Las sanciones en los institutos por indisciplina, robo y agresiones pueden acabar con la expulsión definitiva
Los conflictos no surgen de un día para otro
VICTORIA BUENO/ J. MULA 27 NOV. ALICANTE La apertura de expedientes sancionadores a alumnos de entre 12 y 14 años por haber cometido faltas graves o muy graves en el instituto se ha disparado desde el curso anterior y todo apunta a que este índice va a ir a más a lo largo de este curso.
En el plazo máximo de un mes cualquier expediente abierto a un alumno por alguna indisciplina tiene que quedar resuelto, y como los expulsados en este curso empiezan a superar la cifra del curso pasado en el mismo periodo de tiempo se empieza a temer que las cifras que arrojan los casos de máxima sanción al alumnado y que acaban con la inhabilitación definitiva se incrementen todavía más.
De una media de 1.500 expedientes abiertos por curso a los estudiantes más indisciplinados en centros de toda la provincia entre los años 2001 a 2005, se ha pasado en el curso 2005-2006 a los 2.000. Además, mientras en los cursos anteriores el porcentaje de los casos que han acarreado las sanciones más graves contra los estudiantes sumaban un tercio del total (500), la última estadística oficial a la que ha tenido acceso este diario revela que ahora hasta la mitad de todas las faltas cometidas por los alumnos tienen la tipificación más grave (1.000), el doble que años anteriores, y es la que puede acabar con su expulsión definitiva del centro.
La inmensa mayoría de estas sanciones - el 90% del total entre todos los niveles educativos - se imponen a los alumnos de primero y segundo de Secundaria. En tercero de ESO ya disminuyen significativamente y en cuarto y Bachillerato, al igual que en Primaria, apenas tiene lugar alguna a lo largo de todo el curso. El nivel de la gravedad de la falta cometida por un alumno lo decide el juicio personal tanto del director del centro como del consejo escolar. De manera general el decreto que se aplica para determinar la gravedad de las acciones de un alumno - que data del año 92 - fija como sancionable cualquier acto de indisciplina, injuria y ofensa grave contra otro miembro de la comunidad escolar, así como las agresiones físicas o causar daños en el material o el mobiliario escolar. Cualquier acto que perturbe la convivencia escolar gravemente de manera injustificada, trampas para obtener más nota, robar o consumir o introducir drogas en el centro son asimismo acciones sancionables. Cuando todo este cúmulo de irregularidades en el comportamiento se realizan de forma sistemática alcanzan el calificativo de muy graves y son las que pueden originar una expulsión definitiva, pese a que son las menos en el cómputo total. En el conjunto de los institutos de la provincia el curso pasado se expulsó a más de medio centenar de alumnos de su centro (70), pero como se trata de menores en edad de escolarización obligatoria la Conselleria de Educación está obligada a buscarles otro centro, de ahí que en el argot de los propios jóvenes esta situación se conozca popularmente como «cambio de cromos» pese a la gravedad que implica llegar a este extremo.
Sin embargo esta consideración no dista mucho de la realidad porque el centro emisor de un alumno expulsado es a su vez receptor de otro, ya que cuenta con una vacante escolar que se ocupará en cuanto se produzca un caso similar de expulsión en otro instituto.
La totalidad de los directores consultados apuntan su reticencia a la hora de concluir un expediente con la expulsión definitiva del alumno protagonista porque saben que no soluciona el problema. Si en la localidad de turno no existen actuaciones coordinadas por el ayuntamiento para que los chicos expulsados de un centro acudan a talleres con trabajadores sociales que favorezcan de nuevo su integración social, este cupo de alumnado acaba engrosando la bolsa de abstención escolar y de motu propio dejan poco a poco de acudir a clase. Terminan vagando por las calles y provocando nuevos conflictos.
No obstante también señalan los directores consultados que en muchas ocasiones un cambio de centro puede resultar positivo para el alumno conflictivo. Habitualmente se trabaja con él de inmediato a través del psicopedagogo y el departamento de orientación, así como del mediador cuando el centro cuenta con esta figura profesional que tanto reclaman en general.
Diversas fuentes consultadas apuntan a que esta situación puede deberse al mimetismo que provoca conocer públicamente lo que sucede en otros centros. La publicación esta semana de sendas órdenes de alejamiento por violencia escolar a alumnos de Elche en el instituto Nit de l'Albá y Alicante en el instituto El Pla también creen que contribuye a que los centros más reticentes a la hora de tipificar con la máxima sanción las acciones más graves de los estudiantes, no lo duden tanto a partir de ahora. DI
Los conflictos no surgen de un día para otro
En Elche, la concejala de Educación, Encarna Marco explica que la última vez que se ha expulsado a un alumno de un instituto en esta ciudad se produjo el pasado año y se siguió el procedimiento habitual que es cambiarlo de centro. «Lo normal es que se expulse al alumno unos días, una semana o quince días, y en el caso de que esta medida no sea suficientes se procede a trasladarle de centro tras hablarlo con los padres». No obstante Marco señala que los alumnos conflictivos no surgen de un día para otro. «Se nota que son revoltosos a lo largo de varios cursos, y cuando los centros detectan que no atienden a clase o que están molestando a sus compañeros o simplemente van obligados al instituto, se opta por hacerles una adaptación curricular de modo que se les haga más llevadero el curso». De todos modos la edil corrobora que los más conflictivos suelen ser absentistas. Ante esta situación, los responsables educativos envían cartas informativas a los padres y si no adoptan medidas, se remiten los casos a la Policía Local y en última instancia a la Fiscalía del Menor, que puede incluso sancionar a los progenitores por eludir su responsabilidad.
Los conflictos no surgen de un día para otro
VICTORIA BUENO/ J. MULA 27 NOV. ALICANTE La apertura de expedientes sancionadores a alumnos de entre 12 y 14 años por haber cometido faltas graves o muy graves en el instituto se ha disparado desde el curso anterior y todo apunta a que este índice va a ir a más a lo largo de este curso.
En el plazo máximo de un mes cualquier expediente abierto a un alumno por alguna indisciplina tiene que quedar resuelto, y como los expulsados en este curso empiezan a superar la cifra del curso pasado en el mismo periodo de tiempo se empieza a temer que las cifras que arrojan los casos de máxima sanción al alumnado y que acaban con la inhabilitación definitiva se incrementen todavía más.
De una media de 1.500 expedientes abiertos por curso a los estudiantes más indisciplinados en centros de toda la provincia entre los años 2001 a 2005, se ha pasado en el curso 2005-2006 a los 2.000. Además, mientras en los cursos anteriores el porcentaje de los casos que han acarreado las sanciones más graves contra los estudiantes sumaban un tercio del total (500), la última estadística oficial a la que ha tenido acceso este diario revela que ahora hasta la mitad de todas las faltas cometidas por los alumnos tienen la tipificación más grave (1.000), el doble que años anteriores, y es la que puede acabar con su expulsión definitiva del centro.
La inmensa mayoría de estas sanciones - el 90% del total entre todos los niveles educativos - se imponen a los alumnos de primero y segundo de Secundaria. En tercero de ESO ya disminuyen significativamente y en cuarto y Bachillerato, al igual que en Primaria, apenas tiene lugar alguna a lo largo de todo el curso. El nivel de la gravedad de la falta cometida por un alumno lo decide el juicio personal tanto del director del centro como del consejo escolar. De manera general el decreto que se aplica para determinar la gravedad de las acciones de un alumno - que data del año 92 - fija como sancionable cualquier acto de indisciplina, injuria y ofensa grave contra otro miembro de la comunidad escolar, así como las agresiones físicas o causar daños en el material o el mobiliario escolar. Cualquier acto que perturbe la convivencia escolar gravemente de manera injustificada, trampas para obtener más nota, robar o consumir o introducir drogas en el centro son asimismo acciones sancionables. Cuando todo este cúmulo de irregularidades en el comportamiento se realizan de forma sistemática alcanzan el calificativo de muy graves y son las que pueden originar una expulsión definitiva, pese a que son las menos en el cómputo total. En el conjunto de los institutos de la provincia el curso pasado se expulsó a más de medio centenar de alumnos de su centro (70), pero como se trata de menores en edad de escolarización obligatoria la Conselleria de Educación está obligada a buscarles otro centro, de ahí que en el argot de los propios jóvenes esta situación se conozca popularmente como «cambio de cromos» pese a la gravedad que implica llegar a este extremo.
Sin embargo esta consideración no dista mucho de la realidad porque el centro emisor de un alumno expulsado es a su vez receptor de otro, ya que cuenta con una vacante escolar que se ocupará en cuanto se produzca un caso similar de expulsión en otro instituto.
La totalidad de los directores consultados apuntan su reticencia a la hora de concluir un expediente con la expulsión definitiva del alumno protagonista porque saben que no soluciona el problema. Si en la localidad de turno no existen actuaciones coordinadas por el ayuntamiento para que los chicos expulsados de un centro acudan a talleres con trabajadores sociales que favorezcan de nuevo su integración social, este cupo de alumnado acaba engrosando la bolsa de abstención escolar y de motu propio dejan poco a poco de acudir a clase. Terminan vagando por las calles y provocando nuevos conflictos.
No obstante también señalan los directores consultados que en muchas ocasiones un cambio de centro puede resultar positivo para el alumno conflictivo. Habitualmente se trabaja con él de inmediato a través del psicopedagogo y el departamento de orientación, así como del mediador cuando el centro cuenta con esta figura profesional que tanto reclaman en general.
Diversas fuentes consultadas apuntan a que esta situación puede deberse al mimetismo que provoca conocer públicamente lo que sucede en otros centros. La publicación esta semana de sendas órdenes de alejamiento por violencia escolar a alumnos de Elche en el instituto Nit de l'Albá y Alicante en el instituto El Pla también creen que contribuye a que los centros más reticentes a la hora de tipificar con la máxima sanción las acciones más graves de los estudiantes, no lo duden tanto a partir de ahora. DI
Los conflictos no surgen de un día para otro
En Elche, la concejala de Educación, Encarna Marco explica que la última vez que se ha expulsado a un alumno de un instituto en esta ciudad se produjo el pasado año y se siguió el procedimiento habitual que es cambiarlo de centro. «Lo normal es que se expulse al alumno unos días, una semana o quince días, y en el caso de que esta medida no sea suficientes se procede a trasladarle de centro tras hablarlo con los padres». No obstante Marco señala que los alumnos conflictivos no surgen de un día para otro. «Se nota que son revoltosos a lo largo de varios cursos, y cuando los centros detectan que no atienden a clase o que están molestando a sus compañeros o simplemente van obligados al instituto, se opta por hacerles una adaptación curricular de modo que se les haga más llevadero el curso». De todos modos la edil corrobora que los más conflictivos suelen ser absentistas. Ante esta situación, los responsables educativos envían cartas informativas a los padres y si no adoptan medidas, se remiten los casos a la Policía Local y en última instancia a la Fiscalía del Menor, que puede incluso sancionar a los progenitores por eludir su responsabilidad.
