BEATRIZ RABASA· Presidenta provincial Enseñanza Valencia. CSI-CSIF·
Potenciar en los centros los equipos de Mediación Escolar, integrados por profesores especialistas en gestión y resolución de conflictos· Si las medidas de mediación fracasan, entonces quedaría expedita la vía disciplinaria tradicional
VALENCIA 18 NOV. Sabido es cómo durante los últimos meses, los medios de comunicación se vienen preocupando periódicamente del fenómeno de la indisciplina en los centros educativos. De hecho, el súbito interés mostrado por los periodistas y políticos por una situación ya conocida, padecida y denunciada sin éxito por los sufridos docentes vino motivado por un terrible hecho: el desgraciado suicidio, en septiembre de 2004, de Jokin, adolescente de 14 años, víctima de un acoso sistemático por parte de sus compañeros. Tras este dramático suceso, el fenómeno de la indisciplina escolar se ha puesto de moda. Pero, inmersos como estamos en una sociedad poco dispuesta a reflexionar sobre los problemas que la aquejan, el asunto de la indisciplina escolar y sus manifestaciones, plasmadas en las agresiones entre alumnos así como contra los profesores, está recibiendo el mismo tratamiento que el que merecen otros asuntos similares: se frivolizan, incapaces de ahondar en sus causas, y ávidos de titulares sencillos se acaba trasmitiendo una mera caricatura de la realidad.
Ante esta situación, me gustaría compartir unas breves reflexiones que espero contribuyan a clarificar un poco el complejo escenario existente.
En primer lugar, quisiera recordar que durante los dos últimos cursos escolares, el sindicato CSI-CSIF al que represento, ha presentado en el seno de la Junta de Personal Docente de Valencia dos propuestas de resolución reclamando más disciplina en los centros docentes y más autoridad para los profesores, siendo tachados de defender trasnochados modelos de autoritarismo, y recibiendo el unánime rechazo de todas las restantes organizaciones sindicales. Curioso, cuando menos, si observamos la súbita preocupación de muchos de estos sindicatos por un tema que durante estos años les parecía meramente anecdótico. Posiblemente, el rechazo unánime de nuestras propuestas fue motivado por un prejuicio, muy extendido, que equipara autoridad con autoritarismo, establecimiento de límites y normas de conducta en el aula con imposición de modelos fascistoides. Mal camino seguimos si fijar unas normas de convivencia basadas en el mutuo respeto se interpreta como un intolerable ataque a la libertad de los adolescentes.
Por otra parte, cuando el Consell de la Generalitat, preocupado por los casos de indisciplina, preocupación que le honra, decidió crear, en octubre de 2004, el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros de la Comunitat Valenciana, aplaudimos la decisión, pero ya entonces manifestamos la conveniencia de contar para un tema de esta naturaleza con la opinión de todos los agentes sociales. Nuestro deseo no se vio cumplido y el máximo foro de participación de la comunidad docente, el Consejo Escolar Valenciano, ha desempeñado en las actuaciones de este Observatorio un papel meramente pasivo. Quizás la composición de este Observatorio responda a otro prejuicio también muy frecuente: la creencia de que reuniendo sesudos expertos, muy capacitados pero desconocedores de la realidad, en este caso, de la realidad de nuestras aulas, se pueden concebir magníficos programas de intervención. Desgraciadamente, los proyectos diseñados en los despachos, basados en las brillantes teorías, no se concilian bien con la cruda realidad.
En tercer lugar, quisiera recordar que, sin negar los numerosos episodios de indisciplina que perturban la convivencia en las aulas y generan un profundo malestar en el profesorado, también es cierto que resulta inaceptable el enfoque alarmista utilizado por muchos medios de comunicación, ávidos de incrementar su audiencia a cualquier precio. La frivolidad de este tratamiento mediático que no tiene reparos en emitir, como ha ocurrido recientemente, vídeos de agresiones para alentar el morbo revelan una sociedad profundamente irresponsable.
Finalmente, me gustaría manifestar mi convicción de que para afrontar con éxito la cuestión de la indisciplina se requiere la colaboración de todos los agentes sociales, no pudiendo responsabilizar únicamente a alguno de los sectores implicados. La excesiva permisividad de algunos padres contribuye, en ocasiones, a incrementar las conductas disruptivas, pero carece de sentido culpabilizarles, sosteniendo con rotundidad que «la indisciplina escolar se debe a la crisis de la autoridad familiar» [declaraciones de Savater en el Primer Congreso de Familia y Escuela celebrado en Valencia], amenazándoles además con sanciones económicas si no cumplen con sus obligaciones educativas. Con manifestaciones de este tipo más que la colaboración, lo que se consigue es incrementar los recelos y la crispación.
Para poder superar esta problemática, se requiere la auténtica implicación de la administración educativa, exigencia repetida hasta la saciedad por nuestro sindicato en los múltiples foros de negociación donde estamos presentes. Es indispensable potenciar en los centros los equipos de Mediación Escolar, integrados por profesores especialistas en gestión y resolución de conflictos. Estos especialistas, para desempeñar su función conciliadora en los centros, deberían contar con la debida formación, y la correspondiente retribución económica. Y si las medidas de mediación fracasan, cosa que puede acontecer porque no son una panacea, entonces quedaría expedita la vía disciplinaria tradicional. Ahora bien, en este caso apostamos por la urgente modificación de los reglamentos de Régimen Interno con el fin de agilizar la tramitación de los oportunos expedientes disciplinarios. Y por supuesto, todas estas actuaciones tendrían que desarrollarse en el marco de una normativa que de forma decidida reforzase la autoridad del profesorado
La próxima reforma de la Carta de Deberes y Derechos de alumnado, profesorado y familia, sería una buena ocasión para implementar todas las medidas antedichas. Esperemos que la voluntad anunciada por la administración de contar con todos los agentes sociales sea, en este caso, una realidad: la dignificación de la función docente, y con ello la propia calidad del sistema educativo, así lo exigen sin más demora. www.levante-emv.com
*
Potenciar en los centros los equipos de Mediación Escolar, integrados por profesores especialistas en gestión y resolución de conflictos· Si las medidas de mediación fracasan, entonces quedaría expedita la vía disciplinaria tradicional
VALENCIA 18 NOV. Sabido es cómo durante los últimos meses, los medios de comunicación se vienen preocupando periódicamente del fenómeno de la indisciplina en los centros educativos. De hecho, el súbito interés mostrado por los periodistas y políticos por una situación ya conocida, padecida y denunciada sin éxito por los sufridos docentes vino motivado por un terrible hecho: el desgraciado suicidio, en septiembre de 2004, de Jokin, adolescente de 14 años, víctima de un acoso sistemático por parte de sus compañeros. Tras este dramático suceso, el fenómeno de la indisciplina escolar se ha puesto de moda. Pero, inmersos como estamos en una sociedad poco dispuesta a reflexionar sobre los problemas que la aquejan, el asunto de la indisciplina escolar y sus manifestaciones, plasmadas en las agresiones entre alumnos así como contra los profesores, está recibiendo el mismo tratamiento que el que merecen otros asuntos similares: se frivolizan, incapaces de ahondar en sus causas, y ávidos de titulares sencillos se acaba trasmitiendo una mera caricatura de la realidad.
Ante esta situación, me gustaría compartir unas breves reflexiones que espero contribuyan a clarificar un poco el complejo escenario existente.
En primer lugar, quisiera recordar que durante los dos últimos cursos escolares, el sindicato CSI-CSIF al que represento, ha presentado en el seno de la Junta de Personal Docente de Valencia dos propuestas de resolución reclamando más disciplina en los centros docentes y más autoridad para los profesores, siendo tachados de defender trasnochados modelos de autoritarismo, y recibiendo el unánime rechazo de todas las restantes organizaciones sindicales. Curioso, cuando menos, si observamos la súbita preocupación de muchos de estos sindicatos por un tema que durante estos años les parecía meramente anecdótico. Posiblemente, el rechazo unánime de nuestras propuestas fue motivado por un prejuicio, muy extendido, que equipara autoridad con autoritarismo, establecimiento de límites y normas de conducta en el aula con imposición de modelos fascistoides. Mal camino seguimos si fijar unas normas de convivencia basadas en el mutuo respeto se interpreta como un intolerable ataque a la libertad de los adolescentes.
Por otra parte, cuando el Consell de la Generalitat, preocupado por los casos de indisciplina, preocupación que le honra, decidió crear, en octubre de 2004, el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros de la Comunitat Valenciana, aplaudimos la decisión, pero ya entonces manifestamos la conveniencia de contar para un tema de esta naturaleza con la opinión de todos los agentes sociales. Nuestro deseo no se vio cumplido y el máximo foro de participación de la comunidad docente, el Consejo Escolar Valenciano, ha desempeñado en las actuaciones de este Observatorio un papel meramente pasivo. Quizás la composición de este Observatorio responda a otro prejuicio también muy frecuente: la creencia de que reuniendo sesudos expertos, muy capacitados pero desconocedores de la realidad, en este caso, de la realidad de nuestras aulas, se pueden concebir magníficos programas de intervención. Desgraciadamente, los proyectos diseñados en los despachos, basados en las brillantes teorías, no se concilian bien con la cruda realidad.
En tercer lugar, quisiera recordar que, sin negar los numerosos episodios de indisciplina que perturban la convivencia en las aulas y generan un profundo malestar en el profesorado, también es cierto que resulta inaceptable el enfoque alarmista utilizado por muchos medios de comunicación, ávidos de incrementar su audiencia a cualquier precio. La frivolidad de este tratamiento mediático que no tiene reparos en emitir, como ha ocurrido recientemente, vídeos de agresiones para alentar el morbo revelan una sociedad profundamente irresponsable.
Finalmente, me gustaría manifestar mi convicción de que para afrontar con éxito la cuestión de la indisciplina se requiere la colaboración de todos los agentes sociales, no pudiendo responsabilizar únicamente a alguno de los sectores implicados. La excesiva permisividad de algunos padres contribuye, en ocasiones, a incrementar las conductas disruptivas, pero carece de sentido culpabilizarles, sosteniendo con rotundidad que «la indisciplina escolar se debe a la crisis de la autoridad familiar» [declaraciones de Savater en el Primer Congreso de Familia y Escuela celebrado en Valencia], amenazándoles además con sanciones económicas si no cumplen con sus obligaciones educativas. Con manifestaciones de este tipo más que la colaboración, lo que se consigue es incrementar los recelos y la crispación.
Para poder superar esta problemática, se requiere la auténtica implicación de la administración educativa, exigencia repetida hasta la saciedad por nuestro sindicato en los múltiples foros de negociación donde estamos presentes. Es indispensable potenciar en los centros los equipos de Mediación Escolar, integrados por profesores especialistas en gestión y resolución de conflictos. Estos especialistas, para desempeñar su función conciliadora en los centros, deberían contar con la debida formación, y la correspondiente retribución económica. Y si las medidas de mediación fracasan, cosa que puede acontecer porque no son una panacea, entonces quedaría expedita la vía disciplinaria tradicional. Ahora bien, en este caso apostamos por la urgente modificación de los reglamentos de Régimen Interno con el fin de agilizar la tramitación de los oportunos expedientes disciplinarios. Y por supuesto, todas estas actuaciones tendrían que desarrollarse en el marco de una normativa que de forma decidida reforzase la autoridad del profesorado
La próxima reforma de la Carta de Deberes y Derechos de alumnado, profesorado y familia, sería una buena ocasión para implementar todas las medidas antedichas. Esperemos que la voluntad anunciada por la administración de contar con todos los agentes sociales sea, en este caso, una realidad: la dignificación de la función docente, y con ello la propia calidad del sistema educativo, así lo exigen sin más demora. www.levante-emv.com
*
