Un decreto obligará a los padres a aplicar las medidas disciplinarias impuestas a sus hijos y aumentará los deberes de los alumnos
«Ya no se admiten ciertas conductas que antes sí se toleraban»
J. M. LÓPEZ/ 15 NOV VALLADOLID La Consejería de Educación presentará el próximo 28 de noviembre al Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León el borrador de un nuevo decreto de la Junta sobre 'Regulación autonómica de derechos y deberes de los alumnos y padres de alumnos'. Según explicó ayer el director general de Coordinación, Inspección y Programas Educativos de la consejería, Fernando Sánchez-Pascuala, en estos momentos, únicamente dos comunidades autónomas, Murcia y Cataluña, tienen una normativa propia en esta materia, y el resto se atienen a lo establecido en un real decreto del Ministerio de Educación y Ciencia de 1995.
Sánchez-Pascuala señaló que con este decreto se pretende «equilibrar» los derechos y deberes de los alumnos, reforzar la autoridad del profesor en las aulas, sancionar las conductas inadecuadas, acompañar siempre las medidas correctoras con medidas reeducativas y acortar los plazos de resolución de los expedientes disciplinarios.
En primer lugar, el decreto quiere equilibrar los derechos y deberes de los alumnos, ya que en estos momentos tienen reconocidos 24 derechos frente a solo seis deberes. «Los derechos ya reconocidos se mantendrán, pero irán acompañados de otros deberes. Este principio ya da idea del espíritu que quiere impregnar esta normativa. Hay que recuperar la disciplina como valor democrático educativo, que no tiene nada que ver con valores autoritarios. En las sociedades autoritarias y no democráticas no hay disciplina, hay despotismo. Pero estamos hablamos de una disciplina razonable y proporcionada».
La segunda línea, será revisar los supuestos tipificados de conductas inadecuadas y la catalogación de su gravedad. Sánchez-Pascuala recuerda que la inmensa mayoría de los alumnos no presentan ningún tipo de conflictividad y su comportamiento es correcto. De hecho, de 350.400 alumnos escolarizados en la enseñanza obligatoria, el número de incidentes disciplinarios registrados el curso pasado fue de 5.400 por trimestre. «Pero más del 95% de esos conflictos era de carácter leve (desobedecer al profesor, discusiones con otro alumno...). Asimismo, la mitad de esos alumnos «que no han sabido resolver de forma conveniente una situación y simplemente se han equivocado», cuando el profesor les ha corregido ya no han vuelto a reincidir.
Sin embargo, unos 3.000 son alumnos reincidentes. «Pensamos que los que reinciden cada trimestre no es que no sepan resolver una situación difícil, es que las provocan. Y estas conductas complejas requieren adoptar medidas disciplinarias importantes, porque con la normativa actual para que una falta sea considerada grave tiene que haber sido realmente muy grave. ¿Por qué tenemos que esperar a que se queme un edificio cuando se está quemando una habitación? Hay que acabar con esas sensación de impunidad que algunos tienen».
Asimismo, la Consejería quiere acortar los plazos para sancionar las conductas inadecuadas graves, porque ahora puede pasar hasta un mes antes de que se resuelva los expedientes informativos y disciplinarios.
El decreto también quiere «reforzar la autoridad del maestro introduciendo medidas disciplinarias cautelares que pueda imponer de manera inmediata y sin necesidad de abrir un expediente disciplinario». «No creemos que el maestro deba ser una 'autoridad pública', como la policía, porque su opinión serviría de prueba de cargo. Pero sí queremos devolverle la autoridad educativa, que es diferente». Y ese 95% de incidentes leves, relacionados con una conducta colectiva de indisciplina de baja intensidad -lo que los maestros llaman 'no poder dar clase porque no me atienden'-, se puede resolver con medidas de este tipo, que evitarían además que se lleguen a producir otras conductas más graves.
Sánchez-Pascuala no quiere poner ejemplos, «porque queremos que toda la comunidad educativa llegue a un consenso sobre cuáles pueden ser, independientemente de que luego puedan ser recurridas, porque estamos en un Estado de derecho».
Contrato con los padres
Y en relación con los derechos y deberes de los padres, el decreto quiere que las medidas disciplinarias vayan «siempre» acompañadas de medidas reeducadoras de cumplimiento en casa, para «romper la línea continua que lleva de la mala educación y la falta de respeto, al maltrato, el acoso y la agresión».
La idea de la consejería es que si los padres «se comprometen a firmar por escrito un contrato o compromiso de reeducación de sus hijos» se podría evitar la apertura del expediente sancionador. Y si fuera necesario imponer medidas disciplinarias, los padres también deberían participar en su aplicación. «Por ejemplo, si un alumno es expulsado tres días del colegio, pediríamos a los padres que le dejaran sin salir de casa dos fines de semana».
Y si los padres rompen el contrato deliberadamente y se niegan a aplicar esas medidas reeducadoras, «la administración podría llevar el caso al juzgado a través de la Fiscalía por incumplimiento de sus responsabilidades tutelares».
«Ya no se admiten ciertas conductas que antes sí se toleraban»
En estos momentos, la Consejería de Educación ya tiene una fotografía bastante definida de la realidad de la convivencia en las aulas, gracias a la puesta en marcha en el año 2005 de iniciativas como los planes de fomento de la convivencia en los centros escolares, el Observatorio, o la figura de los coordinadores (este curso hay 72), y esa fotografía revela, según Fernando Sánchez-Pascuala, que «la situación en esta comunidad no es, ni mucho menos, tan grave como se podría pensar por el impacto mediático que han tenido algunos casos que han salido recientemente a la luz pública y que han generado cierta alarma». Los casos de acoso certificados por las autoridades educativas el curso pasado fueron 44. «Más que un aumento de la conflictividad -añade-, que según los datos no hay, lo que se está produciendo es que el criterio social de rechazo de estas conductas inadecuadas ha mejorado. Es decir, estamos asistiendo a un cambio de criterio social y ya no se admiten ciertas conductas conflictivas y violentas que antes sí se toleraban». nortedecastilla.es
«Ya no se admiten ciertas conductas que antes sí se toleraban»
J. M. LÓPEZ/ 15 NOV VALLADOLID La Consejería de Educación presentará el próximo 28 de noviembre al Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León el borrador de un nuevo decreto de la Junta sobre 'Regulación autonómica de derechos y deberes de los alumnos y padres de alumnos'. Según explicó ayer el director general de Coordinación, Inspección y Programas Educativos de la consejería, Fernando Sánchez-Pascuala, en estos momentos, únicamente dos comunidades autónomas, Murcia y Cataluña, tienen una normativa propia en esta materia, y el resto se atienen a lo establecido en un real decreto del Ministerio de Educación y Ciencia de 1995.
Sánchez-Pascuala señaló que con este decreto se pretende «equilibrar» los derechos y deberes de los alumnos, reforzar la autoridad del profesor en las aulas, sancionar las conductas inadecuadas, acompañar siempre las medidas correctoras con medidas reeducativas y acortar los plazos de resolución de los expedientes disciplinarios.
En primer lugar, el decreto quiere equilibrar los derechos y deberes de los alumnos, ya que en estos momentos tienen reconocidos 24 derechos frente a solo seis deberes. «Los derechos ya reconocidos se mantendrán, pero irán acompañados de otros deberes. Este principio ya da idea del espíritu que quiere impregnar esta normativa. Hay que recuperar la disciplina como valor democrático educativo, que no tiene nada que ver con valores autoritarios. En las sociedades autoritarias y no democráticas no hay disciplina, hay despotismo. Pero estamos hablamos de una disciplina razonable y proporcionada».
La segunda línea, será revisar los supuestos tipificados de conductas inadecuadas y la catalogación de su gravedad. Sánchez-Pascuala recuerda que la inmensa mayoría de los alumnos no presentan ningún tipo de conflictividad y su comportamiento es correcto. De hecho, de 350.400 alumnos escolarizados en la enseñanza obligatoria, el número de incidentes disciplinarios registrados el curso pasado fue de 5.400 por trimestre. «Pero más del 95% de esos conflictos era de carácter leve (desobedecer al profesor, discusiones con otro alumno...). Asimismo, la mitad de esos alumnos «que no han sabido resolver de forma conveniente una situación y simplemente se han equivocado», cuando el profesor les ha corregido ya no han vuelto a reincidir.
Sin embargo, unos 3.000 son alumnos reincidentes. «Pensamos que los que reinciden cada trimestre no es que no sepan resolver una situación difícil, es que las provocan. Y estas conductas complejas requieren adoptar medidas disciplinarias importantes, porque con la normativa actual para que una falta sea considerada grave tiene que haber sido realmente muy grave. ¿Por qué tenemos que esperar a que se queme un edificio cuando se está quemando una habitación? Hay que acabar con esas sensación de impunidad que algunos tienen».
Asimismo, la Consejería quiere acortar los plazos para sancionar las conductas inadecuadas graves, porque ahora puede pasar hasta un mes antes de que se resuelva los expedientes informativos y disciplinarios.
El decreto también quiere «reforzar la autoridad del maestro introduciendo medidas disciplinarias cautelares que pueda imponer de manera inmediata y sin necesidad de abrir un expediente disciplinario». «No creemos que el maestro deba ser una 'autoridad pública', como la policía, porque su opinión serviría de prueba de cargo. Pero sí queremos devolverle la autoridad educativa, que es diferente». Y ese 95% de incidentes leves, relacionados con una conducta colectiva de indisciplina de baja intensidad -lo que los maestros llaman 'no poder dar clase porque no me atienden'-, se puede resolver con medidas de este tipo, que evitarían además que se lleguen a producir otras conductas más graves.
Sánchez-Pascuala no quiere poner ejemplos, «porque queremos que toda la comunidad educativa llegue a un consenso sobre cuáles pueden ser, independientemente de que luego puedan ser recurridas, porque estamos en un Estado de derecho».
Contrato con los padres
Y en relación con los derechos y deberes de los padres, el decreto quiere que las medidas disciplinarias vayan «siempre» acompañadas de medidas reeducadoras de cumplimiento en casa, para «romper la línea continua que lleva de la mala educación y la falta de respeto, al maltrato, el acoso y la agresión».
La idea de la consejería es que si los padres «se comprometen a firmar por escrito un contrato o compromiso de reeducación de sus hijos» se podría evitar la apertura del expediente sancionador. Y si fuera necesario imponer medidas disciplinarias, los padres también deberían participar en su aplicación. «Por ejemplo, si un alumno es expulsado tres días del colegio, pediríamos a los padres que le dejaran sin salir de casa dos fines de semana».
Y si los padres rompen el contrato deliberadamente y se niegan a aplicar esas medidas reeducadoras, «la administración podría llevar el caso al juzgado a través de la Fiscalía por incumplimiento de sus responsabilidades tutelares».
«Ya no se admiten ciertas conductas que antes sí se toleraban»
En estos momentos, la Consejería de Educación ya tiene una fotografía bastante definida de la realidad de la convivencia en las aulas, gracias a la puesta en marcha en el año 2005 de iniciativas como los planes de fomento de la convivencia en los centros escolares, el Observatorio, o la figura de los coordinadores (este curso hay 72), y esa fotografía revela, según Fernando Sánchez-Pascuala, que «la situación en esta comunidad no es, ni mucho menos, tan grave como se podría pensar por el impacto mediático que han tenido algunos casos que han salido recientemente a la luz pública y que han generado cierta alarma». Los casos de acoso certificados por las autoridades educativas el curso pasado fueron 44. «Más que un aumento de la conflictividad -añade-, que según los datos no hay, lo que se está produciendo es que el criterio social de rechazo de estas conductas inadecuadas ha mejorado. Es decir, estamos asistiendo a un cambio de criterio social y ya no se admiten ciertas conductas conflictivas y violentas que antes sí se toleraban». nortedecastilla.es
