El nuevo decreto de Derechos y Deberes en Castilla y León impedirá que "el agredido salga del colegio antes que el agresor" · Álvarez Guisasola defiende la tipificación como delito del acoso escolar pero reconoce complicaciones en su aplicación
ICAL - 16 NOV. Valladolid El consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola, defendió hoy en Madrid la postura de su partido de tipificar como delito en el Código Penal el acoso escolar, si bien matizó que esta medida deberá estar siempre acompañada de otras de carácter preventivo para que los menores de catorce años no reincidan en ese tipo de conductas.
Además, el consejero matizó que “no es lo mismo” el caso de un menor de 15 años que agrede a su profesor que un caso de violencia entre dos alumnos, más difícil, en principio, de llevar hasta los tribunales.
Álvarez Guisasola acudió, junto al resto de consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP, a la reunión convocada por la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, en la sede nacional del partido para abordar una acción conjunta frente al incremento de la violencia en las aulas, tanto entre los alumnos como hacia los profesores.
Pastor defendió la necesidad de “tipificar como delito penal” el acoso escolar. La propuesta será objeto de un “exhaustivo informe”, con el análisis de los expertos y la valoración también de padres, profesores y alumnos, que estará concluido en el plazo de un mes. Una medida que entraría a formar parte de una futura ley integral de promoción de la convivencia y de prevención de acoso en los centros educativos, que la oposición prevé proponer en el Congreso.
Pero las autonomías gobernadas para el PP acordaron también desarrollar un amplio catálogo de actuaciones para atajar la violencia en los colegios. Algunas de las medidas acordadas ya están en marcha en Castilla y León. Así lo destacó Álvarez Guisasola, que se refirió a los planes de convivencia que ya funcionan en cada centro educativo; al Observatorio contra la Violencia Escolar, operativo desde hace un año; o al borrador del decreto para mejorar la convivencia que ultima su departamento. Sobre este último, el consejero avanzó que el próximo día 28 de noviembre será estudiado por el Observatorio, tras lo que pasará al Consejo Escolar. “Pretendemos que sea consensuado por todas las fuerzas sociales”, destacó.
Este decreto, similar al que se aprobará en el resto de comunidades del PP, pretende que “los derechos de los agresores nunca queden por encima de los de las víctimas”, señaló Ana Pastor. Un caso que ejemplificó asegurando que “quien debe salir del colegio es el agresor, no el agredido”. La regulación autonómica de Derechos y Deberes de los Alumnos y los Padres también pretende devolver la autoridad a los profesores y agilizar las sanciones cuando se detecta un caso de acoso escolar.
Otras medidas que sí están en marcha en otras comunidades del PP, como por ejemplo el teléfono único, se someterán a estudio en los próximos meses en la Comunidad. El consejero de Educación no descartó esta mañana probar su puesta en marcha como “experiencia piloto”, si bien no avanzó fechas.
El Partido Popular también defenderá en su propuesta de ley el “derecho de los padres a faltar al trabajo a requerimiento del centro educativo” donde estudien sus hijos, la puesta en marcha de programas de formación para padres y la creación de equipos de intervención rápida. www.eladelantado.com
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El conseller de Cultura, Educación y Deporte, Alejandro Font de Mora, pidió a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que "descienda a la realidad del mundo educativo" y "concrete medidas". Font de Mora, que asistió a la reunión que la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, celebró con todos los consejeros de Educación del PP, solicitó al Gobierno central que "impulse en el Parlamento una Ley integral de promoción de la convivencia y prevención del acoso escolar".
PANORAMA-ACTUAL - 15/11/2006 VALENCIA Por otro lado, según indicaron las citadas fuentes, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se comprometieron "a impulsar diversas medidas para afrontar el problema y ampliar las ya adoptadas, entre las que se encuentran la creación de planes individualizados de convivencia en todos los centros educativos así como una norma que recoja los derechos y deberes de alumnos, padres y profesores", destacaron.
En este sentido, Font de Mora señaló que "en la Comunitat Valenciana ya se han puesto en marcha numerosas medidas concretas para mejorar la convivencia en los centros y ya está en marcha el proceso para modificar y ampliar el Decreto de Derechos y Deberes del alumnado, profesorado y familias". Así, anunció que "esta misma semana se van a iniciar las reuniones con los agentes educativos para que le trasladen iniciativas y sugerencias".
De este modo, el titular de Educación apuntó "la necesidad de que el Ministerio aporte iniciativas concretas a nivel legal y laboral generando una dinámica de atención, intervención precoz y detección en los casos de violencia y acoso", aseveró.
Según manifestaron las mencionadas fuentes del PPCV, las medidas y propuestas acordadas por los populares son "impulsar el derecho de los padres a ausentarse del puesto de trabajo a requerimiento del centro educativo para atender a las necesidades educativas de sus hijos", así como que para el curso 2007-2008 las comunidades autónomas gobernadas por el PP tengan "en todos los centros educativos planes individualizados de convivencia".
Medidas inmediatas
Se acordó también la "elaboración de una norma que recoja todos los derechos y deberes de alumnos, de profesores y de padres", entre los que se apuntó "la capacidad de los profesores de adoptar medidas inmediatas ante los casos de acoso y acelerar los procedimientos sancionadores". Además, Ana Pastor subrayó que "los derechos de los agresores nunca pueden estar por encima del de las víctimas. No se puede permitir que el que salga por la puerta del colegio sea el agredido y no el agresor", aseveró.
Por otro lado, se abordaron medidas como la "formación del profesorado y estudiantes de Universidad sobre cuestiones como la resolución de conflictos y la detección de casos de acoso escolar, el seguro de atención jurídica a profesores, los programas de formación de padres, las campañas de sensibilización a la población, y planes pilotos con teléfono único para la atención a los casos de acoso o violencia", entre otros.
Se acordó también "promover la constitución de un foro y observatorio para la convivencia en el Consejo Escolar del Estado, como ya existe en los Consejos Escolares de las CCAA del PP", apostilló Pastor, quien apuntó que se constituirá "un grupo de expertos para que en el plazo de un mes elabore un informe sobre dos aspectos, la posibilidad de determinar la autoridad pública del profesor, y estudiar la viabilidad de que se tipifique el acoso escolar como delito, una vez recogida la valoración de padres, profesores y alumnos, así como analizada la normativa comparada", concluyó. www.panorama-actual.es
ICAL - 16 NOV. Valladolid El consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola, defendió hoy en Madrid la postura de su partido de tipificar como delito en el Código Penal el acoso escolar, si bien matizó que esta medida deberá estar siempre acompañada de otras de carácter preventivo para que los menores de catorce años no reincidan en ese tipo de conductas.
Además, el consejero matizó que “no es lo mismo” el caso de un menor de 15 años que agrede a su profesor que un caso de violencia entre dos alumnos, más difícil, en principio, de llevar hasta los tribunales.
Álvarez Guisasola acudió, junto al resto de consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP, a la reunión convocada por la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, en la sede nacional del partido para abordar una acción conjunta frente al incremento de la violencia en las aulas, tanto entre los alumnos como hacia los profesores.
Pastor defendió la necesidad de “tipificar como delito penal” el acoso escolar. La propuesta será objeto de un “exhaustivo informe”, con el análisis de los expertos y la valoración también de padres, profesores y alumnos, que estará concluido en el plazo de un mes. Una medida que entraría a formar parte de una futura ley integral de promoción de la convivencia y de prevención de acoso en los centros educativos, que la oposición prevé proponer en el Congreso.
Pero las autonomías gobernadas para el PP acordaron también desarrollar un amplio catálogo de actuaciones para atajar la violencia en los colegios. Algunas de las medidas acordadas ya están en marcha en Castilla y León. Así lo destacó Álvarez Guisasola, que se refirió a los planes de convivencia que ya funcionan en cada centro educativo; al Observatorio contra la Violencia Escolar, operativo desde hace un año; o al borrador del decreto para mejorar la convivencia que ultima su departamento. Sobre este último, el consejero avanzó que el próximo día 28 de noviembre será estudiado por el Observatorio, tras lo que pasará al Consejo Escolar. “Pretendemos que sea consensuado por todas las fuerzas sociales”, destacó.
Este decreto, similar al que se aprobará en el resto de comunidades del PP, pretende que “los derechos de los agresores nunca queden por encima de los de las víctimas”, señaló Ana Pastor. Un caso que ejemplificó asegurando que “quien debe salir del colegio es el agresor, no el agredido”. La regulación autonómica de Derechos y Deberes de los Alumnos y los Padres también pretende devolver la autoridad a los profesores y agilizar las sanciones cuando se detecta un caso de acoso escolar.
Otras medidas que sí están en marcha en otras comunidades del PP, como por ejemplo el teléfono único, se someterán a estudio en los próximos meses en la Comunidad. El consejero de Educación no descartó esta mañana probar su puesta en marcha como “experiencia piloto”, si bien no avanzó fechas.
El Partido Popular también defenderá en su propuesta de ley el “derecho de los padres a faltar al trabajo a requerimiento del centro educativo” donde estudien sus hijos, la puesta en marcha de programas de formación para padres y la creación de equipos de intervención rápida. www.eladelantado.com
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El conseller de Cultura, Educación y Deporte, Alejandro Font de Mora, pidió a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que "descienda a la realidad del mundo educativo" y "concrete medidas". Font de Mora, que asistió a la reunión que la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, celebró con todos los consejeros de Educación del PP, solicitó al Gobierno central que "impulse en el Parlamento una Ley integral de promoción de la convivencia y prevención del acoso escolar".
PANORAMA-ACTUAL - 15/11/2006 VALENCIA Por otro lado, según indicaron las citadas fuentes, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se comprometieron "a impulsar diversas medidas para afrontar el problema y ampliar las ya adoptadas, entre las que se encuentran la creación de planes individualizados de convivencia en todos los centros educativos así como una norma que recoja los derechos y deberes de alumnos, padres y profesores", destacaron.
En este sentido, Font de Mora señaló que "en la Comunitat Valenciana ya se han puesto en marcha numerosas medidas concretas para mejorar la convivencia en los centros y ya está en marcha el proceso para modificar y ampliar el Decreto de Derechos y Deberes del alumnado, profesorado y familias". Así, anunció que "esta misma semana se van a iniciar las reuniones con los agentes educativos para que le trasladen iniciativas y sugerencias".
De este modo, el titular de Educación apuntó "la necesidad de que el Ministerio aporte iniciativas concretas a nivel legal y laboral generando una dinámica de atención, intervención precoz y detección en los casos de violencia y acoso", aseveró.
Según manifestaron las mencionadas fuentes del PPCV, las medidas y propuestas acordadas por los populares son "impulsar el derecho de los padres a ausentarse del puesto de trabajo a requerimiento del centro educativo para atender a las necesidades educativas de sus hijos", así como que para el curso 2007-2008 las comunidades autónomas gobernadas por el PP tengan "en todos los centros educativos planes individualizados de convivencia".
Medidas inmediatas
Se acordó también la "elaboración de una norma que recoja todos los derechos y deberes de alumnos, de profesores y de padres", entre los que se apuntó "la capacidad de los profesores de adoptar medidas inmediatas ante los casos de acoso y acelerar los procedimientos sancionadores". Además, Ana Pastor subrayó que "los derechos de los agresores nunca pueden estar por encima del de las víctimas. No se puede permitir que el que salga por la puerta del colegio sea el agredido y no el agresor", aseveró.
Por otro lado, se abordaron medidas como la "formación del profesorado y estudiantes de Universidad sobre cuestiones como la resolución de conflictos y la detección de casos de acoso escolar, el seguro de atención jurídica a profesores, los programas de formación de padres, las campañas de sensibilización a la población, y planes pilotos con teléfono único para la atención a los casos de acoso o violencia", entre otros.
Se acordó también "promover la constitución de un foro y observatorio para la convivencia en el Consejo Escolar del Estado, como ya existe en los Consejos Escolares de las CCAA del PP", apostilló Pastor, quien apuntó que se constituirá "un grupo de expertos para que en el plazo de un mes elabore un informe sobre dos aspectos, la posibilidad de determinar la autoridad pública del profesor, y estudiar la viabilidad de que se tipifique el acoso escolar como delito, una vez recogida la valoración de padres, profesores y alumnos, así como analizada la normativa comparada", concluyó. www.panorama-actual.es
