FALLO JUDICIAL CONTRA UN INSTITUTO CATOLICO DE BARRACAS B.A. ·
Había expulsado al alumno en 2003 por escupir en una escalera · Deberá pagarle 4.000 pesos
Según la Justicia, sus autoridades violaron el derecho de igualdad
BUENOS AIRES 23 MAR. El Instituto San Antonio María Zaccaría, ubicado en el barrio de Barracas, y dos de sus directivos fueron condenados a indemnizar a un estudiante de tercer año al que expulsaron hace tres años por escupir en una escalera. El juez consideró también que el colegio le negó al chico la documentación necesaria para su inscripción en otra escuela. Si el fallo queda firme, el colegio, privado y católico, deberá pagarle 4.000 pesos más intereses al alumno E.Z., que completó sus estudios secundarios y actualmente cursa la carrera de Ingeniería en la UTN.
El juez civil Carlos Goggi sostuvo que el rector del Instituto, Gregorio Dri, y la directora de Estudios, Marta Asprea, violaron el derecho de igualdad ante la ley que consagra la Constitución, abusaron de su autoridad como educadores y "estuvieron lejos de honrar" el proyecto pedagógico de la escuela.
Por orden del juez se secuestró el libro de actas del colegio, del año 2003, cuando se dispuso la expulsión. En el fallo, Goggi recordó que a otro alumno se le había impuesto la obligación de limpiar los pupitres como sanción por haber "quemado un banco", y contó que el mismo estudiante fue suspendido por tres días luego de "encintar la cabeza" de un menor que debió ser asistido por los profesores. Este caso, evaluó el juez, "es paradigmático, puesto que sus inconductas han sido de una transgresión mayor" a las atribuidas a E.Z. y, sin embargo, "mereció sanciones mucho menores".
El juez también encontró, según la sentencia, que "tres alumnos de primer año se masturbaron durante la proyección —es dable entender que con fines pedagógicos— de un video" y "no se aplicó sanción alguna ante un acto de tamaña gravedad".
Por eso, el magistrado consideró acreditada la "asimetría, desbalance y desigualdad con la que en la institución se aplican las potestades disciplinarias".
La demanda civil fue promovida por la madre del alumno con el patrocinio de las abogadas Betina Stein y María Badillo, que apuntaron a probar que el colegio rehusó entregar los documentos necesarios para el pase del menor a otra escuela.
"A la hora de emitir la documentación indispensable para el pase del alumno", dice el fallo, el Instituto la envió "por una vía no usual, en forma tardía y sin suministrar la información requerida por la institución colega" que había dado vacante al adolescente. Para esto fue clave el testimonio de un supervisor de Educación del Gobierno porteño, que declaró que Dri y Asprea retuvieron informes de manera indebida.
Ayer a la tarde, en el colegio, Clarín preguntó cómo fue el episodio de retención de documentación. Una autoridad que pidió reserva de su nombre respondió: "Desde el otro colegio nos pedían datos del chico. No queríamos darle la carpeta de sus antecedentes para no perjudicarlo".
Anoche, este diario se comunicó con el abogado del Zaccaría, Alejandro López Romano, quien aclaró que "el alumno había incurrido en numerosos actos de indisciplina, incluso la familia firmó actas en la que se comprometía a retirarlo del establecimiento en caso de repetirse una indisciplina; no es verdad que se lo haya echado por salivar, sino que tenía antecedentes". El abogado agregó que el colegio tiene unos mil alumnos, casi cuatro décadas de ejercicio y ninguna denuncia previa. Según López Romano, apelará la medida "no por el monto a pagar, sino por la cuestión de fondo". www.clarin.com
Había expulsado al alumno en 2003 por escupir en una escalera · Deberá pagarle 4.000 pesos
Según la Justicia, sus autoridades violaron el derecho de igualdad
BUENOS AIRES 23 MAR. El Instituto San Antonio María Zaccaría, ubicado en el barrio de Barracas, y dos de sus directivos fueron condenados a indemnizar a un estudiante de tercer año al que expulsaron hace tres años por escupir en una escalera. El juez consideró también que el colegio le negó al chico la documentación necesaria para su inscripción en otra escuela. Si el fallo queda firme, el colegio, privado y católico, deberá pagarle 4.000 pesos más intereses al alumno E.Z., que completó sus estudios secundarios y actualmente cursa la carrera de Ingeniería en la UTN.
El juez civil Carlos Goggi sostuvo que el rector del Instituto, Gregorio Dri, y la directora de Estudios, Marta Asprea, violaron el derecho de igualdad ante la ley que consagra la Constitución, abusaron de su autoridad como educadores y "estuvieron lejos de honrar" el proyecto pedagógico de la escuela.
Por orden del juez se secuestró el libro de actas del colegio, del año 2003, cuando se dispuso la expulsión. En el fallo, Goggi recordó que a otro alumno se le había impuesto la obligación de limpiar los pupitres como sanción por haber "quemado un banco", y contó que el mismo estudiante fue suspendido por tres días luego de "encintar la cabeza" de un menor que debió ser asistido por los profesores. Este caso, evaluó el juez, "es paradigmático, puesto que sus inconductas han sido de una transgresión mayor" a las atribuidas a E.Z. y, sin embargo, "mereció sanciones mucho menores".
El juez también encontró, según la sentencia, que "tres alumnos de primer año se masturbaron durante la proyección —es dable entender que con fines pedagógicos— de un video" y "no se aplicó sanción alguna ante un acto de tamaña gravedad".
Por eso, el magistrado consideró acreditada la "asimetría, desbalance y desigualdad con la que en la institución se aplican las potestades disciplinarias".
La demanda civil fue promovida por la madre del alumno con el patrocinio de las abogadas Betina Stein y María Badillo, que apuntaron a probar que el colegio rehusó entregar los documentos necesarios para el pase del menor a otra escuela.
"A la hora de emitir la documentación indispensable para el pase del alumno", dice el fallo, el Instituto la envió "por una vía no usual, en forma tardía y sin suministrar la información requerida por la institución colega" que había dado vacante al adolescente. Para esto fue clave el testimonio de un supervisor de Educación del Gobierno porteño, que declaró que Dri y Asprea retuvieron informes de manera indebida.
Ayer a la tarde, en el colegio, Clarín preguntó cómo fue el episodio de retención de documentación. Una autoridad que pidió reserva de su nombre respondió: "Desde el otro colegio nos pedían datos del chico. No queríamos darle la carpeta de sus antecedentes para no perjudicarlo".
Anoche, este diario se comunicó con el abogado del Zaccaría, Alejandro López Romano, quien aclaró que "el alumno había incurrido en numerosos actos de indisciplina, incluso la familia firmó actas en la que se comprometía a retirarlo del establecimiento en caso de repetirse una indisciplina; no es verdad que se lo haya echado por salivar, sino que tenía antecedentes". El abogado agregó que el colegio tiene unos mil alumnos, casi cuatro décadas de ejercicio y ninguna denuncia previa. Según López Romano, apelará la medida "no por el monto a pagar, sino por la cuestión de fondo". www.clarin.com
