El Gobierno vasco ha creado un protocolo que trata de guiar al docente en casos de agresión· Dos de los ataques a profesionales registrados en la CAV se llevaron a cabo por padres de alumnos
Un número que, pese a no representar un porcentaje muy alto, ha hecho encender las alarmas en el Gobierno vasco, que ha redactado un protocolo para guiar, paso a paso, al personal docente, en casos de agresiones físicas o verbales y, sobre todo, para poner sobre la mesa medidas que eviten las actitudes violentas en la escuela.
«La agresividad cada vez es mayor y las situaciones de violencia son cada vez más numerosas, pero el problema tampoco tiene la dimensión que se quiere dar», suaviza en este sentido el viceconsejero de Educación, Pedro Otxoa. Eso sí, Educación tampoco quiere esperar de manos cruzadas a que las cifras sigan aumentando y reconoce que la escuela tiene mucho que decir y hacer en este sentido.
No en vano, «un profesor agredido se desmotiva, se quema, e incluso puede tener estrés u otros problemas físicos y psíquicos». Una serie de dificultades que, según asume Otxoa, «repercuten en todo el sistema educativo». «Es fundamental que haya sosiego, confianza y buena relación entre las partes», añade.
También en Primaria
La violencia se da tanto en Educación Primaria (10 casos) como en Secundaria (14) aunque se concentra, eso sí, en los centros públicos (todos menos uno durante el curso 2006/07). Para explicar este extremo hay que fijarse en dos factores: «la red pública recoge sectores socio-económicos más bajos» y, además, «en la privada ocurren muchas cosas que no trascienden», tal y como advirtió el viceconsejero.
No en vano, detrás de las actitudes violentas de los menores suele haber familias desestructuradas y con escasos recursos económicos y culturales. «Son chavales que suelen estar desenganchados del sistema educativo, han perdido el ritmo, tienen en la cabeza otras cosas que les preocupan más que las asignaturas», explica Otxoa.
Aunque la familia, en ocasiones, no sólo es la causa, sino también el origen de la agresión. De hecho, de las 24 registradas en Euskadi al personal docente, dos se llevaron a cabo por un padre y una madre de alumnos.
Partes de lesión
El "Protocolo de actuación en casos de agresión al personal de los centros educativos" recoge también un capítulo especial para estos supuestos. Ante la imposibilidad de abrir expediente al agresor, como sí ocurre con los alumnos del colegio, el protocolo recuerda la posibilidad de imponer una denuncia en el Juzgado de Guardia o la Ertzaintza y subraya la conveniencia de aportar testigos y partes de lesión para probar la acusación.
En cuanto a los castigos, el Departamento de Educación deja claro que, cuando es la familia la agresora, no cabe trasladar de centro al alumno, aunque así lo pida el trabajador atacado. «No podemos trasladar a un niño de cuatro años porque su padre haya pegado al profesor, sería echar la culpa al que no la tiene», alerta el viceconsejero de Educación.
Es quizá en estos casos en los que quepa acudir a otra fórmula, la del traslado del profesor, también contemplada en el protocolo. Dentro del epígrafe referido a las medidas administrativas de apoyo al profesional agredido, la publicación contempla la posible adscripción temporal a otro centro por un período determinado, el cambio de función en el propio centro o incluso la capacidad laboral transitoria, previo informe de la Inspección Educativa y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
No obstante, tanto éstas como el resto de medidas pretenden ser el último escalón de un trabajo previo en el que se centra el protocolo que Educación repartirá por los centros vascos durante los próximos meses.
«Queremos reforzar las medidas preventivas y trabajar en favor de la convivencia y los valores para evitar problemas posteriores de violencia», recalca Pedro Otxoa.
Un trabajo que, sin duda, debe hacerse de manera conjunta con la familia ya que, tal y como advierte el viceconsejero, «la escuela tiene una tarea importante en la educación, pero hay que ser conscientes de que, si el problema no se afronta en casa y en la calle, no hacemos nada». deia
Policías-tutor, innecesarios
No obstante, esta iniciativa no ha sido bien recibida en Euskadi. «No pensamos en eso en absoluto», contestó en este sentido el viceconsejero de Educación, Pedro Otxoa, quien rechaza con rotundidad esta idea por «totalmente innecesaria» e insiste en que «el problema no tiene la dimensión que se quiere dar».
En contra del menor
Tampoco el propio profesorado acoge con entusiasmo esta idea del Gobierno de Madrid. «Es una medida extrema que no debería aplicarse de forma genérica», apunta en este sentido Amparo Montero, Jefa de Estudios del instituto gasteiztarra Koldo Mi-txelena, que sugiere, incluso, que «vigilar a determinado alumnado podría hasta volverse en contra del menor». S. N./ DEIA
Un número que, pese a no representar un porcentaje muy alto, ha hecho encender las alarmas en el Gobierno vasco, que ha redactado un protocolo para guiar, paso a paso, al personal docente, en casos de agresiones físicas o verbales y, sobre todo, para poner sobre la mesa medidas que eviten las actitudes violentas en la escuela.
«La agresividad cada vez es mayor y las situaciones de violencia son cada vez más numerosas, pero el problema tampoco tiene la dimensión que se quiere dar», suaviza en este sentido el viceconsejero de Educación, Pedro Otxoa. Eso sí, Educación tampoco quiere esperar de manos cruzadas a que las cifras sigan aumentando y reconoce que la escuela tiene mucho que decir y hacer en este sentido.
No en vano, «un profesor agredido se desmotiva, se quema, e incluso puede tener estrés u otros problemas físicos y psíquicos». Una serie de dificultades que, según asume Otxoa, «repercuten en todo el sistema educativo». «Es fundamental que haya sosiego, confianza y buena relación entre las partes», añade.
- Cifras En el curso 2006/07, Inspección ha recogido 24 casos de agresión a profesores (6 verbales y 18 físicas) tanto en Primaria como en Secundaria. No sólo se dan ataques por parte de los alumnos, un padre y una madre agredieron también a docentes en dos centros de Bizkaia.
- Red pública La mayoría de casos (23 de 24) se dan en centros públicos. El Gobierno vasco aporta dos razones: «la red pública recoge sectores socio-económicos más bajos» y «en la privada ocurren muchas cosas que no trascienden».
- Traslado del profesorado El protocolo contempla la posibilidad de trasladar al profesional agredido, cambiarle de función u otorgarle discapacidad.
EN RESUMEN
También en Primaria
La violencia se da tanto en Educación Primaria (10 casos) como en Secundaria (14) aunque se concentra, eso sí, en los centros públicos (todos menos uno durante el curso 2006/07). Para explicar este extremo hay que fijarse en dos factores: «la red pública recoge sectores socio-económicos más bajos» y, además, «en la privada ocurren muchas cosas que no trascienden», tal y como advirtió el viceconsejero.
No en vano, detrás de las actitudes violentas de los menores suele haber familias desestructuradas y con escasos recursos económicos y culturales. «Son chavales que suelen estar desenganchados del sistema educativo, han perdido el ritmo, tienen en la cabeza otras cosas que les preocupan más que las asignaturas», explica Otxoa.
Aunque la familia, en ocasiones, no sólo es la causa, sino también el origen de la agresión. De hecho, de las 24 registradas en Euskadi al personal docente, dos se llevaron a cabo por un padre y una madre de alumnos.
Partes de lesión
El "Protocolo de actuación en casos de agresión al personal de los centros educativos" recoge también un capítulo especial para estos supuestos. Ante la imposibilidad de abrir expediente al agresor, como sí ocurre con los alumnos del colegio, el protocolo recuerda la posibilidad de imponer una denuncia en el Juzgado de Guardia o la Ertzaintza y subraya la conveniencia de aportar testigos y partes de lesión para probar la acusación.
En cuanto a los castigos, el Departamento de Educación deja claro que, cuando es la familia la agresora, no cabe trasladar de centro al alumno, aunque así lo pida el trabajador atacado. «No podemos trasladar a un niño de cuatro años porque su padre haya pegado al profesor, sería echar la culpa al que no la tiene», alerta el viceconsejero de Educación.
Es quizá en estos casos en los que quepa acudir a otra fórmula, la del traslado del profesor, también contemplada en el protocolo. Dentro del epígrafe referido a las medidas administrativas de apoyo al profesional agredido, la publicación contempla la posible adscripción temporal a otro centro por un período determinado, el cambio de función en el propio centro o incluso la capacidad laboral transitoria, previo informe de la Inspección Educativa y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
No obstante, tanto éstas como el resto de medidas pretenden ser el último escalón de un trabajo previo en el que se centra el protocolo que Educación repartirá por los centros vascos durante los próximos meses.
«Queremos reforzar las medidas preventivas y trabajar en favor de la convivencia y los valores para evitar problemas posteriores de violencia», recalca Pedro Otxoa.
Un trabajo que, sin duda, debe hacerse de manera conjunta con la familia ya que, tal y como advierte el viceconsejero, «la escuela tiene una tarea importante en la educación, pero hay que ser conscientes de que, si el problema no se afronta en casa y en la calle, no hacemos nada». deia
- «La agresividad y la violencia cada vez son más frecuentes pero el problema tampoco tiene la dimensión que se quiere dar»
Pedro Otxoa, Viceconsejero de Educación
«Todos los problemas que nos hemos encontrado vienen de la falta de coherencia con la familia, no del alumno»
Amparo Montero, Jefa de Estudios de un instituto
No obstante, esta iniciativa no ha sido bien recibida en Euskadi. «No pensamos en eso en absoluto», contestó en este sentido el viceconsejero de Educación, Pedro Otxoa, quien rechaza con rotundidad esta idea por «totalmente innecesaria» e insiste en que «el problema no tiene la dimensión que se quiere dar».
En contra del menor
Tampoco el propio profesorado acoge con entusiasmo esta idea del Gobierno de Madrid. «Es una medida extrema que no debería aplicarse de forma genérica», apunta en este sentido Amparo Montero, Jefa de Estudios del instituto gasteiztarra Koldo Mi-txelena, que sugiere, incluso, que «vigilar a determinado alumnado podría hasta volverse en contra del menor». S. N./ DEIA







