Los profesores son funcionarios públicos pero no autoridad* · La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado la petición de dos sindicatos de enseñanza, CSI-CSIF y ANPE, para que las agresiones físicas y verbales que sufren los docentes sean tipificadas como un delito de atentado a la autoridad.
VALENCIA 28 NOV. En un decreto firmado ayer, el fiscal jefe, Ricard Cabedo, recuerda la legislación vigente y en base a ella concluye que «las agresiones y amenazas dirigidas contra funcionarios docentes se considerarán atentado a funcionario público y no a autoridad». El fiscal responde así a los escritos que le hicieron llegar los sindicatos CSI-CSIF, ANPE y STEPV en los que reclamaban una mayor protección jurídica para los docentes y un endurecimiento de las sanciones para quienes les atacan, ya sean alumnos o padres.
Frente a los otros dos sindicatos, STEPV era el único que defendía la persecución de las agresiones a los profesores como si de atentados a funcionarios públicos se tratara. La Fiscalía justifica su decisión en el artículo 24 del Código Penal, según el cual «el carácter de autoridad se reserva al que por sí o como miembro de órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia».
Los profesores, viene a decir el fiscal jefe, no son autoridad, aunque sí funcionarios públicos y el Código Penal, en su artículo 550, atribuye un delito de atentado a quienes «empleen fuerza contra ellos, les intimiden gravemente o hagan resistencia activa grave cuando estén ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas».
«Proteger a los docentes»
A pesar de este decreto, la Conselleria de Educación confirmó ayer que mantiene su intención de solicitar al Gobierno central un cambio en el Código Penal para que recoja como atentado contra la autoridad las agresiones a los docentes y se ponga así freno los casos de acoso y violencia escolar. De la misma forma, el abogado general de la Generalitat, José Marí Olano, mantendrá esta calificación en los casos en los que asuma la defensa de los profesores de los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana ante cualquier caso de agresión o amenazas por parte de los alumnos o de sus padres.
Desde la Generalitat Valenciana se considera que esta es la mejor forma de proteger a los docentes ante los cada vez más numerosos casos de agresiones, tal y como recogen las conclusiones del congreso «Familia y Escuela» celebrado en Valencia y en el que participaron expertos tanto nacionales como internacionales. abc.es
Ricard Cabedo
* Contrariamente [21/11/06], el abogado general de la Generalitat, José Marí Olano, dictaba una instrucción en la que ordenaba que sean considerados delitos de 'atentado contra la autoridad' aquellas agresiones con fuerza contra profesores durante el desempeño de su función.
También tendrían esta calificación la intimidación grave o la resistencia activa.
Los atentados contra la autoridad están castigados por el artículo 550 del Código Penal con penas de entre dos a cuatro años de cárcel.
Defensa gratuita para los profesores
Además, la Generalitat ha anunciado que se dispone a asumir la defensa de los ocho profesores que lo han solicitado hasta el momento por agresiones escolares.
El abogado general de la Generalitat, José Marí Olano, ha animado a los docentes que sean agredidos o sufran trato vejatorio en el ejercicio de su cargo a usar "esta vía de defensa totalmente gratuita" que ejercerá el cuerpo de letrados de la Generalitat. 20mintos.es
VALENCIA 28 NOV. En un decreto firmado ayer, el fiscal jefe, Ricard Cabedo, recuerda la legislación vigente y en base a ella concluye que «las agresiones y amenazas dirigidas contra funcionarios docentes se considerarán atentado a funcionario público y no a autoridad». El fiscal responde así a los escritos que le hicieron llegar los sindicatos CSI-CSIF, ANPE y STEPV en los que reclamaban una mayor protección jurídica para los docentes y un endurecimiento de las sanciones para quienes les atacan, ya sean alumnos o padres.
Frente a los otros dos sindicatos, STEPV era el único que defendía la persecución de las agresiones a los profesores como si de atentados a funcionarios públicos se tratara. La Fiscalía justifica su decisión en el artículo 24 del Código Penal, según el cual «el carácter de autoridad se reserva al que por sí o como miembro de órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia».
Los profesores, viene a decir el fiscal jefe, no son autoridad, aunque sí funcionarios públicos y el Código Penal, en su artículo 550, atribuye un delito de atentado a quienes «empleen fuerza contra ellos, les intimiden gravemente o hagan resistencia activa grave cuando estén ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas».
«Proteger a los docentes»
A pesar de este decreto, la Conselleria de Educación confirmó ayer que mantiene su intención de solicitar al Gobierno central un cambio en el Código Penal para que recoja como atentado contra la autoridad las agresiones a los docentes y se ponga así freno los casos de acoso y violencia escolar. De la misma forma, el abogado general de la Generalitat, José Marí Olano, mantendrá esta calificación en los casos en los que asuma la defensa de los profesores de los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana ante cualquier caso de agresión o amenazas por parte de los alumnos o de sus padres.
Desde la Generalitat Valenciana se considera que esta es la mejor forma de proteger a los docentes ante los cada vez más numerosos casos de agresiones, tal y como recogen las conclusiones del congreso «Familia y Escuela» celebrado en Valencia y en el que participaron expertos tanto nacionales como internacionales. abc.es
Ricard Cabedo
* Contrariamente [21/11/06], el abogado general de la Generalitat, José Marí Olano, dictaba una instrucción en la que ordenaba que sean considerados delitos de 'atentado contra la autoridad' aquellas agresiones con fuerza contra profesores durante el desempeño de su función.
También tendrían esta calificación la intimidación grave o la resistencia activa.
Los atentados contra la autoridad están castigados por el artículo 550 del Código Penal con penas de entre dos a cuatro años de cárcel.
Defensa gratuita para los profesores
Además, la Generalitat ha anunciado que se dispone a asumir la defensa de los ocho profesores que lo han solicitado hasta el momento por agresiones escolares.
El abogado general de la Generalitat, José Marí Olano, ha animado a los docentes que sean agredidos o sufran trato vejatorio en el ejercicio de su cargo a usar "esta vía de defensa totalmente gratuita" que ejercerá el cuerpo de letrados de la Generalitat. 20mintos.es
