VALENCIA· Centros de educación especial escolarizan a alumnos con conductas antisociales y violentas
CONFLICTO EN LAS AULAS · Parias del sistema educativo
Alumnos de 12 a 16 años considerados muy problemáticos, al no tener cabida en la escuela ordinaria, recaen en los centros de educación especial
Valencia 1 Abril La AMPA del colegio de Educación Especial Profesor Sebastián Burgos de El Saler ha decido hacer visible una realidad que constituye uno de los renglones torcidos del sistema educativo en la Comunitat Valenciana: la situación de un colectivo de alumnos de 12 a 16 años considerado muy problemático por cuestiones de deprivación sociocultural con conductas agresivas y antisociales, que al no tener cabida en la escuela ordinaria recae en los centros de educación especial.
La comisión de convivencia del colegio, que hasta hace unos años desempeñaba un papel de control rutinario, echa humo. Durante el curso 2005/2006 hubo de mediar en la resolución de problemas como el secuestro de un compañero dentro del centro, acoso, agresiones a alumnos, destrozo de enseres en el interior del centro y tenencia de arma blanca. Todos ellos formalmente remitidos a inspección educativa.
En este curso escolar, la comisión de convivencia -integrada por miembros del consejo escolar-, se ha reunido para resolver incidencias relacionadas con actos violentos, como dos intentos de agresión a compañeros con arma blanca, amenazas a alumnos y profesores, dos agresiones físicas y verbales a una profesora, tres agresiones consumadas a compañeros, actos de vandalismo, acceso a las dependencias del centro a través de las ventanas..., etcétera.
La presidenta del Ampa, Salomé Benavent, defiende «el derecho de estos alumnos con conductas antisociales a una escolarización digna, porque tienen derecho a que el sistema educativo dé respuesta a esta situación. Son alumnos con un desfase de aprendizaje muy acusado con niveles muy bajos en las evaluaciones psicopedagógicas que les confiere un dictamen de escolarización en centros de educación especial». Benavent recuerda que en la actualidad «la comunidad escolar de los centros específicos está formada por alumnos con discapacidades sensoriales, motoras e intelectuales medias y moderadas, muchos de ellos son dependientes totales y por tanto muy vulnerables a situaciones de violencia. Los profesionales del centro están afrontando la atención a este colectivo de alumnos de manera autodidacta, generando en muchos de ellos situaciones de miedo y ansiedad».
En respuesta a esta situación, el miércoles se celebró una reunión entre representantes del colegio y la jefatura de la Inspección Educativa, representada por Salvador Vallés e Ismael Martínez. Salomé Benavent afirma que en la reunión, «Salvador Vallés reconoció que se trata de una realidad que necesita soluciones y se comprometió a analizar la situación del centro y trasladar la información a instancias con capacidad ejecutiva». «Nosotros -continúa la representante de la AMPA-, debemos denunciar públicamente que la educación especial no se puede convertir en un todo vale. La atención a todos los alumnos sin excepción ha de tener garantías. Lo dice la Ley Orgánica de Educación: calidad de la educación para todo el alumnado, inclusión educativa sin discriminación, con especial atención a las que deriven de discapacidad». L-emv
Alumnos de 12 a 16 años considerados muy problemáticos, al no tener cabida en la escuela ordinaria, recaen en los centros de educación especial
Valencia 1 Abril La AMPA del colegio de Educación Especial Profesor Sebastián Burgos de El Saler ha decido hacer visible una realidad que constituye uno de los renglones torcidos del sistema educativo en la Comunitat Valenciana: la situación de un colectivo de alumnos de 12 a 16 años considerado muy problemático por cuestiones de deprivación sociocultural con conductas agresivas y antisociales, que al no tener cabida en la escuela ordinaria recae en los centros de educación especial.
La comisión de convivencia del colegio, que hasta hace unos años desempeñaba un papel de control rutinario, echa humo. Durante el curso 2005/2006 hubo de mediar en la resolución de problemas como el secuestro de un compañero dentro del centro, acoso, agresiones a alumnos, destrozo de enseres en el interior del centro y tenencia de arma blanca. Todos ellos formalmente remitidos a inspección educativa.
En este curso escolar, la comisión de convivencia -integrada por miembros del consejo escolar-, se ha reunido para resolver incidencias relacionadas con actos violentos, como dos intentos de agresión a compañeros con arma blanca, amenazas a alumnos y profesores, dos agresiones físicas y verbales a una profesora, tres agresiones consumadas a compañeros, actos de vandalismo, acceso a las dependencias del centro a través de las ventanas..., etcétera.
La presidenta del Ampa, Salomé Benavent, defiende «el derecho de estos alumnos con conductas antisociales a una escolarización digna, porque tienen derecho a que el sistema educativo dé respuesta a esta situación. Son alumnos con un desfase de aprendizaje muy acusado con niveles muy bajos en las evaluaciones psicopedagógicas que les confiere un dictamen de escolarización en centros de educación especial». Benavent recuerda que en la actualidad «la comunidad escolar de los centros específicos está formada por alumnos con discapacidades sensoriales, motoras e intelectuales medias y moderadas, muchos de ellos son dependientes totales y por tanto muy vulnerables a situaciones de violencia. Los profesionales del centro están afrontando la atención a este colectivo de alumnos de manera autodidacta, generando en muchos de ellos situaciones de miedo y ansiedad».
En respuesta a esta situación, el miércoles se celebró una reunión entre representantes del colegio y la jefatura de la Inspección Educativa, representada por Salvador Vallés e Ismael Martínez. Salomé Benavent afirma que en la reunión, «Salvador Vallés reconoció que se trata de una realidad que necesita soluciones y se comprometió a analizar la situación del centro y trasladar la información a instancias con capacidad ejecutiva». «Nosotros -continúa la representante de la AMPA-, debemos denunciar públicamente que la educación especial no se puede convertir en un todo vale. La atención a todos los alumnos sin excepción ha de tener garantías. Lo dice la Ley Orgánica de Educación: calidad de la educación para todo el alumnado, inclusión educativa sin discriminación, con especial atención a las que deriven de discapacidad». L-emv
