PeaceLas familias deberán demostrar al centro que la «conducta inapropiada» del menor ha sido corregida
La normativa pretende evitar que un acosador o el que agrede a un profesor continúe en clase durante meses
MARTA FDEZ. VALLEJO 27 FEB. VITORIA
El Departamento de Educación dispone ya del borrador del nuevo decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos que regirá en el futuro la convivencia en las aulas. Los responsables de la consejería mostraron ayer en Vitoria a asociaciones de padres, profesores, directores de las dos redes y alumnos las propuestas del equipo de expertos que prepara la reforma. La nueva normativa otorgará a los directores la potestad de sancionar y agilizará la imposición de castigos -que hasta ahora tardaban meses-, además de establecer un abanico más amplio de medidas, entre ellas la posibilidad de que los colegios deleguen en los padres la aplicación de iniciativas correctoras ante algunas faltas.
@@FinPREVIE@@
Los técnicos plantean, en concreto, que «el cumplimiento de las sanciones en el ámbito familiar» pueda «sustituir» en algunos casos las acciones directas del centro escolar. «Se trata de trasladar a las familias la corrección de actitudes inapropiadas de los alumnos. Los centros podrán dejar de sancionar una falta si la familia aplica medidas para solucionar esa conducta», explicó ayer el inspector jefe de Vizcaya, Pedro Romero, miembro del equipo de expertos.
Los responsables educativos pretenden con esa novedosa iniciativa que las familias «se impliquen más» en el control del comportamiento de sus hijos. Los padres estarán obligados a probar ante el centro escolar que han actuado con sus hijos. La propuesta que presentó ayer el consejero de Educación, Tontxu Campos, señala que deberá constar de «modo fehaciente» que «las conductas inapropiadas constitutivas de falta han sido debidamente corregidas en el ámbito familiar».
La comunidad educativa reclamaba desde hace años la reforma del anterior decreto de 1994, que se considera «obsoleto» e «incapaz» de dar respuesta a las situaciones actuales. «Era un clamor», opinaba Ana Zugaza, directora de un instituto bilbaino. Cuando un alumno comete una falta el centro le abre un expediente. Se inicia una investigación, se toma declaración a los implicados, el consejo aprueba la sanción y los padres pueden recurrir la decisión. El proceso dura meses. Puede ocurrir, reconocían ayer los expertos, que un alumno acose a un compañero o pegue a un profesor y se le tenga que mantener en el aula semanas o meses.
Autoridad del director
El nuevo decreto potenciará la autoridad del director y de los profesores para la resolución de conflictos. La normativa, que recoge los mandatos de la LOE, otorga al director la capacidad de sancionar, una potestad que tenía hasta ahora el Consejo Escolar. Esa posibilidad permitirá agilizar la aplicación de los castigos.
«En general, las medidas disciplinarias se aplicarían en uno o dos días», detalló el inspector vizcaíno. La normativa sometida ayer a la valoración de los agentes educativos facilita, incluso, que algunas de las iniciativas correctoras que tome un colegio sean «de aplicación inmediata», puntualizó el consejero Campos.
El trabajo que ultima Educación plantea, por ejemplo, que la dirección del colegio pueda ordenar el cambio de centro escolar de un menor a la primera falta -ahora debe ser 'reincidente'- si se trata, por ejemplo, de un caso de acoso o agresión. También prevé otras iniciativas como la obligación de pagar los desperfectos causados, dejar al alumno sin evaluación continua o privarle de asistir a clase, todo ello sin la necesidad de abrirle un expediente. «Es un medio de forzar, al menos, la comparecencia de los padres en el centro», apuntaron los expertos.
Las acciones que quiere poner en marcha el Gobierno vasco buscan reducir la «judicialización» de los conflictos. La propuesta impulsa, de hecho, la conciliación como forma de resolver los problemas de convivencia: un proceso en el que el acusado pide perdón a la víctima, se acuerda una medida reparadora y se da carpetazo al asunto. La apertura de expedientes quedaría para los casos graves.
El consejero resaltó ayer que el objetivo de la reforma no es aplicar más mano dura en los colegios, sino ampliar el abanico de sanciones y reforzar «el carácter pedagógico de las acciones disciplinarias» que se tomen con los estudiantes de comportamientos incorrectos. «No se trata de quitarnos el problema de encima, sino de aplicar medidas de reeducación, de resocialización», matizó. Recordó que una veintena de centros escolares preparan en la actualidad planes de convivencia. eCD
«No hace falta un policía en los colegios»
El consejero de Educación señaló ayer que en el País Vasco no sería necesaria la iniciativa propuesta por el PSOE de desplegar un policía en cada centro escolar para evitar y afrontar los conflictos en las aulas. Tontxu Campos explicó que en la comunidad existe «una buena coordinación» entre los centros educativos con la Ertzaintza y las policías locales.
«Cualquier llamada de un centro educativo es recibida y atendida de forma inmediata por parte de Ertzaintza y la Policía. No contemplamos la necesidad de esa figura», comentó Tontxu Campos. La Policía vasca cuenta con un grupo de agentes que se dedican a resolver los casos de acoso escolar y agresiones en los recintos educativos
Los socialistas proponen en su programa electoral que el agente destinado a cada colegio o instituto participe en la vida del centro, incluso en las reuniones del consejo escolar y en la puesta en marcha de acciones preventivas. eCD
Educación contempla que se pueda castigar en sólo dos días al alumno que cometa acoso
Según los trámites previstos en el decreto actual, el castigo puede retrasarse hasta los cursos siguientes a la comisión de la falta
«Con el nuevo decreto, la actuación en el caso de las faltas graves sería inmediata», afirma Tontxu Campos, Consejero de Educación.
Silvia Núñez 27 Feb. Gasteiz/Vitoria Los alumnos tienen derechos y deberes que deben ser actualizados. Así lo cree el Departamento de Educación del Gobierno vasco que ya ha preparado el borrador de un nuevo decreto que vendrá a sustituir el aprobado en 1994. Entre otras novedades, destaca la agilización de las sanciones que, además, tendrán «un carácter de educación y de resocialización» que no está explícito en el actual "Decreto de derechos y deberes del alumnado".
Son algunas de las propuestas del Departamento de Tontxu Campos, quien ayer trasladó las directrices del proyecto en una reunión de trabajo a diferentes agentes implicados, tales como directores de centros públicos y privados, inspectores, profesores, estudiantes o trabajadores dedicados a apoyo para el alumnado con problemas. La próxima cita será -anuncian fuentes del Departamento- con los sindicatos de la enseñanza y tendrá lugar en marzo. Todo ello con la intención de que la modificación esté lista para el próximo curso.
Fenómenos como las agresiones al profesorado o al mobiliario escolar, así como el acoso entre iguales, conocido como "bullying", son algunos de los factores que han impulsado a Educación ha emprender esta reforma.
Castigos inmediatos
A falta de consensuar el borrador definitivo, todo apunta a que uno de los primeros problemas en resolver será la demora desde que un alumno comete una falta hasta que se le aplica el castigo correspondiente. Según reconoció ayer el propio consejero, con el decreto actual el proceso «se dilata mucho». Es más, «es posible incluso que la sanción se produzca en los cursos siguientes a que el alumno comete una agresión», explicó a modo de ejemplo.
La apertura del expediente que tiene un plazo de reclamaciones por parte del alumno y, posteriormente, debe ser tratado y revisado obligatoriamente por el Consejo Escolar son sólo algunos de los trámites que, hoy por hoy, deben superarse antes de que el alumno sea sometido a una sanción.
Por contra, con el nuevo decreto se pretende agilizar este proceso y lograr que «la actuación sea inmediata», según las palabras expresadas ayer por Tontxu Campos.
La modificación del decreto propone que sea directamente la dirección del centro educativo la que decida qué sanción es la más adecuada, en vez de el Consejo Escolar como ocurre ahora.
Con ello, en el mejor de los casos, «entre la falta y el castigo no pasarán más de dos días», según adelantó durante la reunión de trabajo Pedro Julio Romero, uno de los inspectores que ha participado en la elaboración del borrador que está redactando el Gobierno vasco.
Expulsión sin juez
Uno de los castigos más estrictos es la expulsión del centro. Es el recurso que queda en el caso de acoso escolar grave o agresiones continuadas. No obstante, con el decreto actualmente vigente sólo se puede acudir a esta sanción cuando el alumno comete tres faltas. El único que, a día de hoy, puede saltarse la norma de "a la tercera va la vencida" es el juez.
Pues bien, el nuevo decreto pretende también brindar la posibilidad al centro de aplicar esta medida sin esperar a una tercera falta y sin necesidad de acudir al juez, «que requiere una intervención más seria y tiene consecuencias más negativas», tal y como opinó Romero. Se trata, pues, de abrir la posibilidad a la expulsión inmediata, sólo si la gravedad del caso lo merece. deia
La normativa pretende evitar que un acosador o el que agrede a un profesor continúe en clase durante meses
MARTA FDEZ. VALLEJO 27 FEB. VITORIA
El Departamento de Educación dispone ya del borrador del nuevo decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos que regirá en el futuro la convivencia en las aulas. Los responsables de la consejería mostraron ayer en Vitoria a asociaciones de padres, profesores, directores de las dos redes y alumnos las propuestas del equipo de expertos que prepara la reforma. La nueva normativa otorgará a los directores la potestad de sancionar y agilizará la imposición de castigos -que hasta ahora tardaban meses-, además de establecer un abanico más amplio de medidas, entre ellas la posibilidad de que los colegios deleguen en los padres la aplicación de iniciativas correctoras ante algunas faltas.
@@FinPREVIE@@
Los técnicos plantean, en concreto, que «el cumplimiento de las sanciones en el ámbito familiar» pueda «sustituir» en algunos casos las acciones directas del centro escolar. «Se trata de trasladar a las familias la corrección de actitudes inapropiadas de los alumnos. Los centros podrán dejar de sancionar una falta si la familia aplica medidas para solucionar esa conducta», explicó ayer el inspector jefe de Vizcaya, Pedro Romero, miembro del equipo de expertos.
Los responsables educativos pretenden con esa novedosa iniciativa que las familias «se impliquen más» en el control del comportamiento de sus hijos. Los padres estarán obligados a probar ante el centro escolar que han actuado con sus hijos. La propuesta que presentó ayer el consejero de Educación, Tontxu Campos, señala que deberá constar de «modo fehaciente» que «las conductas inapropiadas constitutivas de falta han sido debidamente corregidas en el ámbito familiar».
La comunidad educativa reclamaba desde hace años la reforma del anterior decreto de 1994, que se considera «obsoleto» e «incapaz» de dar respuesta a las situaciones actuales. «Era un clamor», opinaba Ana Zugaza, directora de un instituto bilbaino. Cuando un alumno comete una falta el centro le abre un expediente. Se inicia una investigación, se toma declaración a los implicados, el consejo aprueba la sanción y los padres pueden recurrir la decisión. El proceso dura meses. Puede ocurrir, reconocían ayer los expertos, que un alumno acose a un compañero o pegue a un profesor y se le tenga que mantener en el aula semanas o meses.
Autoridad del director
El nuevo decreto potenciará la autoridad del director y de los profesores para la resolución de conflictos. La normativa, que recoge los mandatos de la LOE, otorga al director la capacidad de sancionar, una potestad que tenía hasta ahora el Consejo Escolar. Esa posibilidad permitirá agilizar la aplicación de los castigos.
«En general, las medidas disciplinarias se aplicarían en uno o dos días», detalló el inspector vizcaíno. La normativa sometida ayer a la valoración de los agentes educativos facilita, incluso, que algunas de las iniciativas correctoras que tome un colegio sean «de aplicación inmediata», puntualizó el consejero Campos.
El trabajo que ultima Educación plantea, por ejemplo, que la dirección del colegio pueda ordenar el cambio de centro escolar de un menor a la primera falta -ahora debe ser 'reincidente'- si se trata, por ejemplo, de un caso de acoso o agresión. También prevé otras iniciativas como la obligación de pagar los desperfectos causados, dejar al alumno sin evaluación continua o privarle de asistir a clase, todo ello sin la necesidad de abrirle un expediente. «Es un medio de forzar, al menos, la comparecencia de los padres en el centro», apuntaron los expertos.
Las acciones que quiere poner en marcha el Gobierno vasco buscan reducir la «judicialización» de los conflictos. La propuesta impulsa, de hecho, la conciliación como forma de resolver los problemas de convivencia: un proceso en el que el acusado pide perdón a la víctima, se acuerda una medida reparadora y se da carpetazo al asunto. La apertura de expedientes quedaría para los casos graves.
El consejero resaltó ayer que el objetivo de la reforma no es aplicar más mano dura en los colegios, sino ampliar el abanico de sanciones y reforzar «el carácter pedagógico de las acciones disciplinarias» que se tomen con los estudiantes de comportamientos incorrectos. «No se trata de quitarnos el problema de encima, sino de aplicar medidas de reeducación, de resocialización», matizó. Recordó que una veintena de centros escolares preparan en la actualidad planes de convivencia. eCD
«No hace falta un policía en los colegios»
El consejero de Educación señaló ayer que en el País Vasco no sería necesaria la iniciativa propuesta por el PSOE de desplegar un policía en cada centro escolar para evitar y afrontar los conflictos en las aulas. Tontxu Campos explicó que en la comunidad existe «una buena coordinación» entre los centros educativos con la Ertzaintza y las policías locales.
«Cualquier llamada de un centro educativo es recibida y atendida de forma inmediata por parte de Ertzaintza y la Policía. No contemplamos la necesidad de esa figura», comentó Tontxu Campos. La Policía vasca cuenta con un grupo de agentes que se dedican a resolver los casos de acoso escolar y agresiones en los recintos educativos
Los socialistas proponen en su programa electoral que el agente destinado a cada colegio o instituto participe en la vida del centro, incluso en las reuniones del consejo escolar y en la puesta en marcha de acciones preventivas. eCD
Según los trámites previstos en el decreto actual, el castigo puede retrasarse hasta los cursos siguientes a la comisión de la falta
«Con el nuevo decreto, la actuación en el caso de las faltas graves sería inmediata», afirma Tontxu Campos, Consejero de Educación.
Silvia Núñez 27 Feb. Gasteiz/Vitoria Los alumnos tienen derechos y deberes que deben ser actualizados. Así lo cree el Departamento de Educación del Gobierno vasco que ya ha preparado el borrador de un nuevo decreto que vendrá a sustituir el aprobado en 1994. Entre otras novedades, destaca la agilización de las sanciones que, además, tendrán «un carácter de educación y de resocialización» que no está explícito en el actual "Decreto de derechos y deberes del alumnado".
Son algunas de las propuestas del Departamento de Tontxu Campos, quien ayer trasladó las directrices del proyecto en una reunión de trabajo a diferentes agentes implicados, tales como directores de centros públicos y privados, inspectores, profesores, estudiantes o trabajadores dedicados a apoyo para el alumnado con problemas. La próxima cita será -anuncian fuentes del Departamento- con los sindicatos de la enseñanza y tendrá lugar en marzo. Todo ello con la intención de que la modificación esté lista para el próximo curso.
Fenómenos como las agresiones al profesorado o al mobiliario escolar, así como el acoso entre iguales, conocido como "bullying", son algunos de los factores que han impulsado a Educación ha emprender esta reforma.
Castigos inmediatos
A falta de consensuar el borrador definitivo, todo apunta a que uno de los primeros problemas en resolver será la demora desde que un alumno comete una falta hasta que se le aplica el castigo correspondiente. Según reconoció ayer el propio consejero, con el decreto actual el proceso «se dilata mucho». Es más, «es posible incluso que la sanción se produzca en los cursos siguientes a que el alumno comete una agresión», explicó a modo de ejemplo.
La apertura del expediente que tiene un plazo de reclamaciones por parte del alumno y, posteriormente, debe ser tratado y revisado obligatoriamente por el Consejo Escolar son sólo algunos de los trámites que, hoy por hoy, deben superarse antes de que el alumno sea sometido a una sanción.
Por contra, con el nuevo decreto se pretende agilizar este proceso y lograr que «la actuación sea inmediata», según las palabras expresadas ayer por Tontxu Campos.
La modificación del decreto propone que sea directamente la dirección del centro educativo la que decida qué sanción es la más adecuada, en vez de el Consejo Escolar como ocurre ahora.
Con ello, en el mejor de los casos, «entre la falta y el castigo no pasarán más de dos días», según adelantó durante la reunión de trabajo Pedro Julio Romero, uno de los inspectores que ha participado en la elaboración del borrador que está redactando el Gobierno vasco.
Expulsión sin juez
Uno de los castigos más estrictos es la expulsión del centro. Es el recurso que queda en el caso de acoso escolar grave o agresiones continuadas. No obstante, con el decreto actualmente vigente sólo se puede acudir a esta sanción cuando el alumno comete tres faltas. El único que, a día de hoy, puede saltarse la norma de "a la tercera va la vencida" es el juez.
Pues bien, el nuevo decreto pretende también brindar la posibilidad al centro de aplicar esta medida sin esperar a una tercera falta y sin necesidad de acudir al juez, «que requiere una intervención más seria y tiene consecuencias más negativas», tal y como opinó Romero. Se trata, pues, de abrir la posibilidad a la expulsión inmediata, sólo si la gravedad del caso lo merece. deia
