ENTREVISTAS CON ARTURO CALANDA Mañana hace una semana que tomó posesión de su cargo
El nuevo Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, tomó posesión de su cargo el pasado lunes, en la sede de la Asamblea regional. Canalda, que sustituye a Pedro Núñez Morgades, fue designado como Defensor del Menor el pasado día 8 en el Pleno del Parlamento autonómico, donde obtuvo el respaldo, único pero mayoritario, del Partido Popular.
EL PAIS y ABC publican sendas entrevistas:
17/11/06 Sus primeras opiniones sobre los temas más polémicos que competen a los derechos de los menores difieren de las de su antecesor, Pedro Núñez Morgades. Sobre el reciente apoyo de los fiscales a que se castiguen con penas de cárcel, como delito de atentado, las agresiones a maestros, antes de pronunciarse ha preferido esperar a ver qué es lo que dice exactamente la instrucción de la Fiscalía de Cataluña.
Pregunta. ¿Ha sido duro llegar a este puesto sin consenso?
Respuesta. Habría sido mucho más duro que la oposición se hubiera abstenido. Pero ellos votaron a su candidato, que es el secretario general de esta casa [José Antonio Luengo]. No voy a condicionar mi actividad como defensor por pensar de una determinada manera, ni por haber pertenecido al PP. Los niños no tienen color político. Algunas decisiones que tome irán en contra, seguro, de lo que hace mi propio partido en el Gobierno y, en otras ocasiones, de lo que hace el partido de la oposición en el Gobierno central.
P. ¿Qué opina de la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que está concluyendo en el Parlamento, y que implica un endurecimiento de las sanciones?
R. La ley de 2000 no ha funcionado porque no iba acompañada de una memoria económica. Esto supone que las comunidades han tenido que hacer inversiones que no todas han afrontado con la misma solvencia. Durante estos años, algunos delitos cometidos por menores han creado una gran alarma social, por lo que a muchos, entre los que me encuentro, nos gustaría que las condenas fueran más duras. Algunas tendrían que ser más duras. No discuto que sea conveniente la reforma.
P. Pero si el problema es que no ha habido medios económicos para desarrollar la ley, ¿por qué la solución está en agravar las penas?
R. Bueno, es que también hay que dotar de recursos a la nueva ley para que se pueda cumplir. Es nuestra obligación.
P. Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la posibilidad de que los menores internados sean enviados a la cárcel al cumplir 18 años, medida con la que su predecesor estaba en contra.
R. No puede primarse en ningún caso el derecho de la persona agresora frente al derecho del no agresor, el que no comete ningún delito. En el ámbito de los menores es cierto que cualquier pena debe llevar aparejada una labor de reeducación, pero los jueces tienen la suficiente preparación como para determinar cuándo un chico tiene que ir a la cárcel.
P. ¿Tiene sentido invertir en reeducar a un niño durante algunos años en un centro para luego enviarlo a la cárcel a los 18?
R. Si los jueces estiman que lo mejor es que el chico pase a prisión, no tengo argumentos para decir que no se haga. Además, hay que tener muy en cuenta la tipología del delito, si ha cometido un delito grave, de los que crean una gran alarma social.
P. Más de 83% de los reformatorios, las cárceles de menores, están gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro en Madrid y Andalucía. ¿Está de acuerdo con esta privatización?
R. Hay que matizar. Cuando hablamos de privatización estamos hablando de la gestión del servicio, pero éste se está financiando con fondos públicos. Muchas veces, las administraciones disponen de medios insuficientes y hay que recurrir a la iniciativa privada. No hay nada que nos haga pensar que el servicio que prestan estas asociaciones sea malo.
P. Sería impensable que las cárceles estuvieran en manos privadas, y en los reformatorios se ejecutan las medidas de privación de libertad de los menores, el colectivo más vulnerable.
R. Pero el régimen es distinto. En los centros de menores hay regladas actividades y pautas de conducta que los internos están obligados a seguir. Insisto. A priori no tengo nada en contra de la gestión de estas entidades.
P. Su antecesor abrió una puerta a la integración de los Latin Kings y Ñetas, como en Cataluña. A esa reunión el Gobierno regional no acudió.
R. No veo esa integración. Hay que tener cuidado con las bandas, por el ejemplo que generan en los jóvenes, que muchas veces no tienen formado un criterio sólido y que pueden querer pertenecer a una banda para suplir carencias de otro tipo.
P. Según varias asociaciones, se está repatriando de forma sistemática a menores inmigrantes, sobre todo en Madrid, sin atender a su situación en su país de origen. Los jueces han paralizado varias con el chico ya en el avión. ¿Cuál su opinión sobre este conflicto entre política migratoria y protección de menores?
R. Aquí lo que hay es una nefasta política de inmigración por parte del Gobierno y que estamos pagando las comunidades autónomas. Todas. Con independencia de color político. Como Defensor del Menor lo que tengo que decir es que tenemos que proteger los derechos de los menores. Pero el origen del problema es una imprevisión del Gobierno central.
P. El Consejo de Europa exige que España cambie la ambigüedad legal que permitiría el castigo físico a los niños: el derecho a "corregir moderadamente" que recoge el Código Civil.
R. Estoy de acuerdo con que se cambie si supone una duda. Pero hay que tener en cuenta que es un artículo escrito en el siglo XIX. Si alguien lo interpreta hoy como la posibilidad de castigar a los menores, es un error garrafal.
P. ¿Qué es lo primero que va a hacer como Defensor?
R. Trabajar en tres líneas: intentar que las familias se impliquen en la educación de los niños, recuperar el protagonismo del profesor, para que vuelva a tener un papel fundamental en la educación de los hijos. Falta disciplina. Y actuar sobre el uso y abuso de las nuevas tecnologías.
P. ¿Lo que más le preocupa?
R. Las familias desestructuradas y las separaciones traumáticas, que han generado que los niños sean usados como armas arrojadizas por sus padres. Porque cada vez hay más divorcios. elpais.es
- ¿Con que ánimo afronta el nuevo puesto y las críticas respecto a su nombramiento?
- Con ilusión y un gran sentido de la responsabilidad. Mis predecesores -Javier Urra y Pedro Núñez Morgades- han puesto el listón muy alto, por lo que voy a tener que dar el «do de pecho». La institución es de las más conocidas y de las mejor valoradas y yo debo intentar incrementar ambas cosas, lo que constituye un gran compromiso y un reto. En ello también ha influido el equipo humano que está detrás, muy preparado y profesional.
- ¿Cómo le han sentado las críticas realizadas por el PSOE, que calificó su nombramiento de partidista?
- Una anécdota fruto del calentón del momento. Mi gestión ha estado al margen de mi color político. Hablar de ese modo significa no entender la realidad de un puesto de estas características que, en mi opinión, responde a ciertas capacidades. Los menores no tienen color político y, si el Gobierno regional incumple alguno de sus derechos, ahí estaré yo para señalárselo y lo mismo sucederá con el de la nación. Mi actuación ni está ni estará condicionada por mi forma de pensar. El PSOE no votó en mi contra en la Asamblea, sino a su candidato, el secretario de esta casa, que sigue en su puesto. Estoy convencido de que al final de mi mandato quien no me haya votado reconocerá lo que se ha hecho desde la institución.
- ¿Qué le preocupa de los menores de hoy?
- Que están muchas horas solos debido al trabajo de sus padres y que éstos, a su vez, están haciendo dejación de su responsabilidad: la de educar a sus hijos en valores. La familia, y no la escuela, es el lugar adecuado para enseñar qué es la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, la solidaridad... No obstante, la sociedad actual no permite a los padres estar con sus hijos. Por ello, una de las grandes líneas de actuación es hacer compatible la vida familiar y laboral.
- ¿Qué piensa hacer para lograrlo? No se habla de otra cosa, pero no se compatibiliza nada...
- Trabajar con la Consejería de Empleo y Mujer, la de Servicios Sociales, con las organizaciones empresariales... Una idea buena, que ya funciona, es otorgar el certificado de empresa familiarmente responsable a las que colaboren en ese sentido. Hay que ser imaginativo y explicar dónde radican las dificultades para que quien tenga las competencias actúe.
- ¿La falta de educación en valores tiene que ver con el incremento del fracaso escolar?
- Tiene que ver con el «niño entre algodones», con la sobreprotección de muchos padres, lo que acaba haciendo del hijo un irresponsable o generando sentimientos de impunidad. Y el menor tiene deberes, pero también derechos. Ellos deben procurar realizar bien su tarea (aprender, estudiar, formarse)... Ser respetuosos con la labor de su familia, que implica el respeto y el compromiso con su propio futuro.
- Ha mostrado inquietud por las separaciones traumáticas...
- Sí. Más del 30% de las rupturas lo son, lo que provoca un doble sufrimiento en el menor. Hay que evitar utilizar a los hijos como arma arrojadiza, y ocuparse, además, de todo el entorno (educadores, amigos...), para que éste ejerza de mediador y los niños reciban el apoyo de todos. Vamos a trabajar activamente en esta línea, junto a la propuesta de creación del Fiscal del Menor de sala.
- ¿Cuál será su función?
- Evitar a los menores el trauma de tener que ir en reiteradas ocasiones a declarar al juzgado, frente o contra alguno de sus padres.
- ¿A qué atribuye la creciente violencia en la escuela entre chavales y la de alumnos hacia los profesores...?
- Hay sucesos de acoso que generan alarma social por su dureza, si bien no es un fenómeno generalizado. A este respecto pienso que hay que recuperar el papel protagonista del profesor; los padres deben incidir en ello y transmitir respeto hacia su figura, y habilitar cauces de trabajo en coordinación con la familia, colegios, etc...
-¿Y respecto al acoso entre iguales?
- Debemos fomentar los canales de información y de control para detectarlo y denunciarlo, implicando a la escuela, sin que existan represalias. abc.es
En contra de reconvertir a las bandas latinas en asociaciones
Pedro Núñez Morgades, su antecesor, intentó canalizar a las violentas bandas latinas y reconducirlas hacia el asociacionismo juveniles, una forma alternativa y lejana a la delincuencia para que los menores inmigrantes no caigan en las redes de los grupos latinos, respetando la ley, siguiendo el modelo iniciado en Cataluña. La idea no se entendió y al final el intento no cuajó. Interrogado al respecto, el nuevo Defensor del Menor, Arturo Canalda, se mostró en contra de iniciativas de ese tipo y se mostró cauteloso. A su juicio, la existencia de estos grupos ponen de manifiesto una situación compleja de trasfondo en la que los integrantes de la red se sienten amparados y protegidos, «en un mundo irreal». «Hay que analizar de forma rigurosa los motivos que llevan a los menores a enrolarse en esas pandillas». En relación a los menores inmigrantes no acompañados y a su traslado desde Canarias al resto de Comunidades, indicó que el asunto «es complejo y obedece a una política de inmigración inadecuada. La Administración central tendría que replantearse muchas cuestiones que se ven obligadas a asumir las distintas regiones». abc.es
El nuevo Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, tomó posesión de su cargo el pasado lunes, en la sede de la Asamblea regional. Canalda, que sustituye a Pedro Núñez Morgades, fue designado como Defensor del Menor el pasado día 8 en el Pleno del Parlamento autonómico, donde obtuvo el respaldo, único pero mayoritario, del Partido Popular.
Arturo Canalda, en su nuevo despacho del Defensor del Menor. elpais.es | Nacido el 18 de abril de 1966, Canalda es licenciado en Derecho y diplomado en Asesoría Fiscal y Derecho Tributario. En 1997 entró a formar parte del gabinete del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, y a principios de 2001 pasó al Ministerio del Interior.
En mayo de 2003 fue nombrado delegado concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, tras haber sido gerente del Canal de Isabel II, y desde noviembre de 2003 ocupaba una de las dos viceconsejerías de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. Europa Press 13/11/06 |
17/11/06 Sus primeras opiniones sobre los temas más polémicos que competen a los derechos de los menores difieren de las de su antecesor, Pedro Núñez Morgades. Sobre el reciente apoyo de los fiscales a que se castiguen con penas de cárcel, como delito de atentado, las agresiones a maestros, antes de pronunciarse ha preferido esperar a ver qué es lo que dice exactamente la instrucción de la Fiscalía de Cataluña.
Pregunta. ¿Ha sido duro llegar a este puesto sin consenso?
Respuesta. Habría sido mucho más duro que la oposición se hubiera abstenido. Pero ellos votaron a su candidato, que es el secretario general de esta casa [José Antonio Luengo]. No voy a condicionar mi actividad como defensor por pensar de una determinada manera, ni por haber pertenecido al PP. Los niños no tienen color político. Algunas decisiones que tome irán en contra, seguro, de lo que hace mi propio partido en el Gobierno y, en otras ocasiones, de lo que hace el partido de la oposición en el Gobierno central.
P. ¿Qué opina de la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que está concluyendo en el Parlamento, y que implica un endurecimiento de las sanciones?
R. La ley de 2000 no ha funcionado porque no iba acompañada de una memoria económica. Esto supone que las comunidades han tenido que hacer inversiones que no todas han afrontado con la misma solvencia. Durante estos años, algunos delitos cometidos por menores han creado una gran alarma social, por lo que a muchos, entre los que me encuentro, nos gustaría que las condenas fueran más duras. Algunas tendrían que ser más duras. No discuto que sea conveniente la reforma.
P. Pero si el problema es que no ha habido medios económicos para desarrollar la ley, ¿por qué la solución está en agravar las penas?
R. Bueno, es que también hay que dotar de recursos a la nueva ley para que se pueda cumplir. Es nuestra obligación.
P. Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la posibilidad de que los menores internados sean enviados a la cárcel al cumplir 18 años, medida con la que su predecesor estaba en contra.
R. No puede primarse en ningún caso el derecho de la persona agresora frente al derecho del no agresor, el que no comete ningún delito. En el ámbito de los menores es cierto que cualquier pena debe llevar aparejada una labor de reeducación, pero los jueces tienen la suficiente preparación como para determinar cuándo un chico tiene que ir a la cárcel.
P. ¿Tiene sentido invertir en reeducar a un niño durante algunos años en un centro para luego enviarlo a la cárcel a los 18?
R. Si los jueces estiman que lo mejor es que el chico pase a prisión, no tengo argumentos para decir que no se haga. Además, hay que tener muy en cuenta la tipología del delito, si ha cometido un delito grave, de los que crean una gran alarma social.
P. Más de 83% de los reformatorios, las cárceles de menores, están gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro en Madrid y Andalucía. ¿Está de acuerdo con esta privatización?
R. Hay que matizar. Cuando hablamos de privatización estamos hablando de la gestión del servicio, pero éste se está financiando con fondos públicos. Muchas veces, las administraciones disponen de medios insuficientes y hay que recurrir a la iniciativa privada. No hay nada que nos haga pensar que el servicio que prestan estas asociaciones sea malo.
P. Sería impensable que las cárceles estuvieran en manos privadas, y en los reformatorios se ejecutan las medidas de privación de libertad de los menores, el colectivo más vulnerable.
R. Pero el régimen es distinto. En los centros de menores hay regladas actividades y pautas de conducta que los internos están obligados a seguir. Insisto. A priori no tengo nada en contra de la gestión de estas entidades.
P. Su antecesor abrió una puerta a la integración de los Latin Kings y Ñetas, como en Cataluña. A esa reunión el Gobierno regional no acudió.
R. No veo esa integración. Hay que tener cuidado con las bandas, por el ejemplo que generan en los jóvenes, que muchas veces no tienen formado un criterio sólido y que pueden querer pertenecer a una banda para suplir carencias de otro tipo.
P. Según varias asociaciones, se está repatriando de forma sistemática a menores inmigrantes, sobre todo en Madrid, sin atender a su situación en su país de origen. Los jueces han paralizado varias con el chico ya en el avión. ¿Cuál su opinión sobre este conflicto entre política migratoria y protección de menores?
R. Aquí lo que hay es una nefasta política de inmigración por parte del Gobierno y que estamos pagando las comunidades autónomas. Todas. Con independencia de color político. Como Defensor del Menor lo que tengo que decir es que tenemos que proteger los derechos de los menores. Pero el origen del problema es una imprevisión del Gobierno central.
P. El Consejo de Europa exige que España cambie la ambigüedad legal que permitiría el castigo físico a los niños: el derecho a "corregir moderadamente" que recoge el Código Civil.
R. Estoy de acuerdo con que se cambie si supone una duda. Pero hay que tener en cuenta que es un artículo escrito en el siglo XIX. Si alguien lo interpreta hoy como la posibilidad de castigar a los menores, es un error garrafal.
P. ¿Qué es lo primero que va a hacer como Defensor?
R. Trabajar en tres líneas: intentar que las familias se impliquen en la educación de los niños, recuperar el protagonismo del profesor, para que vuelva a tener un papel fundamental en la educación de los hijos. Falta disciplina. Y actuar sobre el uso y abuso de las nuevas tecnologías.
P. ¿Lo que más le preocupa?
R. Las familias desestructuradas y las separaciones traumáticas, que han generado que los niños sean usados como armas arrojadizas por sus padres. Porque cada vez hay más divorcios. elpais.es
 | 19/11/06 Mañana hace una semana que tomó posesión de su cargo y, en mitad del trajín, ha sacado tiempo para colgar los cuadros de su numerosa «prole» -seis hijos- en el despacho que ocupará durante los próximos cinco años. Licenciado en Derecho, Arturo Canalda González procede de la Consejería de Sanidad, en donde ejercía como viceconsejero de Asistencia e Infraestructuras desde 2003. A pesar de su juventud (40 años), tiene una larga trayectoria en la vida pública, ligado siempre al PP. Vinculado a Esperanza Aguirre, primero, con la que comenzó en su etapa de ministra de Educación (1997), y con Mariano Rajoy después (1999-2001), no es de extrañar que la presidenta regional apostara por él cuando el mandato de su predecesor tocaba a su fin y decidiera no renovarle en su puesto. |
- Con ilusión y un gran sentido de la responsabilidad. Mis predecesores -Javier Urra y Pedro Núñez Morgades- han puesto el listón muy alto, por lo que voy a tener que dar el «do de pecho». La institución es de las más conocidas y de las mejor valoradas y yo debo intentar incrementar ambas cosas, lo que constituye un gran compromiso y un reto. En ello también ha influido el equipo humano que está detrás, muy preparado y profesional.
- ¿Cómo le han sentado las críticas realizadas por el PSOE, que calificó su nombramiento de partidista?
- Una anécdota fruto del calentón del momento. Mi gestión ha estado al margen de mi color político. Hablar de ese modo significa no entender la realidad de un puesto de estas características que, en mi opinión, responde a ciertas capacidades. Los menores no tienen color político y, si el Gobierno regional incumple alguno de sus derechos, ahí estaré yo para señalárselo y lo mismo sucederá con el de la nación. Mi actuación ni está ni estará condicionada por mi forma de pensar. El PSOE no votó en mi contra en la Asamblea, sino a su candidato, el secretario de esta casa, que sigue en su puesto. Estoy convencido de que al final de mi mandato quien no me haya votado reconocerá lo que se ha hecho desde la institución.
- ¿Qué le preocupa de los menores de hoy?
- Que están muchas horas solos debido al trabajo de sus padres y que éstos, a su vez, están haciendo dejación de su responsabilidad: la de educar a sus hijos en valores. La familia, y no la escuela, es el lugar adecuado para enseñar qué es la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, la solidaridad... No obstante, la sociedad actual no permite a los padres estar con sus hijos. Por ello, una de las grandes líneas de actuación es hacer compatible la vida familiar y laboral.
- ¿Qué piensa hacer para lograrlo? No se habla de otra cosa, pero no se compatibiliza nada...
- Trabajar con la Consejería de Empleo y Mujer, la de Servicios Sociales, con las organizaciones empresariales... Una idea buena, que ya funciona, es otorgar el certificado de empresa familiarmente responsable a las que colaboren en ese sentido. Hay que ser imaginativo y explicar dónde radican las dificultades para que quien tenga las competencias actúe.
- ¿La falta de educación en valores tiene que ver con el incremento del fracaso escolar?
- Tiene que ver con el «niño entre algodones», con la sobreprotección de muchos padres, lo que acaba haciendo del hijo un irresponsable o generando sentimientos de impunidad. Y el menor tiene deberes, pero también derechos. Ellos deben procurar realizar bien su tarea (aprender, estudiar, formarse)... Ser respetuosos con la labor de su familia, que implica el respeto y el compromiso con su propio futuro.
- Ha mostrado inquietud por las separaciones traumáticas...
- Sí. Más del 30% de las rupturas lo son, lo que provoca un doble sufrimiento en el menor. Hay que evitar utilizar a los hijos como arma arrojadiza, y ocuparse, además, de todo el entorno (educadores, amigos...), para que éste ejerza de mediador y los niños reciban el apoyo de todos. Vamos a trabajar activamente en esta línea, junto a la propuesta de creación del Fiscal del Menor de sala.
- ¿Cuál será su función?
- Evitar a los menores el trauma de tener que ir en reiteradas ocasiones a declarar al juzgado, frente o contra alguno de sus padres.
- ¿A qué atribuye la creciente violencia en la escuela entre chavales y la de alumnos hacia los profesores...?
- Hay sucesos de acoso que generan alarma social por su dureza, si bien no es un fenómeno generalizado. A este respecto pienso que hay que recuperar el papel protagonista del profesor; los padres deben incidir en ello y transmitir respeto hacia su figura, y habilitar cauces de trabajo en coordinación con la familia, colegios, etc...
-¿Y respecto al acoso entre iguales?
- Debemos fomentar los canales de información y de control para detectarlo y denunciarlo, implicando a la escuela, sin que existan represalias. abc.es
En contra de reconvertir a las bandas latinas en asociaciones
Pedro Núñez Morgades, su antecesor, intentó canalizar a las violentas bandas latinas y reconducirlas hacia el asociacionismo juveniles, una forma alternativa y lejana a la delincuencia para que los menores inmigrantes no caigan en las redes de los grupos latinos, respetando la ley, siguiendo el modelo iniciado en Cataluña. La idea no se entendió y al final el intento no cuajó. Interrogado al respecto, el nuevo Defensor del Menor, Arturo Canalda, se mostró en contra de iniciativas de ese tipo y se mostró cauteloso. A su juicio, la existencia de estos grupos ponen de manifiesto una situación compleja de trasfondo en la que los integrantes de la red se sienten amparados y protegidos, «en un mundo irreal». «Hay que analizar de forma rigurosa los motivos que llevan a los menores a enrolarse en esas pandillas». En relación a los menores inmigrantes no acompañados y a su traslado desde Canarias al resto de Comunidades, indicó que el asunto «es complejo y obedece a una política de inmigración inadecuada. La Administración central tendría que replantearse muchas cuestiones que se ven obligadas a asumir las distintas regiones». abc.es
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