La propuesta de Martín-Granizo será estudiada hoy durante la reunión de la Junta de Fiscales· El 50% de los alumnos violentos reinciden, según el Observatorio de Convivencia Escolar
VALLADOLID 29 NOV. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL), Manuel Martín-Granizo Santamaría, pedirá a la Junta de Fiscales Jefes de Castilla y León, que se celebrará hoy, que consideren las agresiones a los profesores como «un delito de atentando», según consta en una carta remitida al sindicato de profesores de enseñanza de Castilla y León, Ampe.
En el texto, Martín-Granizo añade que su Fiscalía «considera que las agresiones que pueda sufrir un empleado público en el ejercicio o como consecuencia del ejercicio de sus funciones son constitutivas, además del delito contra la integridad física que se corresponda, de un delito de atentado».
Por tanto, añade: «Es mi intención que esta consideración se aplicada en todas las fiscalías de la comunidad autónoma, razón por la cual la materia será estudiada en la Junta de Fiscales», concluyó el fiscal jefe del TSJCyL.
Precisamente ayer se celebró en Valladolid el pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León, durante el cual se puso de manifiesto que el 50% de los alumnos de Castilla y León que presentan algún tipo de conducta inadecuada o de violencia en las aulas de los centros escolares de la comunidad son reincidentes, según explicó el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola.
Así, durante el Pleno se acordó iniciar una investigación para conocer «cuáles son las causas» de la reincidencia de estas conductas violentas en la mitad de los escolares que presentan este tipo de actitudes y conocer cuál es el perfil de estos alumnos. Así, explicó que se tratará de conocer los problemas de tipo social, familiar o sanitario que hacen que estos escolares reincidan en sus comportamientos que «poco tienen que ver con el ámbito escolar», matizó.
Investigación sobre causas
La investigación parte, según el consejero, con el objetivo de «prevenir y atajar» estos comportamientos que, debido a que en la mayoría de las ocasiones tienen carácter social es necesario «buscar mecanismos de coordinación entre administraciones». En este sentido, Álvarez Guisasola recalcó que en los casos de acoso escolar intervienen además los servicios sanitarios, sociales, policiales y judiciales.
Esta fue una de las aportaciones realizadas por la Consejería de Educación en la reunión del Observatorio, si bien insistió en la creación de un decreto que regule los derechos y deberes de los alumnos y padres, que podría ver la luz en el transcurso de este curso y que se basará en el equilibrio de derechos y deberes, en el esfuerzo en la tipificación de actos contrarios a las normas y la graduación de su gravedad, así como el tratamiento de los plazos con el objetivo de simplificar el procedimiento. DdL
La mitad de los escolares con conductas violentas son reincidentes
El Observatorio para la Convivencia Escolar acuerda iniciar una investigación para conocer las causas y el perfil de estos alumnos con el fin de «prevenir y atajar» el problema
ICAL / VALLADOLID El 50 por ciento de los alumnos de Castilla y León que presentan algún tipo de conducta inadecuada o de violencia en las aulas de los centros escolares son reincidentes, tal y como subrayó el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola, tras la reunión del Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de la región.
Por ello, durante el Pleno se acordó iniciar una investigación para conocer «las causas» de la reincidencia y conocer el perfil de estos alumnos. Así, se tratará de conocer los problemas de tipo social, familiar o sanitario que hacen que estos escolares reincidan en sus comportamientos que «poco tienen que ver con el ámbito escolar», matizó Guisasola.
El objetivo es «prevenir y atajar» estos comportamientos y «buscar mecanismos de coordinación entre administraciones». En este sentido, Álvarez Guisasola recalcó que en los casos de acoso escolar intervienen además los servicios sanitarios, sociales, policiales y judiciales. Esta fue una de las aportaciones realizadas por la Consejería de Educación en la reunión del Observatorio, si bien insistió en la creación de un decreto que regule los derechos y deberes de los alumnos y padres, que podría ver la luz en este curso y que se basará en el equilibrio de derechos y deberes, en el esfuerzo en la tipificación de actos contrarios a las normas y la graduación de su gravedad, así como el tratamiento de los plazos con el objetivo de simplificar el procedimiento.
También se ocupará de reforzar la autoridad del docente con medidas correctoras de aplicación inmediata o la introducción de medidas reeducativas que siempre acompañarán a las sancionadoras y establecerá las responsabilidades y obligaciones de cumplimiento por parte de los padres.
apoyo psicológico. De la misma forma, se presentó la prestación externalizada de apoyo psicológico a las víctimas y agresores, así como la asistencia telefónica a los implicados y el apoyo jurídico al profesorado, además de un seguro para los centros públicos que cubra los actos vandálicos.
No obstante, los representantes del Pleno sugirieron que sería conveniente que el órgano recopilara también la información de los alumnos y señalaron la importancia de tener en cuenta los casos de acoso que se producen fuera del centro entre los alumnos.
Por su parte, Guisasola recalcó el incremento de implicación de los centros en el análisis de las incidencias, que se situó en el 92 por ciento de los centros escolares. Asimismo, subrayó que «solo la mitad de los centros reflejan algún tipo de incidencia» y el número de alumnos que presentan conductas inadecuadas fue del 1,6 por ciento, con 5.941 escolares, de los cuales 2.559 fueron reincidentes, que dieron lugar a 11.021 incidencias, de las que el 92 por ciento fueron de carácter leve.
La media del curso en los conflictos entre escolares se situó en 2.811 casos y el caso más grave de bulling la media fue de 15 casos por trimestre, 44 en total. DA
VALLADOLID 29 NOV. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL), Manuel Martín-Granizo Santamaría, pedirá a la Junta de Fiscales Jefes de Castilla y León, que se celebrará hoy, que consideren las agresiones a los profesores como «un delito de atentando», según consta en una carta remitida al sindicato de profesores de enseñanza de Castilla y León, Ampe.
En el texto, Martín-Granizo añade que su Fiscalía «considera que las agresiones que pueda sufrir un empleado público en el ejercicio o como consecuencia del ejercicio de sus funciones son constitutivas, además del delito contra la integridad física que se corresponda, de un delito de atentado».
Por tanto, añade: «Es mi intención que esta consideración se aplicada en todas las fiscalías de la comunidad autónoma, razón por la cual la materia será estudiada en la Junta de Fiscales», concluyó el fiscal jefe del TSJCyL.
Precisamente ayer se celebró en Valladolid el pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León, durante el cual se puso de manifiesto que el 50% de los alumnos de Castilla y León que presentan algún tipo de conducta inadecuada o de violencia en las aulas de los centros escolares de la comunidad son reincidentes, según explicó el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola.
Así, durante el Pleno se acordó iniciar una investigación para conocer «cuáles son las causas» de la reincidencia de estas conductas violentas en la mitad de los escolares que presentan este tipo de actitudes y conocer cuál es el perfil de estos alumnos. Así, explicó que se tratará de conocer los problemas de tipo social, familiar o sanitario que hacen que estos escolares reincidan en sus comportamientos que «poco tienen que ver con el ámbito escolar», matizó.
Investigación sobre causas
La investigación parte, según el consejero, con el objetivo de «prevenir y atajar» estos comportamientos que, debido a que en la mayoría de las ocasiones tienen carácter social es necesario «buscar mecanismos de coordinación entre administraciones». En este sentido, Álvarez Guisasola recalcó que en los casos de acoso escolar intervienen además los servicios sanitarios, sociales, policiales y judiciales.
Esta fue una de las aportaciones realizadas por la Consejería de Educación en la reunión del Observatorio, si bien insistió en la creación de un decreto que regule los derechos y deberes de los alumnos y padres, que podría ver la luz en el transcurso de este curso y que se basará en el equilibrio de derechos y deberes, en el esfuerzo en la tipificación de actos contrarios a las normas y la graduación de su gravedad, así como el tratamiento de los plazos con el objetivo de simplificar el procedimiento. DdL
La mitad de los escolares con conductas violentas son reincidentes
El Observatorio para la Convivencia Escolar acuerda iniciar una investigación para conocer las causas y el perfil de estos alumnos con el fin de «prevenir y atajar» el problema
ICAL / VALLADOLID El 50 por ciento de los alumnos de Castilla y León que presentan algún tipo de conducta inadecuada o de violencia en las aulas de los centros escolares son reincidentes, tal y como subrayó el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola, tras la reunión del Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de la región.
Por ello, durante el Pleno se acordó iniciar una investigación para conocer «las causas» de la reincidencia y conocer el perfil de estos alumnos. Así, se tratará de conocer los problemas de tipo social, familiar o sanitario que hacen que estos escolares reincidan en sus comportamientos que «poco tienen que ver con el ámbito escolar», matizó Guisasola.
El objetivo es «prevenir y atajar» estos comportamientos y «buscar mecanismos de coordinación entre administraciones». En este sentido, Álvarez Guisasola recalcó que en los casos de acoso escolar intervienen además los servicios sanitarios, sociales, policiales y judiciales. Esta fue una de las aportaciones realizadas por la Consejería de Educación en la reunión del Observatorio, si bien insistió en la creación de un decreto que regule los derechos y deberes de los alumnos y padres, que podría ver la luz en este curso y que se basará en el equilibrio de derechos y deberes, en el esfuerzo en la tipificación de actos contrarios a las normas y la graduación de su gravedad, así como el tratamiento de los plazos con el objetivo de simplificar el procedimiento.
También se ocupará de reforzar la autoridad del docente con medidas correctoras de aplicación inmediata o la introducción de medidas reeducativas que siempre acompañarán a las sancionadoras y establecerá las responsabilidades y obligaciones de cumplimiento por parte de los padres.
apoyo psicológico. De la misma forma, se presentó la prestación externalizada de apoyo psicológico a las víctimas y agresores, así como la asistencia telefónica a los implicados y el apoyo jurídico al profesorado, además de un seguro para los centros públicos que cubra los actos vandálicos.
No obstante, los representantes del Pleno sugirieron que sería conveniente que el órgano recopilara también la información de los alumnos y señalaron la importancia de tener en cuenta los casos de acoso que se producen fuera del centro entre los alumnos.
Por su parte, Guisasola recalcó el incremento de implicación de los centros en el análisis de las incidencias, que se situó en el 92 por ciento de los centros escolares. Asimismo, subrayó que «solo la mitad de los centros reflejan algún tipo de incidencia» y el número de alumnos que presentan conductas inadecuadas fue del 1,6 por ciento, con 5.941 escolares, de los cuales 2.559 fueron reincidentes, que dieron lugar a 11.021 incidencias, de las que el 92 por ciento fueron de carácter leve.
La media del curso en los conflictos entre escolares se situó en 2.811 casos y el caso más grave de bulling la media fue de 15 casos por trimestre, 44 en total. DA
