Situación carcelaria en Argentina · Estos chicos sólo se hacen visibles, cuando trepan a la punta del témpano mediante la comisión de un robo, una pelea, el consumo de una droga
Aldo Strada (TMO) 02/05/2007 Santa Fe ARGENTINA
La muerte de un adolescente en el IRAR, Instituto de Rehabilitación de Adolescentes, reactualizó ante la opinión pública la situación de esos jóvenes, que recuerda la descripción de este tipo de institutos que formula el escritor Enrique Medina en su famoso libro 'Las tumbas', publicado en 1972, que tiene carácter autobiógrafico.
La diferencia es que si la opresión es la misma, las condiciones de higiene y posibilidades de recreación, estudio y trabajo eran mucho mejores en aquellas tumbas, que en este lugar que se supone de contención de niños y adolescentes, que han sido verificadas por jueces que ordenaron su desalojo y reparación, sin que las mejoras alcanzaron a tapar la inmundicia de este Instituto de la Provincia de Santa Fe.
Pero el horror de esa muerte y el horror de esas vidas que continúan como si nada hubiera pasado y que serán todavía más duras, a partir de la transferencia temporaria del Instituto al Servicio Penitenciario Provincial, no son más que la punta de un témpano, que asoma del no lugar, en el que viven y mueren, decenas de miles de niños y adolescentes en esta Provincia.
Decimos no lugar, porque en un lugar, en cualquier lugar, hay una posibilidad de vida, de estudio, de trabajo, de recreación, de progreso.
Algo que está negado a esos miles de niños y adolescentes y que al estar en un no lugar, son invisibles. Son cómodamente invisibles, para quienes miran para otro lado mientras un pibe les pide una moneda a cambio de una flor, de una estampita, de la limpieza de un parabrisas o un juego de manos con palos o pelotas, hecho a la velocidad del cambio a la luz roja del semáforo.
Estos chicos sólo se hacen visibles, cuando trepan a la punta del témpano mediante la comisión de un robo, una pelea, el consumo de una droga. Entonces pasan a ser menores delincuentes.
Esos, a los cuales los Blumberg que se dejan lavar el parabrisas, dicen que hay que encerrar para la seguridad de la gente decente, que es una vergüenza que entren por una puerta y salgan por la otra, que hay que bajar la edad de imputabilidad y castigo de los delitos.
Cada vez que una de esas cosas sucede, cada vez que se machaca el tema en los medios, de golpe, por un instante, todos esos chicos se hacen visibles.
Por portación de cara y de pobreza, son todos menores delincuentes. Los números dicen otra cosa. En el IRAR hay 30 chicos, en la Comisaría 1ª de Rosario, 15, en la Granja de General Lagos 5 ó 6, otro tanto en la ciudad de Santa Fe. ¿Cuántos son? ¿Ochenta, cien? Es cierto que no todos los niños y adolescentes que han cometido delitos están en esos lugares de encierro.
Otra vez: ¿cuántos son? ¿Doscientos, trescientos, mil? ¿Y cuántos son los niños y adolescentes que carecen de alimento, educación, salud, protección de todo tipo?
En los primeros años de esta década, un trabajo elaborado por una ONG local, estimaba en 16.000 la cantidad de niños y adolescentes que vivían en esta situación, sólo en la ciudad de Rosario. Justamente porque en el no lugar donde esas no vidas transcurren, no entran ni siquiera las estadísticas, es difícil hacer estimaciones precisas.
Pero estos datos son suficientes para revertir el enfoque que ve en cada niño o adolescente pobre, a un menor delincuente o potencialmente delincuente. Muchos de nosotros somos 'víctimas' de robos u otros delitos más graves.
Nos cuesta comprender que quienes nos convierten en 'víctimas' también son víctimas de una sociedad que los excluye y los margina. Pero entonces los victimarios somos todos, que a su vez, somos víctimas de otros victimarios, que, a su vez, son víctimas. Parece un complicado trabalenguas. Pero no lo es.
Se simplifica fácilmente pensando que 'sólo es condenado aquel que tiene menos defensa' el más débil, el que no puede pagar un buen abogado, una clínica psiquiátrica, un psicólogo, un tratamiento, el que no tuvo acceso a la educación, el que se alimenta mal, el que se enfermó.
Por eso, lo que hace falta es un cambio de visión, un cambio de paradigma.
Porque las instituciones para menores santafesinas todavía siguen respondiendo al paradigma del patronato, establecido por la ley 10.903 o Ley Agote, que data de 1919 y que ve en el menor un objeto de tutela por parte del estado, lo cual implica, generalmente el aislamiento de su familia en institutos cerrados, que son versiones para chicos del sistema carcelario.
El 4 de Noviembre de 2005, entró en vigencia la Ley 26.061, sancionada por el Congreso Nacional la que derogó la reaccionaria y anticuada concepción del patronato y visualiza al niño y al adolescente como ciudadano, como sujeto de derecho y, por lo tanto, titular de derechos inalienables, tales como el alimento, la vivienda, la educación, la salud, la recreación y la posibilidad de desarrollar sus capacidades para interaccionar en plenitud con el conjunto de la sociedad.
Esta ley reglamentó los principios constitucionales que en la reforma de 1994, incorporaron la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobados por las Naciones Unidas en 1989. Pero la Constitución debe dejar de ser un conjunto de expresión de buenos deseos y ser verdaderamente una norma a cumplir.
Una de las responsabilidades del Estado es acomodar su marco jurídico a los principios y mandatos de la Convención. Lo cual significa sustituir las antiguas, por nuevas leyes que reflejan la visión que el mundo adoptó desde hace más de 15 años, para cambiar la forma como los adultos y las instituciones tratan a los niños.
Parafraseando a J. Habermas, la 'política social', en sentido amplio, abarca desde las políticas relativas al mercado de trabajo o a la juventud, hasta las políticas relativas a la protección de la naturaleza y la planificación de las ciudades, pasando por las políticas sanitarias, de familia y educativas.
En estas políticas, ninguno de los niveles del Estado queda exento de la responsabilidad dispuesta por la ley nacional. Santa Fe resulta a la fecha una de las provincias que aún no ha adecuado su legislación, sus instituciones y sus prácticas al marco conceptual que prevé la Ley 26.061, tal como lo señalábamos en un proyecto de Ley, que presentamos en la Cámara de Diputados de la Provincia el 10 de agosto de 2006. Existen otros dos proyectos, casualmente también presentados por integrantes de la oposición, el de la diputada socialista Lucrecia Aranda y el de Marcelo Brignone (E.P).
Pero en Santa Fe se sigue dando a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas menores de 18 años, el mismo tratamiento que estableció la Ley Agote en 1919, ignorando las disposiciones de la Constitución y las leyes nacionales y los principios de derechos humanos de los ciudadanos menores de 18 años, consagrandos integralmente en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La alternativa es integrar a los ciudadanos menores de 18 años a la vida social, garantizándoles a ellos y a sus familias todos los elementos que constituyen derechos inalienables, consagrados, entre otros, por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en la reforma de 1957.
O considerarlos menores delincuentes, aislándolos en Institutos como el IRAR que son virtuales campos de concentración para chicos. La política publica santafesina, sigue enmarcada en la doctrina que califica a los niños pobres como 'menores en situación irregular', ahora abiertamente reforzada por el Decreto 636, que acaba de trasladar al IRAR a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.
Hoy, lo que resulta manifiestamente irregular es la continuación por parte del gobierno provincial de esas prácticas represivas, así como la ausencia de las Políticas de Estado que garanticen el goce a cada niño/ña y adolescente los derechos reconocidos en la legislación nacional.
Hay que tratar los proyectos de leyes que se encuentran en la Comisión de Promoción Social, introducirles los cambios y mejoras que el Cuerpo considere convenientes y ponerlas en vigencia, haciendo responsable al Poder Ejecutivo de establecer los medios materiales de construcción de una nueva política ciudadana para los niños, niñas y adolescentes y al Poder Judicial, responsable de velar por el cumplimiento de esas leyes. Sólo así, se empezará a modificar uno de los tantos resultados nefastos de las políticas neoliberales instauradas por la dictadura militar y su ministro Martínez de Hoz y profundizadas durante los años 90, vulnerando los derechos de los trabajadores, de los niños y adolescentes, de los ancianos, de las mujeres y del conjunto de los ciudadanos. www.argenpress.info
Sistema en colapso. Quieren saber cómo pudo hacerse fuego en una celda del instituto
Establecen que el chico muerto en el Irar no quiso inmolarse a lo bonzo
Lo descartó el análisis judicial de la autopsia y un informe de bomberos. Presumen negligencias. Citaron a 10 empleados y secuestraron el libro de guardia
María Laura Cicerchia /24 Abr 2007 ROSARIO La muerte de un chico de 16 años que se prendió fuego en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar) no fue resultado de un accidente ni de una decisión del joven de inmolarse a lo bonzo. Así lo determinaron la autopsia y el informe de bomberos, que además descartó que el fuego se iniciara por el uso de combustibles. Mientras se investiga en qué circunstancias el chico resultó quemado en el 80 por ciento de su cuerpo, diez operadores del centro de internación prestaron declaración informativa en la causa por la muerte, en la que se perfilan con más claridad las presuntas negligencias cometidas por el personal.
El mismo día en que un grupo de legisladores recorrió el instituto de Saavedra y Cullen con un diagnóstico lapidario sobre las condiciones del lugar, el juez de Menores Juan Leandro Artigas secuestró el libro de guardia del instituto. En ese registro se constataron errores al consignar el ingreso del chico que horas más tarde terminaría quemado en su celda, por lo que el documento será sometido a pericias. Durante el allanamiento también se confeccionó un esquema con la ubicación que tenía cada uno de los internos la noche del miércoles pasado.
La tragedia.
Ese día fue recapturado Néstor S., un chico de 16 años que estaba acusado por la muerte de Luciano Drovandi, a quien dos jóvenes balearon de muerte para robarle la moto en Pellegrini y Provincias Unidas. Lo habían inculpado en julio del año pasado porque en su casa se encontró la moto robada, pero su situación no estaba resuelta. El 22 de marzo escapó del Irar. El miércoles regresó allí, contra la orden de un juez que lo había enviado a la seccional 1ª. A las 23.30 un celador lo encontró cubierto con una frazada envuelta en llamas y murió la madrugada del viernes.
Según precisaron ayer fuentes del caso, la autopsia y el estudio de Bomberos Zapadores determinaran que la combustión no pudo iniciarse de un modo accidental, por ejemplo, al entrar la manta en contacto con una colilla de cigarrillo. Descartado ese supuesto, para los investigadores sólo queda la posibilidad de que el fuego se iniciara con la intervención voluntaria de una persona. Lo que se debe establecer ahora es si quien inició el fuego fue un tercero o el mismo chico.
No obstante, los informes descartaron un suicidio porque en la celda no se detectaron sustancias combustibles. Para allegados a la causa, el joven podría haber iniciado el fuego como medida de protesta, posiblemente bajo el efecto de drogas, pero luego la situación se le fue de las manos y no pudo controlarlo.
Lo grave, en ese caso, es que llegaran a sus manos elementos aptos para iniciar un incendio. “En cualquier hipótesis la negligencia está presente. Que tuviera los elementos para prenderse fuego ya es una impericia”, precisaron fuentes de la causa.
Otros elementos que dan cuenta de la posible omisión por parte del personal es la demora en detectar el incendio. El chico fue encontrado bajo llamas en su celda por un operador que dijo haber visto humo saliendo bajo la puerta. Lo incomprensible es que no lo escucharan antes gritar de dolor y que recién se advirtieran las llamas cuando el proceso de combustión era avanzado. “No está claro que tuviera un auxilio inmediato”, ampliaron las fuentes.
El curso del fuego.
Los informes precisaron que Néstor estaba de pie, y no acostado sobre un colchón, cuando la manta que lo cubría empezó a quemarse. El fuego no se expandió sobre su cuerpo de un modo uniforme. Las piernas bajo las rodillas, los genitales, el pelo y la parte posterior de los brazos quedaron a salvo de las llamas. “El fuego se propagó de abajo hacia arriba y lo afectó en un sentido incompleto. Se le pegaron pedazos de frazada al cuerpo y él se los arrancaba”, describió un vocero. Murió, según la autopsia, por el alto nivel de quemaduras.
Según se precisó, el personal tardó media hora en apagar las llamas y más de una hora en trasladar el cuerpo hasta el Hospital de Emergencias, de donde el adolescente sería derivado al Eva Perón por falta de camas. El recorrido desde la celda hasta la ambulancia dio muestras “como mínimo, de desidia”: fue arrastrado por el piso sobre una tabla de madera, lo que le provocó desprendimientos de piel y de parte de la remera.
Diez citaciones.
Ante este panorama, diez empleados civiles y del Servicio Penitenciario fueron citados a prestar declaración informativa en el juzgado de Menores. Esto significa que no declararon como simples testigos sino que fueron eximidos del juramento de decir verdad, por una cuestión de garantías. Es que si en el futuro se desprendiera una imputación contra alguno de ellos, hablar ahora como testigos los forzaría a incurrir en falso testimonio para no incriminarse.
En el caso de que el juez Artigas advierta posibles delitos por parte del personal podría girar la causa a un juzgado de Instrucción, ante conductas dolosas, o Correccional, por actos culposos.
El magistrado había descartado la participación de menores en el incidente pero ayer reimpulsó la causa tras recibir un informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) que incorpora nuevos elementos y exige que se profundice la investigación. El documento recrea las últimas horas de Néstor S. en el lugar, de acuerdo al relato de sus compañeros. Los chicos dijeron a la CTC que Chanchín no quería permanecer en algunos pabellones por problemas de convivencia con otros internos, pero que pese a ello un celador lo trasladó contra su voluntad a una celda del sector A, donde quedó solo entre dos habitaciones que estaban desocupadas.lacapital.com.ar
Instituto de Rehabilitación de Adolescentes
Irar: Sospechan homicidio y el Concejo ve “un agravamiento de la situación caótica”
Primero el juez de Menores Juan Artigas elevó a Instrucción penal la causa del chico que murió al incendiarse porque presume que hubo abandono y porque la mamá del menor denunció que fue un asesinato. Más tarde, los ediles constituyeron un espacio para la "normalización" del instituto.
¿Abandono de persona u homicidio agravado? Esas son las dos puntas que se investigan en el caso de la muerte del menor que, la semana pasada, se prendió fuego en el Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario (Irar).
El juez de menores Leandro Artigas se declaró incompetente para investigar el caso. Por eso, la causa recayó en el Juzgado de Instrucción de la 9° Nominación, a cargo de Javier Beltramone, quien se encontraba en turno el día en que ocurrió la muerte del chico.
Y más tarde, el Concejo aprobó un proyecto para que el lunes 30, a las 15, la comisión especial de Seguridad Pública analice "las caóticas circunstancias por las que viene atravesando el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) y acordar con autoridades competentes las acciones concretas que contribuyan a la normalización de su funcionamiento".
Para la autora de la iniciativa, la socialista María Inés Jasienovicz, ese instituto, actualmente a cargo del Servicio Penitenciario por decisión del gobierno provincial, sufrió "una intervención de facto" que "no sólo no es legal por violar los principios y disposiciones de la convención Internacional de los Derechos del Niño" sino también "vislumbra un agravamiento de esa situación que ya es caótica".
La decisión de Artigas
El juez de Menores fundamentó su declaración en que dos de los delitos que debería investigar trascienden la competencia del fuero de Menores, ya que los primeros reportes a los que accedió su juzgado involucran como posibles autores de esos delitos a mayores, desvinculando a los menores internados en el Irar. El magistrado entiende que en los hechos que culminaron con el fallecimiento del menor habría habido "abandono de persona" (delito previsto en el artículo 106 del Código Penal).
Además, en el juzgado de Artigas se recibió ayer una denuncia efectuada por la madre de la víctima en la que solicita que se investigue la presunta comisión del delito de "homicidio agravado".
Beltramone, quien ya se hizo cargo de la causa, dispuso una serie de medidas, entre ellas el tomar declaración a dos chicos internos del instituto, trámite que ya se realizó al mediodía. El magistrado tiene previsto, además, realizar entre hoy y mañana una inspección ocular en el Irar.
Artigas había manifestado públicamente su frustración ante la dificultad de encontrar lugares para enviar a chicos problemáticos, una queja compartida por otra jueza de la ciudad de Santa Fe, quien también salió a los medios a denunciar la situación. abierta.tv
Aldo Strada (TMO) 02/05/2007 Santa Fe ARGENTINA
La muerte de un adolescente en el IRAR, Instituto de Rehabilitación de Adolescentes, reactualizó ante la opinión pública la situación de esos jóvenes, que recuerda la descripción de este tipo de institutos que formula el escritor Enrique Medina en su famoso libro 'Las tumbas', publicado en 1972, que tiene carácter autobiógrafico.
La diferencia es que si la opresión es la misma, las condiciones de higiene y posibilidades de recreación, estudio y trabajo eran mucho mejores en aquellas tumbas, que en este lugar que se supone de contención de niños y adolescentes, que han sido verificadas por jueces que ordenaron su desalojo y reparación, sin que las mejoras alcanzaron a tapar la inmundicia de este Instituto de la Provincia de Santa Fe.
Pero el horror de esa muerte y el horror de esas vidas que continúan como si nada hubiera pasado y que serán todavía más duras, a partir de la transferencia temporaria del Instituto al Servicio Penitenciario Provincial, no son más que la punta de un témpano, que asoma del no lugar, en el que viven y mueren, decenas de miles de niños y adolescentes en esta Provincia.
Decimos no lugar, porque en un lugar, en cualquier lugar, hay una posibilidad de vida, de estudio, de trabajo, de recreación, de progreso.
Algo que está negado a esos miles de niños y adolescentes y que al estar en un no lugar, son invisibles. Son cómodamente invisibles, para quienes miran para otro lado mientras un pibe les pide una moneda a cambio de una flor, de una estampita, de la limpieza de un parabrisas o un juego de manos con palos o pelotas, hecho a la velocidad del cambio a la luz roja del semáforo.
Estos chicos sólo se hacen visibles, cuando trepan a la punta del témpano mediante la comisión de un robo, una pelea, el consumo de una droga. Entonces pasan a ser menores delincuentes.
Esos, a los cuales los Blumberg que se dejan lavar el parabrisas, dicen que hay que encerrar para la seguridad de la gente decente, que es una vergüenza que entren por una puerta y salgan por la otra, que hay que bajar la edad de imputabilidad y castigo de los delitos.
Cada vez que una de esas cosas sucede, cada vez que se machaca el tema en los medios, de golpe, por un instante, todos esos chicos se hacen visibles.
Por portación de cara y de pobreza, son todos menores delincuentes. Los números dicen otra cosa. En el IRAR hay 30 chicos, en la Comisaría 1ª de Rosario, 15, en la Granja de General Lagos 5 ó 6, otro tanto en la ciudad de Santa Fe. ¿Cuántos son? ¿Ochenta, cien? Es cierto que no todos los niños y adolescentes que han cometido delitos están en esos lugares de encierro.
Otra vez: ¿cuántos son? ¿Doscientos, trescientos, mil? ¿Y cuántos son los niños y adolescentes que carecen de alimento, educación, salud, protección de todo tipo?
En los primeros años de esta década, un trabajo elaborado por una ONG local, estimaba en 16.000 la cantidad de niños y adolescentes que vivían en esta situación, sólo en la ciudad de Rosario. Justamente porque en el no lugar donde esas no vidas transcurren, no entran ni siquiera las estadísticas, es difícil hacer estimaciones precisas.
Pero estos datos son suficientes para revertir el enfoque que ve en cada niño o adolescente pobre, a un menor delincuente o potencialmente delincuente. Muchos de nosotros somos 'víctimas' de robos u otros delitos más graves.
Nos cuesta comprender que quienes nos convierten en 'víctimas' también son víctimas de una sociedad que los excluye y los margina. Pero entonces los victimarios somos todos, que a su vez, somos víctimas de otros victimarios, que, a su vez, son víctimas. Parece un complicado trabalenguas. Pero no lo es.
Se simplifica fácilmente pensando que 'sólo es condenado aquel que tiene menos defensa' el más débil, el que no puede pagar un buen abogado, una clínica psiquiátrica, un psicólogo, un tratamiento, el que no tuvo acceso a la educación, el que se alimenta mal, el que se enfermó.
Por eso, lo que hace falta es un cambio de visión, un cambio de paradigma.
Porque las instituciones para menores santafesinas todavía siguen respondiendo al paradigma del patronato, establecido por la ley 10.903 o Ley Agote, que data de 1919 y que ve en el menor un objeto de tutela por parte del estado, lo cual implica, generalmente el aislamiento de su familia en institutos cerrados, que son versiones para chicos del sistema carcelario.
El 4 de Noviembre de 2005, entró en vigencia la Ley 26.061, sancionada por el Congreso Nacional la que derogó la reaccionaria y anticuada concepción del patronato y visualiza al niño y al adolescente como ciudadano, como sujeto de derecho y, por lo tanto, titular de derechos inalienables, tales como el alimento, la vivienda, la educación, la salud, la recreación y la posibilidad de desarrollar sus capacidades para interaccionar en plenitud con el conjunto de la sociedad.
Esta ley reglamentó los principios constitucionales que en la reforma de 1994, incorporaron la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobados por las Naciones Unidas en 1989. Pero la Constitución debe dejar de ser un conjunto de expresión de buenos deseos y ser verdaderamente una norma a cumplir.
Una de las responsabilidades del Estado es acomodar su marco jurídico a los principios y mandatos de la Convención. Lo cual significa sustituir las antiguas, por nuevas leyes que reflejan la visión que el mundo adoptó desde hace más de 15 años, para cambiar la forma como los adultos y las instituciones tratan a los niños.
Parafraseando a J. Habermas, la 'política social', en sentido amplio, abarca desde las políticas relativas al mercado de trabajo o a la juventud, hasta las políticas relativas a la protección de la naturaleza y la planificación de las ciudades, pasando por las políticas sanitarias, de familia y educativas.
En estas políticas, ninguno de los niveles del Estado queda exento de la responsabilidad dispuesta por la ley nacional. Santa Fe resulta a la fecha una de las provincias que aún no ha adecuado su legislación, sus instituciones y sus prácticas al marco conceptual que prevé la Ley 26.061, tal como lo señalábamos en un proyecto de Ley, que presentamos en la Cámara de Diputados de la Provincia el 10 de agosto de 2006. Existen otros dos proyectos, casualmente también presentados por integrantes de la oposición, el de la diputada socialista Lucrecia Aranda y el de Marcelo Brignone (E.P).
Pero en Santa Fe se sigue dando a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas menores de 18 años, el mismo tratamiento que estableció la Ley Agote en 1919, ignorando las disposiciones de la Constitución y las leyes nacionales y los principios de derechos humanos de los ciudadanos menores de 18 años, consagrandos integralmente en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La alternativa es integrar a los ciudadanos menores de 18 años a la vida social, garantizándoles a ellos y a sus familias todos los elementos que constituyen derechos inalienables, consagrados, entre otros, por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en la reforma de 1957.
O considerarlos menores delincuentes, aislándolos en Institutos como el IRAR que son virtuales campos de concentración para chicos. La política publica santafesina, sigue enmarcada en la doctrina que califica a los niños pobres como 'menores en situación irregular', ahora abiertamente reforzada por el Decreto 636, que acaba de trasladar al IRAR a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.
Hoy, lo que resulta manifiestamente irregular es la continuación por parte del gobierno provincial de esas prácticas represivas, así como la ausencia de las Políticas de Estado que garanticen el goce a cada niño/ña y adolescente los derechos reconocidos en la legislación nacional.
Hay que tratar los proyectos de leyes que se encuentran en la Comisión de Promoción Social, introducirles los cambios y mejoras que el Cuerpo considere convenientes y ponerlas en vigencia, haciendo responsable al Poder Ejecutivo de establecer los medios materiales de construcción de una nueva política ciudadana para los niños, niñas y adolescentes y al Poder Judicial, responsable de velar por el cumplimiento de esas leyes. Sólo así, se empezará a modificar uno de los tantos resultados nefastos de las políticas neoliberales instauradas por la dictadura militar y su ministro Martínez de Hoz y profundizadas durante los años 90, vulnerando los derechos de los trabajadores, de los niños y adolescentes, de los ancianos, de las mujeres y del conjunto de los ciudadanos. www.argenpress.info
Sistema en colapso. Quieren saber cómo pudo hacerse fuego en una celda del instituto
Lo descartó el análisis judicial de la autopsia y un informe de bomberos. Presumen negligencias. Citaron a 10 empleados y secuestraron el libro de guardia
María Laura Cicerchia /24 Abr 2007 ROSARIO La muerte de un chico de 16 años que se prendió fuego en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar) no fue resultado de un accidente ni de una decisión del joven de inmolarse a lo bonzo. Así lo determinaron la autopsia y el informe de bomberos, que además descartó que el fuego se iniciara por el uso de combustibles. Mientras se investiga en qué circunstancias el chico resultó quemado en el 80 por ciento de su cuerpo, diez operadores del centro de internación prestaron declaración informativa en la causa por la muerte, en la que se perfilan con más claridad las presuntas negligencias cometidas por el personal.
El mismo día en que un grupo de legisladores recorrió el instituto de Saavedra y Cullen con un diagnóstico lapidario sobre las condiciones del lugar, el juez de Menores Juan Leandro Artigas secuestró el libro de guardia del instituto. En ese registro se constataron errores al consignar el ingreso del chico que horas más tarde terminaría quemado en su celda, por lo que el documento será sometido a pericias. Durante el allanamiento también se confeccionó un esquema con la ubicación que tenía cada uno de los internos la noche del miércoles pasado.
La tragedia.
Ese día fue recapturado Néstor S., un chico de 16 años que estaba acusado por la muerte de Luciano Drovandi, a quien dos jóvenes balearon de muerte para robarle la moto en Pellegrini y Provincias Unidas. Lo habían inculpado en julio del año pasado porque en su casa se encontró la moto robada, pero su situación no estaba resuelta. El 22 de marzo escapó del Irar. El miércoles regresó allí, contra la orden de un juez que lo había enviado a la seccional 1ª. A las 23.30 un celador lo encontró cubierto con una frazada envuelta en llamas y murió la madrugada del viernes.
Según precisaron ayer fuentes del caso, la autopsia y el estudio de Bomberos Zapadores determinaran que la combustión no pudo iniciarse de un modo accidental, por ejemplo, al entrar la manta en contacto con una colilla de cigarrillo. Descartado ese supuesto, para los investigadores sólo queda la posibilidad de que el fuego se iniciara con la intervención voluntaria de una persona. Lo que se debe establecer ahora es si quien inició el fuego fue un tercero o el mismo chico.
No obstante, los informes descartaron un suicidio porque en la celda no se detectaron sustancias combustibles. Para allegados a la causa, el joven podría haber iniciado el fuego como medida de protesta, posiblemente bajo el efecto de drogas, pero luego la situación se le fue de las manos y no pudo controlarlo.
Lo grave, en ese caso, es que llegaran a sus manos elementos aptos para iniciar un incendio. “En cualquier hipótesis la negligencia está presente. Que tuviera los elementos para prenderse fuego ya es una impericia”, precisaron fuentes de la causa.
Otros elementos que dan cuenta de la posible omisión por parte del personal es la demora en detectar el incendio. El chico fue encontrado bajo llamas en su celda por un operador que dijo haber visto humo saliendo bajo la puerta. Lo incomprensible es que no lo escucharan antes gritar de dolor y que recién se advirtieran las llamas cuando el proceso de combustión era avanzado. “No está claro que tuviera un auxilio inmediato”, ampliaron las fuentes.
El curso del fuego.
Los informes precisaron que Néstor estaba de pie, y no acostado sobre un colchón, cuando la manta que lo cubría empezó a quemarse. El fuego no se expandió sobre su cuerpo de un modo uniforme. Las piernas bajo las rodillas, los genitales, el pelo y la parte posterior de los brazos quedaron a salvo de las llamas. “El fuego se propagó de abajo hacia arriba y lo afectó en un sentido incompleto. Se le pegaron pedazos de frazada al cuerpo y él se los arrancaba”, describió un vocero. Murió, según la autopsia, por el alto nivel de quemaduras.
Según se precisó, el personal tardó media hora en apagar las llamas y más de una hora en trasladar el cuerpo hasta el Hospital de Emergencias, de donde el adolescente sería derivado al Eva Perón por falta de camas. El recorrido desde la celda hasta la ambulancia dio muestras “como mínimo, de desidia”: fue arrastrado por el piso sobre una tabla de madera, lo que le provocó desprendimientos de piel y de parte de la remera.
Diez citaciones.
Ante este panorama, diez empleados civiles y del Servicio Penitenciario fueron citados a prestar declaración informativa en el juzgado de Menores. Esto significa que no declararon como simples testigos sino que fueron eximidos del juramento de decir verdad, por una cuestión de garantías. Es que si en el futuro se desprendiera una imputación contra alguno de ellos, hablar ahora como testigos los forzaría a incurrir en falso testimonio para no incriminarse.
En el caso de que el juez Artigas advierta posibles delitos por parte del personal podría girar la causa a un juzgado de Instrucción, ante conductas dolosas, o Correccional, por actos culposos.
El magistrado había descartado la participación de menores en el incidente pero ayer reimpulsó la causa tras recibir un informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) que incorpora nuevos elementos y exige que se profundice la investigación. El documento recrea las últimas horas de Néstor S. en el lugar, de acuerdo al relato de sus compañeros. Los chicos dijeron a la CTC que Chanchín no quería permanecer en algunos pabellones por problemas de convivencia con otros internos, pero que pese a ello un celador lo trasladó contra su voluntad a una celda del sector A, donde quedó solo entre dos habitaciones que estaban desocupadas.lacapital.com.ar
Instituto de Rehabilitación de Adolescentes
Primero el juez de Menores Juan Artigas elevó a Instrucción penal la causa del chico que murió al incendiarse porque presume que hubo abandono y porque la mamá del menor denunció que fue un asesinato. Más tarde, los ediles constituyeron un espacio para la "normalización" del instituto.
¿Abandono de persona u homicidio agravado? Esas son las dos puntas que se investigan en el caso de la muerte del menor que, la semana pasada, se prendió fuego en el Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario (Irar).
El juez de menores Leandro Artigas se declaró incompetente para investigar el caso. Por eso, la causa recayó en el Juzgado de Instrucción de la 9° Nominación, a cargo de Javier Beltramone, quien se encontraba en turno el día en que ocurrió la muerte del chico.
Y más tarde, el Concejo aprobó un proyecto para que el lunes 30, a las 15, la comisión especial de Seguridad Pública analice "las caóticas circunstancias por las que viene atravesando el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) y acordar con autoridades competentes las acciones concretas que contribuyan a la normalización de su funcionamiento".
Para la autora de la iniciativa, la socialista María Inés Jasienovicz, ese instituto, actualmente a cargo del Servicio Penitenciario por decisión del gobierno provincial, sufrió "una intervención de facto" que "no sólo no es legal por violar los principios y disposiciones de la convención Internacional de los Derechos del Niño" sino también "vislumbra un agravamiento de esa situación que ya es caótica".
La decisión de Artigas
El juez de Menores fundamentó su declaración en que dos de los delitos que debería investigar trascienden la competencia del fuero de Menores, ya que los primeros reportes a los que accedió su juzgado involucran como posibles autores de esos delitos a mayores, desvinculando a los menores internados en el Irar. El magistrado entiende que en los hechos que culminaron con el fallecimiento del menor habría habido "abandono de persona" (delito previsto en el artículo 106 del Código Penal).
Además, en el juzgado de Artigas se recibió ayer una denuncia efectuada por la madre de la víctima en la que solicita que se investigue la presunta comisión del delito de "homicidio agravado".
Beltramone, quien ya se hizo cargo de la causa, dispuso una serie de medidas, entre ellas el tomar declaración a dos chicos internos del instituto, trámite que ya se realizó al mediodía. El magistrado tiene previsto, además, realizar entre hoy y mañana una inspección ocular en el Irar.
Artigas había manifestado públicamente su frustración ante la dificultad de encontrar lugares para enviar a chicos problemáticos, una queja compartida por otra jueza de la ciudad de Santa Fe, quien también salió a los medios a denunciar la situación. abierta.tv
