Apuestan por medidas de prevención, pedagógicas y de reeducación· Las Fapa no entienden que la Conselleria haya optado por la «sumisión», en vez de promover la prevención· Los escolares consideran que el énfasis debe ponerse en mejorar la capacidad pedagógica de los docentes
· Los profesores creen que faltan medios y personal para poner en práctica medidas que reeduquen y reinserten
EVA M. LAHOZ/ 1 ABR. ALICANTE
El borrador de decreto de derechos y deberes de alumnos, profesores y padres ha generado reacciones muy diversas en la comunidad educativa. Sin embargo, por encima de las diferencias de enfoque, todos los implicados coinciden en varias críticas.
Para empezar, tanto las asociaciones de padres y las de alumnos como los sindicatos de enseñanza consideran que el borrador tiene un carácter «excesivamente sancionador» y «poco preventivo y participativo».
Las Federaciones de Asociaciones de Padres (Fapa) Gabriel Miró y Enric Valor no están de acuerdo con que la mejor forma para mejorar la convivencia escolar sea poner énfasis en la autoridad del profesor y en la disciplina del alumno.
El borrador capacita a los docentes para tomar medidas correctivas directas en casos de indisciplina leves. Pueden, por ejemplo, amonestar a los alumnos verbalmente, privarlos de recreo o de actividades extraescolares y retirarles el móvil.
Asimismo, los directores pueden emprender mayor número de medidas cautelares, como el cambio provisional de grupo o la suspensión provisional de la asistencia a clase. Se acortan, además, los plazos para la resolución de procesos sancionadores en faltas graves, de un mes a quince días.
«Para empezar, están poniendo medidas correctivas a una realidad inexistente», apunta Pepa Sánchez, presidenta de la Fapa Enric Valor. «No negamos que haya conflictos en las aulas, pero no son generalizados». En su opinión, «dar manga ancha a los profesores y machacar a los padres no es, en cualquier caso, la solución. Lo más adecuado es reeducar a los alumnos para que aprendan lo que está mal».
Ramón López Cabrera, presidente de la Fapa Gabriel Miró, recuerda que hubo un intento de elaborar el borrador en noviembre del 2006, al que el Consejo Escolar Valenciano se opuso, porque «era una época convulsa en la que todos los días aparecía un caso de violencia escolar en los medios». Temían que «el decreto se convirtiese en un decálogo de sanciones y al final descubrimos que el que han presentado ahora sigue en esa línea».
La Fapa rechaza «los modelos disciplinarios donde impera la sanción, porque entendemos que es una forma de tapar conflictos y con ello se pierde la oportunidad que estos brindan para crecer como personas y para crear diálogo». En vez de «apostar por la prevención, que es lo más difícil, han optado por la sumisión», estima López Cabrera.
Coincide con la Enric Valor en que el porcentaje de conflictos es mínimo y que es injustificado «un régimen disciplinario que parece propio de una cárcel» y considera que «reducir el tiempo de resolución de procesos sancionadores a la mitad reduce en la misma medida las garantías de la sentencia».
Además, estima que la responsabilidad de la buena convivencia en los centros educativos está repartida, en partes iguales, entre profesores, alumnos y padres, cada uno con una tercera parte, por lo que «no puede ser para los profesores todo derechos y para los alumnos y padres todo deberes, ha de estar repartido y consensuado y nosotros estamos dispuestos a otorgar nuestro 33,3% de derechos a nuestros hijos».
La Federación Valenciana de Asociaciones de Alumnos de Enseñanzas Medias (Faavem) opina que «la autoridad de un profesor no se la da la normativa, sino su formación pedagógica y su capacidad para relacionarse con el alumnado y reaccionar ante los conflictos», según explica su presidente, Stefan Lukic.
«Puedes castigar aun alumno con el decreto en la mano, pero eso no resolverá el problema de fondo», apunta Lukic. Por eso estiman que es «fundamental» que se refuercen los programas de formación del profesorado en estas materias: «Lo que no puede ser es que lo único que diferencie a un físico de un profesor de Física que tiene que ponerse delante de 25 chavales sea el Curso de Adaptación al Profesorado (CAP), que no sirve para nada».
Más participación
Echan en falta, además, que se hable de «participación del alumnado y de mediación» y consideran que la Conselleria «ha desperdiciado la ocasión para aportar nuevas ideas». En vez de eso, «volvemos a lo de siempre, los castigos», opina Lukic.
Tampoco entienden que «se deje un derecho que la LOE otorga a los alumnos, como es «la no asistencia colectiva a clase por motivos de peso», en las manos de los consejos escolares, «que son los que decidirán en última instancia», cuando «no tenemos apenas representatividad en ellos».
Además, la comunidad educativa considera que la forma de dar publicidad al texto «no ha sido la más indicada». Estiman que la Conselleria de Educación debería haber hecho llegar el documento a los implicados, en vez de publicarlo primero en los medios de comunicación.
«Nos gustaría no habernos enterado por la prensa, sinceramente», apunta Ramón López Cabrera, presidente de la Fapa Gabriel Miró.
Todos ellos confían en que, conforme a la legalidad vigente, la Conselleria de Educación les llame a negociar y pida sus aportaciones al documento. La Federación de Alumnos ha anunciado que estudiará en profundidad el proyecto para «añadir los puntos que creemos que le faltan y aportar lo que cambiaríamos».
«En la elaboración de estas reglas quien más tiene que decir son los alumnos», opina el presidente de la Fapa Gabriel Miró. «Las iniciativas que cuentan con ellos consiguen hasta un 75% de reducción de conflictos», concluye. laverdad
· Los profesores creen que faltan medios y personal para poner en práctica medidas que reeduquen y reinserten
EVA M. LAHOZ/ 1 ABR. ALICANTE
El borrador de decreto de derechos y deberes de alumnos, profesores y padres ha generado reacciones muy diversas en la comunidad educativa. Sin embargo, por encima de las diferencias de enfoque, todos los implicados coinciden en varias críticas.
Para empezar, tanto las asociaciones de padres y las de alumnos como los sindicatos de enseñanza consideran que el borrador tiene un carácter «excesivamente sancionador» y «poco preventivo y participativo».
Las Federaciones de Asociaciones de Padres (Fapa) Gabriel Miró y Enric Valor no están de acuerdo con que la mejor forma para mejorar la convivencia escolar sea poner énfasis en la autoridad del profesor y en la disciplina del alumno.
El borrador capacita a los docentes para tomar medidas correctivas directas en casos de indisciplina leves. Pueden, por ejemplo, amonestar a los alumnos verbalmente, privarlos de recreo o de actividades extraescolares y retirarles el móvil.
Asimismo, los directores pueden emprender mayor número de medidas cautelares, como el cambio provisional de grupo o la suspensión provisional de la asistencia a clase. Se acortan, además, los plazos para la resolución de procesos sancionadores en faltas graves, de un mes a quince días.
«Para empezar, están poniendo medidas correctivas a una realidad inexistente», apunta Pepa Sánchez, presidenta de la Fapa Enric Valor. «No negamos que haya conflictos en las aulas, pero no son generalizados». En su opinión, «dar manga ancha a los profesores y machacar a los padres no es, en cualquier caso, la solución. Lo más adecuado es reeducar a los alumnos para que aprendan lo que está mal».
Ramón López Cabrera, presidente de la Fapa Gabriel Miró, recuerda que hubo un intento de elaborar el borrador en noviembre del 2006, al que el Consejo Escolar Valenciano se opuso, porque «era una época convulsa en la que todos los días aparecía un caso de violencia escolar en los medios». Temían que «el decreto se convirtiese en un decálogo de sanciones y al final descubrimos que el que han presentado ahora sigue en esa línea».
La Fapa rechaza «los modelos disciplinarios donde impera la sanción, porque entendemos que es una forma de tapar conflictos y con ello se pierde la oportunidad que estos brindan para crecer como personas y para crear diálogo». En vez de «apostar por la prevención, que es lo más difícil, han optado por la sumisión», estima López Cabrera.
Coincide con la Enric Valor en que el porcentaje de conflictos es mínimo y que es injustificado «un régimen disciplinario que parece propio de una cárcel» y considera que «reducir el tiempo de resolución de procesos sancionadores a la mitad reduce en la misma medida las garantías de la sentencia».
Además, estima que la responsabilidad de la buena convivencia en los centros educativos está repartida, en partes iguales, entre profesores, alumnos y padres, cada uno con una tercera parte, por lo que «no puede ser para los profesores todo derechos y para los alumnos y padres todo deberes, ha de estar repartido y consensuado y nosotros estamos dispuestos a otorgar nuestro 33,3% de derechos a nuestros hijos».
La Federación Valenciana de Asociaciones de Alumnos de Enseñanzas Medias (Faavem) opina que «la autoridad de un profesor no se la da la normativa, sino su formación pedagógica y su capacidad para relacionarse con el alumnado y reaccionar ante los conflictos», según explica su presidente, Stefan Lukic.
«Puedes castigar aun alumno con el decreto en la mano, pero eso no resolverá el problema de fondo», apunta Lukic. Por eso estiman que es «fundamental» que se refuercen los programas de formación del profesorado en estas materias: «Lo que no puede ser es que lo único que diferencie a un físico de un profesor de Física que tiene que ponerse delante de 25 chavales sea el Curso de Adaptación al Profesorado (CAP), que no sirve para nada».
Más participación
Echan en falta, además, que se hable de «participación del alumnado y de mediación» y consideran que la Conselleria «ha desperdiciado la ocasión para aportar nuevas ideas». En vez de eso, «volvemos a lo de siempre, los castigos», opina Lukic.
Tampoco entienden que «se deje un derecho que la LOE otorga a los alumnos, como es «la no asistencia colectiva a clase por motivos de peso», en las manos de los consejos escolares, «que son los que decidirán en última instancia», cuando «no tenemos apenas representatividad en ellos».
Además, la comunidad educativa considera que la forma de dar publicidad al texto «no ha sido la más indicada». Estiman que la Conselleria de Educación debería haber hecho llegar el documento a los implicados, en vez de publicarlo primero en los medios de comunicación.
«Nos gustaría no habernos enterado por la prensa, sinceramente», apunta Ramón López Cabrera, presidente de la Fapa Gabriel Miró.
Todos ellos confían en que, conforme a la legalidad vigente, la Conselleria de Educación les llame a negociar y pida sus aportaciones al documento. La Federación de Alumnos ha anunciado que estudiará en profundidad el proyecto para «añadir los puntos que creemos que le faltan y aportar lo que cambiaríamos».
«En la elaboración de estas reglas quien más tiene que decir son los alumnos», opina el presidente de la Fapa Gabriel Miró. «Las iniciativas que cuentan con ellos consiguen hasta un 75% de reducción de conflictos», concluye. laverdad
