Los alumnos estarán obligados a reparar o «hacerse cargo del coste económico» de los daños que causen, «de forma intencionada o por negligencia»
MADRID 20 FEB· El borrador de decreto que ha remitido el Gobierno regional al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid es un código que regula y tipifica qué actitudes pueden ser objeto de sanción y cuál es su castigo. Este reglamento tiene que ser aprobado por esta organismo y, posteriormente, ser complementado desde los centros educativos de la Comunidad con un plan de convivencia. La intención del Gobierno regional es que esté vigente a principios del próximo curso.
El reglamento no sólo prohíbe el uso de móviles o videoconsolas. También exige cosas tan obvias como la asistencia a clase, la puntualidad o la realización de los trabajos que los profesores manden. Todos los profesores podrá imponer sanciones si las faltas son leves; por ejemplo, requisar el móvil a un escolar o la privación del tiempo de recreo. Los alumnos estarán obligados a reparar o «hacerse cargo del coste económico» de los daños que causen, «de forma intencionada o por negligencia» a las instalaciones, materiales del centro y a pertenencias de compañeros.
Comunicación a la Policía
Serán los directores los que resuelvan las faltas graves y muy graves, aunque tendrán que dar cuentas de sus resoluciones a una comisión que tendrá que crearse en cada consejo escolar. Éstos podrán corregir «todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar, cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa», se afirma en el borrador.
Si estos actos, o los que se cometan en el interior de los centros son constitutivos de delito o falta penal, los profesores y el equipo directivo del centro tendrán la obligación de comunicarlos a la Policía o la Fiscalía.
Alarma social
Como en los códigos, el decreto advierte que «deberán tenerse en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables». También considera, como circunstancias agravantes «el uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro». De igual forma se tipifica el daño «a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro», así como «las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica».
El articulado abre la puerta a un sistema vigente en países centroeuropeos y que ya se ha ensayado en España: la mediación entre alumnos. Este procedimiento de resolución de conflictos entre escolares requiere de la intervención de un adulto, que ayudará a los menores «a obtener por ellos mismos un acuerdo satisfactorio». G. ZANZA/ ABC
ALUMNOS AYUDANTES Y MEDIADORES
En el ministerio de Educación y Ciencia no consta cuántos centros llevan a cabo en España iniciativas de prevención de la violencia escolar, porque depende de las comunidades. En la de Madrid, 64 centros públicos, con 1.241 profesores y 23.905 alumnos, participaron en el curso 2005-2006 en el programa 'convivir es vivir', del que surgen figuras: alumnos ayudantes y mediadores, que reciben formación específica.
El Instituto de Enseñanza Secundaria Pradolongo, en el distrito madrileño de Usera, con 700 alumnos -la mitad estudiantes de ESO- y un 52 por ciento de inmigración de 19 nacionalidades, según su director, Jesús Pérez, es uno de los pioneros en esta práctica, que puso en marcha hace una década.
En este Instituto, un equipo de 25-30 alumnos y algunos profesores participan voluntariamente en tareas de mediación y ayuda.
Los 'alumnos ayudantes', tres por clase en los cursos de ESO -donde el problema es más álgido- son los que conocen a sus compañeros y detectan cuando empieza a haber malos entendidos o pequeñas peleas, explicó a Efe la coordinadora, Isabel Fernández.
Entonces intervienen para aclarar las cosas y que no vaya a más.
En asuntos de mayor gravedad, y si no hay entendimiento entre las partes, se recurre al 'mediador' para llegar a acuerdos propios que deben cumplirse.
En general, estos adolescentes se centran en mejorar las relaciones, acogen a los recién llegados o amparan a los que son retraídos o aislados, hablando con ellos, acompañándoles.... 'Su función es estar muy atentos en el día a día'.
El alumno ayudante, dice la profesora, 'es perfecto y maravilloso para tratar los temas de acoso escolar', problema del que -afirma-
'ningún centro se salva: son niños, jóvenes, y es lógico que haya conflictos. Otra cosa es que algunos lo escondan, porque da mala imagen'.
El objetivo del proyecto es implicar a los alumnos en la mejora de la convivencia, enseñarles 'a negociar sus problemas de forma pacífica. Es un aprendizaje para la vida', asegura Isabel Fernández. terra - EFE
MADRID 20 FEB· El borrador de decreto que ha remitido el Gobierno regional al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid es un código que regula y tipifica qué actitudes pueden ser objeto de sanción y cuál es su castigo. Este reglamento tiene que ser aprobado por esta organismo y, posteriormente, ser complementado desde los centros educativos de la Comunidad con un plan de convivencia. La intención del Gobierno regional es que esté vigente a principios del próximo curso.
El reglamento no sólo prohíbe el uso de móviles o videoconsolas. También exige cosas tan obvias como la asistencia a clase, la puntualidad o la realización de los trabajos que los profesores manden. Todos los profesores podrá imponer sanciones si las faltas son leves; por ejemplo, requisar el móvil a un escolar o la privación del tiempo de recreo. Los alumnos estarán obligados a reparar o «hacerse cargo del coste económico» de los daños que causen, «de forma intencionada o por negligencia» a las instalaciones, materiales del centro y a pertenencias de compañeros.
Comunicación a la Policía
Serán los directores los que resuelvan las faltas graves y muy graves, aunque tendrán que dar cuentas de sus resoluciones a una comisión que tendrá que crearse en cada consejo escolar. Éstos podrán corregir «todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar, cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa», se afirma en el borrador.
Si estos actos, o los que se cometan en el interior de los centros son constitutivos de delito o falta penal, los profesores y el equipo directivo del centro tendrán la obligación de comunicarlos a la Policía o la Fiscalía.
Alarma social
Como en los códigos, el decreto advierte que «deberán tenerse en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables». También considera, como circunstancias agravantes «el uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro». De igual forma se tipifica el daño «a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro», así como «las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica».
El articulado abre la puerta a un sistema vigente en países centroeuropeos y que ya se ha ensayado en España: la mediación entre alumnos. Este procedimiento de resolución de conflictos entre escolares requiere de la intervención de un adulto, que ayudará a los menores «a obtener por ellos mismos un acuerdo satisfactorio». G. ZANZA/ ABC
En el ministerio de Educación y Ciencia no consta cuántos centros llevan a cabo en España iniciativas de prevención de la violencia escolar, porque depende de las comunidades. En la de Madrid, 64 centros públicos, con 1.241 profesores y 23.905 alumnos, participaron en el curso 2005-2006 en el programa 'convivir es vivir', del que surgen figuras: alumnos ayudantes y mediadores, que reciben formación específica.
El Instituto de Enseñanza Secundaria Pradolongo, en el distrito madrileño de Usera, con 700 alumnos -la mitad estudiantes de ESO- y un 52 por ciento de inmigración de 19 nacionalidades, según su director, Jesús Pérez, es uno de los pioneros en esta práctica, que puso en marcha hace una década.
En este Instituto, un equipo de 25-30 alumnos y algunos profesores participan voluntariamente en tareas de mediación y ayuda.
Los 'alumnos ayudantes', tres por clase en los cursos de ESO -donde el problema es más álgido- son los que conocen a sus compañeros y detectan cuando empieza a haber malos entendidos o pequeñas peleas, explicó a Efe la coordinadora, Isabel Fernández.
Entonces intervienen para aclarar las cosas y que no vaya a más.
En asuntos de mayor gravedad, y si no hay entendimiento entre las partes, se recurre al 'mediador' para llegar a acuerdos propios que deben cumplirse.
En general, estos adolescentes se centran en mejorar las relaciones, acogen a los recién llegados o amparan a los que son retraídos o aislados, hablando con ellos, acompañándoles.... 'Su función es estar muy atentos en el día a día'.
El alumno ayudante, dice la profesora, 'es perfecto y maravilloso para tratar los temas de acoso escolar', problema del que -afirma-
'ningún centro se salva: son niños, jóvenes, y es lógico que haya conflictos. Otra cosa es que algunos lo escondan, porque da mala imagen'.
El objetivo del proyecto es implicar a los alumnos en la mejora de la convivencia, enseñarles 'a negociar sus problemas de forma pacífica. Es un aprendizaje para la vida', asegura Isabel Fernández. terra - EFE
