Riopedre promete en la Junta «ejercer acciones legales» en favor de las víctimas siempre que haya indicios de delito· La consejería encargará a la Universidad la formación de docentes para ejercer de mediadores en los conflictos
RAÚL ÁLVAREZ/OVIEDO La Consejería de Educación saldrá en defensa de todos los centros y profesores afectados por casos de violencia escolar. Su titular, José Luis Iglesias Riopedre, se comprometió ayer ante el pleno de la Junta General del Principado a «actuar de oficio y ejercer las acciones legales oportunas en defensa del honor» de las víctimas cada vez que se presenten «acusaciones por hechos ilícitos» en colegios o institutos asturianos.
El consejero remató con esa promesa una comparecencia a petición propia en el Parlamento regional para informar a los diputados del contenido del acuerdo contra los episodios de indisciplina en el sistema educativo que suscribieron el pasado martes el Gobierno regional y una treintena de organizaciones empresariales y sociales. Riopedre defendió la utilidad de ese gran pacto como una herramienta útil para abordar «un problema con raíces en estratos profundos. No puede afrontarse con éxito sólo desde la enseñanza, aunque la educación tenga un papel esencial», afirmó. La intervención del consejero, que duró casi una hora en un hemiciclo con media ocupación, desgranó las principales medidas contenidas en un pacto que busca reforzar la imagen y el prestigio social de los profesores e implantar nuevos mecanismos para la resolución de los conflictos de los alumnos.
Medalla al mérito
Entre las novedades, Riopedre destacó la elaboración de una carta de derechos y deberes de los alumnos y la colaboración de la Universidad de Oviedo para formar a docentes capaces de actuar como mediadores al primer indicio de problemas. Los programas de Magisterio y del curso de formación pedagógica para profesores de secundaria incluirán esas técnicas. En cuanto al reconocimiento del trabajo de los profesores, la Administración regional concederá una medalla al mérito educativo a las personas que destaquen por sus iniciativas para mejorar la convivencia y una placa a los centros que mejor las pongan en práctica.
El Principado también recuperará las escuelas de padres para permitir a las familias una participación más estrecha en la educación de sus hijos. Educación incluso dejará la puerta abierta a su intervención en los procedimientos sancionadores para que puedan tener voz en los casos en que sea necesario un castigo.
Todos los grupos políticos de la cámara compartieron con el consejero la preocupación por un problema real y muy presente para la sociedad, aunque Riopedre evitó cargar las tintas con el pesimismo. A su juicio, la comunidad escolar asturiana está bien preparada para combatir la violencia gracias a las políticas de prevención de los últimos cursos, que incluyen la ampliación de las tutorías, la reducción de los grupos a un máximo de 20 estudiantes y la atención personalizada a las necesidades de los inmigrantes. elcomerciodigital
RAÚL ÁLVAREZ/OVIEDO La Consejería de Educación saldrá en defensa de todos los centros y profesores afectados por casos de violencia escolar. Su titular, José Luis Iglesias Riopedre, se comprometió ayer ante el pleno de la Junta General del Principado a «actuar de oficio y ejercer las acciones legales oportunas en defensa del honor» de las víctimas cada vez que se presenten «acusaciones por hechos ilícitos» en colegios o institutos asturianos.
El consejero remató con esa promesa una comparecencia a petición propia en el Parlamento regional para informar a los diputados del contenido del acuerdo contra los episodios de indisciplina en el sistema educativo que suscribieron el pasado martes el Gobierno regional y una treintena de organizaciones empresariales y sociales. Riopedre defendió la utilidad de ese gran pacto como una herramienta útil para abordar «un problema con raíces en estratos profundos. No puede afrontarse con éxito sólo desde la enseñanza, aunque la educación tenga un papel esencial», afirmó. La intervención del consejero, que duró casi una hora en un hemiciclo con media ocupación, desgranó las principales medidas contenidas en un pacto que busca reforzar la imagen y el prestigio social de los profesores e implantar nuevos mecanismos para la resolución de los conflictos de los alumnos.
Medalla al mérito
Entre las novedades, Riopedre destacó la elaboración de una carta de derechos y deberes de los alumnos y la colaboración de la Universidad de Oviedo para formar a docentes capaces de actuar como mediadores al primer indicio de problemas. Los programas de Magisterio y del curso de formación pedagógica para profesores de secundaria incluirán esas técnicas. En cuanto al reconocimiento del trabajo de los profesores, la Administración regional concederá una medalla al mérito educativo a las personas que destaquen por sus iniciativas para mejorar la convivencia y una placa a los centros que mejor las pongan en práctica.
El Principado también recuperará las escuelas de padres para permitir a las familias una participación más estrecha en la educación de sus hijos. Educación incluso dejará la puerta abierta a su intervención en los procedimientos sancionadores para que puedan tener voz en los casos en que sea necesario un castigo.
Todos los grupos políticos de la cámara compartieron con el consejero la preocupación por un problema real y muy presente para la sociedad, aunque Riopedre evitó cargar las tintas con el pesimismo. A su juicio, la comunidad escolar asturiana está bien preparada para combatir la violencia gracias a las políticas de prevención de los últimos cursos, que incluyen la ampliación de las tutorías, la reducción de los grupos a un máximo de 20 estudiantes y la atención personalizada a las necesidades de los inmigrantes. elcomerciodigital
