Los responsables de los institutos consideran imprescindible disponer de una normativa ágil que evite que las sanciones sean ineficaces
^{Oviedo / Gijón / Mieres, 28 NOV.} Los directores de los institutos de Secundaria del Principado respaldan la iniciativa del Ministerio y de la Consejería de Educación para otorgarles mayor poder, a partir del próximo curso, a la hora de sancionar los actos de indisciplina y expulsar a los alumnos que cometan las acciones más graves. Los responsables de los centros educativos consideran imprescindible disponer de una normativa ágil que evite las situaciones de ineficacia e incluso de indefensión que se están produciendo en la actualidad.

LA NUEVA ESPAÑA preguntó ayer por este asunto a varios directores. Éstas son sus opiniones.

Para Ángel de la Fuente, director del Instituto Arzobispo Valdés Salas de Oviedo, la redacción de los decretos de convivencia y de derechos y deberes del alumnado que prepara al Principado tiene que corregir el «dislate» del decreto de 1995: «El título II tiene veinticuatro artículos en los que se definen los derechos del alumnado, mientras que el título III tiene seis artículos en los que se definen los deberes. Sobran comentarios».

En su opinión, el nuevo documento de la Consejería debe establecer «una relación recíproca entre derechos y deberes» y no dejar al libre arbitrio de cada comunidad educativa la elaboración de las normas de convivencia «porque éstas tienen que ser idénticas para cualquier centro educativo al menos a nivel de la administración territorial».

De igual modo debe agilizarse el proceso de corrección tanto de las faltas de carácter leve como de las conductas que perjudican gravemente la convivencia «porque en estos momentos nos encontramos con un procedimiento lento y tedioso». De la Fuente tampoco es contrario a que se impongan multas, tal y como se han planteado algunas autonomías, como la de Valencia, a los padres cuyos hijos transgredan las normas del centro.

Francisco Diego Llaca, director del Instituto Alfonso II de Oviedo, sostiene el criterio de que el refuerzo de la autoridad del profesorado y el castigo inmediato «son la solución» para los desajustes en los centros, aunque considera que los equipos directivos ya tienen herramientas en la actualidad para expulsar a los alumnos más indisciplinados.

Amable López, director del IES Emilio Alarcos de Gijón, afirma que «la autoridad de los profesores tiene que valorarse de otra manera», porque los casos que están saliendo a la luz, «sean muchos o pocos, son muy serios». Por eso ve bien que los dirigentes actúen de otra manera «tanto en el plano social como en el educativo» porque el problema no es «sólo de los centros, y eso lo tiene que ver la sociedad».

Los centros educativos «no tienen medidas para atajar la conflictividad que provocan ciertos alumnos», por lo que «hay que hacer algo distinto a lo que se está haciendo ahora, ya que el trámite de los expedientes lo que hace es alargar el problema en el tiempo», apostilla.

El director del Instituto de Educación Secundaria del Batán de Mieres, José Ramón Escudero, también se muestra conforme con la medida para dar mayor poder a los centros educativos a la hora de sancionar a los estudiantes que cometan las acciones más graves. Aunque puntualiza que «esta iniciativa no será la panacea, ni llegará a solucionar el problema». Escudero resalta que «lo importante será que cuando los alumnos hagan algo mal se les pueda imponer un castigo de manera instantánea, ya que si se espera una semana se les olvida». Y destaca que «será muy positivo, ya que hay estudiantes que no conocen la relación entre acto y consecuencia».

Jorge Rodríguez, director del IES Mata Jove de Gijón, opina que la falta de autoridad del profesorado viene derivada del decreto autonómico de 1995, porque en aquella normativa «se incidía demasiado en los derechos de los alumnos, olvidándose de sus obligaciones». Por otro lado, se llevó a cabo «una burocratización de los expedientes» que, como explica Rodríguez, «lo único que hizo es alargar el proceso sancionador al alumnos y quitar autoridad a los profesores».

Otro problema que surgió fue confundir «estructura democrática con legitimidad democrática en los centros». Por ese motivo, «me parece un avance positivo volver a dotar de poder ejecutivo a los equipos directivos».

Julián Dizy, responsable del IES N.º1 gijonés, señala que el problema de la conflictividad en los centros es un asunto complicado porque «hay alumnos que saben que es muy difícil que se les eche indefinidamente y si se les manda para casa hay que ponerles tareas para practiquen y no se interrumpa su proceso educativo». Además, como él mismo reconoce, si la otra opción es cambiarle al centro de enfrente, «ésa no es una solución, porque los problemas van a seguir ahí». lne.es