PeaceEducación lanza un Plan de Convivencia con guías sobre acoso y distintivo a los mejores centros· La Consejería pone a disposición de los centros educativos un Protocolo de Intervención Rápida
MÉRIDA 18 ABR.
Directores, tutores, profesores y orientadores de centros educativos disponen ya de mecanismos para imponer más disciplina entre los alumnos, con posibilidad de echarles de clase, respaldo judicial en caso de recibir una agresión, y un protocolo de intervención rápida si hay problemas.
Se va cerrando el círculo del Plan Regional para la Convivencia en los Centros Educativos, que ayer puso en marcha oficialmente la consejera de Educación, Eva María Pérez, después de seis meses de firmas de acuerdos con profesores, familias y ayuntamientos; el compromiso era ponerlo en marcha en enero.
Este plan tendrá varios años de vigencia y dispondrá de «todo el presupuesto necesario» según la consejera, que mencionó 30 medidas incluidas en este dispositivo regional a favor de la convivencia y contra la conflictividad en el mundo educativo.
Dureza bien acogida
Las pieza básica a favor de la autoridad que reclamaban los profesores es el reciente decreto de Derechos y Deberes de Alumnos y Normas de Convivencia en los Centros, que regula las sanciones y, por primera vez, permite a los profesores expulsar una hora de clase a los alumnos.
La acogida de ese decreto entre los docentes ha sido «muy buena» según informó ayer Eva María Pérez, está empezando a solucionarse problemas, «se ajusta a las necesidades diarias», y en especial la posibilidad de expulsión inmediata es «positiva».
Junto a eso la Consejería puso ayer en circulación un Protocolo de Intervención Rápida en Caso de Conflictos Graves, que dice paso por paso lo que tiene que hacer cada responsable educativo del centro y que pretende sobre todo «proteger a la víctima, sea alumno o profesor».
Se distinguen dos supuestos, el de conflictos entre alumnos, y el de agresiones al profesorado.
En el primer caso se disponen medidas de apoyo y protección al alumno que haya sido víctima, entrevista para extraer información del caso, comunicación a la familia, a las fuerzas de seguridad, y si la familia lo solicita el cambio de clase o de centro para el chaval que lo haya sufrido.
La víctima
Es el director del centro el que debe garantizar la protección de la víctima para que no se produzcan nuevas agresiones y extremar la vigilancia en zonas de riesgo; el tutor o profesor que tenga mejor relación con el alumno agredido debe entrevistarse con él «con la mayor discreción posible puesto que seguramente ha recibido amenazas de agresiones mayores si cuenta lo sucedido».
Es importante comunicar inmediatamente a la familia lo ocurrido, poniendo a su disposición los recursos del centro, e informar también a las fuerzas de seguridad si se teme que la integridad física o emocional de la víctima pueda verse seriamente amenazada, sobre todo si las agresiones tienen lugar fuera del centro escolar.
Si la familia lo pide, y bajo criterio del director provincial e inspector de Educación, el chaval cambiará de clase o de instituto.
El agresor
Cuando el conflicto grave se confirma, el Protocolo de Intervención Rápida recomienda al orientador, tutor o jefatura de estudios entrevistarse con el agresor, entrevistas por separado si son varios, para sugerirle que pida perdón públicamente o compense el daño u ofensa.
Responsables del instituto deben comunicarle la tipificación de la falta y sanción que conlleva, así como la posible denuncia, por parte de la víctima, a la Fiscalía de Menores; también para este agresor puede decidirse el cambio temporal de grupo, si pertenece al mismo del agredido.
El resto
El resto de los alumnos, el profesorado del grupo, las familias, la comisión de convivencia y la inspección educativa también tienen que ser puestos al corriente de lo que ocurre, y de las medidas que se están tomando.
El profesor tutor del grupo debe informar a toda la clase de los pormenores y procurar que queden identificados las víctimas, los agresores y los espectadores.
Corresponde a la comisión de convivencia, en convocatoria urgente, decidir las medidas más graves como son el comunicar o no los hechos a la Fiscalía de Menores y a las fuerzas de seguridad, y abrir o no expediente.
Guía de acoso
El Plan Regional para la Convivencia lanzado ayer incluye una guía de acoso escolar que orienta a las familias sobre estos problemas para que los detecten, y da instrucciones en el centro para evitarlo.
Entre las 30 medidas a utilizar figuran una campaña de fomento del asociacionismo juvenil «que en Secundaria es prácticamente inexistente»; un distintivo que la Consejería concederá a los centros que trabajen mejor a favor de la convivencia, e introducción de habilidades básicas en el currículo extremeño contra la conflictividad.
Recientemente se ha creado el Observatorio Regional por la Convivencia, que se va a constituir cuando las instituciones nombren representante, y se firmará un compromiso de las familias extremeñas con la educación.
El 12% de los docentes de Secundaria ha sido agredido
En Extremadura CSIF-CSIF encuestó el año pasado a 1.344 profesionales, de los que 468 dan clase en Primaria y 876 en Secundaria. Ante la pregunta de si han sufrido agresiones físicas, el 12% de los profesores de Secundaria asegura que sí. En el 80% de los casos los agresores son los alumnos, el 17% son los padres y el 3% son otros profesores. En Primaria las agresiones descienden: sólo el 6% de los maestros dicen haber sido agredidos físicamente.
En Extremadura el 9% de los profesores de Secundaria afirma que tienen recelo o miedo a la hora de entrar en clase.
Los datos «son graves», pero menos que los nacionales. El 15% de los profesores españoles de Secundaria ha sido agredido físicamente, y el 13% asegura sentir miedo en clase.
La alteración de la convivencia en nuestros centros «es muy superior en la etapa Secundaria, aunque también se da en Primaria».
La llamada 'alta conflictividad' (agresiones, amenazas, chantajes, etc.) presenta escasa incidencia en los centros extremeños.
El problema «más grave y difícil de resolver debido a que se ha extendido por todos los centros» es el de la 'baja conflictividad' (insultos, desplantes, descalificaciones, ofensas, mofas, etc.). La baja conflictividad «es la que está destruyendo la convivencia en nuestros centros educativos». hoy.es
MÉRIDA 18 ABR.
Directores, tutores, profesores y orientadores de centros educativos disponen ya de mecanismos para imponer más disciplina entre los alumnos, con posibilidad de echarles de clase, respaldo judicial en caso de recibir una agresión, y un protocolo de intervención rápida si hay problemas.
Se va cerrando el círculo del Plan Regional para la Convivencia en los Centros Educativos, que ayer puso en marcha oficialmente la consejera de Educación, Eva María Pérez, después de seis meses de firmas de acuerdos con profesores, familias y ayuntamientos; el compromiso era ponerlo en marcha en enero.
Este plan tendrá varios años de vigencia y dispondrá de «todo el presupuesto necesario» según la consejera, que mencionó 30 medidas incluidas en este dispositivo regional a favor de la convivencia y contra la conflictividad en el mundo educativo.
Dureza bien acogida
Las pieza básica a favor de la autoridad que reclamaban los profesores es el reciente decreto de Derechos y Deberes de Alumnos y Normas de Convivencia en los Centros, que regula las sanciones y, por primera vez, permite a los profesores expulsar una hora de clase a los alumnos.
La acogida de ese decreto entre los docentes ha sido «muy buena» según informó ayer Eva María Pérez, está empezando a solucionarse problemas, «se ajusta a las necesidades diarias», y en especial la posibilidad de expulsión inmediata es «positiva».
Junto a eso la Consejería puso ayer en circulación un Protocolo de Intervención Rápida en Caso de Conflictos Graves, que dice paso por paso lo que tiene que hacer cada responsable educativo del centro y que pretende sobre todo «proteger a la víctima, sea alumno o profesor».
Se distinguen dos supuestos, el de conflictos entre alumnos, y el de agresiones al profesorado.
En el primer caso se disponen medidas de apoyo y protección al alumno que haya sido víctima, entrevista para extraer información del caso, comunicación a la familia, a las fuerzas de seguridad, y si la familia lo solicita el cambio de clase o de centro para el chaval que lo haya sufrido.
La víctima
Es el director del centro el que debe garantizar la protección de la víctima para que no se produzcan nuevas agresiones y extremar la vigilancia en zonas de riesgo; el tutor o profesor que tenga mejor relación con el alumno agredido debe entrevistarse con él «con la mayor discreción posible puesto que seguramente ha recibido amenazas de agresiones mayores si cuenta lo sucedido».
Es importante comunicar inmediatamente a la familia lo ocurrido, poniendo a su disposición los recursos del centro, e informar también a las fuerzas de seguridad si se teme que la integridad física o emocional de la víctima pueda verse seriamente amenazada, sobre todo si las agresiones tienen lugar fuera del centro escolar.
Si la familia lo pide, y bajo criterio del director provincial e inspector de Educación, el chaval cambiará de clase o de instituto.
El agresor
Cuando el conflicto grave se confirma, el Protocolo de Intervención Rápida recomienda al orientador, tutor o jefatura de estudios entrevistarse con el agresor, entrevistas por separado si son varios, para sugerirle que pida perdón públicamente o compense el daño u ofensa.
Responsables del instituto deben comunicarle la tipificación de la falta y sanción que conlleva, así como la posible denuncia, por parte de la víctima, a la Fiscalía de Menores; también para este agresor puede decidirse el cambio temporal de grupo, si pertenece al mismo del agredido.
El resto
El resto de los alumnos, el profesorado del grupo, las familias, la comisión de convivencia y la inspección educativa también tienen que ser puestos al corriente de lo que ocurre, y de las medidas que se están tomando.
El profesor tutor del grupo debe informar a toda la clase de los pormenores y procurar que queden identificados las víctimas, los agresores y los espectadores.
Corresponde a la comisión de convivencia, en convocatoria urgente, decidir las medidas más graves como son el comunicar o no los hechos a la Fiscalía de Menores y a las fuerzas de seguridad, y abrir o no expediente.
Guía de acoso
El Plan Regional para la Convivencia lanzado ayer incluye una guía de acoso escolar que orienta a las familias sobre estos problemas para que los detecten, y da instrucciones en el centro para evitarlo.
Entre las 30 medidas a utilizar figuran una campaña de fomento del asociacionismo juvenil «que en Secundaria es prácticamente inexistente»; un distintivo que la Consejería concederá a los centros que trabajen mejor a favor de la convivencia, e introducción de habilidades básicas en el currículo extremeño contra la conflictividad.
Recientemente se ha creado el Observatorio Regional por la Convivencia, que se va a constituir cuando las instituciones nombren representante, y se firmará un compromiso de las familias extremeñas con la educación.
El 12% de los docentes de Secundaria ha sido agredido
En Extremadura CSIF-CSIF encuestó el año pasado a 1.344 profesionales, de los que 468 dan clase en Primaria y 876 en Secundaria. Ante la pregunta de si han sufrido agresiones físicas, el 12% de los profesores de Secundaria asegura que sí. En el 80% de los casos los agresores son los alumnos, el 17% son los padres y el 3% son otros profesores. En Primaria las agresiones descienden: sólo el 6% de los maestros dicen haber sido agredidos físicamente.
En Extremadura el 9% de los profesores de Secundaria afirma que tienen recelo o miedo a la hora de entrar en clase.
Los datos «son graves», pero menos que los nacionales. El 15% de los profesores españoles de Secundaria ha sido agredido físicamente, y el 13% asegura sentir miedo en clase.
La alteración de la convivencia en nuestros centros «es muy superior en la etapa Secundaria, aunque también se da en Primaria».
La llamada 'alta conflictividad' (agresiones, amenazas, chantajes, etc.) presenta escasa incidencia en los centros extremeños.
El problema «más grave y difícil de resolver debido a que se ha extendido por todos los centros» es el de la 'baja conflictividad' (insultos, desplantes, descalificaciones, ofensas, mofas, etc.). La baja conflictividad «es la que está destruyendo la convivencia en nuestros centros educativos». hoy.es
