La agresión de unos padres a profesores en Barcelona sería tipificada como atentado
La jueza suspende una vista por agresión y estudia reabrir el caso por vía penal
J.F. •22 NOV. BARCELONA La jueza del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona suspendió ayer el juicio a unos padres por faltas de amenazas y agresión a educadores del CEIP Eduard Marquina de Barcelona para estudiar si lo reabre por la vía penal, de manera que se pueda tipificar este acto como un delito de atentado.
Tanto la fiscal como la abogada de la acusación particular, ejercida por la Generalitat en tanto que los demandantes son funcionarios de esta administración, pidieron a la jueza que abriera diligencias previas por la vía penal y ésta accedió a estudiarlo.
Éste es el primer caso conocido en que se ha solicitado abrir diligencias en ese sentido, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, ordenara a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y la medicina.
Las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas", consideró el fiscal-jefe en su instrucción interna.
Si, además, el atentado se considera que es contra la autoridad, las penas oscilan entre los dos y los cuatro años, agregó.
Por otra parte, el Juzgado de Menores número 3 de Alicante dictó ayer una segunda orden de alejamiento por violencia escolar en menos de 24 horas, en esta ocasión contra una estudiante de 14 años acusada de agredir con una cuchilla o cutter en la cara a otra, según informaron a Efe fuentes judiciales.
Esta resolución se produce después de que el mismo juzgado emitiera el lunes una orden de alejamiento para proteger a un alumno de ESO de Elche que fue agredido, amenazado e insultado en tres ocasiones diferentes en el instituto Nit del Albá, en Elche, por parte de varios jóvenes. eCG
Una jueza estudia si la agresión a un profesor es delito
M. MARTÍNEZ / J. CASABELLA 22 NOV. BARCELONA
La juez de Instrucción número 33 de Barcelona decidió ayer aplazar un juicio de faltas contra los padres de un alumno por agredir y amenazar a dos profesoras del colegio barcelonés Eduard Marquina para estudiar si abre diligencias por un presunto delito de atentado a la autoridad. La fiscalía y la acusación particular lo habían pedido previamente.
Este posible cambio de calificación jurídica se produjo después de que, el pasado día 14, el fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, diera órdenes a sus fiscales de que acusaran de atentado a los autores de agresiones a profesores y médicos al entender que estos ejercen una función pública.
La letrada de la Generalitat desvinculó su decisión de la reciente instrucción en la fiscalía y aseguró que solicitó acusar de atentado después de comprobar que lo ocurrido guardaba un gran paralelismo con una agresión que sufrió un docente en un centro escolar de Santa Coloma de Gramenet en la que el juez del cambió la falta por delito.
Los hechos que debían enjuiciarse ayer ocurrieron hace unas semanas en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eduard Marquina, cuando los padres de un menor se negaron a pagar una cantidad simbólica para que el niño entrara antes y amenazaron a la directora y lesionaron a la jefa de estudios. elperiodico.com
Una jueza suspende juicio agresión y estudia reabrirlo por vía penal
La juez del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha suspendido hoy el juicio a unos padres por faltas de amenazas y agresión a educadores del CEIP Eduard Marquina de Barcelona para estudiar si lo reabre por la vía penal, de manera que se pueda tipificar este acto como un delito de atentado.
Tanto la fiscal como la abogada de la acusación particular, ejercida por la Generalitat en tanto que los demandantes son funcionarios de esta administración, han pedido a la juez que abriera diligencias previas por la vía penal y ésta ha accedido a estudiarlo.
Este es el primer caso conocido en que se ha solicitado abrir diligencias en ese sentido, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, ordenó a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y la medicina.
Las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión 'a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas', consideró el fiscal-jefe en su instrucción interna.
Si, además, el atentado se considera que es contra la autoridad, las penas oscilan entre los dos y los cuatro años, agregó.
En el juzgado número 33 se iba a juzgar hoy la agresión que sufrieron hace unas semanas la directora, la jefa de estudios y la conserje del CEIP Eduard Marquina de Barcelona por parte de los padres de un alumno.
Las tres demandantes recibieron amenazas de muerte en más de una ocasión y la jefa de estudios fue cogida por el cuello por parte de los padres de un alumno, que no han acudido hoy a la vista oral.
Los padres exigían que a su hijo, que cursa educación infantil en este centro, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
Terra Actualidad - EFE
Tanto la Fiscalía como la abogada de la Generalitat consideran que la gravedad de los hechos y las amenazas de muerte 'reiteradas' por parte de los denunciados, que hoy no se presentaron en el juzgado, son motivos para iniciar diligencias previas por la vía penal.
Por este motivo, y alegando que las tres afectadas 'no sólo son funcionarias sino también una autoridad', la letrada de la acusación particular y el Ministerio Fiscal apuntaron que la agresión podría tipificarse como un 'atentado a la autoridad', tal y como ordenó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, el pasado 14 de noviembre. Finalmente, la magistrada decidió suspender la vista para tomar una decisión al respecto.
Este el primer caso conocido en que la Fiscalía solicita que se abran diligencias penales por una agresión de este tipo, después de que Mena ordenara a los fiscales del TSJC que persigan como atentado a la autoridad los casos de agresiones a profesionales de la enseñanza y la sanidad públicas relacionadas con el ejercicio de su labor.
Las penas por atentado pueden suponer una condena de entre uno y tres años de prisión y, si se considera que el atentado es contra una autoridad, las penas pueden oscilar entre los dos y los cuatro años de cárcel.
Terra Actualidad - Europa Press
La jueza suspende una vista por agresión y estudia reabrir el caso por vía penal
J.F. •22 NOV. BARCELONA La jueza del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona suspendió ayer el juicio a unos padres por faltas de amenazas y agresión a educadores del CEIP Eduard Marquina de Barcelona para estudiar si lo reabre por la vía penal, de manera que se pueda tipificar este acto como un delito de atentado.
Tanto la fiscal como la abogada de la acusación particular, ejercida por la Generalitat en tanto que los demandantes son funcionarios de esta administración, pidieron a la jueza que abriera diligencias previas por la vía penal y ésta accedió a estudiarlo.
Éste es el primer caso conocido en que se ha solicitado abrir diligencias en ese sentido, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, ordenara a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y la medicina.
Las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas", consideró el fiscal-jefe en su instrucción interna.
Si, además, el atentado se considera que es contra la autoridad, las penas oscilan entre los dos y los cuatro años, agregó.
Por otra parte, el Juzgado de Menores número 3 de Alicante dictó ayer una segunda orden de alejamiento por violencia escolar en menos de 24 horas, en esta ocasión contra una estudiante de 14 años acusada de agredir con una cuchilla o cutter en la cara a otra, según informaron a Efe fuentes judiciales.
Esta resolución se produce después de que el mismo juzgado emitiera el lunes una orden de alejamiento para proteger a un alumno de ESO de Elche que fue agredido, amenazado e insultado en tres ocasiones diferentes en el instituto Nit del Albá, en Elche, por parte de varios jóvenes. eCG
Una jueza estudia si la agresión a un profesor es delito
M. MARTÍNEZ / J. CASABELLA 22 NOV. BARCELONA
La juez de Instrucción número 33 de Barcelona decidió ayer aplazar un juicio de faltas contra los padres de un alumno por agredir y amenazar a dos profesoras del colegio barcelonés Eduard Marquina para estudiar si abre diligencias por un presunto delito de atentado a la autoridad. La fiscalía y la acusación particular lo habían pedido previamente.
Este posible cambio de calificación jurídica se produjo después de que, el pasado día 14, el fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, diera órdenes a sus fiscales de que acusaran de atentado a los autores de agresiones a profesores y médicos al entender que estos ejercen una función pública.
La letrada de la Generalitat desvinculó su decisión de la reciente instrucción en la fiscalía y aseguró que solicitó acusar de atentado después de comprobar que lo ocurrido guardaba un gran paralelismo con una agresión que sufrió un docente en un centro escolar de Santa Coloma de Gramenet en la que el juez del cambió la falta por delito.
Los hechos que debían enjuiciarse ayer ocurrieron hace unas semanas en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eduard Marquina, cuando los padres de un menor se negaron a pagar una cantidad simbólica para que el niño entrara antes y amenazaron a la directora y lesionaron a la jefa de estudios. elperiodico.com
Una jueza suspende juicio agresión y estudia reabrirlo por vía penal
La juez del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha suspendido hoy el juicio a unos padres por faltas de amenazas y agresión a educadores del CEIP Eduard Marquina de Barcelona para estudiar si lo reabre por la vía penal, de manera que se pueda tipificar este acto como un delito de atentado.
Tanto la fiscal como la abogada de la acusación particular, ejercida por la Generalitat en tanto que los demandantes son funcionarios de esta administración, han pedido a la juez que abriera diligencias previas por la vía penal y ésta ha accedido a estudiarlo.
Este es el primer caso conocido en que se ha solicitado abrir diligencias en ese sentido, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, ordenó a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y la medicina.
Las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión 'a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas', consideró el fiscal-jefe en su instrucción interna.
Si, además, el atentado se considera que es contra la autoridad, las penas oscilan entre los dos y los cuatro años, agregó.
En el juzgado número 33 se iba a juzgar hoy la agresión que sufrieron hace unas semanas la directora, la jefa de estudios y la conserje del CEIP Eduard Marquina de Barcelona por parte de los padres de un alumno.
Las tres demandantes recibieron amenazas de muerte en más de una ocasión y la jefa de estudios fue cogida por el cuello por parte de los padres de un alumno, que no han acudido hoy a la vista oral.
Los padres exigían que a su hijo, que cursa educación infantil en este centro, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
Terra Actualidad - EFE
Tanto la Fiscalía como la abogada de la Generalitat consideran que la gravedad de los hechos y las amenazas de muerte 'reiteradas' por parte de los denunciados, que hoy no se presentaron en el juzgado, son motivos para iniciar diligencias previas por la vía penal.
Por este motivo, y alegando que las tres afectadas 'no sólo son funcionarias sino también una autoridad', la letrada de la acusación particular y el Ministerio Fiscal apuntaron que la agresión podría tipificarse como un 'atentado a la autoridad', tal y como ordenó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, el pasado 14 de noviembre. Finalmente, la magistrada decidió suspender la vista para tomar una decisión al respecto.
Este el primer caso conocido en que la Fiscalía solicita que se abran diligencias penales por una agresión de este tipo, después de que Mena ordenara a los fiscales del TSJC que persigan como atentado a la autoridad los casos de agresiones a profesionales de la enseñanza y la sanidad públicas relacionadas con el ejercicio de su labor.
Las penas por atentado pueden suponer una condena de entre uno y tres años de prisión y, si se considera que el atentado es contra una autoridad, las penas pueden oscilar entre los dos y los cuatro años de cárcel.
Terra Actualidad - Europa Press
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