PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL · Los padres «ya sufren bastante como para encima ser sancionados», destaca el portavoz del Ayuntamiento
Emilio Regalado, 28 MAR. Castelló
El Ayuntamiento de Orpesa aprobará el viernes en pleno un programa de intervención con menores centrado en reconvertir las multas que se les tenga que aplicar, debido a actos vandálicos, por trabajos en beneficio de la comunidad. La idea, que ya se aplica de manera similar en otras ciudades españolas, fue debatida ayer en la comisión informativa de Servicios Sociales y busca, según destaca el portavoz del equipo de gobierno, Tomás Fabregat, dar una solución social a un problema que puede afectar a determinadas familias.
Aunque en la actualidad no hay ningún caso susceptible de acogerse de inmediato a este programa, el objetivo es que, actos que atenten contra el mobiliario urbano, graffitis y conductas incívicas en la calle, o en el seno de los propios centros educativos de la localidad, puedan ser tratados desde un punto de vista más social que la mera aplicación de una sanción económica.
Tomás Fabregat subraya que «en algunos casos puede haber menores con determinada problemática y sancionar por ejemplo una agresión al mobiliario urbano no es más que incidir en el problema que tienen los padres, que tienen en sus espaldas el mal comportamiento de su hijo y, además, tienen que hacer frente a una multa» . Así, la meta del consistorio es que, bajo la supervisión de los servicios sociales del ayuntamiento, se llegue a un acuerdo con la familia para que «esta posible multa pueda ser reconvertida en trabajos que repercutirán en la comunidad» . Por ejemplo, si el problema han sido graffitis, una de las actuaciones sería que «el propio menor se encargase de limpiarlo» .
Centros educativos
El programa, que se encargaría de regular actuaciones que no implican la actuación de los juzgados, también pretende analizar la actuación de los adolescentes conflictivos en los centros educativos. Sobre este punto, el edil destaca que «los responsables de institutos son reacios a proceder a la expulsión de los chicos y chicas, sobre todo porque con esa acción da la sensación de que tampoco se soluciona nada y generas un problema añadido a las familias, a las que parece que se les castigue dos veces» . El programa que se pretende desarrollar en Orpesa tiene tras de sí un amplio debate social a nivel estatal. Como ejemplo más cercano, aunque en aspectos más amplios, están la normativa que aplica la Junta de Andalucía en las ocho provincias andaluzas, la de Santiago de Compostela o la ordenanza municipal de convivencia ciudadana de Barcelona. Sobre esta última, el propio director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, el catedrático de Derecho Constitucional Rafael Jiménez, en diferentes ponencias ha destacado que las multas en actos vandálicos no suelen ser el remedio para la ordenación de las relaciones de convivencia, apuntando además que «hay menores sobre los que la sanción económica no tiene ningún efecto reeducado» . Por tal motivo, aboga por imponer a modo de sanción sesiones formativas, actividades cívicas o los citados trabajos en beneficios de la comunidad. L--emv
Emilio Regalado, 28 MAR. Castelló
El Ayuntamiento de Orpesa aprobará el viernes en pleno un programa de intervención con menores centrado en reconvertir las multas que se les tenga que aplicar, debido a actos vandálicos, por trabajos en beneficio de la comunidad. La idea, que ya se aplica de manera similar en otras ciudades españolas, fue debatida ayer en la comisión informativa de Servicios Sociales y busca, según destaca el portavoz del equipo de gobierno, Tomás Fabregat, dar una solución social a un problema que puede afectar a determinadas familias.
Aunque en la actualidad no hay ningún caso susceptible de acogerse de inmediato a este programa, el objetivo es que, actos que atenten contra el mobiliario urbano, graffitis y conductas incívicas en la calle, o en el seno de los propios centros educativos de la localidad, puedan ser tratados desde un punto de vista más social que la mera aplicación de una sanción económica.
Tomás Fabregat subraya que «en algunos casos puede haber menores con determinada problemática y sancionar por ejemplo una agresión al mobiliario urbano no es más que incidir en el problema que tienen los padres, que tienen en sus espaldas el mal comportamiento de su hijo y, además, tienen que hacer frente a una multa» . Así, la meta del consistorio es que, bajo la supervisión de los servicios sociales del ayuntamiento, se llegue a un acuerdo con la familia para que «esta posible multa pueda ser reconvertida en trabajos que repercutirán en la comunidad» . Por ejemplo, si el problema han sido graffitis, una de las actuaciones sería que «el propio menor se encargase de limpiarlo» .
Centros educativos
El programa, que se encargaría de regular actuaciones que no implican la actuación de los juzgados, también pretende analizar la actuación de los adolescentes conflictivos en los centros educativos. Sobre este punto, el edil destaca que «los responsables de institutos son reacios a proceder a la expulsión de los chicos y chicas, sobre todo porque con esa acción da la sensación de que tampoco se soluciona nada y generas un problema añadido a las familias, a las que parece que se les castigue dos veces» . El programa que se pretende desarrollar en Orpesa tiene tras de sí un amplio debate social a nivel estatal. Como ejemplo más cercano, aunque en aspectos más amplios, están la normativa que aplica la Junta de Andalucía en las ocho provincias andaluzas, la de Santiago de Compostela o la ordenanza municipal de convivencia ciudadana de Barcelona. Sobre esta última, el propio director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, el catedrático de Derecho Constitucional Rafael Jiménez, en diferentes ponencias ha destacado que las multas en actos vandálicos no suelen ser el remedio para la ordenación de las relaciones de convivencia, apuntando además que «hay menores sobre los que la sanción económica no tiene ningún efecto reeducado» . Por tal motivo, aboga por imponer a modo de sanción sesiones formativas, actividades cívicas o los citados trabajos en beneficios de la comunidad. L--emv
