EN FIRME · El pasado martes suspendió la vista de un inicial juicio de faltas para estudiar reabrirlo por vía penal, de manera que se pueda tipificar este acto como un delito de atentado.
BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) - Una juez de Barcelona ha tomado la decisión de abrir diligencias como delito de atentado a la autoridad un inicial juicio de faltas, derivado de la agresión y amenazas sufridas hace ahora un año por dos profesoras de un colegio barcelonés por parte de los padres de un alumno enojados porque el centro quiso cobrarles dinero para que el niño, matriculado en Infantil, entrara una hora antes al centro. Se trata de la primera vez que en España se produce la tramitación como delito de una agresión en el ámbito escolar y, en caso de producirse condena, conllevaría penas de entre uno y tres años de cárcel.
La decisión ha sido adoptada por la titular del juzgado número 33 de Barcelona, que ha tomado la decisión de aceptar la petición que realizó el fiscal y la acusación particular durante un juicio de faltos por este caso, que quedó suspendido semanas después de cometerse los hechos, en noviembre del año pasado, y ahora será retomado pero con imputación penal de atentado a la autoridad.
Aunque los hecho se produjeron hace un año, el cambio decidido por la juez en este asunto se produce poco después de que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, pidiera a los fiscales que trabajan en Cataluña que extremasen el celo en la aplicación de las penas correspondientes como delitos de atentados a la autoridad, en los casos de violencia en el ámbito escolar, en un contexto de crecientes casos de agresiones a docentes y escolares en colegios e institutos en toda España.
NO QUERIAN PAGAR POR LLEVAR EL NIÑO ANTES AL COLEGIO
El caso que se tramita ya como delito de agresión a la autoridad se produjo en el mes de noviembre del año pasado, en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eduard Marquina de Barcelona. Los padres de un alumno matriculado en Educación Infantil se negaron a pagar una cantidad de dinero, al parecer de escasa cuantía, que la dirección del centro solicitaba para que el niño entrase al colegio una hora antes del horario lectivo.
Además de negarse a pagar, los demandados, Juan V.A. y Monserrat V., se personaron en el centro y amenazaron de muerte a la directora del colegio, María Dolores C. Q., a la jefa de Estudios, Gloria Z. B., y a la conserje Carmen P. R., según explicó la acusación particular, que ejerce la Generalitat. Las amenazas desembocaron en agresión física a la jefa de Estudios, a quien cogieron por el cuello, causándole lesiones, tal y como consta en un parte médico aportado a la causa.
Aquellos hechos provocaron la convocatoria por los sindicatos docentes de una manifestación en Barcelona contra la violencia sobre el profesorado a la que asistieron unos 600 profesores. EP
>>8/11/06 Los profesores se manifiestan esta tarde en Barcelona contra la violencia en los centros escolares
La agresión verbal y física que sufrieron recientemente varios profesores del CEIP Eduard Marquina de Barcelona por parte de la familia de un alumno ha reabierto el debate sobre la escalada de violencia que se vive en los centros escolares y que, lamentablemente, "no son casos puntuales".
BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) - Una juez de Barcelona ha tomado la decisión de abrir diligencias como delito de atentado a la autoridad un inicial juicio de faltas, derivado de la agresión y amenazas sufridas hace ahora un año por dos profesoras de un colegio barcelonés por parte de los padres de un alumno enojados porque el centro quiso cobrarles dinero para que el niño, matriculado en Infantil, entrara una hora antes al centro. Se trata de la primera vez que en España se produce la tramitación como delito de una agresión en el ámbito escolar y, en caso de producirse condena, conllevaría penas de entre uno y tres años de cárcel.
La decisión ha sido adoptada por la titular del juzgado número 33 de Barcelona, que ha tomado la decisión de aceptar la petición que realizó el fiscal y la acusación particular durante un juicio de faltos por este caso, que quedó suspendido semanas después de cometerse los hechos, en noviembre del año pasado, y ahora será retomado pero con imputación penal de atentado a la autoridad.
Aunque los hecho se produjeron hace un año, el cambio decidido por la juez en este asunto se produce poco después de que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, pidiera a los fiscales que trabajan en Cataluña que extremasen el celo en la aplicación de las penas correspondientes como delitos de atentados a la autoridad, en los casos de violencia en el ámbito escolar, en un contexto de crecientes casos de agresiones a docentes y escolares en colegios e institutos en toda España.
NO QUERIAN PAGAR POR LLEVAR EL NIÑO ANTES AL COLEGIO
El caso que se tramita ya como delito de agresión a la autoridad se produjo en el mes de noviembre del año pasado, en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eduard Marquina de Barcelona. Los padres de un alumno matriculado en Educación Infantil se negaron a pagar una cantidad de dinero, al parecer de escasa cuantía, que la dirección del centro solicitaba para que el niño entrase al colegio una hora antes del horario lectivo.
Además de negarse a pagar, los demandados, Juan V.A. y Monserrat V., se personaron en el centro y amenazaron de muerte a la directora del colegio, María Dolores C. Q., a la jefa de Estudios, Gloria Z. B., y a la conserje Carmen P. R., según explicó la acusación particular, que ejerce la Generalitat. Las amenazas desembocaron en agresión física a la jefa de Estudios, a quien cogieron por el cuello, causándole lesiones, tal y como consta en un parte médico aportado a la causa.
Aquellos hechos provocaron la convocatoria por los sindicatos docentes de una manifestación en Barcelona contra la violencia sobre el profesorado a la que asistieron unos 600 profesores. EP
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La agresión verbal y física que sufrieron recientemente varios profesores del CEIP Eduard Marquina de Barcelona por parte de la familia de un alumno ha reabierto el debate sobre la escalada de violencia que se vive en los centros escolares y que, lamentablemente, "no son casos puntuales".
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