FRANCISCO Luque· Pdte. CSI-CSIF CÓRDOBA ·
CÓRDOBA 23 ABR. FRANCISCO Luque. Abomino de la violencia hacia las mujeres.
Y creo que todas las personas de buena voluntad también están en contra de esa lacra social.
Abomino de la violencia hacia los niños.
Y creo que toda la sociedad se aterra cuando conoce hechos sobre un menor maltratado.
Abomino de la sinrazón de cualquier tipo de violencia.
Y creo que todos debemos luchar contra ella, incluso contra la que nos hayan podido transmitir con una educación inadecuada.
Toda la sociedad debe oponerse abiertamente a que se produzca, y más aún a que perdure en el tiempo, cualquier situación en la que uno de sus miembros se sienta maltratado, vejado, indefenso o injustamente cuestionado.
¿Se deben denunciar situaciones como las descritas? Todos estamos convencidos de que sí.
Desde nuestros centros educativos estamos inculcando, sobre todo a las chicas, que no entren en ninguna relación que pueda desembocar en un caso de violencia de género. Y si la sufren, animamos a que denuncien los hechos.
Por todos los medios posibles intentamos proteger a la parte más indefensa de nuestra sociedad, nuestros críos. Estamos obligados, moral y profesionalmente. Médicos, servicios sociales, docentes, autoridades de todo tipo- debemos intervenir y promover la denuncia cuando sospechemos de un caso en el que una criatura pueda sufrir maltrato, pues los pequeños no pueden hacerlo.
Sin embargo, ¿es mejor que alguna de las situaciones anteriores se acalle? ¿Se podría resolver mejor en silencio alguno de los casos anteriores?
Puede que sí, aunque cada día me cabe más la duda. Y me cabe porque comprobamos con demasiada frecuencia que la mayoría de nuestros políticos solo reaccionan ante los titulares de prensa. No quieren que los casos afectos a sus ámbitos de responsabilidad puedan provocarles mediáticos quebraderos de cabeza. Es entonces cuando se mueven como por un resorte que les empuja a dar satisfacción a los afectados, sobre todo cuando de ello dependa cierto número de votos.
Durante muchos años, desde que la Logse cambiara absolutamente el rumbo educativo en nuestro país, el profesorado y muchas organizaciones como la nuestra vienen reclamando medios para poder mantener el correcto funcionamiento de la institución escolar y la Administración ha tomado muy pocas medidas efectivas.
Hoy por hoy, la mayoría de los docentes y el alumnado de nuestra piel de toro sufren con excesiva frecuencia situaciones que impiden el normal desarrollo del trabajo de los primeros y del aprendizaje de los segundos. Las provocan un reducido grupo que está habituado a que su falta de deseo de estar en los centros o sus conductas violentas --en cualquier grado-- no les supongan ningún coste, pero que es elevadísimo para el resto del grupo humano que les rodea.
Ha sido necesario que se denunciaran muchos casos de agresiones, demasiados, para que se levantara el manto de silencio que tenía cubierta esa impunidad.
Por eso ahora recibimos con profunda alegría las sentencias que están empezando a llegar, como la publicada en las páginas de este diario el sábado, en la que el juez de menores de Córdoba ha impuesto actividades socioeducativas durante dieciocho meses a un alumno de nuestra provincia por no atender a los requerimientos y órdenes de su profesor, llegando incluso a forcejear con él, empujándole y provocándole daños físicos con su actuación [abril 2006]. Las tareas encomendadas serán para que "no solo observe y perciba una consecuencia a su conducta, sino para que se le auxilie en los déficits de personalidad que se han detectado en su comportamiento". También resalta el magistrado en su argumentación la facultad que tiene el profesor para quitar de la mano el móvil origen del conflicto al alumno en el legítimo ejercicio de su función, una vez advertido éste en repetidas ocasiones que debía dejar de usarlo en el aula para que pudiera dar comienzo la clase.
Por otro lado, y esto debemos valorarlo especialmente, el magistrado menciona "la alta estima social", refiriéndose a la función encomendada a los docentes, así como que actuaciones como la enjuiciada van en "perjuicio del sistema y del resto de los alumnos que tienen también el derecho de que se reciba con serenidad la clase o educación correspondiente".
Igualmente, hace referencia a las orientaciones recientes del Fiscal General de Estado "a fin de que se persigan este tipo de actos como atentados a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones"... "que es del sentir social que estas acciones en estos ámbitos se han de tildar de graves para la conciencia y el buen funcionamiento social".
De haber seguido en el silencio que la Administración siempre pretende, no se hubieran empezado a producir estos resultados, aunque siempre será lamentable no tener todos los instrumentos necesarios para evitar que se produzcan hechos como éste en la escuela y, si se producen, que se puedan resolver sin un trámite de un año, como ahora ha ocurrido. En nombre de todos los docentes, gracias, señoría. DC
* FRANCISCO Luque es Presidente del Sector de Enseñanza de CSI-CSIF de Córdoba
Hoy por hoy, la mayoría de los docentes y el alumnado de nuestra piel de toro sufren con excesiva frecuencia situaciones que impiden el normal desarrollo del trabajo de los primeros y del aprendizaje de los segundos. | Las provocan un reducido grupo que está habituado a que su falta de deseo de estar en los centros o sus conductas violentas --en cualquier grado-- no les supongan ningún coste, pero que es elevadísimo para el resto del grupo humano que les rodea.
Ha sido necesario que se denunciaran muchos casos de agresiones, demasiados, para que se levantara el manto de silencio que tenía cubierta esa impunidad. Recibimos con profunda alegría las sentencias que están empezando a llegar, como la recientemente impuesta a un alumno de actividades socio-educativas durante dieciocho meses |
Y creo que todas las personas de buena voluntad también están en contra de esa lacra social.
Abomino de la violencia hacia los niños.
Y creo que toda la sociedad se aterra cuando conoce hechos sobre un menor maltratado.
Abomino de la sinrazón de cualquier tipo de violencia.
Y creo que todos debemos luchar contra ella, incluso contra la que nos hayan podido transmitir con una educación inadecuada.
Toda la sociedad debe oponerse abiertamente a que se produzca, y más aún a que perdure en el tiempo, cualquier situación en la que uno de sus miembros se sienta maltratado, vejado, indefenso o injustamente cuestionado.
¿Se deben denunciar situaciones como las descritas? Todos estamos convencidos de que sí.
Desde nuestros centros educativos estamos inculcando, sobre todo a las chicas, que no entren en ninguna relación que pueda desembocar en un caso de violencia de género. Y si la sufren, animamos a que denuncien los hechos.
Por todos los medios posibles intentamos proteger a la parte más indefensa de nuestra sociedad, nuestros críos. Estamos obligados, moral y profesionalmente. Médicos, servicios sociales, docentes, autoridades de todo tipo- debemos intervenir y promover la denuncia cuando sospechemos de un caso en el que una criatura pueda sufrir maltrato, pues los pequeños no pueden hacerlo.
Sin embargo, ¿es mejor que alguna de las situaciones anteriores se acalle? ¿Se podría resolver mejor en silencio alguno de los casos anteriores?
Puede que sí, aunque cada día me cabe más la duda. Y me cabe porque comprobamos con demasiada frecuencia que la mayoría de nuestros políticos solo reaccionan ante los titulares de prensa. No quieren que los casos afectos a sus ámbitos de responsabilidad puedan provocarles mediáticos quebraderos de cabeza. Es entonces cuando se mueven como por un resorte que les empuja a dar satisfacción a los afectados, sobre todo cuando de ello dependa cierto número de votos.
Durante muchos años, desde que la Logse cambiara absolutamente el rumbo educativo en nuestro país, el profesorado y muchas organizaciones como la nuestra vienen reclamando medios para poder mantener el correcto funcionamiento de la institución escolar y la Administración ha tomado muy pocas medidas efectivas.
Hoy por hoy, la mayoría de los docentes y el alumnado de nuestra piel de toro sufren con excesiva frecuencia situaciones que impiden el normal desarrollo del trabajo de los primeros y del aprendizaje de los segundos. Las provocan un reducido grupo que está habituado a que su falta de deseo de estar en los centros o sus conductas violentas --en cualquier grado-- no les supongan ningún coste, pero que es elevadísimo para el resto del grupo humano que les rodea.
Ha sido necesario que se denunciaran muchos casos de agresiones, demasiados, para que se levantara el manto de silencio que tenía cubierta esa impunidad.
Por eso ahora recibimos con profunda alegría las sentencias que están empezando a llegar, como la publicada en las páginas de este diario el sábado, en la que el juez de menores de Córdoba ha impuesto actividades socioeducativas durante dieciocho meses a un alumno de nuestra provincia por no atender a los requerimientos y órdenes de su profesor, llegando incluso a forcejear con él, empujándole y provocándole daños físicos con su actuación [abril 2006]. Las tareas encomendadas serán para que "no solo observe y perciba una consecuencia a su conducta, sino para que se le auxilie en los déficits de personalidad que se han detectado en su comportamiento". También resalta el magistrado en su argumentación la facultad que tiene el profesor para quitar de la mano el móvil origen del conflicto al alumno en el legítimo ejercicio de su función, una vez advertido éste en repetidas ocasiones que debía dejar de usarlo en el aula para que pudiera dar comienzo la clase.
Por otro lado, y esto debemos valorarlo especialmente, el magistrado menciona "la alta estima social", refiriéndose a la función encomendada a los docentes, así como que actuaciones como la enjuiciada van en "perjuicio del sistema y del resto de los alumnos que tienen también el derecho de que se reciba con serenidad la clase o educación correspondiente".
Igualmente, hace referencia a las orientaciones recientes del Fiscal General de Estado "a fin de que se persigan este tipo de actos como atentados a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones"... "que es del sentir social que estas acciones en estos ámbitos se han de tildar de graves para la conciencia y el buen funcionamiento social".
De haber seguido en el silencio que la Administración siempre pretende, no se hubieran empezado a producir estos resultados, aunque siempre será lamentable no tener todos los instrumentos necesarios para evitar que se produzcan hechos como éste en la escuela y, si se producen, que se puedan resolver sin un trámite de un año, como ahora ha ocurrido. En nombre de todos los docentes, gracias, señoría. DC
* FRANCISCO Luque es Presidente del Sector de Enseñanza de CSI-CSIF de Córdoba
