DECLARACIONES en LLEIDA, ASTURIAS, VALENCIA y MADRID · La comunidad educativa pide prevención contra las agresiones en vez de prisión · Los sindicatos educativos y la federación de asociaciones de padres y madres valoraron ayer positivamente la instrucción dada por la Fiscalia por la que se ampliará la protección a maestros y médicos castigando con penas de hasta cuatro años de prisión las agresiones a estos profesionales, aunque coincidieron en que se trata de una medida insuficiente para conseguir acabar con la violencia en el ámbito escolar y apostaron por implantar medidas preventivas en vez de punitivas.
LLEIDA 16 NOV. La comunidad educativa está de acuerdo con la orden del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, José María Mena, de endurecer la protección penal a maestros, pero advierte que, además de que no es la solución a los problemas de convivencia escolar, esta medida presenta lagunas. En este sentido, el delegado del sindicato de profesores USTEC- STEs en Lleida, Esteve Romero, señala que esta medida sólo ofrece protección a los profesores de la escuela pública por ser funcionarios y deja fuera a los docentes de la privada y la concertada. Además, las penas sólo se podrían aplicar a los padres que peguen a los profesores pero no a los alumnos, ya que son menores de edad. “Valoramos positivamente la medida aunque tiene una aplicación reducida. Por otro lado, consideramos que la solución para eliminar la violencia en la escuela pasaría por recuperar el respeto al profesorado e incrementar los vínculos entre los docentes y los alumnos y sus padres. Para conseguirlo proponemos que se reduzcan el número de escolares por clase y que se incrementen las tutorías”, señaló Romero.
Por su parte, el responsable de Ensenyament de UGT en Lleida, Javier Giménez, también valoró positivamente una “tolerancia cero” con la violencia en el ámbito escolar, aunque coincidió con Romero en que la orden debería proteger también a los profesores de la privada y en que se debe dignificar la figura del profesor. El delegado de UGT señaló en este sentido que, más que medidas punitivas contra la violencia, se debe apostar por la prevención diaria, lo que a su entender se podría conseguir también reduciendo los escolares por profesor, desdoblando determinadas clases y atendiendo la diversidad en las aulas.
Por su parte, el sindicato de CCOO también está a favor de la tolerancia cero con la violencia escolar aunque apuesta por la mediación más que la judicialización de los casos de agresión en el ámbito educativo.
Por último, el portavoz en Lleida de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Albert Massagué, señaló que la penalización de las agresiones es una solución exagerada que sólo contribuirá a magnificar el problema. “No eximimos de culpa a los padres que agreden a los profesores, pero amenazar con prisión no es la solución”, señaló Massagué.
Por otra parte, el conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, explicó ayer en Lleida que la propuesta de Mena sólo sería una “medida paliativa” e insistió en que hay que trabajar el problema de la violencia escolar desde una perspectiva más global.
Por otro lado, Metges de Catalunya reclamó ayer a la Administración un compromiso serio para prevenir las agresiones al personal facultativo en el ámbito sanitario y para evitar los contextos que favorecen las actitudes agresivas como las largas listas de espera, los colapsos en urgencias o las demoras de las pruebas diagnósticas. lamanyana.es
Asturias La enseñanza concertada opina que las medidas penales son discriminatorias
I. G./GIJÓN 17 NOV La decisión de algunas fiscalías de aplicar sanciones penales para los alumnos que agredan a profesores, como funcionarios públicos en el desempeño de su cargo, ha abierto una nueva brecha entre la enseñanza pública y la concertada. La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas) manifestó ayer su preocupación ante la posibilidad de que esta medida se acuerde dentro de un marco legal general, ya que supondría un «trato claramente discriminatorio para los profesores de los centros concertados».
El secretario de Acción Sindical de Otecas, Juan Luis Barrera, aseguró que a nivel estatal «entre el 20 y 25% del servicio público educativo se imparte en la red concertada» y la aplicación de sanciones penales basadas en el artículo 550 del Código Penal dejaría fuera a una parte importante de los docentes.
Barrera insistió en la necesidad de implantar medidas para evitar que las agresiones a los profesores por parte de los padres o de los alumnos «tengan un coste cero», pero insistió en que éstas deben aplicarse «con independencia de si es trabajador es o no funcionario».
La misma postura ha sido defendida por la Confederación Católica de Padres de Asturias (Concapa) y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapas) Miguel Virgós. El presidente de la Concapa, José Manuel Martínez, insistió en que el Ministerio de Educación aún no ha tomado una decisión al respecto y de hacerlo, «basándose en el principio de autoridad pública, dejaría fuera a un sector muy importante de la enseñanza, con lo que la medida sería un mero parche y no una solución».
El presidente de la Fapas Miguel Virgós, Antonio Soto, que hoy abandona la presidencia regional de la federación para ocupar un cargo en la confederación, advirtió de que se está «demonizando a los padres» y «cargando en exceso el problema de la convivencia en las aulas en las familias y los alumnos». www.elcomerciodigital.com
VALENCIA Los padres plantan cara a los profesores
Las familias dicen que dar estatus jurídico de autoridad es convertir al maestro en policía
Las organizaciones de padres que inicialmente se mostraron de acuerdo con reforzar la autoridad del profesor tras las últimas agresiones se manifestaron ayer en contra de que se contemple jurídicamente la autoridad del maestro en el aula. Las familias se oponen y señalan que sería convertir a los docentes en policías de sus hijos.
CONCHA RAGA/ VALENCIA Hace tan sólo una semana padres y profesores coincidían en la necesidad de implicarse más y trabajar conjuntamente y conceder mayor autoridad al profesor en el aula. Ello pernitirá afrontar los problemas de convivencia en el ámbito escolar de forma más eficaz.
Pero la petición a la fiscalía de la Administración educativa y de los sindicatos de enseñanza de que al docente se le reconozca la autoridad con estatus jurídico ha dividido a ambos sectores.
Los padres rechazan esta aspiración de los profesores y así lo comunicarán oficialmente al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, con el que se reunirán la próxima semana para elevar sus propuestas de cara a la elaboración del Decreto de Derechos y Deberes de alumnos, padres y profesores.
Desde la Confederación de Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana se respondió ayer al planteamiento de los docentes porque, según señalaron fuentes de la organización, “equivale a concederles estatus jurídico policial”.
No causan problemas
La presidenta de la Federación de Padres de Alumnos, Josefa Gómez, admite que son conscientes del ambiente tenso en el que se desarrolla la convivencia en los colegios e institutos y que hay que dotar de más autoridad al profesorado “pero no para que sancione a nuestros hijos”.
No son partidarios de la medida que reclaman los docentes. “Desde luego, no estamos de acuerdo con esta propuesta tal y como el profesorado lo está planteando”, añadió.
Para los padres de alumnos de la Confederación Gonzalo Anaya “la propuesta es desmedida, respetamos lo que puedan pedir pero no desde un planteamiento de autoritarismo en lugar de autoridad para el maestro”.
Añadieron que no comparten la iniciativa “porque cuando hay una agresión es una situación muy puntual y nada generalizada. Nuestros hijos no son agresores y no están todos los días causando problemas, la práctica totalidad de los escolares va a clase sin problemas”.
Los padres han marcado una distancia respecto a los profesores. “Si les dan lo que están pidiendo van a adquirir una figura equiparable a la de agentes del orden público, es decir, policías”. Así se lo harán saber la próxima semana al conseller. lasprovincias.es
La federación de padres reclama también unas normas claras
Los directores de instituto exigen planes de convivencia
La clave ante los conflictos en los centros educativos podría estar en la existencia de planes de convivencia consensuados. Así lo creen los directores de institutos, que quieren la consideración de autoridad, y los padres de alumnos. Los sindicatos piden que las fiscalías tomen carta.
M. Ducajú/R. Laguna, 17 Nov. Valencia Los directores de institutos de Educación Secundaria de Valencia y provincia llevan años reclamando a la conselleria de Educación que adopte las medidas que conduzcan a la «consideración de autoridad pública para estos gestores de los centros públicos, que podría hacerse extensivo al resto de profesores»» indicaron ayer. No obstante, el colectivo se queja de que «no tenemos el instrumento legal» para hacer frente en caso de agresiones.
El presidente de la Permanente-Asociación de Directores de Secundaria Vicent Baggetto aseguró, a preguntas de Levante-EMV, que «de ninguna forma se puede hablar de muchas agresiones de padres hacia el profesorado». En esta línea se volvió a pronunciar ayer el portavoz de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, quien recordaba que las denuncias por agresiones a docentes, tanto por parte de alumnos como de familiares, «no son frecuentes».
Los responsables de los institutos educativos añadió que «cuanto más apoyo moral y legal para realizar nuestra actividad tengamos, mejor, como servicio público que somos» y recordó que la normativa que rige las relaciones en el ámbito escolar es el decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, aprobado en 1991, antes de la Logse.
Vicent Baggetto añadió, en cuanto a la sugerencia del conseller de Educación Alejandro Font de Mora de exigir a los padres a acudir a las reuniones con los profesores, que «nosotros no somos fiscales»para estar vigilando.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Valencia (FAPA), Gemma Piqué, también reclamó unas «normas o plan de convivencia claras» y elaboradas entre todas las partes de la comunidades educativa así como la creación de equipos de mediadores en colegios e institutos para resolver conflictos. Gemma Piqué, ante la petición de algunas organizaciones de acudir a las fiscalías ante las agresiones, señaló que «los profesores no deben convertirse en fiscales de los padres» y añadió que «el Código Penal se aplica cuando se debe. Desde aquí, nadie cuestiona la autoridad del profesorado». De hecho, están previstas reuniones entre los padres y los directores de Primaria y de Secundaria para avanzar en las nuevas normas de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana. levante-emv.com
CONCAPA Nota de prensa contra la violencia escolar
MADRID, Viernes 17 de noviembre CONCAPA apoya la propuesta del Fiscal General del Estado de tipificar la violencia escolar como delito agravado pero advierte que solamente con ello no se solucionarán la causas de la violencia que necesitan del estudio y puesta en práctica de medidas eficaces de prevención.
CONCAPA considera que una vez más la intervención de la familia –la gran olvidada en las políticas educativas- es esencial para erradicar el problema del acoso escolar y las agresiones a docentes y alumnos, cuya importancia se ha pretendido minimizar hasta que el Fiscal General del Estado, viendo su creciente incidencia y gravedad ha propuesto reforzar las sanciones punitivas.
La formación de padres –ampliando las ridículas partidas presupuestarias que destinan la mayoría de las Administraciones públicas- y de conciliadores en los niveles de padres, alumnos y profesores resultan imprescindibles.
Las sanciones ejemplares de los transgresores y los procedimientos rápidos son también otro elemento fundamental para erradicar la violencia que tiene que establecer con claridad la diferencia entre agresores y agredidos, no perjudicando a estos últimos sino dándoles todo el amparo escolar y sociopolítico.
Medidas como las propuestas por el conseller de educación de la comunidad valenciana como la conciliación laboral y familiar permitiendo a las familias integrarse más en el centro, posibilitando las reuniones con los profesores y tutores –en lugar de practicar la idea de ZP de abrir los centros “7 días a la semana, 11 meses al año, restringiendo la convivencia familiar y el diálogo- son, evidentemente, pasos en la buena dirección.
Resulta también necesario que las familias otorguemos respeto al docente para fortalecer su autoridad y que éste también no ceda a las tentaciones logsianas del coleguismo en lugar de fortalecer la relación de obediencia, consideración y respeto que el alumno debe al profesor. Por ello, principios como “en caso de duda, el profesor tiene razón” deberían ser acogidos por toda la sociedad para frenar estos fenómenos de violencia que, contra lo que se dice –criticando como alarmista a quienes opinan distinto-, no son escasos sino que esconden, como iceberg un problema creciente que daña además la educación por la repercusión negativa de la impunidad que se produce en muchos casos.
Es también fundamental que la autonomía del centro permita sin ingerencias políticas resolver con prontitud los problemas puntuales aplicando las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las garantías procedimentales o de las acciones civiles o penales que competan contra los progenitores de los estudiantes que hayan ocasionado daños a compañeros o profesores o a las instalaciones escolares.
Por todo ello, CONCAPA reitera su solicitud al Ministerio de Educación para que aporte a las familias todos los medios técnicos, económicos y humanos que permitan a la familia intervenir en la solución de estos problemas mediante políticas de formación preventiva consensuando las medidas más eficaces.
concapa.org
LLEIDA 16 NOV. La comunidad educativa está de acuerdo con la orden del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, José María Mena, de endurecer la protección penal a maestros, pero advierte que, además de que no es la solución a los problemas de convivencia escolar, esta medida presenta lagunas. En este sentido, el delegado del sindicato de profesores USTEC- STEs en Lleida, Esteve Romero, señala que esta medida sólo ofrece protección a los profesores de la escuela pública por ser funcionarios y deja fuera a los docentes de la privada y la concertada. Además, las penas sólo se podrían aplicar a los padres que peguen a los profesores pero no a los alumnos, ya que son menores de edad. “Valoramos positivamente la medida aunque tiene una aplicación reducida. Por otro lado, consideramos que la solución para eliminar la violencia en la escuela pasaría por recuperar el respeto al profesorado e incrementar los vínculos entre los docentes y los alumnos y sus padres. Para conseguirlo proponemos que se reduzcan el número de escolares por clase y que se incrementen las tutorías”, señaló Romero.
Por su parte, el responsable de Ensenyament de UGT en Lleida, Javier Giménez, también valoró positivamente una “tolerancia cero” con la violencia en el ámbito escolar, aunque coincidió con Romero en que la orden debería proteger también a los profesores de la privada y en que se debe dignificar la figura del profesor. El delegado de UGT señaló en este sentido que, más que medidas punitivas contra la violencia, se debe apostar por la prevención diaria, lo que a su entender se podría conseguir también reduciendo los escolares por profesor, desdoblando determinadas clases y atendiendo la diversidad en las aulas.
Por su parte, el sindicato de CCOO también está a favor de la tolerancia cero con la violencia escolar aunque apuesta por la mediación más que la judicialización de los casos de agresión en el ámbito educativo.
Por último, el portavoz en Lleida de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Albert Massagué, señaló que la penalización de las agresiones es una solución exagerada que sólo contribuirá a magnificar el problema. “No eximimos de culpa a los padres que agreden a los profesores, pero amenazar con prisión no es la solución”, señaló Massagué.
Por otra parte, el conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, explicó ayer en Lleida que la propuesta de Mena sólo sería una “medida paliativa” e insistió en que hay que trabajar el problema de la violencia escolar desde una perspectiva más global.
Por otro lado, Metges de Catalunya reclamó ayer a la Administración un compromiso serio para prevenir las agresiones al personal facultativo en el ámbito sanitario y para evitar los contextos que favorecen las actitudes agresivas como las largas listas de espera, los colapsos en urgencias o las demoras de las pruebas diagnósticas. lamanyana.es
Asturias La enseñanza concertada opina que las medidas penales son discriminatorias
I. G./GIJÓN 17 NOV La decisión de algunas fiscalías de aplicar sanciones penales para los alumnos que agredan a profesores, como funcionarios públicos en el desempeño de su cargo, ha abierto una nueva brecha entre la enseñanza pública y la concertada. La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas) manifestó ayer su preocupación ante la posibilidad de que esta medida se acuerde dentro de un marco legal general, ya que supondría un «trato claramente discriminatorio para los profesores de los centros concertados».
El secretario de Acción Sindical de Otecas, Juan Luis Barrera, aseguró que a nivel estatal «entre el 20 y 25% del servicio público educativo se imparte en la red concertada» y la aplicación de sanciones penales basadas en el artículo 550 del Código Penal dejaría fuera a una parte importante de los docentes.
Barrera insistió en la necesidad de implantar medidas para evitar que las agresiones a los profesores por parte de los padres o de los alumnos «tengan un coste cero», pero insistió en que éstas deben aplicarse «con independencia de si es trabajador es o no funcionario».
La misma postura ha sido defendida por la Confederación Católica de Padres de Asturias (Concapa) y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapas) Miguel Virgós. El presidente de la Concapa, José Manuel Martínez, insistió en que el Ministerio de Educación aún no ha tomado una decisión al respecto y de hacerlo, «basándose en el principio de autoridad pública, dejaría fuera a un sector muy importante de la enseñanza, con lo que la medida sería un mero parche y no una solución».
El presidente de la Fapas Miguel Virgós, Antonio Soto, que hoy abandona la presidencia regional de la federación para ocupar un cargo en la confederación, advirtió de que se está «demonizando a los padres» y «cargando en exceso el problema de la convivencia en las aulas en las familias y los alumnos». www.elcomerciodigital.com
VALENCIA Los padres plantan cara a los profesores
Las familias dicen que dar estatus jurídico de autoridad es convertir al maestro en policía
Las organizaciones de padres que inicialmente se mostraron de acuerdo con reforzar la autoridad del profesor tras las últimas agresiones se manifestaron ayer en contra de que se contemple jurídicamente la autoridad del maestro en el aula. Las familias se oponen y señalan que sería convertir a los docentes en policías de sus hijos.
CONCHA RAGA/ VALENCIA Hace tan sólo una semana padres y profesores coincidían en la necesidad de implicarse más y trabajar conjuntamente y conceder mayor autoridad al profesor en el aula. Ello pernitirá afrontar los problemas de convivencia en el ámbito escolar de forma más eficaz.
Pero la petición a la fiscalía de la Administración educativa y de los sindicatos de enseñanza de que al docente se le reconozca la autoridad con estatus jurídico ha dividido a ambos sectores.
Los padres rechazan esta aspiración de los profesores y así lo comunicarán oficialmente al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, con el que se reunirán la próxima semana para elevar sus propuestas de cara a la elaboración del Decreto de Derechos y Deberes de alumnos, padres y profesores.
Desde la Confederación de Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana se respondió ayer al planteamiento de los docentes porque, según señalaron fuentes de la organización, “equivale a concederles estatus jurídico policial”.
No causan problemas
La presidenta de la Federación de Padres de Alumnos, Josefa Gómez, admite que son conscientes del ambiente tenso en el que se desarrolla la convivencia en los colegios e institutos y que hay que dotar de más autoridad al profesorado “pero no para que sancione a nuestros hijos”.
No son partidarios de la medida que reclaman los docentes. “Desde luego, no estamos de acuerdo con esta propuesta tal y como el profesorado lo está planteando”, añadió.
Para los padres de alumnos de la Confederación Gonzalo Anaya “la propuesta es desmedida, respetamos lo que puedan pedir pero no desde un planteamiento de autoritarismo en lugar de autoridad para el maestro”.
Añadieron que no comparten la iniciativa “porque cuando hay una agresión es una situación muy puntual y nada generalizada. Nuestros hijos no son agresores y no están todos los días causando problemas, la práctica totalidad de los escolares va a clase sin problemas”.
Los padres han marcado una distancia respecto a los profesores. “Si les dan lo que están pidiendo van a adquirir una figura equiparable a la de agentes del orden público, es decir, policías”. Así se lo harán saber la próxima semana al conseller. lasprovincias.es
La federación de padres reclama también unas normas claras
Los directores de instituto exigen planes de convivencia
La clave ante los conflictos en los centros educativos podría estar en la existencia de planes de convivencia consensuados. Así lo creen los directores de institutos, que quieren la consideración de autoridad, y los padres de alumnos. Los sindicatos piden que las fiscalías tomen carta.
M. Ducajú/R. Laguna, 17 Nov. Valencia Los directores de institutos de Educación Secundaria de Valencia y provincia llevan años reclamando a la conselleria de Educación que adopte las medidas que conduzcan a la «consideración de autoridad pública para estos gestores de los centros públicos, que podría hacerse extensivo al resto de profesores»» indicaron ayer. No obstante, el colectivo se queja de que «no tenemos el instrumento legal» para hacer frente en caso de agresiones.
El presidente de la Permanente-Asociación de Directores de Secundaria Vicent Baggetto aseguró, a preguntas de Levante-EMV, que «de ninguna forma se puede hablar de muchas agresiones de padres hacia el profesorado». En esta línea se volvió a pronunciar ayer el portavoz de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, quien recordaba que las denuncias por agresiones a docentes, tanto por parte de alumnos como de familiares, «no son frecuentes».
Los responsables de los institutos educativos añadió que «cuanto más apoyo moral y legal para realizar nuestra actividad tengamos, mejor, como servicio público que somos» y recordó que la normativa que rige las relaciones en el ámbito escolar es el decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, aprobado en 1991, antes de la Logse.
Vicent Baggetto añadió, en cuanto a la sugerencia del conseller de Educación Alejandro Font de Mora de exigir a los padres a acudir a las reuniones con los profesores, que «nosotros no somos fiscales»para estar vigilando.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Valencia (FAPA), Gemma Piqué, también reclamó unas «normas o plan de convivencia claras» y elaboradas entre todas las partes de la comunidades educativa así como la creación de equipos de mediadores en colegios e institutos para resolver conflictos. Gemma Piqué, ante la petición de algunas organizaciones de acudir a las fiscalías ante las agresiones, señaló que «los profesores no deben convertirse en fiscales de los padres» y añadió que «el Código Penal se aplica cuando se debe. Desde aquí, nadie cuestiona la autoridad del profesorado». De hecho, están previstas reuniones entre los padres y los directores de Primaria y de Secundaria para avanzar en las nuevas normas de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana. levante-emv.com
CONCAPA Nota de prensa contra la violencia escolar
MADRID, Viernes 17 de noviembre CONCAPA apoya la propuesta del Fiscal General del Estado de tipificar la violencia escolar como delito agravado pero advierte que solamente con ello no se solucionarán la causas de la violencia que necesitan del estudio y puesta en práctica de medidas eficaces de prevención.
CONCAPA considera que una vez más la intervención de la familia –la gran olvidada en las políticas educativas- es esencial para erradicar el problema del acoso escolar y las agresiones a docentes y alumnos, cuya importancia se ha pretendido minimizar hasta que el Fiscal General del Estado, viendo su creciente incidencia y gravedad ha propuesto reforzar las sanciones punitivas.
La formación de padres –ampliando las ridículas partidas presupuestarias que destinan la mayoría de las Administraciones públicas- y de conciliadores en los niveles de padres, alumnos y profesores resultan imprescindibles.
Las sanciones ejemplares de los transgresores y los procedimientos rápidos son también otro elemento fundamental para erradicar la violencia que tiene que establecer con claridad la diferencia entre agresores y agredidos, no perjudicando a estos últimos sino dándoles todo el amparo escolar y sociopolítico.
Medidas como las propuestas por el conseller de educación de la comunidad valenciana como la conciliación laboral y familiar permitiendo a las familias integrarse más en el centro, posibilitando las reuniones con los profesores y tutores –en lugar de practicar la idea de ZP de abrir los centros “7 días a la semana, 11 meses al año, restringiendo la convivencia familiar y el diálogo- son, evidentemente, pasos en la buena dirección.
Resulta también necesario que las familias otorguemos respeto al docente para fortalecer su autoridad y que éste también no ceda a las tentaciones logsianas del coleguismo en lugar de fortalecer la relación de obediencia, consideración y respeto que el alumno debe al profesor. Por ello, principios como “en caso de duda, el profesor tiene razón” deberían ser acogidos por toda la sociedad para frenar estos fenómenos de violencia que, contra lo que se dice –criticando como alarmista a quienes opinan distinto-, no son escasos sino que esconden, como iceberg un problema creciente que daña además la educación por la repercusión negativa de la impunidad que se produce en muchos casos.
Es también fundamental que la autonomía del centro permita sin ingerencias políticas resolver con prontitud los problemas puntuales aplicando las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las garantías procedimentales o de las acciones civiles o penales que competan contra los progenitores de los estudiantes que hayan ocasionado daños a compañeros o profesores o a las instalaciones escolares.
Por todo ello, CONCAPA reitera su solicitud al Ministerio de Educación para que aporte a las familias todos los medios técnicos, económicos y humanos que permitan a la familia intervenir en la solución de estos problemas mediante políticas de formación preventiva consensuando las medidas más eficaces.
concapa.org
