La Unión Europea toma medidas contra la difusión indiscriminada de videojuegos y películas violentas
EDITORIAL · VOCENTO 17 ENE. · Así no se juega
La Unión Europea ha decidido tomar medidas contra la difusión indiscriminada de videojuegos violentos y de películas de agresividad extrema después de admitir que el sistema de autorregulación -código PEGI- lanzado en 2003 por la industria, y que clasifica a los juegos por categorías de edad y contenido en 16 países de la UE, no es suficiente. Los ministros europeos de Justicia e Interior se han mostrado ayer dispuestos a poner coto a la circulación de videojuegos violentos y han anunciado la preparación de un catálogo de sanciones que evite la venta de estos productos a los menores de edad. Desgraciadamente, la conveniencia de que los poderes públicos intervengan en este asunto es tan urgente -casi la mitad de los menores que los usan reconocen su total preferencia por los de contenido más agresivo- como complicado acordar unas medidas que sean realmente efectivas.
Regular, en una economía de libre mercado, un sector que sólo en nuestro país cuenta con casi nueve millones de consumidores y acapara el 35% del ocio audiovisual, por encima incluso de la televisión, no va a resultar una tarea legislativa fácil. Como demuestra el hecho de que el Consejo informal celebrado en Dresde no haya ido más allá de sugerir la conveniencia de armonizar las leyes de los veintisiete Estados miembros. El empleo de mensajes dirigidos a los más jóvenes con unos fines comerciales claros pero nocivos ha llegado al despropósito de que se haya lanzado al mercado hace pocos meses un video para jugar al acoso escolar. Y sin embargo, al estar los videojuegos en la frontera entre la libertad de expresión y la protección social de los menores, a lo más que puede llegar la UE, como reconocía el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, es a establecer listas negras para advertir sobre los videojuegos más perniciosos; poca cosa ante una industria que fabrica parte de sus productos fuera de Europa y utiliza la Red como un imparable canal de distribución.
De forma semejante a otros retos relacionados con la educación y las conductas sociales, la defensa de la sociedad ante un peligro como es la banalización de la violencia extrema mediante su canalización a través de un medio de entretenimiento, depende sólo en parte de las autoridades. O al menos esta tutela queda hoy por hoy restringida a los delitos relativos a la incitación a conculcar derechos fundamentales y libertades públicas, tipificados penalmente en el artículo 510 de nuestro Código Penal. La experiencia ha demostrado sobradamente que cualquier iniciativa de disuasión será inútil si no va de la mano de un compromiso real de los padres en controlar lo que los menores utilizan en sus consolas, algo en lo que ellos deben ser los primeros interesados. VOCENTO LV
La Unión Europea ha decidido tomar medidas contra la difusión indiscriminada de videojuegos violentos y de películas de agresividad extrema después de admitir que el sistema de autorregulación -código PEGI- lanzado en 2003 por la industria, y que clasifica a los juegos por categorías de edad y contenido en 16 países de la UE, no es suficiente. Los ministros europeos de Justicia e Interior se han mostrado ayer dispuestos a poner coto a la circulación de videojuegos violentos y han anunciado la preparación de un catálogo de sanciones que evite la venta de estos productos a los menores de edad. Desgraciadamente, la conveniencia de que los poderes públicos intervengan en este asunto es tan urgente -casi la mitad de los menores que los usan reconocen su total preferencia por los de contenido más agresivo- como complicado acordar unas medidas que sean realmente efectivas.
Regular, en una economía de libre mercado, un sector que sólo en nuestro país cuenta con casi nueve millones de consumidores y acapara el 35% del ocio audiovisual, por encima incluso de la televisión, no va a resultar una tarea legislativa fácil. Como demuestra el hecho de que el Consejo informal celebrado en Dresde no haya ido más allá de sugerir la conveniencia de armonizar las leyes de los veintisiete Estados miembros. El empleo de mensajes dirigidos a los más jóvenes con unos fines comerciales claros pero nocivos ha llegado al despropósito de que se haya lanzado al mercado hace pocos meses un video para jugar al acoso escolar. Y sin embargo, al estar los videojuegos en la frontera entre la libertad de expresión y la protección social de los menores, a lo más que puede llegar la UE, como reconocía el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, es a establecer listas negras para advertir sobre los videojuegos más perniciosos; poca cosa ante una industria que fabrica parte de sus productos fuera de Europa y utiliza la Red como un imparable canal de distribución.
De forma semejante a otros retos relacionados con la educación y las conductas sociales, la defensa de la sociedad ante un peligro como es la banalización de la violencia extrema mediante su canalización a través de un medio de entretenimiento, depende sólo en parte de las autoridades. O al menos esta tutela queda hoy por hoy restringida a los delitos relativos a la incitación a conculcar derechos fundamentales y libertades públicas, tipificados penalmente en el artículo 510 de nuestro Código Penal. La experiencia ha demostrado sobradamente que cualquier iniciativa de disuasión será inútil si no va de la mano de un compromiso real de los padres en controlar lo que los menores utilizan en sus consolas, algo en lo que ellos deben ser los primeros interesados. VOCENTO LV
