INFORME· La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha exigido a las administraciones públicas que destinen más recursos y profesionales a la atención de los cerca de 6.000 menores que, según estima, viven en Barcelona en una "grave" situación de riesgo o vulnerabilidad.
Barcelona. 30 NOV (EFE).- Malla ha presentado hoy el informe "Los derechos de la infancia en riesgo en Barcelona y propuestas para garantizarlos", documento que ha elaborado a partir de las quejas recibidas en su institución sobre esta problemática, que cuantitativamente son un número reducido, pero que evidencian que el sistema de protección de menores "no funciona".
El informe indica que en la capital catalana hay más de 2.000 niños que viven con familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, por lo que sus condiciones económicas y sociales "son de una gran precariedad".
De la misma manera, más de 2.900 menores son atendidos por los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) del ayuntamiento de Barcelona por encontrarse en una situación de "alto riesgo social", y centenares de menos inmigrantes solos malviven en la ciudad, en muchas ocasiones sin estar siquiera bajo la tutela de la Generalitat.
Según estos datos, el número de menores en situación de vulnerabilidad o riesgo social en la ciudad de Barcelona estaría, pues, alrededor de los 6.000, cifra que representaría entre un dos o un tres por ciento de esta franja de población, que conforman unos 230.000 menores.
Se trata, ha señalado Malla, de niños maltratados, que viven en viviendas en malas condiciones y que son utilizados por sus progenitores para mendigar, así como de adolescentes rebeldes sin apoyo familiar o de menores inmigrantes solos no acompañados, resultado de la falta de políticas preventivas y educativas impulsadas desde las administraciones autonómica y local.
Para mejorar la atención que se dispensa a la infancia, Malla propone incrementar considerablemente el número de educadores sociales que trabajan en la atención social primaria, dado que la actual ratio de dos trabajadores sociales y un educador por cada 15.000 habitantes es "muy insuficiente" para abarcar el trabajo de prevención y de intervención continuada que sería necesario llevar a cabo.
En este sentido, Malla ha recordado que "sólo el 40 por ciento de los casos de desamparo asumidos por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat han sido detectados por los servicios de atención primaria" de Barcelona, que asisten cada año a unos 4.000 menores.
Para la Síndica, otra de las medidas que se debería extender es el servicio de atención domiciliaria, pues permite no sólo hacer un seguimiento del menor, sino también trabajar con la familia para reconducir conductas que van en detrimento de los más pequeños.
"Realizando acción preventiva y educativa se podría evitar el internamiento de los menores o la actuación de la DGAIA", ha asegurado Malla, que ha lamentado la escasez de recursos con que cuentan actualmente los servicios de atención a la infancia. "Ni la disponibilidad de educadores sociales, ni el servicio de atención a domicilio, ni los servicios de centros abiertos de Barcelona están dotados adecuadamente.
Convendría que la futura ley de servicios sociales levantara el rango normativo de estas obligaciones municipales y previera medios de financiación", ha subrayado Pilar Malla.
Para la Síndica, el objetivo de este informe es poner de manifiesto la problemática que existe, exigir más recursos por parte de las dos administraciones y alertar de la necesidad de poner los medios suficientes para evitar que muchos de los menores en situación de riesgo "puedan llegar a prisión". Según datos de la Síndica, sólo en el último año los juzgados de menores han aplicado medidas penales a 2.032 adolescentes de la comarca del Barcelonès. LV
Más educadores sociales
Para mejorar la atención que se dispensa a la infancia, Malla propone incrementar considerablemente el número de educadores sociales que trabajan en la atención social primaria, dado que la actual ratio de dos trabajadores sociales y un educador por cada 15.000 habitantes es "muy insuficiente" para abarcar el trabajo de prevención y de intervención continuada que sería necesario llevar a cabo.
Malla ha recordado que "solo el 40% de los casos de desamparo asumidos por la Direcció General d'Atenció a la Infància y la Adolescència (DGAIA) de la Generalitat han sido detectados por los servicios de atención primaria" de Barcelona, que asisten cada año a unos 4.000 menores. EP
Barcelona. 30 NOV (EFE).- Malla ha presentado hoy el informe "Los derechos de la infancia en riesgo en Barcelona y propuestas para garantizarlos", documento que ha elaborado a partir de las quejas recibidas en su institución sobre esta problemática, que cuantitativamente son un número reducido, pero que evidencian que el sistema de protección de menores "no funciona".
El informe indica que en la capital catalana hay más de 2.000 niños que viven con familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, por lo que sus condiciones económicas y sociales "son de una gran precariedad".
De la misma manera, más de 2.900 menores son atendidos por los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) del ayuntamiento de Barcelona por encontrarse en una situación de "alto riesgo social", y centenares de menos inmigrantes solos malviven en la ciudad, en muchas ocasiones sin estar siquiera bajo la tutela de la Generalitat.
Según estos datos, el número de menores en situación de vulnerabilidad o riesgo social en la ciudad de Barcelona estaría, pues, alrededor de los 6.000, cifra que representaría entre un dos o un tres por ciento de esta franja de población, que conforman unos 230.000 menores.
Se trata, ha señalado Malla, de niños maltratados, que viven en viviendas en malas condiciones y que son utilizados por sus progenitores para mendigar, así como de adolescentes rebeldes sin apoyo familiar o de menores inmigrantes solos no acompañados, resultado de la falta de políticas preventivas y educativas impulsadas desde las administraciones autonómica y local.
Para mejorar la atención que se dispensa a la infancia, Malla propone incrementar considerablemente el número de educadores sociales que trabajan en la atención social primaria, dado que la actual ratio de dos trabajadores sociales y un educador por cada 15.000 habitantes es "muy insuficiente" para abarcar el trabajo de prevención y de intervención continuada que sería necesario llevar a cabo.
En este sentido, Malla ha recordado que "sólo el 40 por ciento de los casos de desamparo asumidos por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat han sido detectados por los servicios de atención primaria" de Barcelona, que asisten cada año a unos 4.000 menores.
Para la Síndica, otra de las medidas que se debería extender es el servicio de atención domiciliaria, pues permite no sólo hacer un seguimiento del menor, sino también trabajar con la familia para reconducir conductas que van en detrimento de los más pequeños.
"Realizando acción preventiva y educativa se podría evitar el internamiento de los menores o la actuación de la DGAIA", ha asegurado Malla, que ha lamentado la escasez de recursos con que cuentan actualmente los servicios de atención a la infancia. "Ni la disponibilidad de educadores sociales, ni el servicio de atención a domicilio, ni los servicios de centros abiertos de Barcelona están dotados adecuadamente.
Convendría que la futura ley de servicios sociales levantara el rango normativo de estas obligaciones municipales y previera medios de financiación", ha subrayado Pilar Malla.
Para la Síndica, el objetivo de este informe es poner de manifiesto la problemática que existe, exigir más recursos por parte de las dos administraciones y alertar de la necesidad de poner los medios suficientes para evitar que muchos de los menores en situación de riesgo "puedan llegar a prisión". Según datos de la Síndica, sólo en el último año los juzgados de menores han aplicado medidas penales a 2.032 adolescentes de la comarca del Barcelonès. LV
Más educadores sociales
Para mejorar la atención que se dispensa a la infancia, Malla propone incrementar considerablemente el número de educadores sociales que trabajan en la atención social primaria, dado que la actual ratio de dos trabajadores sociales y un educador por cada 15.000 habitantes es "muy insuficiente" para abarcar el trabajo de prevención y de intervención continuada que sería necesario llevar a cabo.
Malla ha recordado que "solo el 40% de los casos de desamparo asumidos por la Direcció General d'Atenció a la Infància y la Adolescència (DGAIA) de la Generalitat han sido detectados por los servicios de atención primaria" de Barcelona, que asisten cada año a unos 4.000 menores. EP
