Vicente, Gerardo Laguna y Javier Paniagua son, respectivamente, presidenta, vicepresidente y secretario de la comisión gestora* del Colegio de Educadores Sociales de Castilla y León recientemente constituído. Hoy se presenta en sociedad.
FRANCA VELASCO 11/11/06 VALLADOLID -¿En qué consiste el trabajo de un educador social?
-Somos profesionales de la acción socioeducativa, que coordinamos e iniciamos procesos donde se trabaja con personas en torno a la educación, pero fuera de la escuela. Estamos en campamentos, aulas de la tercera edad, servicios de atención a toxicómanos, trabajo con discapacitados... En definitiva, educación no formal que abarca un amplísimo escenario. Formamos a la gente, dándole la posibilidad de que se desarrolle fuera del ámbito educativo oficial. Tradicionalmente hemos trabajado con la infancia, en centros de menores, en casas de acogida con mujeres maltratadas, en residencias de ancianos... pero la educación tiene cada vez más espacios de intervención.
-Por tanto, básicamente lo necesario es empatía e implicación con la persona...
-Efectivamente. El educador social debe de tener sobre todo muchas ganas de trabajar, porque se enfrenta a un ámbito que las exige. Es una persona inquieta, a la que no le gusta lo que tiene a su alrededor y lo quiere cambiar. Se trata de una profesión dura y poco agradecida. Nuestro trabajo está en la calle, con asociaciones de vecinos, chavales adolescentes, drogodependientes, en ONGs, centros privados y concertados, y también en la administración pública.
-¿Cómo afronta la administración todos estos problemas?
-Creemos que de forma equivocada. Reclamamos un giro en las políticas sociales, porque en este momento, la tendencia es asistencialista. Se necesitan proyectos educativos, preventivos, donde tengamos cabida. Por ejemplo, en Andalucía acaba de publicarse una bolsa de empleo para trabajadores sociales en centros de Secundaria para afrontar problemas como el 'bullying', el absentismo escolar, o la integración de los alumnos inmigrantes.
-¿Qué soluciones creen que pueden darse a estos conflictos?
-El acoso escolar solo puede atajarse desde la educación y la prevención. La Consejería de Educación debería mirar el modelo de otras comunidades autónomas como Andalucía, o Extremadura y Castilla-La Mancha, donde la figura del educador social ya está implantada en los institutos. Debe crearse un cuerpo de educadores sociales para prevenir estas situaciones. No somos apagafuegos. La agresividad escolar no es algo que los profesores puedan controlar, porque no es de su competencia, se les va de las manos. En este problema deben implicarse instituciones y familias.
-¿Qué papel tienen las familias?
-Los niveles de permisividad y tolerancia de los padres son excesivos, no se pone límites a los niños, y en ello influye mucho el cambio de las estructuras familiares, la incorporación de la mujer al trabajo, las familias monoparentales. Se delega totalmente en el colegio la educación de los hijos. Solo se recurre a nosotros cuando salta una noticia de acoso como el de la niña de León, y lo que la sociedad necesita es que seamos una figura estable.
-¿Y su actividad a nivel privado?
-Los que trabajamos en el sector privado lo hacemos a golpe de subvención. Ponemos en marcha un programa que tiene fecha de caducidad, y cuando se acaba el dinero, se acaba el programa, de modo que no podemos ver los resultados en un año. Esta inestabilidad convierte las medidas en ineficaces. Por ejemplo, se empieza a trabajar con un grupo de chavales que proviene del fracaso escolar, que han sido expulsados del sistema educativo y son 'carne de cañón'. El objetivo es reintegrarlos, enseñarles determinadas profesiones, ayudarles a reconocer el problema que tienen, facilitarles prácticas en empresas e incluso, posteriormente contratos de trabajo, pero si la dotación económica del programa termina, la labor se queda a medio realizar y no se consiguen los objetivos. nortecastilla.es
De izquierda a derecha, Gerardo Laguna, Pilar Vicente y Javier Paniagua.
* Han tardado cinco años en constituir el Colegio de Educadores Sociales de Castilla y León -«El proceso más largo en la historia de los Colegios Profesionales», lamentan con irónica sonrisa- a causa de muchos silencios administrativos, pero finalmente, hoy se presenta en sociedad. En Castilla y León hay 2.000 diplomados en Educación Social, -una titulación que comenzó a impartirse en 1993-, pero muchos otros miles que han ejercido la profesión desde hace más de veinte años, denominándose de otras formas. Monitores socioculturales, técnicos de menores o educadores de adultos, son sólo algunos de los profesionales que podrán incorporarse como colegiados. Ya hay 335 solicitudes.
